Revisión sistemática sobre la tenencia de hecho
en el marco del derecho de familia en Perú
Systematic review of de facto custody under family law in Peru
Recibido: 19/04/2025 - Aceptado: 24/08/2025
Hilary del Pilar Rojas-Peralta
https://orcid.org/0000-0002-1308-6195
drojasper@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Dayhana Silvia Lope-Cervantes
https://orcid.org/0000-0002-8845-954X
dlopec@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Demi Fernanda Sarasi-Peralta
https://orcid.org/0009-0007-4740-9443
u202224420@utp.edu.pe
Universidad Tecnológica del Perú. Lima, Perú
Julio Iván Rabanal-Bardales
https://orcid.org/0000-0002-3409-0652
jrabanalb@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Violeta María De Piérola-García
https://orcid.org/0000-0002-8075-0340
vpierola@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
La investigación aborda la problemática de la tenencia de hecho en el derecho de familia peruano, poniendo
especial énfasis en los vacíos normativos que afectan a niños mayores de tres años cuando no existe acuerdo
entre los progenitores ni una decisión judicial, lo cual vulnera el interés superior del menor. El objetivo principal
fue examinar cómo esta falta de regulación influye en la protección jurídica y en las condiciones socioeconómicas
de las familias involucradas. Para ello, se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo la metodología
PRISMA, con búsquedas en bases de datos como Scopus, Web of Science, SciELO, Dialnet y repositorios
institucionales. Se aplicaron criterios de inclusión que consideraron estudios publicados entre 2019 y 2024, en
español, inglés o portugués, relacionados con la tenencia de hecho en contextos latinoamericanos, priorizando
investigaciones con rigor académico y un enfoque sociojurídico; se descartaron documentos sin relevancia directa
o validez científica. De un total de 247 documentos identificados, se seleccionaron 37 para el análisis cualitativo.
Los resultados revelaron vacíos normativos significativos que generan situaciones de desprotección y perpetúan
ciclos de vulnerabilidad económica y social, especialmente en madres cuidadoras. En conclusión, resulta urgente
la implementación de marcos normativos específicos que establezcan criterios claros y multidisciplinarios, con el
fin de garantizar la protección integral del niño y la estabilidad familiar en los procesos de separación parental.
Palabras clave: tenencia fáctica, separación parental, interés superior del niño.
Abstract
This research addresses the issue of de facto custody in Peruvian family law, placing special emphasis on the
regulatory gaps affecting children over three years of age when there is no agreement between the parents or a
court decision, which violates the best interests of the child. The main objective was to examine how this lack of
regulation influences legal protection and the socioeconomic conditions of the families involved. To this end, a
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systematic literature review was conducted following the PRISMA methodology, with searches in databases such
as Scopus, Web of Science, SciELO, Dialnet, and institutional repositories. Inclusion criteria were applied that
considered studies published between 2019 and 2024, in Spanish, English, or Portuguese, related to de facto
custody in Latin American contexts, prioritizing research with academic rigor and a socio-legal approach;
documents without direct relevance or scientific validity were discarded. Of a total of 247 documents identified, 37
were selected for qualitative analysis. The results revealed significant regulatory gaps that create situations of lack
of protection and perpetuate cycles of economic and social vulnerability, especially among mothers who are
caregivers. In conclusion, it is urgent to implement specific regulatory frameworks that establish clear and
multidisciplinary criteria to guarantee comprehensive child protection and family stability in parental separation
proceedings.
Keywords: de facto custody, parental separation, best interests of the child.
Introducción
La protección jurídica de la familia, reconocida en la Constitución Política del Perú como uno de los pilares
fundamentales del orden social, ha sido reiteradamente señalada por la doctrina como un deber ineludible del
Estado. En efecto, como apunta Castillo (2021), esta protección trasciende la mera salvaguarda de la estructura
familiar y se extiende a garantizar que sus miembros, especialmente los menores, puedan desarrollarse en un
entorno seguro y estable. Este principio se encuentra alineado con los compromisos internacionales asumidos
por el Perú en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 16, que promueve
sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
No obstante, la falta de una regulación específica sobre la tenencia de hecho, sobre todo para niños
mayores de tres años cuando no existe acuerdo entre los progenitores ni una decisión judicial, ha sido identificada
por Ticona (2022) como una de las principales deficiencias del sistema de protección familiar en el país. Esta
ausencia normativa genera incertidumbre y propicia decisiones judiciales diversas que afectan la igualdad ante
la ley y vulneran el interés superior del niño.
La experiencia judicial descrita por García-Bermejo (2020) revela que, ante la carencia de un marco
regulatorio claro, los jueces aplican criterios dispares que pueden favorecer o perjudicar a los menores según la
interpretación personal del magistrado. Esta situación incrementa la probabilidad de que los intereses parentales
se antepongan al bienestar infantil, prolongando escenarios de inestabilidad emocional y económica.
Desde un enfoque social, Pérez-Jaraba (2019) advierte que las separaciones y conflictos de pareja con
frecuencia desembocan en disputas por la tenencia, las cuales se agravan cuando existen factores como la
violencia familiar o la violencia económica. Esta última, caracterizada por la evasión de obligaciones económicas
hacia los hijos, afecta directamente la seguridad material de los menores y compromete su desarrollo integral.
Por otra parte, el análisis de Alarcón (2023) evidencia que las madres que asumen la tenencia de hecho
enfrentan numerosas barreras para formalizarla, entre las que destacan la limitación de recursos económicos, el
desconocimiento de los procedimientos legales y la sobrecarga de responsabilidades domésticas y laborales.
Esta combinación, conocida como “triple jornada”, limita considerablemente su acceso a la justicia y contribuye a
la perpetuación de la informalidad.
Asimismo, Bravo-Zambrano (2023) señala que la informalidad en el ejercicio de la tenencia tiene
consecuencias a largo plazo, ya que restringe el acceso a derechos fundamentales como la pensión de alimentos,
el régimen de visitas regulado y el acompañamiento psicosocial. En la práctica, los derechos del menor quedan
entonces supeditados a la voluntad y disponibilidad de los progenitores, mientras que el Estado carece de
instrumentos efectivos para intervenir debido a la ausencia de un marco normativo adecuado.
En este sentido, López (2020) enfatiza que la carencia de regulación afecta la aplicación del principio de
autonomía progresiva del menor, que reconoce su derecho a participar en las decisiones que afectan su vida en
función de su edad y madurez. En escenarios de tenencia de hecho, esta voz se invisibiliza, subordinándola a
disputas adultas que, con frecuencia, están influidas por estereotipos de género que asignan el cuidado
exclusivamente a la madre.
Desde una perspectiva comparada, Ramírez-Machaca (2022) documenta que países como Ecuador y
España enfrentan retos similares en relación con la tenencia de hecho; sin embargo, han avanzado en la
estandarización de criterios judiciales y en la implementación de mecanismos alternativos de resolución de
conflictos. Estas experiencias evidencian que la ausencia de regulación uniforme genera inequidades y reproduce
patrones discriminatorios, aunque también demuestran que es posible superarlos mediante reformas legislativas
y protocolos claros.
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Finalmente, la literatura especializada coincide en que los procesos de custodia requieren evaluaciones
psicológicas y sociales rigurosas para garantizar que las decisiones respondan al bienestar del menor (Barrios-
García & Morales-González, 2021). No obstante, en contextos de tenencia de hecho sin intervención judicial,
tales mecanismos no existen, exponiendo a los niños a riesgos no detectados.
Frente a esta realidad, el presente estudio se propone analizar desde una perspectiva sociojurídica los
vacíos normativos que afectan la regulación de la tenencia de hecho en niños mayores de tres años, así como
evaluar el impacto de estos vacíos en el ejercicio efectivo de sus derechos. En consonancia con la reflexión de
Delgado (2022), se sostiene que contar con un marco normativo claro y coherente no solo evitaría la vulneración
de derechos, sino que también fortalecería la cohesión familiar y garantizaría el cumplimiento del interés superior
del niño, en sintonía con los estándares internacionales de protección de la infancia.
Metodología
El diseño de esta investigación correspondió a una revisión sistemática de la literatura, realizada
siguiendo la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses),
ampliamente reconocida a nivel internacional como una guía metodológica para la conducción y reporte riguroso
de revisiones sistemáticas. Esta metodología permite identificar, evaluar y sintetizar de manera rigurosa toda la
evidencia disponible sobre un tema específico, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la
reproducibilidad del proceso investigador.
La estrategia de búsqueda se implementó en diversas bases de datos académicas, tales como Scopus,
Web of Science, SciELO, Dialnet, además de repositorios institucionales de universidades peruanas y
latinoamericanas. Para optimizar la recuperación de información relevante, se emplearon términos de búsqueda
específicos —entre ellos, “tenencia de hecho”, “tenencia fáctica”, “custodia de facto”, “separación parental”,
“interés superior del niño”, “derecho de familia” y “protección jurídica”— combinados con operadores booleanos
(AND, OR).
Los criterios de inclusión establecidos consideraron: (a) estudios publicados entre 2019 y 2024, con el fin
de asegurar la actualidad de la información; (b) investigaciones en español, inglés y portugués; (c) artículos
científicos, tesis de posgrado, libros especializados y documentos normativos relacionados con la tenencia de
hecho; (d) estudios que abordaran específicamente la problemática de la tenencia sin acuerdo parental o
resolución judicial; y (e) investigaciones situadas en el contexto latinoamericano, con especial énfasis en el
sistema jurídico peruano.
Por otra parte, se definieron criterios de exclusión, que abarcaron: (a) estudios previos a 2019, salvo
aquellos de relevancia histórica fundamental; (b) investigaciones que no trataran directamente la tenencia de
hecho; (c) documentos carentes de rigor académico o científico; (d) estudios duplicados; y (e) investigaciones
centradas en sistemas jurídicos no aplicables al contexto latinoamericano.
El proceso de selección se desarrolló conforme a las fases establecidas por PRISMA: identificación,
cribado, evaluación de elegibilidad e inclusión. Durante la fase de identificación se recuperaron 247 documentos
provenientes de las bases de datos consultadas. En el cribado, se eliminaron 89 documentos duplicados y 76 que
no cumplían con los criterios de inclusión tras revisar títulos y resúmenes. Posteriormente, en la evaluación de
elegibilidad, se analizaron 82 textos completos, de los cuales se excluyeron 45 por no abordar de manera
específica la problemática estudiada. Finalmente, 37 estudios fueron incluidos para el análisis cualitativo.
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Figura 1
Diagrama PRISMA
Resultados
La tenencia de hecho constituye una realidad social ampliamente extendida en el Perú, caracterizada por
que uno de los progenitores asume el cuidado cotidiano del menor sin contar con una resolución judicial formal.
A pesar de su alta prevalencia, esta situación carece de una regulación clara, sobre todo en casos que involucran
a niños mayores de tres años cuando no existe un acuerdo entre los progenitores, lo que origina importantes
vacíos legales que afectan directamente el interés superior del niño y la estabilidad familiar. Este fenómeno
representa un desafío frente al mandato constitucional de protección a la familia establecido en el artículo 4° de
la Constitución Política del Perú, así como al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca
construir sociedades justas e inclusivas. La carencia de un marco normativo específico ha dado lugar a criterios
judiciales dispares y a la vulneración de derechos fundamentales (Rodríguez-Aquino & Torres-Mamani, 2024).
Además, diversos factores complejizan esta problemática, tales como la transformación de los modelos
familiares contemporáneos, las crisis derivadas de las rupturas parentales y la exposición de los menores tanto a
la violencia familiar como a la violencia económica ejercida por el progenitor no conviviente (Olmedo-Poveda et
al., 2023; De Carlucci, 2023). Esta última, sumada a la precariedad socioeconómica, coloca frecuentemente a las
madres que asumen la tenencia de hecho en situaciones de alta vulnerabilidad, limitándolas en su acceso a la
justicia y perpetuando un ciclo de desprotección (Ampuero et al., 2024).
Estudios desarrollados en Ecuador (Briones, 2022; Flores-Romero & Santamaría-Velasco, 2023;
Espinoza-Guamán, 2022) y en España (Matulič et al., 2019; Páez, 2023; González & Pérez, 2021) evidencian
que esta problemática no es exclusiva del Perú. En ambos contextos se han documentado sesgos en la
asignación de la tenencia y consecuencias socioeconómicas posteriores a la separación, así como obstáculos
vinculados a la discapacidad parental (Hernández, 2023; Almeida, 2023), vacíos normativos respecto a la
suspensión de la patria potestad (Bravo-Soto, 2023) y retos en la corresponsabilidad parental (Esparza-Pijal et
al., 2023; Rovira-Sueiro, 2023). También se identifican conflictos relacionados con la autonomía progresiva del
menor (Aguilar, 2022; Cárdenas-Miranda, 2024) y el desequilibrio en las cargas familiares (Velarde, 2023; Mesa,
2023).
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En este contexto, Estrada-Vásquez (2022) pone de relieve la importancia de realizar evaluaciones
psicológicas fundamentadas en metodologías científicas y éticas para los procesos de custodia. Por su parte,
otros autores han abordado temas como el incumplimiento de deberes conyugales (Vide, 2023) y los desafíos
que los nuevos modelos familiares plantean al derecho internacional privado (Carrascosa-González, 2003). En
Ecuador, Murillo-Célleri & Vázquez-Calle (2020), junto con Verduga & Alvarado (2024), critican los vacíos
normativos y las dificultades prácticas en torno a la tenencia compartida. Mientras tanto, Quevedo-Sacoto et al.
(2020) proponen fortalecer la evaluación psicosocial como mecanismo de protección. Shinno-Pereyra (2021)
analiza la alienación parental y aboga por enfoques interdisciplinarios, y Bermeo-Cabrera & Pauta-Cedillo (2020)
evidencian sesgos de género que, por estereotipos, favorecen a las madres.
Vacíos normativos en la tenencia de hecho
Este estudio ha evidenciado vacíos normativos significativos en la regulación de la tenencia de hecho en
niños mayores de tres años. Según Rodríguez-Aquino & Torres-Mamani (2024), la carencia de una regulación
específica genera desprotección tanto para los niños como para las madres en situación vulnerable. En particular,
el artículo 84° del Código de los Niños y Adolescentes no contempla la situación previa a la intervención judicial,
dejando un vacío crítico sin regulación alguna.
La Casación N° 1961-2012-Lima estableció que el criterio de permanencia con el progenitor con quien el
menor haya convivido más tiempo no es absoluto. Sin embargo, Palomino-Andrade (2021) alerta que esta
flexibilización, aunque necesaria, ha introducido incertidumbre respecto a los parámetros aplicables en
situaciones de hecho, especialmente durante el periodo inmediato posterior a la separación. En este sentido,
Ampuero et al. (2024) sostienen que la falta de regulación perpetúa un ciclo de vulnerabilidad socioeconómica,
exacerbado por episodios de violencia familiar que exponen a los menores a riesgos durante esta indefinición
jurídica.
Por otro lado, la Casación N° 3767-2015-Cusco abordó conflictos interpersonales en contextos similares,
situación que De Carlucci (2023) denomina “paradoja jurídica”, dado que la protección efectiva queda supeditada
a la formalización judicial de un escenario que demanda atención inmediata. A ello, Velarde (2023) agrega que
esta situación perpetúa la violencia económica y emocional, afectando directamente el desarrollo integral del
menor.
En el Expediente N° 02079-2009-PHC/TC, el Tribunal Constitucional estableció principios fundamentales
para la protección de la familia; sin embargo, Hermoza-Calero & Fernández-Torres (2019) señalan una notable
brecha entre estos principios y su aplicación efectiva. Maldonado-Manzano et al. (2021) identifican tres
dimensiones críticas: la desprotección económica inmediata, la incertidumbre respecto a la patria potestad y la
obstaculización del régimen de visitas. Deza-Torres (2021) advierte que estas carencias repercuten
negativamente en la educación, la salud y el desarrollo emocional de los menores, mientras que Olmedo-Poveda
et al. (2023) señalan también que representa un problema social comunitario. Vásquez (2021) incluso califica esta
situación como una forma de violencia institucional contra madres vulnerables.
Finalmente, en la Casación N° 5677-2018-Ancash se reconoce implícitamente la necesidad de contar con
regulación específica, aunque hasta ahora sin herramientas normativas concretas. En conjunto, estos hallazgos
ponen en evidencia la urgencia de diseñar mecanismos de protección inmediatos y de establecer criterios claros
y aplicables durante la etapa de separación familiar previa a la determinación judicial sobre la tenencia y el
régimen de visitas.
Vulnerabilidad socioeconómica
El análisis jurídico de la tenencia de hecho en contextos de vulnerabilidad socioeconómica evidencia que
los criterios tradicionales, basados únicamente en el tiempo de convivencia, resultan insuficientes. En este
sentido, la Casación N° 1961-2012-Lima y el Expediente N° 02079-2009-PHC/TC destacan la obligación de
proteger los derechos del niño desde una perspectiva más amplia, que contemple también factores
socioeconómicos.
La vulnerabilidad de la madre, quien habitualmente asume la tenencia de hecho tras la separación, la
expone a sufrir violencia económica, lo que limita significativamente su capacidad para garantizar el bienestar del
menor. Al respecto, Buitrón (2021) identifica las barreras económicas como uno de los principales obstáculos para
acceder a la justicia. Por su parte, la Casación N° 3767-2015-Cusco impuso límites a la tenencia compartida en
escenarios de conflicto familiar, situación que Rodríguez-Aquino & Torres-Mamani (2024) consideran debe
analizarse atendiendo a la capacidad real de la madre para asegurar el desarrollo integral del niño.
En esta línea, Palomino-Andrade (2021) propone tres criterios fundamentales para la evaluación de la
tenencia: capacidad de protección inmediata, acceso a recursos básicos y estabilidad emocional del entorno.
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Asimismo, Hermoza-Calero & Fernández-Torres (2019) enfatizan la importancia de la continuidad del vínculo
afectivo y la satisfacción de necesidades básicas, por encima de formalismos legales. Maldonado-Manzano et al.
(2021) advierten que la ausencia de criterios claros contribuye a perpetuar ciclos de desigualdad.
Por otro lado, Velarde (2023) sostiene que la valoración debe ir más allá de la capacidad económica
actual e incluir el potencial de desarrollo y las redes de apoyo disponibles. En esa misma línea, Sánchez-Ugarriza
(2024) plantea la incorporación de criterios de protección social, mientras que Deza-Torres (2021) alerta que
aplicar enfoques exclusivamente formales, sin considerar el contexto, pone en riesgo el bienestar infantil. De igual
forma, Vásquez (2021) destaca la necesidad de establecer mecanismos complementarios de apoyo social.
Finalmente, Álvarez (2024) propone criterios de protección integral que consideren tanto los recursos
institucionales como las redes de apoyo, un enfoque respaldado por Nonajulca-Córdova & Vera-Córdova (2022).
En resumen, los hallazgos señalan que la evaluación de la tenencia de hecho en contextos de
vulnerabilidad debe integrar, al menos, los siguientes aspectos: (a) evaluación socioeconómica, (b) redes de
apoyo, (c) capacidad de protección inmediata, (d) acceso a recursos básicos, y (e) vínculo afectivo y estabilidad
emocional.
Consecuencias en derechos fundamentales
La ausencia de una normativa específica impacta negativamente en los derechos fundamentales del
menor durante el intervalo entre la separación parental y la resolución judicial. Maldonado-Manzano et al. (2021)
identifican efectos como la desprotección económica inmediata, la incertidumbre sobre la patria potestad y la
dificultad para implementar un régimen de visitas, lo que vulnera derechos esenciales como la alimentación
adecuada, la integridad física y el mantenimiento de vínculos familiares.
Por su parte, Deza-Torres (2021) destaca que esta indefinición normativa repercute en aspectos
esenciales como la educación, la salud y el desarrollo emocional de los niños. Vásquez (2021) incluso califica
esta situación como una forma de violencia institucional dirigida hacia madres vulnerables, con efectos indirectos
muy perjudiciales para los menores. En esta misma línea, Álvarez (2024) añade que la incertidumbre legal genera
patrones recurrentes de desprotección que afectan tanto el desarrollo infantil como la estabilidad familiar.
Por tanto, la carencia regulatoria compromete derechos fundamentales tales como la alimentación, la
integridad, la salud, la educación y el desarrollo integral, evidenciando la necesidad urgente de una intervención
legislativa que atienda con eficacia esta problemática.
Enfoques teóricos y perspectivas emergentes
La tenencia de hecho refleja dinámicas reales de convivencia y protección inmediata del menor, aunque
carece de garantías jurídicas sólidas, lo cual puede facilitar procesos de alienación parental o la prevalencia de
intereses adultos por encima del interés superior del niño. En este sentido, Rodríguez (2022) advierte que la falta
de regulación genera incertidumbre y debilita el rol protector del Estado en América Latina.
Desde una óptica fenomenológica, se busca comprender la experiencia concreta de la parentalidad no
institucionalizada, explorando cómo los progenitores perciben su rol y la seguridad jurídica de sus hijos, así como
cómo los menores viven esta situación en términos de afecto, sentido de pertenencia y estabilidad.
El análisis del derecho desde esta experiencia concreta revela que muchos padres no formalizan la
tenencia debido a factores como la desconfianza en el sistema, el desconocimiento de los procedimientos o las
barreras económicas. Así, el Código Civil peruano y la legislación familiar no precisan con claridad las implicancias
jurídicas ni establecen una transición efectiva entre la tenencia de hecho y la tenencia judicializada, lo que abre
la puerta a decisiones arbitrarias y procesos prolongados.
Cabe destacar que las tendencias actuales incorporan enfoques restaurativos, interdisciplinares y con
perspectiva de género, otorgando mayor protagonismo a la voz del niño, al análisis de la relación afectiva previa
y a las condiciones psicosociales. Aunque la jurisprudencia comienza a integrar estos elementos, su regulación
explícita aún es incipiente y requiere fortalecerse.
Discusión
Los resultados de esta revisión sistemática confirman que la tenencia de hecho en el derecho de familia
constituye una problemática estructural que trasciende el ámbito peruano y se manifiesta en múltiples países
iberoamericanos. En efecto, tal como señalan Ampuero et al. (2024) y Álvarez (2024), la ausencia de una
regulación específica para niños mayores de tres años genera un escenario de desprotección jurídica que vulnera
el principio fundamental del interés superior del niño. Esta misma realidad ha sido documentada en Ecuador,
donde Murillo-Célleri y Vázquez-Calle (2020) evidencian que la falta de criterios claros para la asignación de la
tenencia temporal perpetúa la inseguridad jurídica y limita la efectividad de los principios constitucionales.
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Por otra parte, la literatura destaca que las madres que asumen la tenencia enfrentan diversas barreras,
no solo económicas, sino también culturales y temporales, que profundizan su vulnerabilidad. Así lo señalan
Buitrón (2021), Rodríguez-Aquino & Torres-Mamani (2024) y Velarde (2023). Estas condiciones configuran lo que
Ampuero et al. (2024) denominan un “círculo vicioso”, en el que la precariedad económica y la falta de acceso a
la justicia se retroalimentan, comprometiendo el bienestar integral de los menores. En este marco, Álvarez (2024)
identifica tres consecuencias jurídicas centrales: inseguridad jurídica, desprotección económica y ejercicio
informal de la custodia. Estos hallazgos se ven respaldados por Maldonado-Manzano et al. (2021), quienes
documentan impactos negativos en el desarrollo psicosocial y educativo de los niños.
De modo complementario, los estudios comparativos revelan que este problema no es exclusivo del Perú.
Investigaciones realizadas en Ecuador y España (Verduga & Alvarado, 2024; Quevedo-Sacoto et al., 2020; Matulič
et al., 2019; Páez, 2023) muestran que, incluso en contextos con reconocimiento normativo de la tenencia
compartida, persisten dificultades similares debido a la ausencia de criterios específicos en casos de desacuerdo
parental. Tales evidencias refuerzan la necesidad de adoptar enfoques interdisciplinarios, como sugieren Estrada-
Vásquez (2022) y Shinno-Pereyra (2021), quienes subrayan la importancia de integrar evaluaciones psicológicas
y sociales en los procesos de custodia para evitar decisiones judiciales sesgadas.
Finalmente, el análisis de Bermeo-Cabrera & Pauta-Cedillo (2020) revela que los sesgos de género en la
asignación de la tenencia perpetúan desigualdades, favoreciendo mayoritariamente a las madres en un 78 % de
los casos. Lejos de garantizar la corresponsabilidad parental, esta dinámica institucionaliza prejuicios sociales en
la justicia familiar. En conjunto, la evidencia comparada reafirma la imperiosa necesidad de construir marcos
normativos claros que reconozcan a la tenencia de hecho como un fenómeno jurídico autónomo, promuevan la
igualdad de género y aseguren la protección integral de los menores en contexto de separación parental.
Conclusiones
La investigación confirma la existencia de vacíos normativos en la regulación de la tenencia de hecho
dentro del derecho de familia peruano, especialmente en los casos en que no existe acuerdo parental ni decisión
judicial respecto a niños mayores de tres años. Esta ausencia de regulación genera un escenario de
desprotección jurídica que vulnera el principio fundamental del interés superior del niño, perpetúa condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica y pone en evidencia deficiencias estructurales que también se presentan en otros
países latinoamericanos. Además, se identificó que las madres que asumen la tenencia enfrentan múltiples
barreras —económicas, culturales y de acceso a la justicia— que conforman un círculo vicioso, comprometiendo
de manera significativa el bienestar integral de los menores.
Frente a esta realidad, se concluye que es imprescindible desarrollar marcos normativos específicos que
reconozcan a la tenencia de hecho como un fenómeno jurídico autónomo, definiendo criterios claros para la
asignación temporal de la custodia en ausencia de acuerdo parental o resolución judicial. Estos marcos deben
incorporar evaluaciones multidisciplinarias y un enfoque de género en la capacitación del personal judicial, de
manera que las decisiones se fundamenten tanto en la vulnerabilidad socioeconómica de las partes como en la
protección del interés superior del niño. Así, se busca garantizar la estabilidad emocional, la equidad y el
desarrollo integral de los menores afectados por procesos de separación parental.
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