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fundamentalmente en la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la degradación del medio ambiente. En el
ámbito internacional, entidades como las Naciones Unidas han subrayado que el desarrollo sostenible debe ser
inclusivo y justo, prestando especial atención como parte fundamental las zonas rurales, más vulnerables y
desatendidas. Desde esta perspectiva las comunidades rurales, deberían ser consideradas motores del eje
productivo, pero en ocasiones son como receptores de planes de acción gubernamentales que por lo general no
se cumplen, dejándolos a un lado sin valorarlos como actores claves en el proceso del cambio.
La sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin afectar las oportunidades
de las futuras generaciones según la United Nations Children's Fund (UNICEF, 2025) . En los entornos rurales,
este principio requiere reconsiderar las estrategias de desarrollo a partir de las realidades actuales territoriales,
ecológicas, culturales e institucionales específicas de cada comunidad. En estas áreas no puede ser asociada y
abordada desde un enfoque uniforme ni restringida únicamente al crecimiento económico, es necesaria una
estrategia multidimensional que incluya participación de la comunidad, equidad social, valoración cultural,
resiliencia ambiental y fortalecimiento de sistemas de sistemas de gobernanza inclusivos (Santos, 2025)
En las últimas décadas, el dialogo académico y político sobre el desarrollo rural ha evolucionado de
enfoques centrados en la productividad, hacia perspectivas más integrales como el desarrollo de los territorios,
la agroecología, la economías sustentables y enfoques basados en el bien común como lo dice la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019). Estos marcos analíticos promueven una visión clara
que prioriza las personas, sus relaciones sociales, el respeto a los ecosistemas y sus derechos colectivos,
implicando la interconexión entre lo local, lo nacional y lo global, también ha ganado importancia, reconociendo
que los retos rurales no pueden separarse de un contexto macroeconómico, de los fenómenos globales como el
cambio climático, las políticas públicas y la rápida urbanización (Falconi, 2020).
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), en América Latina las
comunidades se enfrentan a numerosos problemas históricos, la desigualdad estructural continua, siendo uno de
los principales obstáculos para el avance rural, carencia de servicios básicos, sistema de salud ineficiente,
desigualdad territorial, educación de baja calidad, vulnerabilidad ante el clima y migración forzada, lo que requiere
una aproximación transversal; sin embargo, también son espacios de innovación, organización colectiva,
conocimientos ancestrales, y creación de alternativas al desarrollo sostenible y dominante. En el caso de Ecuador
concretamente en la provincia del Guayas, los esfuerzos por poner en práctica estrategias sostenibles se ven
limitados, por la fragmentación de las políticas públicas, falta de inversión, restricciones institucionales y escasa
conexión con las comunidades rurales, aunque los proyectos de desarrollo territorial tienen como objetivo reducir
las brechas históricas, aún hay dificultades en su aplicación a nivel local (Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas, 2024)
El concepto de sostenibilidad, presentado en el informe de Brundatland en 1987, ha avanzado hacia una
perspectiva más completa, donde la importancia de como la parte territorial, la participación de los ciudadanos y
el conocimiento se vuelven más significativos para valorarlos y tomarlos en cuenta (Cardona, 2025). En las zonas
rurales, se mantienen conversaciones entre el gobierno y las comunidades rurales, para incluir cuestiones como
la diversidad agrícola con calidad, la soberanía alimentaria el empoderamiento de las comunidades y el acceso
justo y equitativo a los servicios básicos fundamentales como el agua, energía eléctrica, salud y educación, pero
la mayoría de casos se quedan en diálogos (Andrade, 2021).
El avance en el ámbito rural sostenible ha sido analizado desde diversos enfoques teóricos, la óptica
territorial sugiere considerar el territorio como una creación social en constante cambio, dotada de actores
variados, identidad y estructuras de poder que influyen en los caminos de desarrollo, este planteamiento fomenta
el empoderamiento de habilidades locales, la conexión de redes comunitarias y la administración independiente
de los recursos (Eutopía, 2020).
La teoría de las capacidades humanas introducida por (Nussbaum, 2012), sugiere que el desarrollo
debería centrarse en aumentar las libertades que realmente disfrutan los individuos, para llevar a cabo la vida
que consideran valiosa; en el contexto rural, esto significa crear condiciones necesarias para que las personas
tengan acceso a servicios esenciales, intervengan en los procesos de decisión y vivan con dignidad, sin limitarse
a las cuestiones financieras (Mondragón , 2023).
La teoría del desarrollo neo-endógeno, ha ganado relevancia en los estudios, sobre la sostenibilidad en
áreas rurales, subrayando el papel importante que tienen los protagonistas locales del cambio, en la configuración