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REVISTA INVECOM “Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad” / ISSN 2739-0063 /
www.revistainvecom.org Vol. 5, # 3, 2025. Licencia CC BY. Detección de fraudes y estafas basadas en
ingeniería social en Ecuador. Max Guillermo Campos Gallegos, Roberto Geovanny Moreno Dillon y Beatriz
Alexandra Jiménez Espín.
Detección de fraudes y estafas basadas en
ingeniería social en Ecuador
Detection of frauds and scams based on social engineering in Ecuador
Max Guillermo Campos Gallegos
https://orcid.org/0009-0009-3953-8960
maxcmpos2@gmail.com
Investigador independiente. Quito – Ecuador.
Roberto Geovanny Moreno Dillon
https://orcid.org/0009-0007-3895-2743
rgmoreno@institutoicp.edu.ec
Investigador independiente. Quito – Ecuador.
Beatriz Alexandra Jiménez Espín
https://orcid.org/0009-0001-8343-4650
ajimenezdocpol@gmail.com
Investigador independiente. Quito – Ecuador.
RESUMEN
En un contexto cada vez más digital, la proliferación de ciberdelitos se ha convertido en una preocupación significativa para la
seguridad de individuos y organizaciones en Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo analizar la estadística de los
ciberdelitos en Ecuador en el periodo 2019-2024, evaluando sus implicaciones tanto para individuos como para organizaciones,
así como la efectividad de las normativas implementadas, especialmente en relación con el Código Orgánico Integral Penal
(COIP), que contempla los delitos de estafa (Art. 186) y uso fraudulento de sistemas informáticos (Art. 190). Se empleó un
enfoque cualitativo, que incluyó la revisión de literatura y el análisis de datos estadísticos sobre denuncias de ciberdelitos. Los
resultados revelan un incremento significativo en estas denuncias, particularmente durante y después de la pandemia de
COVID-19, lo que evidencia la vulnerabilidad de la población ante técnicas como el phishing y la suplantación de identidad,
métodos comunes para la ejecución de estafas electrónicas. A pesar de iniciativas como el Convenio de Budapest y el Proyecto
de Ley Orgánica de Seguridad Digital, persisten desafíos como la alta cifra negra de delitos no reportados y la desconfianza en
las autoridades. Además, se identificó la urgente necesidad de mejorar la educación y concienciación en seguridad digital, sobre
todo en grupos vulnerables como los adultos mayores. Por último, se recomienda fortalecer las normativas existentes del COIP
y promover una cultura de denuncia que empodere a los ciudadanos en la protección de su información personal y financiera.
Palabras claves: ciberdelitos, normativas, fraudes
Recibido: 14-09-24 - Aceptado: 21-11-24
ABSTRACT
In an increasingly digital context, the proliferation of cybercrime has become a significant concern for the security of
individuals and organizations in Ecuador. This research aims to analyze the statistics of cybercrime in Ecuador in the period
2019-2024, assessing its implications for both individuals and organizations, as well as the effectiveness of the regulations
implemented, especially in relation to the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP), which contemplates the crimes of
swindling (Art. 186) and fraudulent use of computer systems (Art. 190). A qualitative approach was employed, including
literature review and analysis of statistical data on cybercrime complaints. The results reveal a significant increase in these
reports, particularly during and after the COVID-19 pandemic, which is evidence of the population's vulnerability to techniques
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ingeniería social en Ecuador. Max Guillermo Campos Gallegos, Roberto Geovanny Moreno Dillon y Beatriz
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such as phishing and identity theft, common methods for the execution of electronic frauds. Despite initiatives such as the
Budapest Convention and the Draft Organic Law on Digital Security, challenges persist, such as the high number of unreported
crimes and distrust in the authorities. In addition, the urgent need to improve digital security education and awareness was
identified, especially among vulnerable groups such as the elderly. Finally, it is recommended to strengthen existing COIP
regulations and promote a whistleblower culture that empowers citizens to protect their personal and financial information.
Keywords: cybercrime, regulations, frauds
INTRODUCCIÓN
Un tema de creciente relevancia en la actualidad es la detección de fraudes y estafas derivadas de ingeniería social
debido a que el entorno mundial se encuentra digitalizado, lo que ha permitido que la ingeniería social se consolide como una
de las tácticas predilectas de los delincuentes para llevar a cabo fraudes y estafas. La ingeniería social se define como un
conjunto de técnicas psicológicas y de manipulación que los delincuentes emplean para engañar a las personas, con el fin de
que revelen información confidencial o realicen acciones que comprometan su seguridad o la de sus activos (Alzas, 2023). A
diferencia de otros tipos de ciberataques, que se basan en la explotación de vulnerabilidades técnicas, la ingeniería social explota
las vulnerabilidades humanas, tales como la confianza, el miedo o la urgencia (Marín, 2018).
En Ecuador, los fraudes y estafas que utilizan ingeniería social han experimentado un preocupante incremento,
afectando tanto a individuos como a organizaciones. Estos delitos se manifiestan de diversas formas, incluyendo phishing,
smishing, vishing y baiting, entre otros (Ibarra et al., 2024). Asimismo, el grado de conectividad y el uso generalizado de
tecnologías digitales han facilitado la expansión de estos crímenes, lo que hace que su detección y prevención sean desafíos
cruciales tanto para las autoridades como para la sociedad en general (Varela, 2024). A pesar del aumento significativo de estos
delitos en el país, aún existe un vacío considerable en el conocimiento sobre cómo se están detectando y previniendo de manera
efectiva (Escobar, 2022), evidenciando la falta de estudios que analicen la eficacia de las estrategias legales y preventivas
actualmente implementadas.
Las estadísticas recientes resaltan la magnitud del problema. Por ejemplo, según datos de la Fiscalía General del Estado
(2023), los casos de estafa y apropiación fraudulenta por medios electrónicos han incrementado en más del 40% en los últimos
cinco años. Además, el impacto de estos delitos se ha visto exacerbado durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas
actividades cotidianas se trasladaron al entorno digital, aumentando la vulnerabilidad de las personas frente a tácticas de
ingeniería social.
La creciente incidencia y sofisticación de estos delitos amerita un análisis detallado, ya que representan una amenaza
significativa para la seguridad de individuos y organizaciones en un contexto de rápida digitalización. Además, una
comprensión más profunda de cómo estos delitos impactan a la sociedad ecuatoriana pone en evidencia las insuficiencias en
las estrategias actuales de prevención.
En torno al tema, se emplean teorías que exploran las motivaciones y conductas de los delincuentes que recurren a la
ingeniería social. Por ejemplo, la Teoría de la Elección Racional sugiere que los delincuentes calculan el costo-beneficio antes
de cometer un crimen, eligiendo tácticas de ingeniería social por su alta eficacia y bajo riesgo de detección (Zhao et al., 2021).
Este enfoque resulta clave para entender por qué ciertos grupos delictivos prefieren estos métodos, especialmente en contextos
donde las medidas de seguridad tecnológica son más robustas, pero las humanas son vulnerables.
A pesar de las medidas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para combatir los ciberdelitos, su efectividad es
cuestionada por la falta de estudios que respalden su impacto. Por ello, es crucial identificar las deficiencias normativas y
operativas que limitan una respuesta eficiente. Este artículo analiza el alarmante incremento de fraudes en Ecuador, centrándose
en los artículos 186 y 190 del COIP, que sancionan la estafa y la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Se evalúan
los mecanismos de detección y prevención, así como las estadísticas que evidencian la creciente sofisticación de los
ciberdelincuentes, lo que subraya la necesidad de fortalecer las políticas de ciberseguridad. Además, se examina la efectividad
de normativas como el Convenio de Budapest y el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital, destacando sus
implicaciones para individuos y organizaciones.
METODOLOGÍA
La investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo debido a la naturaleza exploratoria y analítica del tema
investigado. Además, se centra en la revisión y análisis de documentos legales, informes oficiales, estudios académicos y una
base de datos proporcionada por la Fiscalía sobre fraudes y estafas basados en ingeniería social en Ecuador. El objetivo es
comprender en profundidad el panorama actual relacionado con la detección y prevención en el contexto ecuatoriano. Además,
es de tipo descriptivo y explicativo: descriptiva, ya que busca detallar las diferentes tipologías de fraudes y estafas según el
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COIP de Ecuador, así como las estrategias de prevención adoptadas; y explicativa, porque pretende entender y explicar las
causas de estos fenómenos delictivos y la eficacia de las medidas preventivas implementadas en el país durante el período de
estudio.
La población del estudio incluye una amplia gama de documentos legales, informes de la Fiscalía General del Estado,
estadísticas oficiales y literatura académica relacionada con el tema de estudio en Ecuador. Para la muestra, se empleó una
selección intencional, enfocándose en documentos publicados entre 2019 y 2024 que abordan directamente el fenómeno de
fraudes y estafas basados en ingeniería social en el contexto ecuatoriano. La selección de documentos se basó en su relevancia
y su contribución al entendimiento del fenómeno investigado. Asimismo, la recolección de datos se llevó a cabo mediante una
revisión documental exhaustiva, en la que se recopilaron y analizaron documentos clave, incluyendo el COIP, informes anuales
de la Fiscalía, reportes de instituciones relacionadas con la ciberseguridad y estudios académicos sobre fraudes y estafas en
Ecuador.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación se agruparon en cuatro secciones principales. Primero, se realizó un análisis de la
situación actual de los ciberdelitos en Ecuador, examinando tendencias y patrones en el contexto nacional. Luego, se abordó
los ciberdelitos en Ecuador: normativa y cifras, donde se exploró la legislación vigente y las estadísticas de incidencia. A
continuación, se presentó la información sobre denuncias de estafa y apropiación fraudulenta por medios electrónicos (2019-
2024), analizando cifras y tipos de estafas reportadas en este período. Finalmente, se discutió el Convenio de Budapest y el
Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital en Ecuador, evaluando su impacto en la lucha contra los ciberdelitos.
Análisis de la Situación Actual de los Ciberdelitos en Ecuador
En el contexto ecuatoriano, los ciberdelitos han experimentado un incremento preocupante en los últimos años. Este
aumento es especialmente notable tras la pandemia de COVID-19, la cual impulsó un mayor uso de servicios en línea y, con
ello, amplió el terreno para la acción de los delincuentes digitales (Juca y Medina, 2023). En este sentido, uno de los aspectos
más alarmantes es la prevalencia de las cifras negras, que se refieren a aquellos delitos que no son denunciados.
Ante este panorama, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2022) ha implementado diversas
medidas preventivas como la creación del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos (EcuCERT) y el fortalecimiento del
Código Integral Penal como ejemplos de esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia. A pesar del crecimiento en el número
de denuncias formales, sigue existiendo una gran cantidad de incidentes que no se reportan. Entre las razones principales para
este subregistro se encuentran la falta de confianza en las autoridades, el desconocimiento sobre los mecanismos de denuncia
y la percepción de que no se recuperará lo perdido. De acuerdo con un informe de la Fiscalía General del Estado (2021), solo
una pequeña fracción de los delitos informáticos llega a ser registrada oficialmente, lo que subestima considerablemente la
magnitud real del problema.
Los modus operandi más comunes de los ciberdelincuentes en Ecuador incluyen técnicas como el phishing, smishing
y vishing, las cuales engañan a las víctimas mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas
fraudulentas, con el fin de obtener información personal o financiera (Pesantes, 2024). Asimismo, los delincuentes suelen
suplantar la identidad de empresas legítimas, lo que incrementa la credibilidad de sus ataques al ofrecer promociones falsas o
alertar sobre supuestos problemas en las cuentas de las víctimas. No obstante, a pesar de la sofisticación de estas tácticas, en
2023 se reportaron más de 12 millones de ciberataques, aunque el número total de intentos disminuyó en un 27% con respecto
al año anterior (El Universo, 2024).
En Ecuador, la regulación de los delitos informáticos mediante el COIP busca adaptar el marco legal a los desafíos
que presentan las tecnologías digitales (Janeta et al., 2023). El avance de internet ha facilitado nuevas formas de delito, como
la pornografía infantil, el "grooming" y el "sexting", que explotan la vulnerabilidad de los menores a través de medios
electrónicos (Janeta et al., 2023). Además, el COIP (2014) sanciona la apropiación fraudulenta, el acceso no autorizado a
sistemas informáticos y los ataques cibernéticos, incluidos los daños causados por malware y los ataques de denegación de
servicio (DoS y DDoS).
Las desventajas y amenazas para las víctimas de estos delitos incluyen, en primer lugar, pérdidas económicas directas.
Además, la información personal y financiera comprometida puede llevar a robos de identidad y otras formas de fraude (Acosta
et al., 2020). A menudo, las víctimas enfrentan una falta de conocimiento sobre cómo proceder ante el delito, lo que genera
desconfianza en el sistema legal y subestima el impacto que este tipo de crímenes puede tener en su vida.
La suplantación de identidad ha emergido como uno de los fraudes más comunes en Ecuador, con 6,086 casos
registrados en 2021. En este delito, los delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales o envían mensajes engañosos
haciéndose pasar por personas cercanas a la víctima, especialmente a través de plataformas como WhatsApp, Messenger o
SMS. Utilizando información previamente obtenida sobre la víctima, como su nombre y detalles familiares, el atacante puede
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simular ser un conocido que supuestamente se encuentra en el extranjero, incluso replicando su perfil en redes sociales (La
competencia, 2023).
Por otro lado, el angler phishing ha cobrado relevancia como un método de ciberdelincuencia que utiliza las redes
sociales para atraer a las víctimas a través de ofertas falsas o supuesta asistencia técnica (Jinde, 2024). En este caso, los
delincuentes se valen de estas plataformas para crear anuncios engañosos que prometen beneficios irresistibles. Como
resultado, las víctimas son incitadas a proporcionar información sensible, comprometiendo su seguridad personal y financiera.
Este método representa un riesgo creciente en el contexto digital ecuatoriano, donde el uso de redes sociales es cada vez más
común(Toala, 2021).
Ciberdelitos en Ecuador: normativa y cifras
En Ecuador, cientos de personas y empresas son víctimas de delitos cibernéticos a diario, pero muchos no denuncian
los hechos, lo que genera una considerable "cifra negra". Este fenómeno puede atribuirse a varios factores, entre ellos, el
analfabetismo digital, que afecta al 8.2% de la población, dejando a muchos ciudadanos vulnerables a trampas cibernéticas
(Machado, 2024; Juca y Medina, 2023). Además, la falta de conocimiento sobre cómo protegerse en línea contribuye a que
muchas víctimas no reporten los incidentes.
El delito de estafa se caracteriza por el uso de engaños para inducir a error a una persona con el fin de obtener un
beneficio patrimonial. Entre las variables que lo definen se encuentra la simulación de hechos falsos, donde el estafador presenta
situaciones ficticias como reales para engañar a la víctima. También es relevante el ocultamiento de hechos verdaderos, que
consiste en omitir o distorsionar información importante que, de haberse conocido, habría impedido que la víctima cayera en
el engaño (Crespo, 2021). Por otro lado, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos implica el uso de sistemas
tecnológicos para apoderarse de bienes o derechos ajenos sin el consentimiento del propietario. Una de las principales variables
de este delito es el uso fraudulento de sistemas informáticos, donde se manipulan plataformas tecnológicas para acceder de
manera no autorizada a bienes o información (Toala, 2021).
Tabla 1
Comparativa de delitos: estafa (Art. 186) vs. uso fraudulento de sistemas informáticos (Art. 190)
Variable
Art. 186
Art. 190
Verbo rector
Inducir a error
Utilizar fraudulentamente
Sujeto Activo
Persona física que comete o ejecuta el delito “la
estafa”.
Persona física que utiliza
fraudulentamente sistemas informáticos o
redes electrónicas.
Sujeto Pasivo
El titular del bien jurídico protegido, que es
inducido a error, cuyo patrimonio o el de un
tercero resulta perjudicado.
El titular del bien jurídico protegido o
derecho afectado, o una tercera persona que
sufra el perjuicio.
Conducta típica
Acción que conlleva a otra persona a una falsa
creencia o engaño.
Uso fraudulento de sistemas informáticos
que involucra el uso engañoso de éstos,
redes electrónicas, y telecomunicaciones.
Medios
Utilización de la simulación de hechos falsos,
deformación de una realidad u ocultamiento de
hechos verdaderos.
Alteración, manipulación o modificación
fraudulenta del funcionamiento de redes
electrónicas, programas informáticos,
sistemas telemáticos o informáticos, y
equipos terminales de telecomunicaciones.
Finalidad
Obtener un beneficio patrimonial para sí
mismo o para un tercero.
Facilitar la apropiación de un bien ajeno
Resultado
Ejecución de un acto que perjudique el
patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero.
Obtención de un beneficio patrimonial en
perjuicio del propietario del bien o de un
tercero.
Penalidad
Sanción punitiva prevista con pena privativa de
libertad de cinco a siete años. Y pena de siete a
diez años si se cumplen condiciones agravantes
como perjuicio a más de dos personas, o si el
delito se comete en contextos específicos como
el uso de instituciones financieras o fondos
públicos.
Sanción punitiva prevista con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Igual sanción se aplica si la infracción se
comete utilizando métodos específicos
como inutilización de alarmas,
descubrimiento de claves, o violación de
seguridades electrónicas.
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El COIP (2014) establece la normativa penal ecuatoriana relacionada con delitos de fraude electrónico,
específicamente la estafa y la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, en los artículos 186 y 190. El artículo 186 define
de manera detallada el delito de "estafa", identificando sus elementos esenciales como el verbo rector, el sujeto activo y pasivo,
la conducta, los medios, la finalidad, el resultado y la penalidad correspondiente. Por su parte, el artículo 190 establece
claramente el delito de "apropiación fraudulenta por medios electrónicos", también desglosando sus elementos constitutivos de
la misma manera, lo que permite una comprensión integral de estos delitos en el marco legal ecuatoriano.
Información de denuncias sobre estafa y la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. 2019-2024
Las Tablas 2 y 3 ofrecen un análisis sobre las denuncias y noticias relacionadas con los delitos de estafa y apropiación
fraudulenta por medios electrónicos en Ecuador durante el periodo de 2019 a 2024. Los datos, obtenidos del Sistema Integrado
de Actuaciones Fiscales (SIAF) - ANALÍTICA de la Fiscalía General del Estado (Fiscalía General del Estado, 2024), reflejan
la evolución de estos delitos y las circunstancias modificatorias que pueden haber influido en su comisión, evidenciando la
creciente preocupación por la ciberdelincuencia en el país.
Tabla 2
Noticias del delito - por año de registro, según presunto delito
Presunto delito
2019
2020
2023
Total
general
Apropiación fraudulenta por medios electrónicos
1.740
2.281
3.451
18.349
Consumado
1.704
2.234
3.428
18.146
Tentativa
36
47
23
203
Estafa
16.889
18.267
24.240
123.344
Consumado
16.554
17.675
23.934
121.021
Tentativa
335
592
306
2.323
Total general
18.629
20.548
27.691
141.693
La Tabla 2 presenta un análisis de la evolución de los delitos de Apropiación Fraudulenta por Medios Electrónicos y
Estafa en Ecuador entre 2019 y 2024. En el caso de la Apropiación Fraudulenta, se registraron 1,740 casos en 2019, cifra que
aumentó a 2,281 en 2020 y alcanzó un notable salto a 5,235 en 2021. Este incremento podría indicar una mayor sofisticación
en los métodos de fraude o una mejor capacidad de detección y denuncia. Sin embargo, en los años siguientes, los casos
experimentaron una disminución significativa, alcanzando 3,136 en 2022, 3,451 en 2023 y 2,506 en 2024. Este descenso puede
interpretarse como el resultado de mejoras en las medidas de seguridad implementadas, así como una posible reducción en la
actividad delictiva, aunque también podría atribuirse a una disminución en la denuncia de estos delitos. En total, se reportaron
18,349 casos, destacando que la gran mayoría fueron consumados (18,146), con una menor proporción de tentativas (203).
Por otro lado, los datos sobre Estafa revelan una tendencia creciente en el número de casos reportados. Desde 2019,
cuando se registraron 16,889 casos, hasta 2023, con 24,240, los números reflejan un aumento constante, lo que podría ser
indicativo de una mayor prevalencia de este delito o de una mayor disposición de los ciudadanos para reportar tales incidencias.
En 2024, se registraron 17,344 casos, acumulando un total general de 123,344 durante el período, donde 121,021 fueron
consumadas y 2,323 tentativas. El análisis de ambas categorías de delitos revela una significativa variabilidad a lo largo de los
años, con picos en 2021 para ambos tipos de delitos, seguido de una tendencia a la baja hacia el final del período.
Tabla 3
Noticias del delito de estafa - por año de registro, según circunstancia modificatoria
PRESUNTO DELITO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total
genera
l
ESTAFA
15.83
6
17.31
8
22.61
6
21.46
6
22.67
5
16.09
3
116.00
4
Estafa. Defraude mediante el uso de dispositivos
electrónicos
76
150
130
71
139
85
651
Total general
15.91
2
17.46
8
22.74
6
21.53
7
22.81
4
16.17
8
116.65
5
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Nota: Esta información corresponde a las noticias del delito de las cuales se conoce la circunstancia modificatoria relacionada
con el uso de dispositivos electrónicos. Es posible que al momento de la denuncia se desconozca de dicha información por lo
que se registra como "ESTAFA" en general.
La Tabla 3 proporciona un análisis detallado de las noticias relacionadas con el delito de estafa, centrándose en aquellas
incidencias en las que se ha utilizado tecnología para la comisión del delito. Este enfoque permite evaluar el impacto de los
dispositivos electrónicos en la criminalidad y la eficacia de las medidas de prevención y respuesta. El total de noticias sobre
estafa muestra una evolución constante, comenzando con 15,836 casos en 2019 y aumentando hasta 22,675 en 2023,
evidenciando un patrón de crecimiento en la incidencia de este delito. Este aumento puede estar asociado con una mayor
penetración de las tecnologías digitales en las transacciones comerciales y personales, facilitando así nuevas formas de estafa.
Sin embargo, en 2024, se reportaron 16,093 casos, destacando una ligera disminución que podría atribuirse a una mayor
conciencia y a las medidas de protección adoptadas tanto por el público como por las instituciones.
Dentro del contexto de las estafas, se ha identificado un subgrupo específico que involucra el uso de dispositivos
electrónicos para alterar, modificar, clonar o duplicar dispositivos originales de cajeros automáticos. Estos delitos, que también
incluyen la captura y almacenamiento no autorizado de información de tarjetas, han mostrado un patrón de fluctuación. En
2019, se reportaron 76 casos de este tipo, cifra que aumentó a 150 en 2020, pero luego fluctuó, alcanzando un máximo de 139
en 2023 y descendiendo a 85 en 2024. En total, el número de estafas relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos durante
el período analizado asciende a 651 casos. Aunque esto indica una proporción relativamente baja en comparación con el total
de estafas reportadas, subraya la creciente sofisticación en el uso de tecnología para la comisión de estos delitos. Por otro lado,
el comportamiento del delito post-pandemia muestra un claro aumento en los casos de estafas y apropiación fraudulenta a
través de medios electrónicos, directamente relacionado con el auge de las transacciones digitales y el comercio electrónico
durante y después de la pandemia, lo que generó un entorno propicio para la evolución y diversificación de las actividades
delictivas, permitiendo a los ciberdelincuentes perfeccionar sus métodos de ataque.
Convenio de Budapest y proyecto de ley orgánica de seguridad digital en Ecuador
El 12 de julio de 2024, el Presidente de la República del Ecuador ratificó el Convenio de Budapest mediante el Decreto
Ejecutivo No. 332, estableciendo un marco legal robusto para enfrentar la creciente amenaza de la ciberdelincuencia (Corte
Constitucional del Ecuador, 2024). Este acuerdo internacional, conocido formalmente como el Convenio sobre
Ciberdelincuencia, fue aprobado en 2001 por el Consejo de Europa con el objetivo de combatir los delitos cibernéticos a nivel
global (Ministerio de Gobierno, 2021).
La adhesión de Ecuador al Convenio de Budapest representa un paso importante en la actualización de las leyes
nacionales relacionadas con la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, así como en la capacitación especializada del personal
encargado de aplicar estas normativas. Este convenio facilitará la cooperación internacional, permitiendo el intercambio de
información crítica y la adopción de mejores prácticas en la lucha contra la ciberdelincuencia, reforzando así la capacidad del
país para enfrentar amenazas cibernéticas y proteger su seguridad nacional. El proceso hacia la adhesión ha sido meticuloso:
en diciembre de 2021, Ecuador comunicó formalmente su interés al Consejo de Europa, y en enero de 2024, la Corte
Constitucional del Ecuador (2024) determinó que la ratificación del convenio requería aprobación legislativa previa.
Finalmente, en julio de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la adhesión con 85 votos a favor, consolidando el compromiso del
país en la lucha contra la ciberdelincuencia.
El Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital en Ecuador se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea
Nacional (2024), con el propósito de establecer un marco normativo que garantice la protección y respuesta ante las amenazas
en el ciberespacio. Este ambicioso proyecto, compuesto por 90 artículos, se enfoca en la creación de un Sistema Nacional de
Seguridad Digital, además de subsistemas especializados en áreas como ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y
ciberdiplomacia. Entre los principales objetivos de la ley se destaca la protección y respuesta, que busca crear un sistema
integral capaz de prevenir, identificar y mitigar los riesgos y ciberdelitos que emergen en los entornos digitales. Asimismo, se
pretende fortalecer la ciberseguridad, mejorando la protección de infraestructuras críticas digitales y garantizando la integridad
de los datos personales frente a diversas amenazas.
El avance del proyecto ha sido analizado por la Comisión de Seguridad Integral, que está preparando un informe para
su segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional (2024). No obstante, se han solicitado ajustes adicionales antes de su
aprobación final. A pesar de su relevancia, el proyecto ha generado controversias; organizaciones del sector tecnológico han
expresado su preocupación por definiciones imprecisas que podrían desvirtuar el objetivo original de la ley. También se ha
cuestionado la designación del Ministerio del Interior como ente rector del sistema, sugiriendo que debería ser el Ministerio de
Telecomunicaciones, dada la naturaleza de la seguridad digital en el país.
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CONCLUSIONES
Ecuador enfrenta un aumento alarmante de ciberdelitos que afecta a miles de personas y empresas, con una gran parte
de la población sin denunciar debido a la falta de conocimiento y al analfabetismo digital que impacta al 8.2% de sus
ciudadanos. La evolución normativa ha sido significativa, desde la Ley de Comercio Electrónico de 2002 hasta el actual COIP
de 2014, que aborda específicamente delitos como la estafa y la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Sin embargo,
persiste un vacío en la educación sobre seguridad digital, limitando así la efectividad de estas leyes. Las denuncias por estafa
han crecido notablemente, con un total de 123,344 casos reportados, lo que evidencia la sofisticación de los ciberdelincuentes
en un contexto de aumento de transacciones digitales tras la pandemia. La ratificación del Convenio de Budapest y el avance
del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital representan pasos importantes hacia el fortalecimiento de la ciberseguridad
y la lucha contra la ciberdelincuencia, aunque su éxito dependerá de ajustes que aseguren claridad normativa y una
implementación efectiva, a fin de empoderar a los ciudadanos y mitigar el impacto de estos delitos en la sociedad ecuatoriana.
La situación de los ciberdelitos en Ecuador es alarmante, con un notable aumento en las denuncias que refleja un
problema más amplio, agravado por la alta cifra negra de delitos no reportados. A pesar de los esfuerzos del gobierno, como la
creación del EcuCERT y la actualización del Código Orgánico Integral Penal, la falta de confianza en las autoridades y el
desconocimiento sobre los mecanismos de denuncia limitan la efectividad de estas iniciativas. Los ciberdelincuentes utilizan
métodos comunes como el phishing y la suplantación de identidad, afectando a individuos y organizaciones, mientras que el
analfabetismo digital, que impacta al 8.2% de la población, impide que muchos denuncien los delitos. Aunque se han logrado
avances normativos desde la Ley de Comercio Electrónico de 2002 hasta el actual COIP, que aborda delitos como la estafa y
la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, persiste un vacío en la educación sobre seguridad digital. Por ello, es
esencial fortalecer la capacitación digital y fomentar la concienciación, especialmente en segmentos vulnerables, como los
adultos mayores, para empoderar a la población y facilitar una respuesta más efectiva ante la ciberdelincuencia, así como
mitigar su impacto en la sociedad ecuatoriana.
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