Interés superior del niño: análisis jurídico y social
frente a la tenencia compartida en el Perú
Best interests of the child: legal and social analysis of shared custody in Peru
Recibido: 05/04/2025 - Aceptado: 25/07/2025
Vaneza Huerta Leon
https://orcid.org/0000-0001-5583-9805
vhuertale@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
José Manuel Burga Falla
https://orcid.org/0000-0001-5712-2269
jose.burga@upn.pe
Universidad Privada del Norte. Lima, Perú
Resumen
La investigación tuvo como objetivo analizar los enfoques jurídicos y sociales que aseguran que la tenencia
compartida de los hijos responda efectivamente al interés superior del niño en la legislación peruana. Para ello,
se empleó una metodología cualitativa basada en el examen documental de la literatura jurídica sistemática sobre
el tema, utilizando técnicas de análisis documental, de contenido y de resumen para extraer y sintetizar la
información relevante. Las fuentes se seleccionaron de bases de datos indexadas y jurisprudencia pertinente.
Además, se contó con la opinión de expertos judiciales y fiscales, quienes aportaron información valiosa desde
su experiencia para abordar la problemática planteada. Los resultados evidencian que el principio del interés
superior del niño es un eje transversal en la protección de los derechos de la infancia, constituyéndose no solo
como un principio jurídico, sino también como un derecho y una norma procedimental. La Ley N° 31590, que
regula la tenencia compartida, tiene como propósito garantizar una crianza corresponsable y equilibrada,
armonizando el régimen de custodia con dicho principio. En conclusión, el estudio resalta que la aplicación del
interés superior del niño debe orientar toda decisión que le afecte para asegurar su bienestar integral. Asimismo,
la Ley N.º 31590 representa un avance normativo significativo al establecer la tenencia compartida como regla
general, promoviendo la corresponsabilidad parental y fortaleciendo los vínculos familiares, fundamentales para
el desarrollo social y emocional del menor.
Palabras clave: interés, superior, niño, tenencia.
Abstract
The research aimed to analyze the legal and social approaches that ensure that shared custody of children
effectively responds to the best interests of the child under Peruvian law. To this end, a qualitative methodology
was employed based on a documentary review of the systematic legal literature on the topic, utilizing document,
content, and summary analysis techniques to extract and synthesize relevant information. Sources were selected
from indexed databases and relevant case law. In addition, judicial and prosecutorial experts were consulted,
providing valuable information based on their experience to address the problem at hand. The results demonstrate
that the principle of the best interests of the child is a cross-cutting principle in the protection of children's rights,
constituting not only a legal principle but also a right and a procedural rule. Law No. 31590, which regulates shared
custody, aims to guarantee responsible and balanced parenting, harmonizing the custody regime with this
principle. In conclusion, the study highlights that the best interests of the child must guide every decision affecting
them to ensure their overall well-being. Furthermore, Law No. 31590 represents a significant regulatory advance
by establishing shared custody as a general rule, promoting parental co-responsibility and strengthening family
ties, which are essential for the child's social and emotional development.
Keywords: interest, best interests, child, custody.
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Introducción
El interés superior del niño es una institución jurídica fundamental en el ámbito de la niñez, no solo por
su amplia interpretación en la resolución de conflictos que involucran a menores de edad, sino también porque, a
través de esta norma rectora, se exige a las distintas entidades estatales privilegiar el respeto a los derechos de
niños, niñas y adolescentes, así como garantizar el pleno disfrute de los mismos.
Esta norma fue regulada inicialmente en la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959, que
establece que el ser humano en esta etapa debe gozar de protección especial, oportunidades y servicios que le
permitan desarrollarse de manera saludable, mental, física, moral, espiritual y social, en condiciones de dignidad
y libertad. Posteriormente, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 retomó este principio,
estipulando en su artículo 3 que todas las medidas que adopten las instituciones referentes a niños deben
considerar primordialmente su interés superior. De esta forma, el principio adquiere un carácter obligatorio y los
derechos reconocidos en él son de estricto cumplimiento para los Estados parte (Valencia, 2018).
En línea con esto, la Observación General N.º 14 del Comité de los Derechos del Niño precisó que el
interés superior no solo es un principio, sino también un derecho y una norma procedimental, ya que orienta a
que, entre las diferentes interpretaciones normativas posibles, se adopte aquella que garantice de manera más
efectiva el interés del niño.
Por lo tanto, el término “interés superior” debe entenderse como el reconocimiento del auténtico y
verdadero poder del niño para reclamar la satisfacción de sus derechos, lo que implica reforzar primordialmente
los derechos de la infancia (Grossman, 1998).
En la legislación peruana, este principio está consagrado en el Código de los Niños y Adolescentes
(2000), en su Título Preliminar IX, que establece que en las medidas adoptadas por las instituciones respecto a
niños, el respeto a sus derechos debe ser una consideración primordial. Asimismo, la Ley N.º 30466 reglamenta
y fija los parámetros para la adecuada aplicación de este principio, señalando su carácter universal, indivisible e
interdependiente, reconociendo a los niños como titulares de derechos.
En el contexto de la tenencia compartida, el principio del interés superior del niño desempeña un papel
central, ya que su invocación es indispensable para que los jueces garanticen que las decisiones judiciales
respondan efectivamente al bienestar del menor, no solo durante el proceso, audiencias y diligencias, sino en la
adopción misma de las resoluciones. Este principio legitima la modalidad de tenencia compartida, exigiendo que
su aplicación fomente el fortalecimiento de los vínculos afectivos y relacionales entre los hijos y ambos
progenitores, favoreciendo así un desarrollo integral y equilibrado en los ámbitos emocional, social y psicológico.
Por ende, la tenencia compartida, en consonancia con este principio, debe asegurar la participación
equitativa de ambos padres en los procesos de crianza, promoviendo un entorno de respeto mutuo, cooperación
y compromiso con la parentalidad responsable. En consecuencia, este modelo debe concebirse como una
corresponsabilidad en la formación y acompañamiento del menor durante su desarrollo y crecimiento. Como
indica Vega (2023), en eventuales controversias sobre la tenencia, el juez debe orientar sus decisiones
priorizando el respeto a los derechos del niño, garantizando la estabilidad y calidad de las relaciones familiares
como elementos esenciales para su desarrollo armónico.
En el Perú, la tenencia de los hijos ha experimentado una reforma procesal significativa con la
promulgación de la Ley N.º 31590, que responde a los cambios sociales en la dinámica familiar. Según Ampuero
et al. (2024), esta regulación busca equilibrar la responsabilidad y participación de los padres en el desarrollo
integral de sus hijos, surgiendo como una respuesta a la necesidad de una crianza equitativa. Sin embargo, es
fundamental que en la práctica esta normativa beneficie genuinamente el interés superior del niño, lo cual requiere
analizar y conocer el contexto particular de cada familia, considerando la diversidad de sus conformaciones, para
que las decisiones judiciales respondan principalmente al bienestar físico y emocional del menor y no
simplemente a los deseos de los progenitores.
En función de lo anterior, el problema jurídico planteado es: ¿cómo se garantiza que la tenencia
compartida responda efectivamente al interés superior del niño, tanto en el ámbito jurídico como en el contexto
social?
La justificación del estudio se basa en la amplia literatura jurídica existente —artículos, estudios, libros y
jurisprudencia— y en la necesidad práctica de comprobar que la tenencia compartida cumple con la norma rectora
del interés superior. Socialmente, la investigación aportará soluciones al problema planteado y contribuirá al
conocimiento en la materia.
En consecuencia, el objetivo general se centró en analizar los alcances jurídicos y sociales que aseguran
la implementación efectiva de la tenencia compartida, en concordancia con el interés superior del niño. Para ello,
se examinó su aplicación en el marco legal nacional y supranacional, así como los factores sociales que inciden
en su práctica y los efectos que este instituto genera en el bienestar integral del menor.
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Finalmente, la hipótesis plantea que la tenencia compartida responde eficazmente al interés superior del
niño cuando existe una aplicación adecuada del marco jurídico que se ajusta al contexto social de niños, niñas y
adolescentes.
Metodología
Los temas abordados se desarrollaron siguiendo un enfoque jurídico de carácter cualitativo, el cual se
caracteriza por la recolección de datos sin medición numérica (Hernández et al., 2014). Partiendo de esta base,
se llevó a cabo un análisis riguroso del ordenamiento normativo aplicable al objeto de la investigación, empleando
para ello la técnica de revisión documental. Esta técnica implicó un examen sistemático y detallado de literatura
especializada en materia de familia, que incluyó doctrinas, artículos científicos provenientes de bases de datos
indexadas, revistas académicas y fuentes jurisprudenciales relevantes.
Además, se incorporó la opinión de expertos en la materia, quienes aportaron su experiencia judicial y
fiscal, enriqueciendo así la perspectiva del estudio. Para interpretar y sistematizar el contenido de las normas, se
utilizaron métodos de análisis jurídico, hermenéutico y dogmático (Rojas, 2019), lo que permitió una óptima
aplicación práctica de los hallazgos.
Gracias a esta aproximación metodológica, se pudo construir una base argumentativa sólida, orientada a
la formulación de respuestas jurídicas pertinentes frente a la problemática planteada. En cuanto al diseño de la
investigación, este fue descriptivo y dogmático jurídico (Hernández et al., 2014). Como técnicas complementarias
se aplicaron el análisis de contenido, el fichaje y el resumen (Ñaupas et al., 2018).
Resultados
El interés superior del niño: naturaleza y alcances
El principio del interés superior del niño tuvo su desarrollo legal inicial en la Declaración sobre los
Derechos del Niño de 1959, la cual establece que el niño debe gozar de una protección especial, así como de
oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse de manera normal y saludable, en condiciones de
dignidad y libertad.
Posteriormente, en 1989, este principio fue incorporado en la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), que en su artículo 3 dispone que toda medida adoptada por las instituciones respecto a los niños debe
considerar primordialmente su interés superior. De esta manera, su aplicación se vuelve obligatoria en cualquier
proceso que involucre a menores de edad, siendo su cumplimiento fundamental para los Estados parte (Valencia,
2018).
De igual modo, el Comité de los Derechos del Niño profundizó en este tema a través de la Observación
General N.° 14, donde se puntualiza que el interés superior no solo es un principio, sino también un derecho y
una norma procedimental. Esta condición permite que, entre las distintas interpretaciones normativas posibles,
se opte por aquella que más efectivamente satisfaga el interés del niño. Además, la adopción de decisiones
basadas en este principio debe incluir los fundamentos en que se apoya el juez y los criterios con que pondera
los intereses infantiles.
La Opinión Consultiva OC-17/2002 también aborda este aspecto, señalando en sus numerales 54 y 60
que los niños poseen los mismos derechos que cualquier ser humano, además de derechos especiales derivados
de su condición particular, que requieren cuidados adecuados para asegurar la prevalencia de su interés superior.
De estos postulados se puede destacar que el interés superior, tal como se establece en la normativa
internacional, cumple una función garantista; es decir, actúa como un mecanismo de protección de los derechos
del niño, entre ellos la igualdad, la autonomía, la libertad de expresión, el derecho a una familia y a no ser separado
de ella, cuyo cumplimiento es una exigencia para los sistemas de justicia (Cillero, 1994).
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su variada
jurisprudencia en materia de niñez, ha resaltado la naturaleza, el alcance y la relevancia de este principio. Por
ejemplo, en el Caso “Niños de la Calle” vs. Guatemala, en el párrafo 196, se establece que los niños no deben
ser objeto de discriminación, ni privados de su entorno familiar, ni del derecho a un nivel de vida adecuado.
En la sentencia del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, el párrafo 408 subraya la
primacía del interés superior del niño, concebido como la exigencia de asegurar el pleno respeto a todos los
derechos de la infancia. Esta prioridad es una obligación estatal que guía la interpretación de los demás derechos
reconocidos en la Convención.
Asimismo, el Caso Fornerón e hija vs. Argentina enfatiza en su párrafo 138 que el Estado debe adoptar
las medidas de protección que los niños, niñas y adolescentes requieren en virtud de su condición especial. De
forma semejante, la sentencia del Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, en el fundamento 219, reafirma que la
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CDN impone al Estado la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en instrumentos
internacionales en favor de la niñez.
De manera consistente, en el Caso Velis Franco y otros vs. Guatemala, el fundamento 133 determina que
la responsabilidad de adoptar medidas especiales de protección recae no solo en el Estado, sino también en la
familia, la comunidad y la sociedad.
Por último, en la jurisprudencia del Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador (numeral 107), se
reconoce que las normas contenidas en la Convención forman parte del corpus iuris de la niñez. Del mismo modo,
en los casos Atala Riffo y Niñas vs. Chile (párrafo 109) y Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala (ítem 153), se
señala que en las situaciones de cuidado y custodia de menores es necesario realizar una valoración basada en
las conductas parentales concretas.
De lo expuesto se infiere que la CIDH ha desarrollado una sólida y coherente línea jurisprudencial que
reafirma la centralidad del principio del interés superior del niño como fundamento esencial en la protección de
los derechos infantiles. A partir de diversos casos, ha establecido que los niños y adolescentes tienen derecho no
solo a los mismos derechos humanos que cualquier persona, sino también a protecciones especiales derivadas
de su condición de personas en desarrollo. Esta configuración genera obligaciones para el Estado de garantizar
un entorno familiar adecuado, libre de discriminación, que asegure un nivel de vida digno para el niño; un entorno
donde el interés superior del niño debe orientar todas las decisiones y medidas que lo afecten, implicando una
protección reforzada de sus derechos fundamentales. De igual forma, esta responsabilidad corresponde también
a la familia y a la sociedad. Esta posición es coherente con lo planteado por Santamaría (2018), quien sostiene
que preservar el interés superior del niño significa proteger su integridad y dignidad infantil.
En esta misma línea, desde el enfoque jurídico internacional, el principio consagrado en la CDN surge
con el propósito de brindar una protección integral a los derechos de los niños, mediante una normativa que
garantice su desarrollo adecuado y óptimo durante la infancia, salvaguardando los aspectos económicos,
emocionales y físicos que les afectan (Ysla et al., 2023).
Además, Legerén (2014) señala que la creación de este principio obliga a que el interés del niño sea
considerado de manera primordial, siendo una tarea ineludible de los Estados que debe reflejarse en las
decisiones generales y específicas que los involucren.
En el ámbito nacional, el Código de los Niños y Adolescentes (CNA) de Perú incorpora el principio del
interés superior del niño en su Título Preliminar, inciso IX, recogiendo el mandato supranacional según el cual el
respeto a los derechos infantiles debe ser una “consideración primordial” que ninguna entidad, comunidad ni
Estado puede soslayar.
Sangay & León (2023) reafirman que esta normativa interna busca garantizar al infante y adolescente el
amparo, la tutela y la salvaguarda de derechos imprescindibles para su desarrollo pleno, reconociendo además
las obligaciones tanto de los progenitores como del núcleo familiar y la colectividad, y resaltando la importancia
de su aplicación por parte de la sociedad y las distintas entidades implicadas.
Por ende, se entiende que este principio, como garantía jurídica, debe asumirse como una obligación
pública orientada a asegurar la efectividad de los derechos subjetivos individuales del niño (Freedman, 2005).
De manera complementaria, Herencia (2021) sostiene que, en el marco legal peruano, a través del
Reglamento N.º 30466, el interés superior del niño mantiene un carácter abstracto cuyo contenido debe definirse
mediante interpretación en cada caso particular. Así, se garantiza a los niños la protección de sus derechos,
incluyendo la posibilidad de expresar sus opiniones y sentimientos, los cuales deben ser considerados conforme
a su edad y madurez en las decisiones que los afectan.
En concordancia, Paulette et al. (2020) expresan que esta norma rectora impone una obligación ineludible
a las autoridades para priorizar los derechos de los niños, respetándolos y adoptando decisiones orientadas a su
protección. Por ello, constituye una salvaguardia esencial y un criterio superior en cualquier circunstancia.
Por último, en cuanto a su importancia universal, Blanco (2023) sostiene que el interés superior del niño
es fundamental al momento de tomar cualquier decisión que incida en su desarrollo vital, siendo ineludible y de
acatamiento obligatorio en todos los ámbitos que le conciernen.
De manera complementaria, Acosta (2017) señala que este principio debe entenderse como una garantía
y directriz procedimental que prevalece sobre otros derechos o consideraciones; mientras que López (2015)
apunta que su verdadero fin es asegurar el bienestar del niño.
La tenencia compartida
Esta institución se fundamenta en la igualdad de derechos que debe prevalecer entre ambos padres y,
principalmente, en el principio del interés superior del niño. A través de este principio, se reconoce el derecho del
menor a recibir el amor y cuidado de sus progenitores (Arrieta, 2012). De este modo, la tenencia compartida
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permite comprender que esta figura ofrece ventajas significativas en comparación con el régimen monoparental
que predominaba antes de la implementación de la Ley N° 31590. Bajo aquel sistema, solo uno de los
progenitores tenía la custodia del niño, mientras que el otro gozaba únicamente de un régimen de visitas. Sin
embargo, este nuevo enfoque, arraigado en el interés superior del niño, resulta beneficioso para el menor y el
adolescente, ya que les permite disfrutar de la presencia y acompañamiento de ambos padres durante su
desarrollo físico y emocional.
En consecuencia, la custodia compartida prioriza el ejercicio de la patria potestad, que como norma
general brinda una mayor protección al interés del menor, favoreciendo una relación equilibrada y óptima entre el
niño y sus dos progenitores, a la vez que garantiza un respeto más pleno al principio de igualdad (Gonzales,
2022). Asimismo, dentro de la coparentalidad, los padres que viven separados asumen conjuntamente la
manutención y las necesidades básicas de sus hijos (Fernández, 2014).
El derecho del niño a tener una familia
Para Castillo (2023), es un derecho fundamental del niño y del adolescente contar con una familia, y la
separación familiar debe considerarse únicamente como una medida excepcional, válida solo cuando sea la única
manera de garantizar su bienestar. El autor enfatiza que los menores poseen derechos fundamentales que
requieren un abordaje especial por parte de la familia, el Estado y la sociedad. Asimismo, al asegurar la
observancia y protección de dichos derechos, es necesario tener en cuenta las normativas nacionales e
internacionales. En este sentido, ambos marcos coinciden en que los asuntos relacionados con la patria potestad
no se limitan estrictamente a un derecho de los padres, sino que son mucho más complejos, pues tienen como
finalidad garantizar que el titular cumpla con las funciones que se derivan de ese derecho. Por ello, señala que el
interés superior del niño es un principio que atraviesa todo el sistema legal y, ante posibles conflictos entre los
derechos de los hijos y los de los padres —como ocurre en materias de custodia— la actuación de las autoridades
debe estar guiada por la protección prioritaria de los derechos infantiles, otorgando al interés superior la
consideración más relevante.
De forma complementaria, Santamaría (2018) subraya que la Convención sobre los Derechos del Niño
reconoce como derecho fundamental la posibilidad de mantener vínculos y una convivencia activa con los
miembros de la familia, en particular con los padres, de quienes los niños deben recibir la mayor parte de sus
influencias, así como también con la familia extensa.
El interés superior del niño frente a la tenencia compartida
La implementación de la Ley peruana N.º 31590, que establece la tenencia compartida como regla
general, representa una reforma procesal en el Código de los Niños y Adolescentes (CNA). Esta normativa fue
creada con el objetivo de adaptarse a las nuevas dinámicas familiares. En este sentido, la tenencia compartida
surge como una respuesta a las demandas de los progenitores, encaminadas hacia una distribución equitativa
de las responsabilidades parentales y una participación corresponsable en la crianza de los hijos (Ampuero et al.,
2024). Este modelo favorece el derecho del niño a permanecer en contacto con ambos padres tras una separación
o divorcio, sin que su estilo y rutina de vida se vean alterados.
Por ello, se puede inferir que este esquema resulta beneficioso para el menor, ya que ambos progenitores
mantienen un contacto y una relación constante con sus hijos, velando conjuntamente por su salud y bienestar.
De esta manera, contribuyen a mitigar el impacto negativo que la separación y el deterioro de la relación parental
podrían ocasionar en el niño.
En esta línea, la reforma procesal tiene como propósito fortalecer los lazos familiares y promover el
desarrollo integral del menor. Así, este marco legal constituye un avance significativo, al modificar la antigua
preferencia por otorgar la custodia a un solo progenitor y establecer que la tenencia debe ser compartida, dejando
la concesión exclusiva únicamente para casos excepcionales debidamente justificados. Además, la legislación
contempla que la coparentalidad se acuerde preferentemente mediante conciliación, y solo en caso de no llegar
a un consenso, se recurra a la vía judicial ante un juez de familia.
Ampuero et al. (2024) señalan también que la tenencia compartida funciona adecuadamente bajo el
principio del interés superior del niño cuando existe la voluntad conjunta de los padres de mantener una
comunicación y cooperación efectivas para cumplir con la custodia y las obligaciones derivadas de la patria
potestad. Por el contrario, ante situaciones de conflicto severo y ruptura del respeto mutuo, la custodia debe
evaluarse caso por caso, para evitar decisiones que puedan perjudicar al menor.
Aun cuando la Ley N.º 31590 constituye un avance procesal acertado, es imprescindible que las
autoridades competentes atiendan cada solicitud de custodia considerando primordialmente aquello que más
favorezca el respeto y la protección integral de los derechos del niño, es decir, la correcta “invocación de su interés
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superior”. Esto implica conocer a fondo la realidad y dinámica familiar, el entorno en donde se ejercerá la custodia,
y evaluar cada situación no solo desde el sistema jurídico, sino también con el apoyo del ámbito social, integrando
equipos multidisciplinarios de asistentes sociales y psicólogos. En efecto, como sostiene Torres (2023), debe
promoverse un desarrollo sano en el niño, cuyo fin supremo sea siempre su dignidad, la cual debe ser tutelada
prioritariamente por el Estado.
En el plano jurisprudencial peruano, este tema ha sido tratado en diferentes resoluciones. Por ejemplo,
la Casación N.º 4811-2021-Lima Norte, en su apartado 4.6, señala que la familia es el núcleo natural y
fundamental de la sociedad, espacio donde todo individuo recibe protección, forma su identidad y obtiene sus
primeras experiencias; asimismo, reconoce su protección conforme a los instrumentos internacionales. De
manera similar, la Casación N.º 1440-2018-Callao, en los fundamentos 10 y 11, establece que la tenencia es un
atributo de la patria potestad y una relación jurídica básica familiar; además, implica un derecho-deber mutuo
entre progenitor e hijo, siendo indispensable para el desarrollo integral del menor. A su vez, la Casación N.º 4081-
2019-Arequipa, en el párrafo 3.6, afirma que la tenencia es un derecho de los padres que debe armonizarse con
el interés superior del niño para garantizarle un ambiente propicio para su desarrollo.
Asimismo, la Ejecutoria Suprema N.º 3767-2015-Cusco, en los numerales 8 y 9, reconoce la posibilidad
de promover la tenencia compartida cuando los padres, a pesar de estar separados, continúan ejerciéndola en
beneficio de sus hijos. Sin embargo, destaca que en casos de alienación parental flagrante, no es procedente
conceder esta modalidad. En igual sentido, el Tribunal Constitucional del Perú, mediante la STC N.º 01665-2014-
PHC/TC, en su fundamento 16, sostiene que cualquier decisión que involucre a un menor debe adoptarse
teniéndolo como sujeto de derecho.
Finalmente, desde las entrevistas semiestructuradas realizadas a expertos, se obtuvo el siguiente
resultado:
Tabla 1
Resultados obtenidos de las entrevistas con expertos
Categorías
Resultados
Aspectos jurídicos de la tenencia
compartida
Entrevistado 1. (Fiscal de familia). Está regulado en el CNA, y su modificatoria
señalada en la ley N°31590 mediante el cual se garantiza que el niño tiene
derecho a interactuar con ambos padres, se promueve el bienestar y desarrollo del
menor.
Entrevistado 2. (Fiscal de familia). Se encuentra previsto en el CNA, en el artículo
81.
Aspectos sociales
Entrevistado 1. Tiene importancia en el desarrollo social del niño, genera mayor
vinculación afectiva con los padres, quienes a su vez asumen el cuidado de los
hijos a través de una buena comunicación.
Entrevistado 2. Es muy beneficioso para el niño, genera mayor vinculación
afectiva con ambos padres.
Aspectos psicológicos
Entrevistado 1. Genera un impacto positivo en el desarrollo emocional del hijo.
Entrevistado 2. Tiene gran importancia en el desarrollo emocional del niño.
Cambios en el sistema judicial
Entrevistado 1. El seguimiento por el equipo multidisciplinario. Realizar eventos
dirigidos a los padres sobre los beneficios de la tenencia compartida.
Entrevistado 2. Seguimiento del equipo multidisciplinario. Se debe convocar a
una audiencia especial para escuchar al niño luego de la emisión de la sentencia o
conciliación de tenencia compartida
Nota. Esta tabla presenta las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a expertos
7
Tanto el E.1 como el E.2 manifestaron la existencia de una regulación legal sobre la tenencia compartida,
haciendo especial énfasis en el principio del interés superior del niño. Señalaron que dicha normativa ha surgido
con el propósito fundamental de promover el bienestar del menor, al facilitar la continuidad de un vínculo afectivo
sólido con ambos padres, lo cual impacta positivamente en su desarrollo integral, tanto físico como emocional.
Discusión
Los resultados permiten afirmar, desde el enfoque convencional de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN), que el principio del interés superior del niño se erige como un eje transversal en la protección de los
derechos de la infancia. Este principio no solo constituye un fundamento jurídico, sino que también se reconoce
como un derecho y una norma procedimental. Según Valencia (2018), esto refleja un fortalecimiento progresivo
del enfoque garantista hacia la niñez, postura que coincide con Legerén (2014), quien sostiene que dicha
orientación está dirigida a la protección integral de la infancia, en concordancia con Santamaría (2018), que
enfatiza su propósito de resguardar la integridad y dignidad infantiles.
En respaldo a este planteamiento, las ocho jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) citadas son decisivas para consolidar el interés superior del niño como guía esencial en la
adopción de medidas relativas a la niñez. Estas reafirmaron que los niños y adolescentes no solo disfrutan de los
mismos derechos que los adultos, sino que, debido a su condición particular como personas en desarrollo,
requieren una protección reforzada. Esta protección impone a los Estados el deber de implementar acciones
concretas, eficaces y diferenciadas que aseguren su bienestar integral, posición también recogida en la Opinión
Consultiva OC-17/2002, donde se subraya que, además de ser titulares de los mismos derechos que los adultos,
los niños poseen derechos especiales derivados de su condición, que justifican la necesidad de una protección
diferenciada y adecuada.
En este contexto, la tenencia compartida, establecida como regla general en la Ley peruana N.º 31590,
adquiere una relevancia particular. De hecho, su invocación resulta indispensable en este avance normativo, pues
autores como Paulette et al. (2020) y Blanco (2023) destacan que esta norma impone la obligación de garantizar
los derechos infantiles en toda decisión que los afecte. En cuanto a la custodia compartida, Arrieta (2012) sostiene
que el menor tiene derecho a recibir el amor y cuidado de ambos progenitores, y González (2022) apunta que
esta relación debe ser equilibrada, lo que exige un conocimiento profundo de cada acontecimiento en la dinámica
de vida del niño y su familia.
Igualmente, la línea jurisprudencial peruana citada en los resultados reafirma que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad y su protección cuenta con respaldo internacional. Respecto a la custodia, las
resoluciones subrayan que esta constituye una medida favorable para los hijos, siempre que no existan
situaciones de conflicto o conductas perjudiciales para el menor. Se reconoce la tenencia como un derecho-deber
derivado de la patria potestad, orientado a promover el desarrollo integral del niño. Esta postura converge con la
opinión de expertos judiciales y fiscales peruanos, quienes coinciden en que la tenencia compartida debe poner
en primer plano el interés superior del niño. Tanto el E.1 como el E.2 manifestaron que la tenencia genera un
impacto beneficioso en el desarrollo social y emocional del menor, al favorecer vínculos afectivos sólidos con
ambos padres, quienes son parte activa de su crecimiento.
Finalmente, los hallazgos evidencian que, pese a que la tenencia compartida representa un importante
avance en la corresponsabilidad parental, existe un consenso sólido —a partir de la doctrina, la normativa vigente,
la jurisprudencia y las opiniones especializadas— en que su aplicación práctica debe priorizar la garantía del
interés superior del niño. Por lo tanto, se requiere un análisis cuidadoso y contextualizado de cada caso particular
antes de dictar una medida, manteniendo siempre como eje central el bienestar integral del menor.
Conclusiones
El estudio pone de manifiesto que la legislación peruana incorpora, como consideración fundamental, la
necesidad de priorizar el interés superior del niño en todo proceso que lo involucre, garantizando plenamente sus
derechos y evitando cualquier conducta que pueda poner en riesgo su bienestar.
En cuanto a la Ley N.º 31590, su implementación representa un avance significativo dentro del
ordenamiento jurídico peruano, al establecer la tenencia compartida como norma general. Este cambio legal
busca equilibrar las responsabilidades de ambos progenitores en la crianza de sus hijos, promoviendo roles
equitativos que permitan proteger y acompañar al menor durante su etapa de crecimiento y desarrollo.
Por lo tanto, se resalta que, en la práctica, la aplicación del principio del interés superior del niño es
indispensable como una garantía para la protección efectiva de sus derechos, destacando especialmente la
importancia de fortalecer sus vínculos familiares y favorecer su desarrollo integral, tanto emocional como en
condiciones que aseguren permanentemente su bienestar.
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Referencias
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