El presupuesto participativo como mito administrativo:
crítica a los procesos de participación ciudadana
Participatory budgeting as an administrative myth: a critique of citizen
participation processes
Recibido: 03/08/2025 - Aceptado: 01/10/2025
Gabriel David Romo Pezantes
https://orcid.org/0009-0000-9536-8884
gromope@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Piura, Perú
Resumen
El desarrollo del presente artículo tiene como objetivo realizar una crítica analítica a los procesos de participación
ciudadana y su vinculación con los presupuestos participativos en los gobiernos municipales de la provincia de
Santa Elena, Ecuador, con el fin de identificar trayectos entre las normativas legales que rigen la participación y
su práctica en la gestión pública local. Además, se desarrollará a cabo una revisión documental de carácter
cualitativo, elegida por conveniencia, lo que permitirá explorar disposiciones constitucionales, normativas y
experiencias específicas relacionadas con la ejecución de mecanismos de participación. Los resultados indican
que, a pesar de que los mecanismos son expresamente contemplados en la Constitución de la República y en
sus leyes pertinentes, su aplicación en la práctica se aleja de los objetivos adecuados de la democracia
participativa. No se citan de manera sistemática cabildos abiertos o asambleas ciudadanas, ni se contemplan
herramientas como los mecanismos tecnológicos o la silla vacía, que ayuden a la interacción ciudadana con la
administración pública. Se concluye que los presupuestos participativos, al no consolidarse como un referente de
la administración y de la democracia, se transforman en un mito administrativo. Su función se limita a la
presentación de cifras adecuadas a la satisfacción de la gobernación de turno, sin garantizar la verdadera
corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones acerca de los recursos públicos.
Palabras clave: participación ciudadana, presupuestos, democracias participativas
Abstract
The purpose of this article is to provide an analytical critique of citizen participation processes and their link to
participatory budgeting in municipal governments in the province of Santa Elena, Ecuador, in order to identify gaps
between the legal regulations governing participation and their practice in local public management. In addition, a
qualitative documentary review will be carried out, chosen for convenience, which will allow for the exploration of
constitutional provisions, regulations, and specific experiences related to the implementation of participation
mechanisms. The results indicate that, although the mechanisms are expressly provided for in the Constitution of
the Republic and in relevant laws, their application in practice falls short of the appropriate objectives of
participatory democracy. Open councils or citizen assemblies are not systematically mentioned, nor are tools such
as technological mechanisms or the empty chair, which help citizen interaction with the public administration,
contemplated. It is concluded that participatory budgets, by failing to establish themselves as a benchmark for
administration and democracy, become an administrative myth. Their function is limited to presenting figures that
satisfy the government in power, without guaranteeing true citizen co-responsibility in decision-making about public
resources.
Keywords: citizen participation, budgets, participatory democracies
Introducción
La importancia del presente estudio radica en evidenciar la distancia existente entre lo establecido en la
legislación y las prácticas institucionales observadas en el territorio, el cual se caracteriza por desigualdades
estructurales y demandas sociales insatisfechas, por lo que se plantea la necesidad de reformular el modelo de
presupuestos participativos. Pues la falta de mecanismos efectivos para consultar e incorporar las decisiones
ciudadanas no solo limita la eficiencia en la gestión pública, sino que también debilita su legitimidad democrática.
2
Córdova (2024) manifiesta que, para alcanzar plenamente la visión de un Estado social de derecho,
resulta indispensable la participación ciudadana, entendiendo a las personas no como simples receptores de las
decisiones estatales, sino como protagonistas activos en la vida política. Se refiere, en particular, a la capacidad
de los habitantes para implicarse de modo directo en la formulación, supervisión y evaluación de las políticas
públicas.
Por su parte, García et al. (2022), al referirse al tema tributario y de presupuestos participativos, señalan
que este constituye un instrumento o procedimiento mediante el cual la ciudadanía interviene en la definición del
uso de una parte del presupuesto público. Representa una modalidad innovadora de toma de decisiones que
promueve la participación directa de la población en la determinación de las prioridades del gasto estatal.
Organismos internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas lo recomiendan, siendo esta última la
que lo ha calificado como una de las “mejores prácticas” dentro de la planificación urbana.
La aplicación uruguaya citada por Suárez (2024) sobre la participación en línea como un apoyo
tecnológico es encomiable, puesto que el modelo participativo puede complementarse con herramientas digitales,
las cuales actúan como un canal adicional de expresión, sin constituir el eje principal del proceso. En cambio, en
el modelo "conectivo", la tecnología ocupa un lugar central, organizando y dando forma a la participación.
De la experiencia española, López y Gil-Jaurena (2024) explica que la incorporación de medios digitales
en la comunicación de la Administración Pública facilita el uso de herramientas flexibles y, en muchos casos,
económicas, que promueven la interacción social y ofrecen a la ciudadanía espacios participativos donde sus
opiniones son tomadas en cuenta y valoradas. Martínez (2023) acota que numerosos estudios han propuesto
modelos ideales que permiten entender las particularidades y criterios del presupuesto participativo, así como
anticipar los posibles impactos de la participación ciudadana en dicho proceso. En este enfoque, la participación
se diseña en función de las capacidades tecnológicas disponibles, con el objetivo de alcanzar una amplia
convocatoria ciudadana que genere información valiosa para los responsables de la toma de decisiones.
En el caso de México, Alvarado (2024) explica que la confianza y la participación activa de la ciudadanía
son elementos fundamentales para el buen desempeño de un gobierno responsable y eficaz, ya que influyen
tanto en la implementación y acatamiento de las leyes como en la correcta entrega de los servicios públicos.
En el Perú, Calderón (2023), al hablar de presupuestos por resultados, refuerza la idea de que estos se
presentan como una estrategia fundamental dentro de la gestión pública, ya que vinculan los procedimientos
administrativos con la obtención de productos concretos cuyos resultados deben ser medibles en beneficio de la
comunidad. Para su implementación, es esencial definir con claridad los objetivos a alcanzar y asumir el
compromiso necesario para lograrlos.
En el Ecuador, el cumplimiento del presupuesto participativo se encuentra regulado desde el año 2010
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, además del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). La norma es muy clara al expresar que los instrumentos
de participación son de cumplimiento obligatorio y otorga características especiales a los consejos de planificación
de los niveles de gobierno, a tal punto que este organismo, integrado por servidores y ciudadanos, debe emitir
una “resolución favorable” cuando se trate del presupuesto del ejercicio fiscal del año venidero.
La ley también dispone que dicho consejo realice seguimientos de la inversión cuatrianual para constatar
si lo aprobado corresponde con lo ejecutado o invertido, así como los resultados de aquella propuesta y la utilidad
social que tiene para el colectivo que lo recibe. Bajo estas premisas, muy poco es lo que se ha podido constatar,
puesto que, si bien la norma regulatoria existe, no hay penalidades por su incumplimiento ni sanciones
contundentes para el administrador público. Lo que se evidencia, luego del ejercicio, es una notoria insatisfacción
del colectivo con sus gobernantes locales, que incluso puede derivar en la determinación de responsabilidades
penales de gran gravedad para el infractor.
En la práctica, esta norma se ha distorsionado tanto en su cumplimiento como en la forma de su
integración. Muy poco se sabe del consejo de planificación y mucho menos de sus integrantes: cómo fueron
convocados para integrarlo y cuáles han sido sus resoluciones respecto al estudio presupuestario que motivó ese
informe favorable.
Todo esto se convierte en un misterio, agravado por la poca intención de permitir a la ciudadanía acceder
a los registros históricos, actas de sesiones y cualquier otra documentación que permita constatar si se cumplieron
a cabalidad las formalidades establecidas en la regulación legal, como la “coherencia” entre los planes de mejora
locales y su articulación con el plan nacional de desarrollo que debe ejecutar el gobierno central. Esto lo confirman
Guerrero y Ortega (2025), al referirse a la calidad de vida en los G.A.D. del Ecuador, quienes sostienen que
impulsar el desarrollo territorial mediante una adecuada gestión de los gobiernos locales debe ser una prioridad
en toda política estatal.
3
En este contexto, Toala et al. (2024) señalan que, al analizar la propuesta del cantón Portoviejo, Ecuador,
la participación ciudadana se reconoce como un principio fundamental de la administración pública y, al mismo
tiempo, como un derecho de los ciudadanos a intervenir en la formulación, ejecución, evaluación y control de las
políticas públicas. Esto surge como una respuesta a la crisis de representatividad y a la limitada capacidad de los
gobiernos para solucionar las dificultades colectivas, pero, sobre todo, se consolida como un componente esencial
dentro del ciclo de las políticas públicas orientadas al desarrollo local.
El gobierno local no incentiva la participación plena del ciudadano, y todo el escenario se reduce a
acciones superficiales. Se garantizan participaciones que no van más allá de lo estrictamente necesario: un simple
llamado a intervenir, pero sin que, en muchos casos, el ciudadano cuente con la suficiente información ni se le
otorgue la importancia y el peso social que debería tener. Con frecuencia, se la considera una acción meramente
“política” en beneficio de la imagen del gobernante local.
El caso de Santa Elena
La provincia de Santa Elena está constituida por tres cantones o municipios: Salinas, La Libertad y Santa
Elena. Además, cuenta con el gobierno provincial o prefectura que, si bien integra en su consejo a los delegados
municipales, posee sus propias facultades y competencias establecidas en la ley. Es decir, son niveles de
gobierno que buscan el cumplimiento de sus competencias, cada cual por su lado, pero integrados en una
planificación articulada. Por ello, resulta indispensable que en los territorios se incorporen procedimientos
totalmente accesibles para que la obra pública se ejecute de manera prioritaria, correcta y transparente.
Sin embargo, se realizan sesiones informativas con baja asistencia, sin difusión oportuna y, en ocasiones,
se presenta un presupuesto ya decidido, sin espacio para modificarlo. Las rendiciones de cuentas se limitan a
exposiciones técnicas, sin interacción efectiva ni evaluación ciudadana. Esta situación evidencia una fractura
entre el discurso normativo y la realidad administrativa.
Las condiciones de las municipalidades de Salinas, La Libertad y Santa Elena son similares: existe escasa
participación ciudadana, limitada a las fechas en que se exige esta actividad, entre agosto y diciembre, para luego
ser ratificada por el nivel de gobierno correspondiente, de modo que el ejercicio fiscal pueda ejecutarse a partir
del 15 de enero del año siguiente.
A pesar de que existe una ordenanza aprobada por el Concejo Cantonal de La Libertad en 2011, que
regula la participación ciudadana y el control social, y que constituye la principal fortaleza normativa para los
moradores, dicho ejercicio legislativo ha dado muy pocos frutos. Esta ordenanza se emitió con la finalidad de
cumplir con la ley, puesto que el COOTAD exige que se evidencien las acciones tomadas por la entidad municipal
en materia de participación colectiva, pero también para garantizar que la ciudadanía tenga la puerta abierta al
ejercicio de su derecho: la participación directa, sin ambages ni condiciones previas.
En el caso de las municipalidades de Santa Elena y Salinas, también existen regulaciones similares, pero
con resultados poco alentadores. No se ha implementado la política institucional de “puertas abiertas” que la
comunidad espera, para que el administrado pueda realizar sus trámites con total libertad. Tampoco existe libre
acceso a la información, más allá de lo estrictamente necesario y poco atractivo para el colectivo, que en realidad
busca conocer los contratos públicos, las empresas favorecidas con las licitaciones y los montos convenidos con
la autoridad local. Al final, lo único disponible es aquello que la autoridad decide mostrar. Esta actitud desmerece
la acción de la ley, al no habilitar los canales necesarios para que el derecho pueda ejercerse, y provoca el
paulatino desmoronamiento de la confianza ciudadana en la autoridad de turno y en la institución.
Metodología
En la aplicación metodológica del presente estudio se aplicó un enfoque cualitativo con método
descriptivo, manteniendo una revisión documental por conveniencia, justificándose esta selección en función de
la información que se ha recopilado de modo intencional, prevaleciendo las fuentes que brindaron datos directos
y relevantes acerca de la implementación de los presupuestos participativos en la provincia de Santa Elena, así
como experiencias comparativas tanto nacionales como internacionales. La información recopilada se organizó
en:
• Fuentes primarias: reglamentos, leyes, códigos, actas de sesiones de consejo municipal, ordenanzas,
consejos de planificación ciudadana y documentos oficiales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales (GAD).
• Fuentes secundarias: estudios académicos, reportes, publicaciones periodísticas y bibliografía
especializada.
No se aplicaron protocolos exhaustivos de indagación ni criterios estrictos de exclusión o inclusión;
tampoco se abarcó en su totalidad la literatura existente. La selección se centró en documentos pertinentes que
evidenciaron la brecha entre la legislación y las prácticas institucionales observadas en el territorio, en la provincia
4
de Santa Elena. Esto permitió determinar las desigualdades estructurales y demandas insatisfechas, así como
plantear la reformulación del modelo de presupuestos participativos, con el fin de examinar e incorporar los
arbitrajes ciudadanos. Ello, a su vez, limita la eficiencia en la gestión pública y debilita su legitimidad democrática.
Este análisis de contenido resulta útil para identificar la comparación obligada entre diferentes municipios,
tanto nacionales como externos, que han incorporado en sus procedimientos estándares adecuados para que la
comunidad participe de manera directa en la revisión y aprobación de los presupuestos participativos. Sin
embargo, estos procesos deben generarse desde las prioridades y necesidades lógicas del ciudadano, y no
exclusivamente desde la perspectiva de la autoridad, que si bien tiene la representación electa del territorio, está
obligada, legal, moral y estratégicamente, a compartir esas responsabilidades con la ciudadanía. En
consecuencia, aunque existe una misma ley y un procedimiento generalizado para todos, en unos casos se
cumple a cabalidad y en otros no se evidencia un mayor impulso para su realización.
En esta comparación se consideraron las indicaciones contextuales, la dinámica comunal, los logros y
deficiencias de los organismos municipales, además de factores generados en los consejos que inciden en la
participación colectiva y en la seguridad social. La revisión bibliográfica se sustentó en la recopilación de bases
académicas reconocidas, como Scopus y SciELO, entre otras.
Por lo tanto, se aplicó una metodología cualitativa y una revisión documental por conveniencia, lo que
permitió evaluar detalladamente el escenario de los presupuestos participativos en Santa Elena, demostrando la
brecha entre las normativas, las prácticas institucionales y las expectativas ciudadanas.
Tabla 1
Cuadro heurístico de revisión bibliográfica
Autor(es)
Año
País/
Contexto
Título del estudio
Aporte principal
Relevancia de la
investigación
Córdova
(2024)
Ecuador
Análisis constitucional
de la participación
ciudadana
Expone que la
participación es pilar
del Estado social de
derecho y debe ser
continua, no limitada
al voto
Fundamenta la
necesidad de
fortalecer los
presupuestos
participativos como
mecanismo de
legitimidad
democrática.
García et al.
(2022)
Internacional
Presupuesto
participativo y
tributación
Plantean
que es una
modalidad
innovadora
para definir
prioridades
del gasto
público.
Refuerza la idea de
que la ciudadanía
debe intervenir
directamente en la
asignación
presupuestaria
.
Suárez (2024)
Uruguay
Participación en línea
y presupuesto
participativo
Analiza el
uso de
herramientas
digitales
como
complemento
al proceso
participativo.
López y Gil-
Jaurena
(2024)
España
Medios
digitales y
participación
ciudadana
Destaca la
utilidad de
herramientas
digitales
Aporta al
análisis
sobre
innovación
5
en la
gestión
pública
económicas
y flexibles
para
fomentar
interacción.
tecnológica
en procesos
participativos
municipales.
Martínez
(2023)
España
Propone
modelos que
permiten
anticipar
impactos de
la
participación
en
presupuestos.
Sirve de
marco para
evaluar los
posibles
resultados
de una
reforma en
Ecuador.
Alvarado
(2024)
México
Confianza
ciudadana y
eficacia
gubernamental
Enfatiza la
confianza
como
elemento
central de
participación
y
legitimidad.
Apoya la
hipótesis de
que la falta
de
confianza
limita la
participación
en Santa
Elena.
Calderón
(2023)
Perú
Presupuesto
por
resultados y
gestión
pública
Relaciona
procedimientos
administrativos
con obtención
de productos
medibles.
Orienta la
necesidad
de vincular
presupuesto
participativo
con
resultados
tangibles.
Guerrero y
Ortega (2025)
Ecuador
Calidad de
vida y
gestión
municipal
Argumentan
que el
desarrollo
territorial
depende de
la gestión
local
adecuada.
Contextualiza
la relevancia
del
presupuesto
participativo
en la calidad
de vida
municipal.
Toala et al.
(2024)
Ecuador
(Portoviejo)
Propuesta
de
participación
ciudadana
en
gobiernos
locales
Reconocen
la
participación
ciudadana
como
principio
fundamental
y derecho.
Caso ecuatoriano que
refuerza la pertinencia
del análisis en Santa
Elena.
Resultados
Nivel normativo-institucional
En el caso del ejercicio participativo, se espera identificar la fragilidad de los procesos implementados
para el cumplimiento de las normas legales. La poca eficacia administrativa, institucionalizada en los organismos
6
municipales pero ajena a las aspiraciones ciudadanas, dificulta la articulación con los gobernantes locales, cuyo
período es de cuatro años. La poca intención real, o evidente, de permitir que la comunidad intervenga en las
decisiones fundamentales para sus procesos de desarrollo, sus presupuestos económicos y las asignaciones que
puedan gestionarse a nivel municipal, fracciona dichos requerimientos marcando desconfianza en los electores.
Otra de las acciones esperadas en el funcionamiento legal de los consejos de planificación participativa
es su adecuada operatividad, las gestiones realizadas y las actas en las que se hayan emitido resoluciones
favorables o no, acerca de los presupuestos o de las articulaciones para un trabajo estratégico entre la comunidad,
las autoridades y los planes de desarrollo que debieron haber analizado previamente para la emisión de dichas
resoluciones.
Nivel social-ciudadano
A nivel colectivo, se prevé una comunidad desvinculada de los procesos de socialización y, aún más, de
su participación en los presupuestos mediante observaciones, incidencias, solicitudes de información o actos de
fiscalización directa al gobierno municipal. Esto no ocurre por falta de interés ciudadano, sino porque el nivel de
gobierno no facilita los mecanismos o vías de accesibilidad que permitan a la ciudadanía sentirse involucrada en
las decisiones presupuestarias. Esto no solo debilita la democracia participativa, sino que también afecta la
confianza ciudadana en la administración. Ello se evidencia en la escasa participación y en la poca capacidad del
gobierno local para fortalecer la unión y la responsabilidad compartida.
Otro de los resultados esperados es el limitado incremento presupuestario que el Estado asigna a los
gobiernos municipales, ya que estos no han demostrado el cumplimiento de objetivos de acuerdo con los
parámetros establecidos en el SIGAD, que es el medio mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las
metas y los objetivos logrados por los diferentes niveles de gobierno, cuyos propósitos deben estar vinculados y
articulados al Plan Nacional de Desarrollo y a su plan de ordenamiento local. La falta de evidencias no permite
que el Gobierno asigne más allá de lo básico a cada nivel de gobierno. Por ello, una administración transparente
y con participación ciudadana permanente constituye una base primordial para que el presupuesto anual se
incremente de manera progresiva.
Discusión
La revisión confirma que los diversos autores que han tratado el tema coinciden en el criterio de que la
administración debe ser transparente en su accionar para generar confianza ciudadana, mucho más cuando se
trata de la verificación de sus cuentas económicas y de los rubros obtenidos para la obra pública. Cortés (2022b)
señala acertadamente que resulta imprescindible que los gobiernos y las administraciones implementen
mecanismos que permitan un acceso efectivo a espacios de participación. No obstante, estos intentos no se
ejecutan de forma uniforme ni con igual intensidad en todas las ciudades. Dada la diversidad y complejidad de
contextos vinculados a las iniciativas de participación ciudadana en el marco de las ciudades inteligentes, se hace
indispensable un análisis más profundo de esta temática.
García et al. (2022) confirman lo señalado por Cortés (2022a), al indicar que lo deseable para cualquier
ciudadano sería que el gasto público respondiera directamente a sus necesidades, aunque esto no siempre sea
posible. Por ello, resulta clave que la ciudadanía se sienta incluida en las decisiones sobre qué se financia y de
qué manera.
Treviño (2022) asevera que los procesos participativos son herramientas de la gestión pública orientadas
a fomentar la intervención activa de todos los habitantes de una comunidad, funcionando como mecanismos para
la toma de decisiones colectivas. Estos permiten detectar necesidades, problemáticas e iniciativas, garantizando
igualdad de oportunidades entre los distintos actores sociales. Su propósito central es generar consensos y
propiciar diálogos constructivos que conduzcan a soluciones efectivas. Este planteamiento difiere de lo expuesto
por Montesinos y Carrasco (2022), cuando expresan que la mayoría de los municipios que han puesto en práctica
el presupuesto participativo pertenecen a zonas urbanas con niveles de desarrollo medio o alto, y cuentan con
solvencia económica para asignar fondos y ejecutar proyectos; sin embargo, su implementación no ha generado
un impacto relevante en la comunidad.
Cerna (2023), sostiene que la participación ciudadana en el presupuesto participativo permite a la
comunidad intervenir directamente en la toma de decisiones acerca de la distribución de los recursos públicos
locales. Esto resulta, en muchos casos, una conceptualización idealizada y retórica, que no siempre se cumple a
cabalidad, dependiendo especialmente de las condiciones político-partidistas del gobierno local y de sus
consideraciones como políticas públicas institucionalizadas. Por su parte, Cayatopa (2025) señala la necesidad
de fortalecer aspectos como la agilidad en la atención, la dirección de la información, la participación ciudadana
y la gestión del conocimiento.
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Toala et al. (2024) plantean que se debe abordar la participación ciudadana como una herramienta clave
para la gobernanza, la gobernabilidad y el desarrollo local. Poveda (2025), sostiene que la gobernanza y la
construcción participativa suponen una toma de decisiones conjunta entre el Estado y la ciudadanía, fomentando
la transparencia, la participación inclusiva y la responsabilidad mutua. Este concepto ratifica los lineamientos de
Toala et al. (2024), pero también idealiza la vinculación Estado-ciudadanía, y finalmente suele concluir, en la
mayoría de los casos, en una pugna de poder y resistencia: por un lado, la entidad que impone criterios y soslaya
la intervención de la ciudadanía, que financia el proyecto o el gasto de inversión; y, por otro, la comunidad que
reclama por la insatisfacción social y la falta de prioridades respecto a deficiencias que, se supone, la
administración pública debe conocer.
Obeso (2023) añade que el presupuesto participativo constituye una herramienta de gestión democrática
mediante la cual la ciudadanía puede influir en la distribución de los recursos públicos, favoreciendo el desarrollo
social al impulsar la inclusión, la equidad y la responsabilidad compartida en las decisiones. Asimismo, Quecaño
y Domínguez (2024) manifiestan que el enfoque de gestión pública basada en resultados, aplicado al presupuesto
participativo, dirige la asignación de recursos hacia objetivos específicos establecidos con intervención
ciudadana, impulsando así la eficiencia y la transparencia. Esta postura no difiere mucho de lo señalado por
Navarro (2022), quien, al referirse al desarrollo social, subraya que la gestión municipal que incorpora la
participación ciudadana fortalece el desarrollo comunitario al involucrar a la población en la planificación,
implementación y supervisión de las políticas públicas locales. Aunque ambos criterios se remiten a la normativa
aplicada, el resultado es claro: sin participación ciudadana no hay eje democrático y, en muchos casos, se abre
espacio a la impunidad ante actos dolosos o a la falta de transparencia en el ejercicio público. La razón es que la
gobernanza, la gobernabilidad y la participación ciudadana se configuran como fundamentos esenciales de una
administración pública democrática en la que Estado y sociedad trabajan conjuntamente en la toma de decisiones
y en el desarrollo del bien común, tal como lo expresa Palomino (2024).
En la investigación realizada por Linares (2022), en la revisión del presupuesto del distrito de Lima, se
encontraron datos interesantes que en muchos casos confirman la teoría de la relación tirante entre Estado y
comunidad, puesto que se evidenció que el 54% de los encuestados expresó satisfacción con los servicios
ofrecidos por la entidad, valorando positivamente las dimensiones relacionadas con la calidad de vida.
Asimismo, se verificó que una cuarta parte de los distritos solo ejecutó el 72% del presupuesto asignado.
Aunque se comprobó una relación estadísticamente significativa (p < 0.05), esta no es directa, sino moderada,
entre el nivel de gasto ejecutado y los servicios proporcionados a la población. A pesar de que el presupuesto fue
utilizado en porcentajes considerados aceptables por el Ministerio de Economía y Finanzas, la ciudadanía no
percibe una conexión clara entre dicho gasto y la mejora de su calidad de vida en la ciudad de Lima.
En este caso se devela una información adicional de gran relevancia, casi siempre vedada: el hecho de
que no se cumple con la ejecución total del presupuesto elaborado, indistintamente de que las cifras arrojen una
instancia favorable. Surge así la interrogante lógica sobre el destino de lo que no se ejecutó y de los recursos
asignados a la parte ejecutable, o, en su defecto, sobre por qué no se llevaron a cabo las necesidades ya
programadas con antelación. Todo esto tiene que ver con la calidad y la eficacia de la administración pública y
de sus funcionarios.
Conclusiones
Desconexión entre norma y práctica: aunque el presupuesto participativo está normado en la Constitución
y en leyes como el COOTAD, su implementación en los municipios de Santa Elena dista de los principios de
participación democrática, reduciéndose a un mero formalismo sin sustancia ciudadana real.
Participación ciudadana limitada: las herramientas de participación como las asambleas, cabildos abiertos
o consejos ciudadanos no se activan de forma efectiva, y cuando se lo hace, es de manera superficial, sin
incidencia real en el diseño o aprobación presupuestaria.
Debilidad institucional: se evidencia una baja operatividad de los Consejos de Planificación,
desconocimiento sobre sus miembros, funciones y resoluciones, lo que debilita los procesos participativos
previstos por la ley.
Falta de transparencia: el acceso a información pública está restringido a lo que las autoridades desean
mostrar, lo cual alimenta la desconfianza ciudadana y fractura la legitimidad institucional.
Uso simbólico del presupuesto participativo: el mecanismo ha sido reducido a una estrategia de imagen
para el gobierno de turno, sin ser una herramienta efectiva para democratizar la gestión pública ni para orientar
el gasto según las prioridades colectivas.
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Ausencia de sanciones: a pesar del mandato legal, no existen penalidades claras para las autoridades
que incumplen con la implementación del presupuesto participativo, lo que favorece su inoperancia o uso
discrecional.
Distorsión del ciclo presupuestario: muchos presupuestos ya están definidos antes de ser presentados a
la ciudadanía, lo que convierte la participación en una formalidad que no altera el curso de decisiones ya tomadas.
Insatisfacción ciudadana y desafección democrática: la exclusión real de la ciudadanía del proceso
genera frustración, alejamiento de los espacios públicos y pérdida de confianza en la administración local.
Débil impacto en el desarrollo local: al no vincularse de forma efectiva la participación ciudadana con la
planificación territorial y los planes de desarrollo, los presupuestos ejecutados no reflejan las necesidades reales
de las comunidades.
El presupuesto participativo como mito administrativo: lejos de consolidarse como una buena práctica de
gobernanza, el presupuesto participativo en Santa Elena funciona como un mito institucional: se habla de él, se
reportan cifras, pero en la práctica no transforma la gestión pública ni fortalece la democracia.
Referencias
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