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REVISTA INVECOM “Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad” / ISSN 2739-0063 /
www.revistainvecom.org. Vol. 4, # 2, 2024. Licencia CC BY. Análisis del principio de proporcionalidad al aplicar la
prisión preventiva en el Perú. Ronald Floriano Rodríguez y Richard Fermín Contreras Horna.
Análisis del principio de proporcionalidad al aplicar la prisión
preventiva en el Perú
Analysis of the principle of proportionality when applying preventive
detention in Perú
Ronald Floriano Rodríguez
https://orcid.org/0000-0002-9545-4325
rflorianor2024@gmail.com
Universidad Tecnológica del Perú
Ancash - Perú
Richard Fermín Contreras Horna
https://orcid.org/0000-0003-3340-715X
richardfcontreras48@gmail.com
Universidad Tecnológica del Perú
Ancash - Perú
RESUMEN
Se tuvo como propósito analizar el impacto de una correcta argumentación del principio de
proporcionalidad, al dictar una prisión preventiva en el Distrito Judicial del Santa – Ancash.
Para ello, se desarrolló un estudio de tipo básico, con enfoque cualitativo fenomenológico de
alcance descriptivo, donde para responder las interrogantes planteadas se tuvo que aplicar
como técnica la entrevista a la muestra de estudio conformada por doce profesionales
involucrados en la administración de justicia. De los resultados encontrados se concluye que
un exhaustivo examen de la proporcionalidad tiene repercusiones favorables a la hora de
decidir sobre la imposición temporal de una restricción de la libertad, donde a pesar de la
existencia de diferentes criterios y procedimientos para analizar la proporcionalidad, en la
práctica no se observa uniformidad en su aplicación, donde en muchos casos, los jueces
pueden basarse en su propia interpretación subjetiva del principio de proporcionalidad, lo
que puede llevar a decisiones contradictorias y desproporcionadas.
Palabras clave: prisión, proporcionalidad, derecho a la justicia.
Recibido: 14-12-23 - Aceptado: 02-02-24
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the impact of a correct argument of the principle of
proportionality, when ordering a preventive detention in the Judicial District of Santa –
Ancash. To this end, a basic study was developed, with a qualitative phenomenological
approach of descriptive scope, where in order to answer the questions posed, the interview
had to be applied as a technique to the study sample made up of twelve professionals involved
in the administration of justice. From the results found, it is concluded that an exhaustive
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prisión preventiva en el Perú. Ronald Floriano Rodríguez y Richard Fermín Contreras Horna.
examination of proportionality has favorable repercussions when deciding on the temporary
imposition of a restriction of liberty, where despite the existence of different criteria and
procedures to analyze proportionality, in practice there is no uniformity in its application.
where in many cases, judges may rely on their own subjective interpretation of the principle
of proportionality, which can lead to contradictory and disproportionate decisions.
Keywords: prison, proportionality, right to justice.
INTRODUCCIÓN
En tiempos históricos, en particular en la época del Imperio Romano, los gobernantes
encargados de impartir justicia empleaban diversas tácticas, entre ellas la notificación
personal, el arresto y la detención preventiva, teniendo el objetivo de resguardar la
comparecencia en los acusados y en casos de delitos contra el Estado o cuando se contaba
con pruebas incuestionables, se consideraba aceptable recurrir a medidas drásticas como la
ejecución del delincuente sorprendido en el acto (Merchán & Durán, 2022).
Actualmente, la prisión preventiva ha cobrado gran relevancia a nivel internacional,
especialmente en Europa y Estados Unidos, donde se está utilizando de forma abusiva en el
sistema de justicia penal, considerada como una estrategia sistemática que busca que muchos
acusados permanezcan en prisión durante un periodo prolongado sin haber sido condenados
cumpliendo una pena anticipada, convirtiéndose en un modo de presión para que los acusados
acepten cargos y sean sentenciados posteriormente (Kostenwein, 2017). Además, se han
encontrado pruebas que, en ciertas ocasiones, las condenas dictadas después del juicio son
empleadas para justificar retrospectivamente las detenciones previas, donde en lugar de
basarse en las pruebas contra los acusados, existe una prioridad en justificar la detención
preventiva desde una perspectiva administrativa (Dünkel & Vagg,1994).
Se debe considerar que la detención preventiva debe ser plenamente justificada teniendo en
cuenta los derechos de carácter fundamental, especialmente la libertad y la presunción de la
inocencia, que cuentan con una sólida protección a nivel internacional a través de tratados y
disposiciones constitucionales y legales a nivel nacional, donde el principio de inocencia
debe ser respetado y el sospechoso debe mantenerse libre mientras se desarrolle el proceso
penal, salvo que se validen buenas razones para creer que no se presentará a juicio o cometerá
un delito mientras está en libertad, donde de ser necesario el uso de medidas coercitivas, estas
deben estar plenamente justificadas y se debe optar por la medida menos restrictiva posible
(Morgenstern et al., 2023).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dictaminado en diversas
sentencias estableciendo criterios fundamentales para la correcta aplicabilidad de la prisión
preventiva, destacando principios como la legalidad, que exige que toda privación de libertad
sea fundamentada en una ley previamente establecida, la presunción de la inocencia, el cual
debe ser respetado incluso durante la etapa de investigación y antes de una sentencia
definitiva, la necesidad considerada como la existencia de elementos objetivos que
justifiquen su uso, como un riesgo de fuga o de obstrucción y destacar el relevante papel del
test de proporcionalidad, el cual debe ser aplicado con rigurosidad por los jueces para evitar
una indebida prisión (Aguiar, 2022).
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prisión preventiva en el Perú. Ronald Floriano Rodríguez y Richard Fermín Contreras Horna.
La proporcionalidad como principio para dictaminar una prisión preventiva es un tema
recurrente y de constante preocupación en varios países de América Latina, donde dicha
figura penal, contemplada como cautelar extrema y excepcional, ha sido objeto de críticas
por su uso excesivo y su incorrecta aplicación en diferentes jurisdicciones, donde resulta
imprescindible tomar en cuenta como norma fundamental el test de proporcionalidad y la
adecuada justificación de las determinaciones realizadas por un fiscal, siendo el
encarcelamiento una medida excepcional y no la regla considerando que este planteamiento
se basará en un patrón jurídico homogéneo en el ámbito interamericano, cuyo respaldo radica
en el control de la convencionalidad, elevando los criterios necesarios para la imposición de
una orden de detención preventiva (Moscoso, 2021).
El principio de proporcionalidad ha adquirido un papel fundamental dentro del debate y
factor de decisión respecto a cuándo se va a implantar una medida cautelar en el sistema de
Reforma Procesal Penal, debiéndose en gran medida, a la exigencia de un requerimiento
motivado por parte del fiscal y la obligatoriedad de celebrar audiencias antes de dictar una
prisión preventiva, según lo señala Spector (2023).
Para garantizar la correcta implantación de la acción de prisión preventiva, el Ministerio
Público deberá justificar de manera adecuada los fundamentos en su acusación pública, tanto
en su exposición escrita como en su argumentación verbal en la audiencia, incluyendo la
presentación de elementos de prueba, la posible pena y el riesgo procesal, así como también
argumentar sobre la pertinencia y duración de la medida realizando un análisis exhaustivo
para determinar idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta de la detención provisional
relacionada al caso en cuestión explicando también por qué no se pueden aplicar otras
opciones restrictivas de libertad en lugar de la detención preventiva (Missiego, 2021).
Por lo que la detención preventiva debe utilizarse únicamente en casos extraordinarios y
como última opción, respetando el principio de presunción de la inocencia (in dubio pro
libertatis) y aplicando una interpretación restrictiva de las leyes correspondientes (Espinoza,
2022). Se debe siempre priorizar la libertad de las personas y elegir la medida menos
restrictiva en caso de existir dudas, siendo crucial que se respete el principio de libertad al
evaluar y tomar decisiones sobre la prisión preventiva en una audiencia (Llobet, 2021).
En este sentido, los autores Castillo et al. (2022) sostiene que en Ecuador existe un recurrente
y alarmante abuso al aplicar la prisión preventiva, llegando a ser usada de manera
indiscriminada y sin un adecuado análisis de las circunstancias del caso, convirtiéndola en
una especie de pena anticipada vulnerando la presunción de ser inocente. Por su parte,
Intriago & Molina (2023) enfatiza en la importancia de realizar un adecuado examen de
proporcionalidad en las decisiones judiciales que implican el uso de una prisión preventiva
para evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en su imposición.
Pineda et al. (2023) que tuvo como propósito evaluar las posibles deficiencias en la práctica
del derecho penal respecto a la aplicación de prisiones preventivas y la violación de derechos,
donde el principal enfoque fue examinar la posible existencia de abusos por parte de las
autoridades al utilizar la prisión preventiva, donde a través del método sintético, se unificaron
los resultados para concluir que, aunque no es una práctica generalizada, sí existe una
aplicación incorrecta de esta medida.
En la misma línea, Moscoso (2021) aboga que se debe aplicar el test de proporcionalidad
sumado a una motivación idónea, en consonancia con los estándares de control de
convencionalidad y de esta manera, se asegura que la prisión preventiva tenga una
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característica de excepcionalidad y de proporción respecto a que tan grave es el delito y los
sucesos del caso en particular. Por último, Moreno (2021) resalta que tan importante es que
el dictamen de prisión preventiva en América Latina se ajuste a los estándares garantistas y
a la presunción de la inocencia, donde para ello, es fundamental que su aplicación sea
excepcional y proporcional, evitando su uso indiscriminado y desproporcionado.
Según el Código Procesal Penal peruano, en específico en el artículo 268 (Presidencia de la
República del Perú, 2004) se definen los presupuestos de la prisión preventiva considerando
a los fundados y graves elementos de convicción, prognosis de la pena más de cuatro años y
el peligro procesal que se pueda demostrar, tomando en cuenta la interpretación de Salcedo
(2021), quien considera que el objetivo principal es garantizar que se realice el proceso
adecuadamente y no sea considerada como una sentencia en sí misma, sino que simplemente
busque que se lleve a cabo cada etapa del proceso penal. Este asunto ha generado controversia
y diferentes interpretaciones entre los expertos en derecho del país, ya que se cuestiona su
impacto en la presunción de la inocencia y vulnera la libertad de todas las personas (Luque
& Arias, 2020).
Cualquier medida que busque limitar derechos fundamentales debe cumplir con la
proporcionalidad como principio incluido en el artículo 200 de la CPP, siendo de vital
importancia y debiendo ser rigurosamente seguido por los jueces al momento de tomar
decisiones que involucren derechos fundamentales, garantizando que se respeten las normas
constitucionales y la protección de los ciudadanos ante posibles vulneraciones a sus derechos
fundamentales (Constitución Política del Perú, 1993). El test de proporcionalidad constituye
una herramienta metodológica creada en los tribunales constitucionales europeos y utilizada
para evaluar si al restringir un derecho fundamental, impuesta por una ley o medida
gubernamental, se ajusta a la Constitución, basándose en la consideración de la razonabilidad
y proporcionalidad de dicha afectación al derecho en cuestión (Bertel, 2017).
De acuerdo al Código procesal Penal (CPP, 2004) en el Título Preliminar (Articulo VI),
indica que para restringir los derechos fundamentales solo lo puede hacer la autoridad de
índole judicial, siguiendo los lineamientos y protecciones establecidos por la Ley, a menos
que la Constitución prevea excepciones, donde estas medidas deben ser impuestas a través
de una decisión fundamentada, solicitada por la parte legitimada en el proceso y debe basarse
en pruebas suficientes, teniendo en cuenta la naturaleza y el objetivo de la medida, así como
respetando el principio de proporcionalidad en relación al derecho que se pretende restringir.
Según el artículo 203.1 del CPP, es necesario respetar el principio de proporcionalidad al
aplicar la prisión preventiva, implicando contar con suficientes pruebas que justifiquen la
medida. También, el artículo 253.2 del CPP señala que cualquier restricción a un derecho,
como lo es la libertad, debe ser proporcional y justificada en base a pruebas sólidas que
demuestren su necesidad y exigencia (CPP, 2004).
Basándonos en la relevante decisión de la Casación N° 626-2013 del Tribunal de Justicia de
Moquegua, se han establecido criterios esenciales y legalmente vinculantes respecto al
desarrollo de la audiencia para dictaminar una prisión preventiva, enfatizándose en la
importancia de una justificación exhaustiva y sólida en las resoluciones que conceden esta
medida cautelar, así como en los aspectos indispensables para su correcta implementación.
Además, se han determinado dos requisitos adicionales a los ya contemplados en el CPP para
que se ejecute una prisión preventiva, que debe ser reconocida como excepcional: su
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adecuación a la proporcionalidad de la situación y su adecuada duración (Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú, 2013).
Según la evaluación del test de proporcionalidad, se considera que para dictaminar la prisión
preventiva se considerará idónea si permite alcanzar el fin establecido por la Constitución y
de relevancia social, y si existe una relación clara entre el medio utilizado y el fin buscado.
En segundo lugar, se considerará necesaria si en el caso específico es la única medida
necesaria para asegurar al imputado durante el proceso, siempre y cuando no exista una
alternativa menos gravosa. Finalmente se considerará estrictamente proporcional si la prisión
preventiva no es excesiva ni de carácter desmedido en comparación con los beneficios
obtenidos a través de la restricción (Acuerdo Plenario N° 01 – 2019/CIJ-116, 2019).
Según criterios de interpretación en derecho constitucional, el principio de proporcionalidad
no se usa para definir la jerarquía entre derechos en un caso particular, sino que se emplea
para establecer el alcance constitucional de un derecho fundamental, exigiendo que una
acción persiga un fin permitido por la Constitución y que sea eficaz en alcanzar dicho fin,
requiriendo que dicha acción sea necesaria y esté en grado máximo posible para lograr su
objetivo, ya que cualquier acción innecesaria sería considerada irrazonable (Castillo, 2014).
Se debe de tener en cuenta que la prisión preventiva no debe ser valorada como sentencia
permanente, sino como una herramienta excepcional que puede usarse durante la fase de
investigación y donde el acusado se presume inocente en todo momento, siempre y cuando
no se presenten pruebas sólidas que demuestren su culpabilidad en un presunto delito, siendo
necesario justificar su uso y asegurarse de que esté en proporción con el nivel de gravedad
del delito y protegiendo los intereses de los ciudadanos (Manríquez, 2020).
Además, a nivel nacional, se ha constatado que el sistema carcelario se encuentra
sobrepasado en su capacidad, con un total de 57,015 internos (62%) entre aquellos
condenados y en detención preventiva, y un preocupante número de 34,925 (38%) de estos
últimos (INPE, 2023). Por lo que resulta urgente poder reducir la cantidad de personas en
prisión preventiva, pues esta situación no solo afecta a estas personas, sino que también
genera un alto costo en las cárceles, con un gasto diario de S/27 soles por recluso para
alimentación, limpieza y otros gastos, siendo necesaria una reforma urgente en el sistema de
justicia para evitar gastos innecesarios y una mejor gestión de recursos (Ugarte, 2022).
De acuerdo a la problemática planteada se preguntó lo siguiente: ¿Cuál es el impacto de una
correcta argumentación del principio de proporcionalidad para decidir por una prisión
preventiva?
La justificación se respaldó en buscar que el sistema judicial respete el estado constitucional
de derecho y no imponga la prisión preventiva basado en factores ideológicos o mediáticos,
donde además se buscó conocer los criterios que los jueces usan para valorar y fundamentar
la proporcionalidad al imponer esta medida restrictiva de libertad, por lo que
metodológicamente se realizaron procedimientos inductivos, con un estudio documental y
entrevistas a jueces penales, fiscales y abogados, para luego analizar casos de
pronunciamientos dando un aporte al conocimiento y sirviendo de base para nuevas
investigaciones sobre la argumentación de la aplicabilidad de la proporcionalidad en el Perú.
De acuerdo a la problemática se tiene como propósito principal el poder analizar el impacto
de una correcta argumentación del principio de proporcionalidad para decidir por una prisión
preventiva, y como objetivos específicos poder determinar si los jueces hacen una correcta
argumentación de la proporcionalidad al dictar una prisión preventiva, describir los
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procedimientos que utilizan para valorar la proporcionalidad de la medida en una prisión de
tipo preventiva y comprobar la existencia de criterios uniformes relacionados a la
proporcionalidad al dictar una prisión preventiva.
METODOLOGÍA
Esta investigación consistió en llevar a cabo un tipo de estudio básico con enfoque cualitativo
fenomenológico de alcance descriptivo. El enfoque cualitativo se encarga de estudiar
fenómenos de manera rigurosa y metódica que comienza examinando los hechos
simultáneamente y analizando estudios anteriores, con el propósito de obtener un resultado
coherente con lo que se está observando y de esta manera, se busca comprender los
fenómenos investigados (Hernández & Mendoza,2018).
Para responder a las preguntas planteadas, se aplicó la técnica de la entrevista a una muestra
de cuatro jueces, cuatro fiscales y cuatro abogados involucrados en el derecho penal
detallados en la Tabla 1. Cuando se utiliza la técnica del muestreo intencional, en la cual el
encargado de la investigación utiliza su propio juicio para escoger a cada participante que
formara parte del estudio se eligen de manera intencional a personas que cumplan ciertas
características que sean relevantes para el objetivo de la investigación (Feehan et al.,2022).
Tabla 1.
Muestra de estudio.
Participante
Tipo de
muestra
Característica
Cantidad
Juez
Fiscal
Abogado
Intencional
Voluntario
Voluntario
Juez penal
Fiscal penal
Penal
04
04
04
Utilizando el programa Atlas.ti y siguiendo un diseño fenomenológico, se analizaron los
datos obtenidos para entender las razones que los jueces penales utilizan al aplicar el
principio de proporcionalidad, examinándose también casos reales con el fin de determinar
el impacto de una argumentación adecuada de la proporción en la implantación de la prisión
preventiva en el país. Para ello, se emplearon las categorías derivadas de las respuestas
obtenidas y realizándose también una revisión exhaustiva de artículos científicos, doctrina,
jurisprudencia y legislación tanto peruana como internacional. El enfoque utilizado para
examinar los resultados fue el método inductivo, consistente en extraer conclusiones a partir
de la observación de hechos y experiencias específicas, con el propósito de deducir una
teoría.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se recolecto información sobre los 13 códigos, 7 sub categorías y 2 categorías empleadas en
este estudio detalladas en la tabla 2, donde se contó con la participación de especialistas en
derecho procesal penal y se elaboró una guía de preguntas destinadas a alcanzar los objetivos
establecidos por el investigador.
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prisión preventiva en el Perú. Ronald Floriano Rodríguez y Richard Fermín Contreras Horna.
Tabla 2.
Códigos, sub categorías y categorías basado en las respuestas de las entrevistas.
CODIGOS
CATEGORÍA
Relación medio - fin
Principio de
proporcionalidad
Relación medio - medio
Exagerada o desmedida
Prisión por 9 meses
Prisión preventiva
Prisión por 18 meses
Prisión por 36 meses
Sospechas
Indicios
Huellas
Pesquisas
Prognosis de pena
Peligro de fuga
Peligro de obstaculización
Categoría N° 01: Principio de proporcionalidad
Sub categoría: Idoneidad
Pregunta: ¿Considera usted que la relación entre los medios empleados (prisión preventiva)
y el fin perseguido (garantizar el desarrollo del proceso) siempre es adecuada y motivada?
Abogado 1: No, porque comúnmente no se ajusta al artículo 139.5 de la CPPP que establece
que debe existir una debida motivación escrita en las resoluciones judiciales de toda
instancia, porque comúnmente solamente se hace una conceptualización bibliográfica dando
solo un juicio abstracto y no concreto.
Juez 3: Si, porque la motivación se hace aplicando el test de proporcionalidad explicado en
el acuerdo plenario N° 01-2019/CIJ-116.
Abogado 2: No, porque un exhaustivo examen de la proporcionalidad tiene repercusiones
favorables a la hora de decidir sobre la imposición temporal de una restricción de la libertad.
Abogado 4: No, porque en la práctica se observa que muchas veces los jueces pueden basarse
en su propia interpretación subjetiva del principio de proporcionalidad evidenciando una falta
de formación al respecto o suelen ceder a la presión que pueden recibir de la sociedad o
medios de comunicación sin mostrar independencia en sus decisiones para garantizar una
adecuada imposición de la medida.
Sub categoría: Necesidad
Pregunta: ¿Cree usted que la prisión preventiva es la única opción razonable para alcanzar el
fin de continuar el desarrollo del proceso?
Juez 1: Sí, la prisión preventiva es idónea para lograr el avance del proceso, dada la gravedad
de los delitos que puedan ser imputados.
Abogado 2: No, existen otras medidas menos restrictivas que podrían cumplir el fin de
garantizar el avance del proceso, sin privar de libertad al imputado.
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Abogado 3: No, considero que no es la única, ya que existen medidas menos gravosas como
la caución o la detención domiciliaria que podrían garantizar igualmente el desarrollo del
proceso.
Fiscal 4: Sí, la prisión preventiva es necesaria, dado que otras medidas cautelares no serían
suficientes para evitar el riesgo a que se obstaculice el proceso.
Sub categoría: Proporcionalidad en sentido estricto
Pregunta: ¿Considera que comúnmente la medida de prisión preventiva es exagerada o
desmedida en relación con la gravedad de los delitos imputados y las circunstancias del caso?
Abogado 1: Sí, la prisión preventiva comúnmente resulta desmedida, ya que los delitos
imputados no justifican una medida tan drástica no estando en concordancia con los
principios constitucionales, ni previniendo que se vulnere la presunción de la inocencia y la
debida valoración en el test de proporcionalidad.
Juez 2: No, la prisión preventiva es proporcional a la gravedad de los delitos y logra asegurar
la realización del proceso.
Abogado 3: Sí, a veces la interpretación subjetiva del principio de proporcionalidad puede
llevar a decisiones contradictorias y desproporcionadas
Abogado 4: Si, en la práctica no se observa una uniformidad de criterio al aplicar una prisión
preventiva por lo que comúnmente termina siendo desmedida
Categoría N° 02: Prisión preventiva
Sub categoría: Privación de la libertad
Pregunta: ¿Cómo se justifica la imposición de una prisión preventiva por 9, 18 o 36 meses
en un caso específico?
Juez 1: La de 18 meses se justifica por la complejidad del caso y la gravedad de los delitos
que se le imputan.
Juez 2: La prisión preventiva por 9 meses se justifica por la necesidad de asegurar la
comparecencia del imputado, dada su conducta evasiva durante la investigación.
Juez 3: La prisión preventiva por 36 meses se justifica por la existencia de indicios graves
donde ha participado el imputado.
Abogado 4: Muchas veces el tiempo resulta ser exagerado y desmedido.
Sub categoría: Fundamentos y graves elementos de convicción
Pregunta: ¿Qué elementos o indicios se deben considerar como fundamentales para imponer
la prisión preventiva en un caso concreto?
Fiscal 1: Los indicios de peligro de fuga y de poder obstaculizar la justicia son fundamentales
para fundamentarla.
Fiscal 2: La existencia de pruebas contundentes que vinculen al imputado con los delitos
imputados son fundamentales para determinar una prisión preventiva.
Abogado 3: Los elementos que demuestren la gravedad de los delitos y la posible reiterancia
delictiva son fundamentales para la implantar una prisión preventiva.
Fiscal 4: La existencia de sospechas, indicios, huellas y pesquisas son fundamentales para la
imposición de la prisión preventiva.
Sub categoría: Sanción superior a 4 años de pena
Pregunta: ¿Cómo influye en la decisión el hecho de que la sanción sea superior a 4 años de
pena al resolver un pedido de prisión preventiva?
Juez 1: El hecho de que la sanción a implantar sea superior a 4 años influye en la decisión,
ya que aumenta la probabilidad de fuga y de obstrucción a la justicia.
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Juez 4: Este hecho influye en la decisión, ya que demuestra la gravedad de los delitos
imputados y la necesidad de confirmar su presencia durante el proceso.
Abogado 3: No debería influir, ya que la decisión de dictar una prisión preventiva debe
basarse en la existencia de peligro procesal, independientemente de la sanción a imponer.
Fiscal 2: Influye en la decisión, ya que la gravedad de la sanción a imponer justifica la
adopción de medidas más restrictivas para resguardar el desarrollo del proceso.
Sub categoría: Peligro procesal
Pregunta: ¿Qué elementos se consideran como indicativos del peligro de fuga y de
obstaculización a la justicia al evaluar la necesidad de dictaminar una prisión preventiva?
Juez 2: La falta de arraigo, gravedad de la pena, magnitud del daño o pertenecer a una
organización criminal puede sustentar un peligro de fuga.
Juez 4: La facultad de influir en los testigos, inducir a otros y la destrucción de pruebas son
indicativos de obstaculización a la justicia.
Fiscal 3: La existencia de redes de apoyo, la posibilidad de fuga y la conducta obstruccionista
del imputado son indicativos del peligro procesal.
Fiscal 1: La falta de colaboración con la justicia, la existencia de antecedentes de fuga y la
gravedad de los delitos imputados son indicativos del peligro procesal.
Las respuestas reflejan distintos enfoques y criterios que pueden ser considerados para
analizar el impacto de una correcta argumentación del principio de proporcionalidad al
dictaminar una prisión preventiva, considerando los elementos para imponer la prisión
preventiva mostrados en la Figura 1.
Figura 1.
Elementos para imponer una prisión preventiva
CONCLUSIONES
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Al momento de resolver si se dicta una prisión preventiva es indispensable mantener una
correcta valoración de la proporcionalidad, sin embargo, en la práctica se observa que en
muchos casos los jueces no realizan una correcta argumentación de la proporcionalidad que
implica interpretar cuidadosamente el argumento presentado por cada una de las partes como
lo estipula el artículo 139.5 de la CPPP que establece que debe existir una debida motivación
por escrito en las resoluciones judiciales en cada instancia, donde esto puede deberse a la
falta de una formación idónea en el manejo de este principio y a la presión que pueden recibir
de la sociedad o medios de comunicación, resultando urgente que se promueva una
capacitación constante para los jueces en este aspecto, así como una mayor independencia en
sus decisiones para garantizar una adecuada imposición de la medida. En algunos fiscales la
existencia de sospechas, indicios, huellas y pesquisas son fundamentales para el dictamen de
una prisión preventiva, así como la falta de colaboración con la justicia, la existencia de
antecedentes de fuga y la gravedad de los delitos imputados son indicativos del peligro
procesal y de obstaculización a la justicia
Hay diversos procedimientos que se utilizan para valorar la proporcionalidad en la
imposición de la prisión preventiva, donde algunos de ellos son más rigurosos que otros y
requieren de una mayor argumentación de este principio resultando necesario establecer una
normativa clara que regule los pasos a seguir en la valoración de la proporcionalidad para
garantizar una mayor coherencia y justicia en las decisiones judiciales. Los magistrados del
ámbito penal en su mayoría emplean el enfoque establecido por el alemán Robert Alexis
respaldado en el acuerdo plenario N° 01-2019/CIJ-116, para determinar la congruencia de
una medida restrictiva, el cual ha sido ampliamente adoptado en la judicatura peruana, donde
este proceso incluye la evaluación exhaustiva de los tres sub principios que conforman la
proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pero muchas
veces solo se da una conceptualización bibliográfica como fundamento primando un juicio
abstracto y no concreto.
A pesar de la existencia de diferentes criterios y procedimientos para analizar la
proporcionalidad, en la práctica no se observa una uniformidad en su aplicación, donde en
muchos casos, los jueces pueden basarse en su propia interpretación subjetiva del principio
de proporcionalidad, lo que puede llevar a decisiones contradictorias y desproporcionadas,
por lo que es necesario promover una mayor coordinación y uniformidad en la aplicación de
este principio, ya sea mediante lineamientos claros o a través de la capacitación constante de
los jueces en su correcta aplicación y de esta manera, se garantizará una mayor justicia y
equidad al dictaminar una prisión preventiva, pues a pesar de que existe un marco normativo
y criterios generales establecidos para la valoración de la proporcionalidad en la prisión
preventiva, es evidente que no hay una uniformidad al aplicar criterios en cada uno de los
jueces donde algunos optan por 9, 18 o 36 meses de acuerdo a cada caso en específico.
Un exhaustivo examen de la proporcionalidad tiene repercusiones favorables a la hora de
decidir sobre la imposición temporal de una restricción de la libertad, donde la determinación
resultante deberá estar en concordancia con los principios constitucionales, previniendo que
se vulnere la presunción de la inocencia y la debida valoración del test de proporcionalidad,
donde las técnicas utilizadas actualmente en la valoración de la proporcionalidad para una
prisión preventiva en el Perú no resultan adecuadas en todos los casos. Si bien existen
criterios uniformes en su análisis, estos no siempre son aplicados de la manera correcta, lo
que puede llevar a la imposición de medidas exageradas o desmedidas de prisión preventiva.
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www.revistainvecom.org. Vol. 4, # 2, 2024. Licencia CC BY. Análisis del principio de proporcionalidad al aplicar la
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