Eutanasia activa en Ecuador (2024–2025):
implicaciones legales y sociales
Active euthanasia in Ecuador (2024–2025): Legal and social implications
Recibido: 10/06/2025 - Aceptado: 01/11/2025
Marilyn Alexandra Saverio Maldonado
https://orcid.org/0009-0000-6473-8344
msaverio@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
Este artículo presenta un estudio cualitativo centrado en la eutanasia activa en Ecuador durante el período 2024-
2025. El análisis se enfoca en las implicaciones legales y sociales que este fenómeno genera en el contexto
ecuatoriano, examinando la interacción entre el marco constitucional y legal vigente y la práctica de la eutanasia
activa. La investigación identifica los principales conflictos, dilemas y discursos institucionales que emergen en
torno a su regulación y aplicación. Para ello, se aplicó una metodología hermenéutica y dogmática basada en el
análisis documental y normativo, que incluyó leyes, decisiones judiciales, fuentes doctrinales y pronunciamientos
de entidades competentes. Los hallazgos revelan vacíos normativos significativos, interpretaciones divergentes
en la jurisprudencia, y tensiones sociales que enfrentan el derecho a la muerte digna con la resistencia ética e
institucional. A partir de estos resultados, el estudio propone nuevas perspectivas para construir un marco legal
coherente que favorezca un diálogo social informado y respetuoso sobre esta cuestión compleja y sensible. Así,
se busca aportar insumos que contribuyan a un debate público equilibrado y a la elaboración de políticas jurídicas
que aborden las necesidades y preocupaciones de la sociedad ecuatoriana.
Palabras clave: eutanasia activa, derechos fundamentales, marco jurídico ecuatoriano, muerte digna.
Abstract
This article presents a qualitative study focused on active euthanasia in Ecuador during the period 2024-2025.
The analysis centers on the legal and social implications of this phenomenon in the Ecuadorian context, examining
the interaction between the current constitutional and legal framework and the practice of active euthanasia. The
research identifies the main conflicts, dilemmas, and institutional discourses that emerge around its regulation and
application. To this end, a hermeneutic and dogmatic methodology was applied, based on documentary and
normative analysis, which included laws, judicial decisions, doctrinal sources, and pronouncements from
competent entities. The findings reveal significant regulatory gaps, divergent interpretations in jurisprudence, and
social tensions that pit the right to a dignified death against ethical and institutional resistance. Based on these
results, the study proposes new perspectives for building a coherent legal framework that fosters an informed and
respectful social dialogue on this complex and sensitive issue. Thus, the aim is to provide input that contributes to
a balanced public debate and the development of legal policies that address the needs and concerns of Ecuadorian
society.
Keywords: active euthanasia, fundamental rights, Ecuadorian legal framework, dignified death.
Introducción
El tema de la eutanasia activa ha sido uno de los más controvertidos en el ámbito legal y social de nuestra
época, ya que impacta directamente en el derecho a la vida, el principio de autonomía personal y la dignidad
humana. Durante el periodo de debate judicial y social en Ecuador, entre 2024 y 2025, en torno a su posible
legalización y regulación, surgieron múltiples interrogantes acerca de la legalidad, la ética y las instituciones
involucradas, así como las tensiones fundamentales con las convicciones sociales predominantes.
En el plano internacional, esta investigación se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
especialmente los ODS 3 y 16, y en directrices técnicas específicas como la Guía de la OMS sobre Cuidados
Paliativos y Atención al Final de la Vida de 2018, el Informe del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/41/7 de
2019 y los Principios de Siracusa de 1984 sobre la limitación de derechos. Estos instrumentos definen parámetros
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esenciales para la toma de decisiones médicas al final de la vida, establecen la proporcionalidad en la restricción
de derechos fundamentales y delimitan la intervención estatal en el derecho de las personas a morir con dignidad,
enfatizando además el deber del Estado de garantizar procedimientos claros, accesibles y sin discriminación.
La pregunta central de esta investigación es: ¿Cuáles serán las implicaciones legales y sociales de la
eutanasia activa en Ecuador durante el período 2024–2025? Esta interrogante guía el análisis de las siguientes
categorías: derecho a una muerte digna, autonomía personal, criminalización de la eutanasia activa, impacto
social derivado de su legalización y percepción pública sobre esta práctica.
La justificación del estudio se sostiene en distintos niveles. En el teórico, permite profundizar en la
comprensión del marco constitucional e internacional aplicable, clarificando conceptos como eutanasia activa,
consentimiento informado y derecho a una muerte digna, para evitar confusiones conceptuales y jurídicas. En el
ámbito práctico, visibiliza los efectos sociales e institucionales relacionados con la eutanasia activa,
proporcionando insumos que pueden orientar la legislación y su implementación como política pública en salud y
justicia. Finalmente, en el plano metodológico, la investigación adopta un enfoque cualitativo, hermenéutico y
dogmático, apoyado en el análisis documental, normativo y doctrinal.
En el plano social, la investigación responde a la necesidad de un debate informado que considere tanto
los derechos individuales como los valores colectivos, al tiempo que contribuye a reducir el estigma y los prejuicios
asociados al tema. Por otro lado, desde una perspectiva científica, el estudio enriquece la literatura académica
nacional sobre una categoría todavía reciente, enmarcando los criterios jurídicos aún no plenamente definidos
dentro del contexto constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos.
De allí que, el objetivo general de esta investigación es analizar las implicaciones legales y sociales de la
eutanasia activa en el marco de la Constitución de Ecuador durante el período 2024–2025, con el fin de identificar
los desafíos legales y dilemas que dificultan la correcta aplicación de esta práctica.
Para alcanzar este propósito, además del objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos
específicos que guían la investigación: i) examinar el marco jurídico nacional e internacional aplicable a la
eutanasia activa y al derecho fundamental a una muerte digna y autónoma; ii) analizar los principales dilemas
éticos y sociales asociados a la implementación de la eutanasia activa en el país; iii) evaluar la postura
jurisprudencial, institucional y doctrinaria sobre el derecho a la eutanasia y sus implicaciones en los derechos
fundamentales; y iv) formular conclusiones que permitan desarrollar consideraciones jurídicas y sociales que
favorezcan la correcta regulación humana y respetuosa de los derechos humanos.
En cuanto a los antecedentes, es importante señalar que la eutanasia activa ha sido objeto de crecientes
debates jurídicos y sociales, debido al conflicto entre la autonomía personal, la dignidad y la protección
constitucional de la vida. A nivel internacional, Lizcano, Chamorro y Pantoja (2021) abordan la eutanasia desde
una perspectiva jurídica y social, destacando problemas normativos, conflictos en la regulación y cuestiones éticas
relevantes. Conceptualmente, Campos, Sánchez y Jaramillo (2001) definen la eutanasia activa como una acción
voluntaria destinada a provocar la muerte para evitar sufrimientos insostenibles, lo que subraya la importancia de
establecer condiciones y límites para su legalidad y ética.
En el contexto ecuatoriano, varios autores analizan las consecuencias de recientes decisiones judiciales
sobre el derecho a morir con dignidad. Por ejemplo, Cazar y Villalva (2024) profundizan en la despenalización
parcial de la eutanasia activa, señalando vacíos normativos y la necesidad de criterios claros para su aplicación.
Asimismo, Abad, Peñaherrera y Campos (2024) examinan el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre
las implicaciones jurídicas y médicas en el tratamiento de pacientes en estado agonizante, concluyendo que
persisten contradicciones institucionales y dilemas éticos complejos. Finalmente, Montaño (2025) aporta una
mirada desde los enfoques médico, tecnológico e institucional, destacando la importancia de la autonomía del
paciente y la responsabilidad implicada.
De este modo, los aportes teóricos y conceptuales que sustentan este trabajo se fundamentan en la
autonomía personal, la dignidad humana, el consentimiento informado y el derecho a morir dignamente, tal como
se conceptualizan en la academia internacional. En segundo lugar, el análisis se inscribe en el garantismo
constitucional, que exige la protección de los derechos fundamentales; aunque estos puedan ser limitados por
normas, bajo este enfoque no es posible hacer excepciones frente a algunos derechos esenciales debido a su
trascendencia. Asimismo, el estudio se enmarca en las teorías contemporáneas de la bioética, que buscan un
equilibrio entre la vida en sí y su calidad, considerando esta última un patrimonio inalienable del individuo y no
del Estado.
Por otra parte, desde el punto de vista conceptual y teórico, esta investigación se apoya en las teorías de
la bioética contemporánea de la vida y en los fundamentos que sustentan los cuatro principios básicos.
Beauchamp y Mary Anne (1979) iniciaron su trabajo conjunto, que culminó en 1989 con la defensa de estos
principios: la autonomía del paciente, el beneficio moral del médico, la no maleficencia y la justicia.
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Además, la teoría del consentimiento informado de Faden y Beauchamp (1986) contribuye al análisis, al
plantear que la autonomía personal requiere no solo la capacidad sino también un entendimiento pleno de las
implicaciones de la decisión, condición fundamental para la eutanasia activa.
En el ámbito jurídico, esta investigación emplea la teoría de los derechos fundamentales de Alexy (2002),
que sostiene la necesidad de ponderar derechos para alcanzar soluciones justas, junto con la concepción
garantista de Ferrajoli (2007), quien defiende que el Estado está siempre obligado a proteger los derechos
fundamentales, no de forma arbitraria. A partir de estas teorías, se establece la posibilidad de diseñar un marco
normativo claro que equilibre razonablemente la vida, la autonomía y la dignidad de las personas en situación
terminal.
Desde la perspectiva social, se emplean el constructivismo cultural y el interaccionismo simbólico
propuestos por Berger y Luckmann (1967) y Goffman (1959). Estos marcos analíticos permiten comprender cómo
las actitudes sociales frente a la eutanasia activa se ven influidas por creencias religiosas, valores culturales y
representaciones colectivas, elementos que subyacen en toda política pública y en las visiones individuales sobre
el derecho a morir dignamente.
Asimismo, se analiza la teoría de la justicia distributiva de Rawls (1971), que aborda la disponibilidad de
la eutanasia activa como una cuestión de igualdad y equidad entre clases sociales, evitando que los individuos
pierdan derechos y oportunidades por su condición social, económica o cultural.
Esta investigación reúne estas perspectivas en un marco teórico interdisciplinario que integra bioética,
derecho constitucional, sociología y filosofía política. Esta combinación posibilita tratar la eutanasia activa no solo
como un problema aislado, sino como un fenómeno complejo y multidimensional, que debe regularse respetando
los derechos humanos y tomando en cuenta las condiciones socioculturales específicas de Ecuador.
Dadas las características cualitativas del estudio, no se establece una hipótesis estricta. Sin embargo, se
reconoce que la eutanasia activa representa un desafío jurídico y social en Ecuador, debido al vacío legal
existente, a las diversas interpretaciones sobre su legalidad y a las implicancias éticas en el ámbito médico e
institucional. En consecuencia, esta consideración orienta el análisis hacia las posibles lagunas legales, conflictos
interpretativos y propuestas para una regulación conforme a los derechos humanos.
Metodología
Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, empleando un diseño descriptivo,
hermenéutico y dogmático, basado en el análisis interpretativo de normas, disposiciones legales, jurisprudencia
y doctrina jurídica relacionadas con la eutanasia activa en Ecuador. Además, tiene un alcance descriptivo y
propositivo, pues no solo describe las implicaciones jurídicas y sociales de esta práctica en el país, sino que
también formula propuestas para su mejor comprensión y regulación.
Con respaldo teórico se definieron las categorías de estudio: en primer lugar, la eutanasia activa,
entendida como la acción intencionada cuyo fin último es causar la muerte en condiciones específicas y con
consentimiento informado previo de la persona afectada; y, en segundo lugar, las implicaciones legales y sociales,
conceptuadas como el conjunto de efectos jurídicos, institucionales y sociales derivados de la posible aplicación
de la eutanasia activa dentro del sistema normativo ecuatoriano. Asimismo, esta categoría se segmentó en
subcategorías: criterios y condiciones, cobertura y accesibilidad, aceptación institucional, conflictos legales,
impacto en profesionales de la salud y dilemas éticos. De este modo, se propició un acercamiento desde los
ámbitos normativo, doctrinal y social.
Dadas las características documentales y cualitativas del estudio, no se trabajó con una población
correlacional, sino que se utilizó un enfoque estimatorio no estadístico. La unidad de análisis estuvo conformada
por documentos jurídicos nacionales e internacionales, sentencias relevantes de la Corte Constitucional del
Ecuador, tratados de derechos humanos, informes institucionales y artículos doctrinales publicados entre 2001 y
2025. Solo se consideraron documentos afines al tema, con respaldo académico o institucional, publicados en
revistas indexadas o fuentes oficiales. Se descartaron aquellos sin respaldo académico o sin relación directa con
el objeto de estudio.
Los datos obtenidos mediante análisis documental se recopilaron usando técnicas e instrumentos
específicos, principalmente la revisión sistemática de leyes, jurisprudencia, doctrina y estudios empíricos sobre
la eutanasia. La organización y categorización de la información se realizó a través de matrices de análisis de
contenido jurídico, fichas doctrinales y tablas de sistematización, conforme a las variables definidas previamente.
Entre los documentos internacionales revisados se incluyeron la Guía de la OMS sobre Cuidados
Paliativos y Atención al Final de la Vida de 2018, el Informe del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/41/7 de
2019, el Informe de la CIDH sobre Derecho a la Salud y Autonomía Reproductiva de 2015 y los Principios de
Siracusa de 1984, considerados para evaluar la coherencia normativa y jurisprudencial ecuatoriana con el
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derecho internacional. La selección de estos documentos obedeció a su relevancia en enfoques críticos para el
desarrollo de políticas públicas, funcionando como instrumentos de evaluación mediante el contraste.
La validación de la consistencia y representatividad de las categorías fue realizada mediante el juicio de
un equipo de expertos, quienes verificaron su correspondencia con los esquemas teóricos aplicables al derecho
sustantivo y la pertinencia de las categorías y subcategorías propuestas. No obstante, también se aseguró la
coherencia interna a través de la triangulación entre fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales, lo cual
fue crucial al prescindirse de un componente estadístico.
La interpretación de los datos siguió el método hermenéutico, apoyándose en el análisis temático y la
codificación abierta, para identificar significados subyacentes en normas, decisiones judiciales y discursos
institucionales, revelando patrones y diferencias. Asimismo, se aplicó triangulación metodológica entre hallazgos
teóricos, normativos y doctrinales para garantizar la validez de las conclusiones.
En este contexto, las directrices internacionales mencionadas sirvieron como categorías de referencia
para el análisis hermenéutico. Por ejemplo, las disposiciones ecuatorianas sobre la autonomía del paciente fueron
comparadas con las de la Organización Mundial de la Salud, el estándar interamericano de seguridad jurídica en
decisiones al final de la vida y los criterios de proporcionalidad y necesidad establecidos en los Principios de
Siracusa. Este ejercicio permitió identificar no solo vacíos regulatorios internos, sino también discrepancias con
las directrices y recomendaciones internacionales.
Finalmente, todas las consideraciones éticas universales se aplicaron rigurosamente en el desarrollo de
esta investigación, asegurando la honestidad intelectual, la correcta citación de todas las fuentes consultadas, la
confidencialidad de los casos analizados y el respeto por los derechos de autor.
Resultados y discusión
En la interpretación de los datos, se utilizó un marco internacional relevante para regular el derecho a
morir, que incluyó la Guía de la OMS sobre Cuidados Paliativos y Atención al Final de la Vida, el Informe del
Consejo de Derechos Humanos A/HRC/41/7, el Informe de la CIDH sobre Derecho a la Salud y Autonomía
Reproductiva y los Principios de Siracusa. Estas directrices sirvieron para evaluar en qué medida la regulación,
jurisprudencia y el discurso institucional ecuatoriano se alinean con los estándares internacionales en derechos
humanos y bioética.
Para cumplir con el primer objetivo específico, se analizó el marco jurídico nacional e internacional
aplicable a la eutanasia activa y al derecho a una muerte digna. En lo internacional, Lizcano, Chamorro y Pantoja
(2021) apoyan la eutanasia activa en sistemas jurídicos donde se interpreta como un ejercicio de autonomía
personal, siempre que exista consentimiento informado y supervisión médica. A nivel nacional, Cazar y Villalva
(2024) señalan que, ante la falta de regulación específica que permita la implementación de la eutanasia activa,
se generan inseguridad jurídica y vicios de legalidad. Estos hallazgos evidencian un incumplimiento parcial de
la Directriz 2 de la OMS, la cual exige a los Estados desarrollar sistemas con procedimientos claros y no
discriminatorios para decisiones en el final de la vida. Así, la discrepancia entre la normativa ecuatoriana y el
estándar global es clara.
Respecto al segundo objetivo, los resultados revelaron los principales dilemas éticos y sociales
relacionados con la regulación y práctica de la eutanasia activa en Ecuador. Abad, Peñaherrera y Campos
argumentan que uno de estos dilemas surge del conflicto entre el deber de los profesionales de la salud de
preservar la vida y la obligación de respetar la autonomía del paciente. La resistencia cultural e institucional
identificada contradice este respeto a la autonomía, tal como se establece en el Informe del Consejo de Derechos
Humanos A/HRC/41/7 de 2019. Además, los pacientes no pueden considerarse moralmente responsables de sus
decisiones si estas están fundamentadas en creencias colectivas.
En relación con el tercer objetivo, se investigaron las posturas institucionales, jurisprudenciales y
doctrinales vinculadas con la eutanasia activa y sus efectos sobre los derechos fundamentales. La disparidad en
los criterios jurisprudenciales vulnera el estándar interamericano de previsibilidad normativa reconocido por la
CIDH (2015), que exige una interpretación uniforme para garantizar la seguridad jurídica.
En particular, Herrera y Alvarado (2025) destacan que el precedente nacional reconoce la eutanasia activa
como parte integral de los derechos a la dignidad humana y a una muerte digna, aunque carece de mecanismos
para su ejercicio. De manera similar, Párraga (2025) identifica conflictos entre los fallos judiciales sobre la
eutanasia activa, principalmente relacionados con su definición y aplicación legal, evidenciando la ausencia de
criterios uniformes.
Por último, el cuarto objetivo señaló vacíos significativos que impiden una regulación coherente de la
eutanasia activa. Si bien la revisión de antecedentes indica que, pese a estudios doctrinales y resoluciones
judiciales incipientes, no existe una ley que detalle las condiciones, procedimientos y garantías para quienes
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accedan a esta práctica, esta ausencia genera un vacío legal que no solo afecta a los pacientes, sino que coloca
a médicos e instituciones en una situación jurídica vulnerable. Cabe destacar que la inexistencia de una ley
específica contradice las recomendaciones de la Guía de la OMS de 2018 y la Resolución WHA67.19, que instan
a los estados a desarrollar marcos legales y normativos que contemplen salvaguardias para garantizar la
seguridad de pacientes y proveedores de atención médica.
A partir de estos hallazgos, se decidió profundizar en los aportes conceptuales mencionados, trabajando
con las categorías y dimensiones previamente definidas. La categoría central de eutanasia activa se abordó
mediante las dimensiones de criterios y condiciones de aplicación, cobertura y accesibilidad —tanto material como
cultural— y aceptación institucional (Campos et al., 2001). Según estas autoras, dichas dimensiones permiten
evidenciar cómo la ambigüedad generada por la ausencia de una normativa clara y las diferencias institucionales
impactan directamente en la implementación de la eutanasia (Lizcano et al., 2021).
Por su parte, la categoría de implicaciones legales y sociales se trabajó a partir de las dimensiones de
conflictos jurídicos, impacto en los profesionales de la salud e interpretación ética. En este sentido, las autoras
destacaron que estos aspectos reflejan la tensión entre el derecho a la vida, la autonomía personal y los valores
sociales frente a la posibilidad de morir dignamente.
El análisis también permitió incorporar teorías relevantes para el objeto de estudio, especialmente desde
la perspectiva del garantismo constitucional (Ferrajoli, 2007), que resalta la importancia de interpretar los
derechos fundamentales a la luz de la dignidad humana. Asimismo, se utilizaron conceptos dogmáticos penales,
como la imputación subjetiva, para reconocer las responsabilidades y competencias de los agentes involucrados
en la práctica de la eutanasia activa. Estas corrientes reforzaron la idea de que el consentimiento informado y el
propósito del acto son elementos fundamentales para una regulación adecuada.
En el plano bioético y doctrinal, se identificaron tensiones similares a las descritas por Montaño (2025),
quien propuso integrar los principios de autonomía, beneficencia y no maleficencia como eje para la interpretación
jurídica. Finalmente, este desarrollo teórico permitió reconocer la necesidad de una legislación explícita que
articule coherentemente derechos, deberes y garantías en torno a la eutanasia activa, tomando en cuenta además
la base cultural y social propia del Ecuador.
Los resultados evidenciaron que la eutanasia activa, como categoría jurídica y social, continúa siendo
motivo de debate debido a la falta de una regulación específica, los conflictos éticos en su implementación, las
interpretaciones jurisprudenciales dispares y la resistencia social originada por factores culturales. Estos
hallazgos confirman la necesidad de construir un marco normativo coherente con la Constitución y los derechos
humanos, que garantice efectivamente el derecho a una muerte digna.
En síntesis, los resultados obtenidos pusieron en evidencia no solo las debilidades normativas y los
dilemas ético-sociales, sino también las oportunidades para desarrollar un marco jurídico más garantista y
adaptado a las particularidades culturales del Ecuador.
Asimismo, estos resultados contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial a los ODS
3 y 16, al ofrecer bases para una legislación que respete la salud, la autonomía y fortalezca la institucionalidad
democrática.
Los hallazgos de este estudio coinciden parcialmente con lo señalado por Lizcano et al. (2021) y Montaño
(2025); sin embargo, su aporte innovador radica en incorporar al análisis las directrices internacionales. De esta
manera, se logró delimitar con claridad áreas específicas donde se presenta incumplimiento normativo y bioético,
aspectos que no habían sido evidenciados con igual precisión en investigaciones anteriores.
Este enfoque permitió identificar con alto grado de exactitud las áreas críticas de incumplimiento
normativo y bioético, mostrando que dichos vacíos no solo afectan la coherencia interna del sistema legal
ecuatoriano, sino que también revelan un desajuste con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Esta conexión entre las deficiencias nacionales y los estándares globales no había sido documentada con igual
claridad ni profundidad en la literatura previa, por lo que representa una contribución original que amplía la
comprensión del problema y aporta insumos concretos para la formulación de políticas públicas alineadas con los
derechos humanos.
Conclusiones
Respecto al objetivo general, el análisis permitió concluir que las implicaciones legales y sociales de la
eutanasia activa en Ecuador durante los años 2024–2025 presentan un vacío normativo importante,
interpretaciones jurisprudenciales dispersas y tensiones éticas e institucionales significativas. En consecuencia,
el derecho a morir dignamente no se ha configurado como un ejercicio efectivo de los derechos fundamentales,
lo que señala la necesidad de una regulación más clara y coherente con la Constitución y los estándares
internacionales.
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Esta necesidad se justifica en documentos como la Guía de la OMS sobre Cuidados Paliativos y Atención
al Final de la Vida de 2018, que recomienda a los Estados implementar procedimientos transparentes, y el Informe
del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/41/7 de 2019, que afirma que los marcos normativos deben ser claros,
transparentes y no discriminatorios para las solicitudes de muerte digna. Por lo tanto, se concluye que la ausencia
de estos requisitos en Ecuador conlleva un incumplimiento parcial de dichos estándares internacionales.
En cuanto al primer objetivo específico, se identificó que el marco jurídico nacional e internacional
contempla principios relacionados con la autonomía, la dignidad humana y el consentimiento informado que
podrían sustentar la legalización de la eutanasia activa. Sin embargo, la falta de procedimientos y criterios
normativos claros genera inseguridad jurídica entre todos los actores implicados, tanto pacientes como médicos,
contraviniendo la recomendación de la CIDH (2015) de asegurar previsibilidad jurídica en la aplicación de
derechos fundamentales.
Respecto al segundo objetivo específico, se verificó que los dilemas éticos y sociales persisten y tienen
raíz en valores culturales y religiosos profundamente arraigados en la sociedad ecuatoriana. Esta resistencia
social representa un desafío importante para el reconocimiento legal de la eutanasia activa. En el análisis de
discursos políticos, se observó que los aspectos institucionales y políticos priorizan la protección de la vida,
ignorando la calidad de esta, en contraposición al principio de respeto a la autonomía del paciente establecido en
el Informe A/HRC/41/7 de 2019.
Con relación al tercer objetivo específico, se concluyó que las posturas institucionales, jurisprudenciales
y doctrinales sobre la eutanasia activa son diversas y, en muchos casos, contradictorias. Esta falta de uniformidad
vulnera la previsibilidad judicial, genera inseguridad respecto a la legalidad de la práctica y condiciona su
aplicación conforme a los derechos fundamentales, lo que atenta contra el estándar interamericano de
uniformidad jurisprudencial para proteger la seguridad jurídica.
En cuanto al cuarto objetivo específico, los hallazgos señalan la urgente necesidad de conformar un
marco jurídico que articule de manera coherente los principios constitucionales, los derechos humanos y los
principios bioéticos, garantizando la protección de la autonomía, la dignidad personal y la seguridad jurídica de
los profesionales de la salud. Esto debe alinearse con la obligación de establecer salvaguardias para pacientes y
médicos prevista en la Resolución WHA67.19 de la OMS.
Sobre recomendaciones metodológicas, futuras investigaciones podrían complementar el análisis
documental y normativo realizado en este estudio mediante técnicas empíricas, como entrevistas a jueces,
médicos, especialistas, pacientes y familiares, con el objetivo de recoger directamente percepciones sobre los
conflictos y vacíos normativos existentes. Asimismo, se propone realizar estudios comparativos con países que
han legislado exitosamente sobre eutanasia activa para identificar buenas prácticas adaptables al contexto local.
Además, se recomienda que cualquier reforma normativa considere los principios y salvaguardias
establecidos en la Guía de la OMS, los criterios de proporcionalidad y necesidad de los Principios de Siracusa y
las obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos. De esta forma, se asegura coherencia con
los compromisos internacionales asumidos por Ecuador.
Finalmente, el aporte original de esta investigación reside en conectar el diagnóstico normativo y
jurisprudencial ecuatoriano con lineamientos internacionales concretos, lo que revela puntos específicos de
incumplimiento que hasta ahora no habían sido documentados con la misma claridad en la literatura nacional.
Este enfoque establece bases sólidas para la adopción de reformas legales y políticas que garanticen el derecho
a una muerte digna en plena consonancia con los derechos humanos.
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