Violencia de género en América Latina: limitaciones y
desafíos para una protección integral
Gender-Based Violence in Latin America: Limitations and Challenges to
Comprehensive Protection
Recibido: 03/06/2025 - Aceptado: 01/09/2025
Raúl Francisco Mejia Tadeo
https://orcid.org/0000-0001-8997-6234
rfmejiat@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
Este artículo analiza la protección contra la violencia de género (VG) en América Latina, superando la perspectiva
tradicional centrada exclusivamente en las mujeres. El objetivo es comprender los avances y desafíos en la
protección frente a la VG desde un enfoque cualitativo, considerando la inclusión de todas las víctimas y la crítica
a las normativas y prácticas institucionales vigentes. La metodología empleada consistió en un análisis
comparativo de las legislaciones de Perú, Bolivia y Colombia, complementado con una revisión exhaustiva de la
bibliografía especializada sobre VG. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante técnicas cualitativas,
específicamente codificación temática y análisis narrativo, lo que permitió identificar patrones y temas recurrentes.
Los hallazgos evidencian avances normativos en los tres países, aunque con limitaciones significativas. Si bien
existen marcos legales integrales que incluyen sanciones penales, medidas de prevención y atención a las
víctimas, se observa una focalización en las mujeres, excluyendo a hombres, personas transgénero y otros grupos
vulnerables. Esta exclusión restringe el acceso a la justicia y perpetúa estigmas. La protección contra la VG
requiere un enfoque interseccional basado en la igualdad y la equidad, que trascienda la perspectiva tradicional
y garantice una protección integral para todas las víctimas. Se concluye que resulta necesaria una revisión
profunda de las normas y políticas para asegurar una protección efectiva e inclusiva, mediante la adaptación de
políticas públicas y protocolos de atención a las necesidades específicas de cada grupo vulnerable.
Palabras clave: violencia de género, igualdad de género, derechos humanos.
Abstract
This article analyzes protection against gender-based violence (GBV) in Latin America, moving beyond the
traditional perspective focused exclusively on women. The objective is to understand the advances and challenges
in protection against GBV from a qualitative approach, considering the inclusion of all victims and criticism of
current institutional regulations and practices. The methodology used consisted of a comparative analysis of the
legislation of Peru, Bolivia, and Colombia, complemented by an exhaustive review of the specialized literature on
GBV. Data analysis was carried out using qualitative techniques, specifically thematic coding and narrative
analysis, which allowed for the identification of recurring patterns and themes. The findings show regulatory
progress in all three countries, albeit with significant limitations. While there are comprehensive legal frameworks
that include criminal penalties, prevention measures, and victim care, there is a focus on women, excluding men,
transgender people, and other vulnerable groups. This exclusion restricts access to justice and perpetuates
stigma. Protection against GBV requires an intersectional approach based on equality and equity, which
transcends the traditional perspective and guarantees comprehensive protection for all victims. It is concluded that
a thorough review of regulations and policies is necessary to ensure effective and inclusive protection, by adapting
public policies and care protocols to the specific needs of each vulnerable group.
Keywords: gender-based violence, gender equality, human rights.
Introducción
La violencia de género (VG) constituye un fenómeno social complejo y persistente en América Latina,
donde las normas patriarcales arraigadas contribuyen a normalizar y perpetuar la violencia y la discriminación
basadas en el género (Bates, 2022; Lagos, 2022). La VG se manifiesta en conductas que ocasionan daño físico,
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psicológico o sexual, lo que refuerza la desigualdad y la discriminación estructural (Rojas-Fernández et al., 2022;
Salinas et al., 2023). Su difícil probanza, similar a lo que ocurre con la violencia sexual, representa un reto
significativo debido a la frecuente ausencia de evidencia física visible (Mio-López, 2024).
Si bien la VG afecta de manera desproporcionada a las mujeres a nivel global (Kibret et al., 2023;
Zinyemba & Hlongwana, 2022), y los marcos jurídicos internacionales se han orientado prioritariamente hacia su
protección (Marotta, 2023; Manente, 2024), esta perspectiva restringe la comprensión integral del fenómeno al
excluir a otras víctimas y formas de violencia. En este marco, el presente estudio analiza la protección contra la
VG desde un enfoque más amplio, considerando la diversidad de víctimas y los desafíos que implica su inclusión.
El énfasis actual en la protección de las mujeres genera un vacío en el conocimiento y en la práctica
jurídica y social respecto de otras víctimas. Aunque en países como Perú (Ley 30364), Bolivia (Ley 348) y
Colombia (Ley 1257) se han promulgado marcos normativos integrales, aún persisten limitaciones en cuanto a la
inclusión y equidad para otros grupos afectados (Orellana & Cantuta, 2024; Moanac et al., 2022). Esta exclusión
restringe la denuncia, dificulta el acceso a la justicia y limita la protección efectiva, lo que exige una revisión crítica
y la ampliación del enfoque de género en la legislación y en las políticas públicas.
La relevancia de abordar esta problemática radica en las profundas consecuencias sociales, jurídicas y
culturales de la VG en la región. Una protección integral no solo garantiza derechos humanos fundamentales,
sino que también promueve sociedades más justas e igualitarias (Frías-Miranda, 2025), fortalece los sistemas de
atención y prevención, y favorece el diseño de políticas públicas efectivas y equitativas.
La mayoría de los estudios previos han centrado su atención en mujeres y niñas, reconociendo su mayor
vulnerabilidad, incluso en contextos de conflicto armado (Murphy et al., 2021; Lukasiak et al., 2024). Estos
estudios han identificado factores como el bajo nivel educativo y el consumo de sustancias (Akamike et al., 2019),
además de subrayar la importancia de políticas coordinadas, alianzas intersectoriales y medidas preventivas en
espacios educativos (Mergaert et al., 2023; Villalonga-Aragón et al., 2023). No obstante, investigaciones recientes
evidencian que los hombres también son víctimas de VG, incluidas diversas formas de violencia sexual (Davis,
2023; Wirtz et al., 2018; Malik & Nadda, 2019; Depraetere et al., 2020; Garro et al., 2024).
Este trabajo se suma a dichos antecedentes mediante un análisis comparativo cualitativo que enfatiza la
necesidad de enfoques más inclusivos y equitativos. Su objetivo principal es explorar los avances y desafíos en
la protección contra la VG en América Latina desde una perspectiva cualitativa, con énfasis en la inclusión de
todas las víctimas y en el análisis crítico de las normativas y prácticas institucionales, a fin de fortalecer un enfoque
integral y equitativo en la lucha contra la VG en la región. La investigación se enmarca en el contexto sociocultural
y jurídico latinoamericano, donde la VG representa un desafío persistente debido a factores históricos, culturales
y estructurales que refuerzan desigualdades y discriminaciones (Costa, 2016; Herrera, 2021; Moanac et al., 2022).
Metodología
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo para examinar la compleja interacción entre la
legislación sobre violencia de género (VG), las prácticas institucionales y las experiencias de las víctimas en
América Latina. El objetivo es alcanzar una comprensión profunda que trascienda la mera descripción normativa
e integre las dimensiones jurídicas, sociales y culturales de la protección contra la VG (Hernández et al., 2018).
La investigación, de carácter básico, busca contribuir al conocimiento teórico-conceptual sobre los desafíos de la
protección contra la VG en el contexto latinoamericano (Aguirre & Pabón, 2020), constituyendo una base para
futuras investigaciones aplicadas y para la formulación de políticas públicas más inclusivas.
La metodología se centró en el análisis de contenido de dos fuentes principales. En primer lugar, se
examinaron las legislaciones nacionales sobre VG de Perú (Ley 30364), Bolivia (Ley 348) y Colombia (Ley 1257),
con el fin de identificar avances, limitaciones y vacíos en la protección legal y en la atención a las víctimas. En
segundo lugar, se llevó a cabo una revisión detallada de la bibliografía especializada sobre perspectivas teóricas
de la VG, enfoques de género, marcos conceptuales, experiencias de las víctimas y respuestas institucionales.
Para el análisis de contenido se aplicó un método interpretativo cualitativo, que incluyó la codificación
temática y el análisis narrativo, con el fin de identificar patrones, temas recurrentes y perspectivas relevantes.
Con el propósito de asegurar la rigurosidad del estudio, se contrastaron los datos provenientes de diversas
fuentes y se trianguló la información mediante distintos métodos.
Finalmente, la investigación se enmarcó en el contexto sociocultural y jurídico latinoamericano,
caracterizado por la persistencia de desigualdades de género y la necesidad de fortalecer una protección integral
contra la VG. Este marco orientó la interpretación de los resultados y garantizó tanto la pertinencia académica
como la relevancia social y política del estudio, contribuyendo al debate académico y a la formulación de políticas
públicas más inclusivas y efectivas en la región.
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Resultados y discusión
Avances normativos y políticas públicas en la protección contra la VG
En las últimas décadas, América Latina ha experimentado un notable desarrollo normativo y político en
la lucha contra la violencia de género (VG), reconociéndola como una grave violación de los derechos humanos
que demanda respuestas integrales y multidimensionales (Acale et al., 2024; Fernández-Matos et al., 2022). Estos
avances han permitido la institucionalización de mecanismos dirigidos principalmente a la protección de las
mujeres, en atención a la violencia estructural y sistemática que históricamente han enfrentado.
A nivel regional, la Convención de Belém do Pará (1994), conocida formalmente como la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, constituye un instrumento
fundamental al establecer obligaciones internacionales para que los Estados prevengan, sancionen y erradiquen
la violencia en los ámbitos doméstico, comunitario y público. No obstante, aunque la mayoría de países
latinoamericanos han ratificado esta convención, su incorporación plena en las legislaciones nacionales aún
presenta desafíos, especialmente en relación con la amplitud y la efectividad de su implementación (Freidenberg
& Gilas, 2022; Roggeband, 2016).
A continuación, se presenta un análisis comparativo de los marcos normativos de Perú, Bolivia y
Colombia, ilustrando los progresos alcanzados y las áreas que requieren atención prioritaria.
Tabla 1. Avances y limitaciones en la legislación sobre VG
País
Avances Normativos
Limitaciones y Vacíos
Perú
Ley 30364 (2015): Marco integral
(sanción penal, prevención, reparación,
atención multidisciplinaria), Centros de
Emergencia Mujer, Línea 100.
Enfoque predominantemente en
mujeres, limitando la atención a
hombres, personas transgénero y otros
grupos vulnerables.
Bolivia
Ley 348: Tipificación amplia de VG,
enfoque intersectorial (salud, justicia,
seguridad), prevención a través de
campañas educativas.
Similar a Perú: focalización en mujeres,
excluyendo otras víctimas de VG.
Colombia
Ley 1257: Garantía de derechos,
participación comunitaria
(especialmente mujeres indígenas,
afrodescendientes y desplazadas),
unidades especializadas.
Similar a Perú y Bolivia: Falta de inclusión
de hombres, personas transgénero, y
otros grupos en la normativa y políticas
públicas.
En el caso de Perú, la Ley 30364 (2015) establece un marco integral que contempla sanciones penales,
prevención, reparación y atención multidisciplinaria a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar. Esta legislación ha impulsado la creación de los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100,
que fortalecen la atención inmediata y especializada (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP],
2016). Además, incorpora un enfoque de derechos humanos que amplía la atención más allá de la violencia física
para considerar otras manifestaciones y contextos.
Bolivia, con la Ley 348, tipifica de manera amplia diversas formas de VG y establece un enfoque
intersectorial para la atención integral. Reconoce la violencia contra la mujer como una violación directa de los
derechos humanos e involucra a sectores como salud, justicia y seguridad. Asimismo, promueve campañas
educativas y programas de igualdad orientados a transformar las raíces estructurales que sostienen la violencia
(Orellana & Cantuta, 2024).
En Colombia, la Ley 1257 ha fortalecido la protección legal con énfasis en la garantía de derechos y la
participación comunitaria, especialmente en poblaciones vulnerables como mujeres indígenas, afrodescendientes
y desplazadas. La creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la Nación y el trabajo
conjunto con la sociedad civil han permitido articular una respuesta más contextualizada y culturalmente sensible
(Moanac et al., 2022).
En paralelo, los tres países han impulsado políticas públicas orientadas a traducir las normativas en
acciones concretas. En Perú, se han diseñado planes nacionales y locales con un enfoque intersectorial que
involucra a múltiples actores sociales (MIMP, 2016). Bolivia ha incorporado la perspectiva de género en programas
de seguridad ciudadana y en la capacitación de funcionarios (Orellana & Cantuta, 2024). Colombia, por su parte,
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ha promovido la articulación con organizaciones sociales y comunitarias para asegurar respuestas inclusivas y
culturalmente pertinentes (Moanac et al., 2022).
No obstante, pese a los avances, el análisis revela que la protección sigue centrada fundamentalmente
en las mujeres, lo que ha generado la exclusión de otras víctimas de VG. Si bien esta focalización responde a la
necesidad histórica de proteger a un grupo sometido a discriminación estructural, limita el abordaje integral del
fenómeno al omitir las experiencias de hombres, personas transgénero y otros colectivos.
Limitaciones y vacíos en la protección integral: Invisibilización de otras víctimas
A pesar de los progresos, persisten limitaciones significativas que afectan la integralidad y efectividad de
los sistemas de protección. Una de las principales es la invisibilización de víctimas que no encajan en la categoría
tradicional de mujer, lo cual genera un vacío jurídico y social para otros grupos afectados.
Esta exclusión se refleja en la focalización normativa y operativa hacia la mujer como única víctima
legítima, dejando fuera a hombres, personas con identidades sexuales y de género diversas, y otros colectivos
vulnerables. Por ejemplo, los hombres que sufren violencia en relaciones interpersonales suelen quedar excluidos
de los sistemas de protección debido a estereotipos que los consideran agresores y no víctimas, lo que limita su
visibilidad y agrava su vulnerabilidad (Depraetere et al., 2020; Garro et al., 2024). De igual modo, las personas
transgénero enfrentan altos niveles de violencia vinculada a su identidad y expresión de género, pero rara vez
son reconocidas en las normativas y políticas vigentes (Wirtz et al., 2018).
En contextos internacionales, como India, se ha documentado que un porcentaje significativo de hombres
casados reporta haber sufrido VG, especialmente emocional, lo que evidencia la diversidad de manifestaciones
de esta problemática (Malik & Nadda, 2019). Sin embargo, en América Latina esta realidad recibe escasa
atención, perpetuando prejuicios y limitando el diseño de estrategias inclusivas.
Las personas no heteronormativas también experimentan VG de forma significativa, aunque sus vivencias
suelen ser invisibilizadas en los debates generales, lo que genera reacciones negativas y un apoyo insuficiente
(Davis, 2023). Asimismo, en situaciones de conflicto, los hombres pueden ser víctimas indirectas de VG,
experimentando impactos psicológicos y sociales vinculados a roles de protección y provisión familiar (Thulin,
2020).
En Perú, mecanismos como la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer, aunque han fortalecido la
atención a mujeres víctimas, no contemplan de manera sistemática a otros grupos vulnerables (MIMP, 2021).
Esta limitación institucionaliza una concepción reduccionista de la VG que puede reforzar desigualdades y generar
nuevas formas de exclusión, contraviniendo los principios de igualdad y derechos humanos.
En este sentido, la invisibilización de otras víctimas representa una limitación crítica que requiere ampliar
conceptual y operativamente el enfoque de género, reformar las normativas e incluir explícitamente a todos los
grupos vulnerables, además de adaptar protocolos de atención y procesos de sensibilización institucional.
Discusión teórica: Repensando el enfoque de género y los principios de igualdad y equidad
El análisis de las normativas y políticas públicas latinoamericanas revela la necesidad de repensar el
enfoque de género y los principios de igualdad y equidad en la protección contra la VG. Si bien este enfoque ha
sido fundamental para visibilizar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres (Bates, 2022), su
aplicación exclusiva puede generar limitaciones y perpetuar la invisibilización de otras víctimas.
Tabla 2: Comparación de enfoques en la protección contra la VG
Concepto
Descripción
Aplicación a la Protección contra la VG
Igualdad
Trato igualitario en situaciones
similares.
Aplicación de la misma legislación y políticas
a todas las personas, sin distinción de género
o identidad sexual.
Equidad
Justicia social en contextos de
desigualdad. Proporcionar a cada
persona lo que necesita para tener el
mismo éxito.
Protección diferencial para corregir
desigualdades históricas hacia las mujeres,
pero con la inclusión explícita de otros
grupos vulnerables. Adaptación de políticas
a las necesidades específicas de cada
víctima.
La igualdad, entendida como trato igualitario en condiciones similares, y la equidad, concebida como
justicia social en contextos de desigualdad (Poiraud, 2019), constituyen pilares fundamentales en la lucha contra
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la VG. No obstante, la focalización en las mujeres como principales víctimas genera una paradoja: si bien
responde a una necesidad histórica, invisibiliza a otros grupos, reproduciendo nuevas desigualdades (Moanac et
al., 2022; Orellana & Cantuta, 2024).
Por ello, el enfoque de género debe trascender la victimización exclusiva y abarcar la complejidad de las
relaciones sociales y de poder que subyacen en la VG. La teoría feminista contemporánea promueve la
desnaturalización de roles y estereotipos, fomentando la equidad y el respeto a la diversidad (Bates, 2022; Rojas-
Fernández et al., 2022). La protección diferencial hacia las mujeres debe mantenerse, pero complementada con
un enfoque interseccional que considere género, identidad sexual, etnia y condición socioeconómica (Costa,
2016; Herrera, 2021; Orellana & Cantuta, 2024).
Interpretaciones y generalizaciones: Hacia una protección más inclusiva y equitativa
Los hallazgos evidencian que, si bien Perú, Bolivia y Colombia han fortalecido la protección de las mujeres
frente a la VG, resulta urgente ampliar su alcance para garantizar una protección inclusiva y equitativa para todas
las víctimas.
La protección diferencial, necesaria para corregir desigualdades históricas hacia las mujeres (Bates,
2022; Rojas-Fernández et al., 2022), debe complementarse con un enfoque que reconozca la pluralidad de
víctimas y contextos. Los sistemas de justicia y atención deben adaptarse para responder a múltiples formas de
violencia que afectan también a hombres, personas con identidades diversas y otros colectivos (Depraetere et
al., 2020; Garro et al., 2024).
Una protección integral exige revisar marcos normativos y políticas públicas, ampliar protocolos de
atención y consolidar programas de sensibilización y capacitación. Además, se debe fomentar una cultura
institucional y social que valore la diversidad y promueva un trato justo a todas las víctimas.
En conclusión, la protección contra la VG debe concebirse como un proceso dinámico, contextualizado y
multidimensional, basado en un enfoque interseccional y plural que permita diseñar estrategias más efectivas,
inclusivas y equitativas en América Latina (Costa, 2016; Herrera, 2021; Orellana & Cantuta, 2024).
Conclusiones
Este estudio ha evidenciado que, aunque América Latina ha logrado avances normativos y en políticas
públicas significativos para proteger a las mujeres frente a la violencia de género (VG), persisten limitaciones que
afectan la integralidad y efectividad de dicha protección. El enfoque predominante, centrado principalmente en la
mujer como víctima, ha contribuido a invisibilizar a otros grupos vulnerables, como hombres, personas
transgénero y personas con identidades sexuales diversas, quienes también sufren distintas manifestaciones de
VG. Esta exclusión normativa y práctica genera vacíos en la atención, dificulta el acceso a la justicia y perpetúa
estigmas y prejuicios sociales que obstaculizan tanto la denuncia como el acompañamiento institucional.
El análisis comparativo de las legislaciones y políticas en Perú, Bolivia y Colombia demuestra la necesidad
urgente de ampliar y adaptar los marcos legales y las respuestas institucionales para incorporar explícitamente a
todas las víctimas de VG, garantizando una protección equitativa, inclusiva y sensible a la diversidad de
experiencias. Para ello, resulta fundamental repensar el enfoque de género tradicional, integrando principios de
igualdad y equidad que reconozcan la pluralidad de víctimas y las múltiples dimensiones de la violencia basada
en el género. Asimismo, la incorporación de un enfoque interseccional permitirá abordar las complejas
interrelaciones entre género, identidad sexual, etnia, condición socioeconómica y otros factores que inciden en la
vulnerabilidad y la discriminación.
Finalmente, se concluye que la protección contra la VG debe concebirse como un proceso dinámico,
contextualizado y multidimensional, que promueva no solo la justicia para las mujeres históricamente
vulnerabilizadas, sino también para todos los grupos afectados. La consolidación de políticas y normativas
inclusivas, acompañadas de estrategias de sensibilización, capacitación y transformación cultural, resulta
esencial para construir sociedades latinoamericanas más justas, igualitarias y respetuosas de la diversidad. Este
enfoque integral contribuirá a fortalecer los sistemas de protección y prevención, garantizando el pleno
cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas frente a la VG.
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