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REVISTA INVECOM “Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad” / ISSN 2739-0063 / www.revistainvecom.org
Vol. 3, # 2, 2023. Licencia CC BY-NC-SA. La reactivación económica post COVID 19 y su impacto en el medio ambiente.
Remigio Santiago Siguencia Montero.
La reactivación económica post COVID 19 y su impacto en el
medio ambiente
The post-COVID 19 economic reactivation and its impact on the
environment
Remigio Santiago Siguencia Montero
https://orcid.org/0009-0006-5651-351X
remi66.sant33@gmail.com
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Cañar-Ecuador
RESUMEN
La pandemia del COVID 19 generó cambios en la calidad de vida, además de las
repercusiones ocasionadas, principalmente en el sistema económico, el cual se afectó de
manera notable al existir una paralización global de los sectores productivos, así como
también la ejecución de los diferentes proyectos estratégicos realizados por el Estado para la
incorporación de recursos económicos a las arcas fiscales. El confinamiento social y la
paralización de los sectores económicos y productivos evidenciaron grandes cambios en el
medio ambiente, ya que al disminuir la emisión de gases tóxicos con efecto invernadero a la
atmosfera, se produjo una mejora notable en la calidad del aire; la paralización del sector
turístico, la exportación de productos y la ejecución de proyectos de desarrollo en los que se
utiliza recursos naturales permitió un notable cambio para el medio ambiente, con lo cual el
ecosistema obtuvo un respiro en cuanto a su explotación. Sin embargo, la flexibilización de
las medidas por parte de los gobiernos para reactivar la economía ha generado una
sobreproducción de los sectores estratégicos perjudicados en una escala que llega a triplicar
la emisión de sustancias toxicas al ecosistema, lo cual puede generar un efecto rebote que
puede llegar a ser irreversible para el medio ambiente.
Palabras clave: derechos humanos, desarrollo sostenible, ecosistema.
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Remigio Santiago Siguencia Montero.
ABSTRACT
The COVID 19 pandemic generated changes in the quality of life, in addition to the
repercussions caused, mainly in the economic system, which was significantly affected by
the global paralysis of the productive sectors such as industrial, commercial, tourism, etc..;
as well as the execution of the different strategic projects carried out by the State for the
incorporation of economic resources to the fiscal coffers, among other aspects. The social
confinement and the paralysis of the economic and productive sectors evidenced great
changes in the environment, since by totally reducing the emission of toxic gases with a
greenhouse effect into the atmosphere, it produces a notable improvement in air quality; the
paralysis of the tourism sector, the export of products and the execution of development
projects in which natural resources are used allowed a notable change for the environment,
with which the ecosystem obtained a respite in terms of its exploitation. However, the
relaxation of measures by governments to reactivate the economy has generated an
overproduction of the strategic sectors affected on a scale that triples the emission of toxic
substances into the ecosystem, which can generate a rebound effect that can become
irreversible for the environment.
Keywords: human rights, sustainable development, ecosystem.
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Remigio Santiago Siguencia Montero.
INTRODUCCION
La Constitución de la Republica ecuatoriana al momento de ser creada en el año 2008
por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, debatió mucho sobre el reconocimiento de
la naturaleza como un sujeto de derechos, al considerar que para tener dicha cualidad es
indispensable tener la capacidad jurídica para hacer prevalecer el derecho plasmado en una
norma.
La cosmovisión del derecho occidental o Sumak Kausay permite que la naturaleza
sea considerada como un sistema que tiene las características fundamentales para ser
reconocida como sujeto de derechos por el simple hecho de nos brinda un espacio sin el cual
sería imposible el desarrollo de la vida, razón por la cual existe una necesidad primordial de
garantizar formal y materialmente la protección del ecosistema.
Al tomar en cuenta estas consideraciones, a más de lo dispuesto en varias
convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos en los cuales ya se han
establecido normas para la protección del medio ambiente, se determinó el reconocimiento a
la naturaleza como sujeto de derechos, misma que plasmo en la Constitución de la Republica
en sus artículos 10, 71 y 72
Con esta visión se dio un gran paso en la evolución del constitucionalismo, en la cual
se trata de erradicar el antropocentrismo en las normas jurídicas, lo cual obliga al estado a
proponer políticas públicas que permitan un desarrollo sostenible con la naturaleza, expedir
normativa que garantice la protección del medio ambiente y que mediante la tutela judicial
se haga cumplir sus derechos.
Sin embargo, la contaminación medioambiental es una situación preocupante debido
a los grandes cambios climáticos de los últimos años. Una situación alarmante en la
actualidad son los efectos POST-COVID19 en el ecosistema. La crisis sanitaria ha generado
grandes perjuicios económicos tanto a las arcas fiscales, como a los grupos sociales, micros,
medianos y grandes empresas, comerciantes, transportistas, etc., lo cual deja en extrema
pobreza a algunos sectores de la sociedad, principalmente a los grupos vulnerables, mismos
que necesitan un ingreso diario para subsistir.
El ingreso a la cuarentena ocasiono la paralización de las actividades económicas, con
lo cual se hablaba del descanso que había tenido el medio ambiente ante la falta de emisión
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de CO2 a la atmosfera, principalmente con la falta de producción en el sector industrial, la
cual es una de las principales fuentes de contaminación medioambiental.
La paralización del sector turístico, comercial, transportista, etc. también influyo para
que las condiciones medioambientales mejoren notablemente debido a la disminución mayor
a un 90% la contaminación por desechos sólidos y plásticos que en su mayoría desembocan
en los ríos y océanos, lo cual ocasiona fuertes daños al ecosistema
Sin embargo, a finales del año 2020 e inicios del 2021, la disminución de mortalidad
por la pandemia motivo a los gobiernos a nivel mundial a flexibilizar las medidas sanitarias
adoptadas y a emitir políticas públicas que permitan reactivar la economía en los distintos
sectores estratégicos, lo cual genera una sobre producción, principalmente en el campo
industrial, mismo que ha desencadenado la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera.
Es decir, la crisis climática global post COVID 19 puede generar efectos devastadores
para la vida en el planeta, razón por la cual es responsabilidad del Estado la creación de
políticas públicas y expedir normativas que garanticen el fomento del desarrollo de la
economía sostenible mediante la implementación de un conditio sine qua non con la cual se
evite la destrucción del ecosistema.
El presente artículo analizara los efectos en el medio ambiente como consecuencia de
la reactivación económica post COVID 19 de acuerdo a varios estudios científicos que
establecen que se ha triplicado la contaminación luego de haber flexibilizado las medidas
para que se reactive la economía, la vulneración de los derechos a la Naturaleza establecidos
en la Constitución de la República y tratados y convenios internacionales para la protección
del ecosistema, así como las sanciones establecidas en la normativa interna del país.
Mediante este análisis se lograra proponer políticas públicas que permitan garantizar un
desarrollo sostenible de la economía que vaya en beneficio de las personas y del ecosistema
mediante un modelo de sostenibilidad financiera para obtener recursos económicos de una
manera más ecológica y menos perjudicial para el planeta, así como también alternativas a
las micro, medianas y grandes empresas de producción Nacional a invertir en sistemas
tecnológicos que permitan desarrollar un desarrollo sostenible con la Naturaleza.
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METODOLOGÍA
El enfoque del estudio predominantemente cualitativo, pero en su diagnóstico es de
carácter transversal, se evidencia el análisis cualitativo de resultados. Su diseño es no
experimental, tiene un diagnóstico transversal y contiene elementos de investigación-acción
por el compromiso del autor dirigido a transformar la práctica administrativa y jurídica en
base al desarrollo sostenible que garantice los derechos de la naturaleza. Los métodos
utilizados son el analítico, mismo que permitió realizar un análisis de la normativa
ecuatoriana relacionada en materia ambiental, la Constitución de la República del Ecuador y
demás leyes referentes a la problemática planteada, y de esta manera valorar todos sus
elementos, partes, componentes y luego integrarlos en una síntesis con el fin de tener una
visión clara de la problemática motivo del presente estudio. Se utilizo la técnica
predominantemente documental, analizando varios estudios en los cuales se plasman
criterios de los diferentes juristas y doctrinarios del derecho ambiental, administrativo,
constitucional, etc. sobre este tema para generar un análisis doctrinal sobre esta problemática.
RESULTADOS
Análisis jurídico del reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos.
A lo largo de la historia el ámbito jurídico ha evolucionado al considerar la imperante
necesidad de la existencia de ordenamientos jurídicos que permitan regular la conducta de
los individuos en la sociedad. Ante esta situación se dio creo el pacto social con el cual se
establece limitantes a la conducta humana en base a la moral, ética, valores, principios,
costumbres, etc. de las diferentes agrupaciones sociales mediante un efecto sancionador por
parte del Estado, y de la misma forma una corresponsabilidad de derechos a los cuales se es
acreedor únicamente con la existencia.
La característica primordial para que un Estado pueda reconocer algo mediante esta
figura, es precisamente la capacidad jurídica para poder hacer efectivo el derecho asistido en
un ordenamiento jurídico. Por esta razón, el derecho a lo largo de los años ha considerado
únicamente al ser humano capaz de poder ejercer y exigir sus derechos.
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Sin embargo, varios son los aspectos para que actualmente se considere que la
naturaleza es un sistema indispensable para la vida, razón por la cual existe una necesidad
emergente de realizar acciones para conservar y proteger el medio ambiente, se tiene que
tomar en cuenta que varios estudios científicos han demostrado que la fuerte contaminación
medioambiental ejercida por el ser humano a producido enormes daños ambientales ante el
desarrollo acelerado en el sector industrial, comercial, turístico, etc.; situación que de
continuar así dejaría daños irreversibles para el planeta.
A partir de los años 60 se sintió la necesidad de realizar acciones de protección del
medio ambiente, razón por la cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año
1972 realizo la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, en el cual se
establecieron los primeros principios para la protección del ecosistema, al centrar sus
objetivos principalmente en la cooperación entre países, responsabilizándolos de garantizar
que las actividades realizadas en su jurisdicción no causen daños ambientales. Cabe señalar
que es esta conferencia se creó el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente,
mismo que funciona hasta la actualidad.
Con el transcurso de los años, la preocupación por el medio ambiente genero mayor
interés por parte de los Estados, para lo cual se crearon varias instituciones de protección
medioambiental y se inició a desarrollar en el sistema legislativo la creación de normas con
la finalidad de preservar el ecosistema.
En el ámbito internacional, la ONU a partir de la creación del tratado de Estocolmo,
realizo varias convenciones para fortalecer y luchar contra la crisis ambiental, en el cual la
Comisión Bruntland fue la encargada de realizar un informe sobre la situación
medioambiental relacionada con las políticas de desarrollo, con lo cual se obtiene de esta por
primera vez la denominación “desarrollo sostenible”; o el protocolo de Montreal que tiene
como finalidad combatir el agotamiento de la capa de Ozono, el protocolo de Kioto de 1997
a fin de prevenir la emisión de gases con efecto invernadero, entre otros.
1
1
Florencia Ortuzar Greene, “El derecho internacional ambienta, historia e hitos”, Aida-americas.org, (2020),
https://aida-americas.org/es/blog/el-derecho-internacional-ambiental-historia-e-hitos
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El Ecuador en el año 2008 vivió una regeneración de su sistema constitucional, al
crear una nueva norma suprema que remplazaría a la vigente desde el año 1998. La Asamblea
Constituyente debatió mucho sobre el tema de reconocer a la naturaleza como sujeto de
derechos, debido a que, en el ámbito jurídico, tendrá dicho reconocimiento todo ente que
tenga la capacidad de ejercer los derechos establecidos en las normas.
La ideología occidental del Sumak Kawsai o buen vivir debatido por parte del
legislativo constituyente, pretende una repotenciación de la aplicación de los derechos
fundamentales, los cuales generen el bienestar social mediante los diferentes poderes
estatales, mismos que garanticen los derechos humanos, la biodiversidad, interculturalidad,
tradiciones y culturas ancestrales como sistemas inherentes al ser humano, etc.
A partir de esta premisa, se emiten 3 corrientes sobre el Sumak Kawsai; la primera
denominada “Socialista estatista”, la cual tiene como enfoque primordial la centralización la
gestión política del Estado y la equidad social, la cual es responsabilidad del Estado mediante
la creación de políticas públicas que permitan enfocarse al desarrollo económico, productivo,
financiero, etc., así como la igualdad social mediante una distribución equitativa de la
riqueza.
La segunda corriente denominada “ecologista” se centra precisamente en la
preservación de la naturaleza, cuyo eje principal es la participación de los diferentes sectores
sociales, cuya finalidad es garantizar y proteger la conservación del ecosistema, al lograr
conseguir de esta manera la obtención de un planeta que preste las condiciones necesarias
para una mejor calidad de vida.
Finalmente, como tercera premisa se tiene a la denominada “indigenista”, la cual se
caracteriza por la aplicación cosmovisión andina y la autodeterminación de los pueblos y
nacionalidades indígenas en la construcción del buen vivir
2
. Estas concepciones fueron
realizadas por parte del legislativo constituyente, mismo que decidió finalmente reconocer a
la naturaleza como sujeto de derechos.
2
Alexander Barahona & otro, (2020), “La naturaleza como sujeto de derechos y su interpretación
constitucional: interculturalidad y cosmovisión de los pueblos originarios, FORO, Nro. 34, 45-60, pág.49.
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El artículo 10, inciso segundo de la Constitución de la Republica incluye a la
naturaleza en conjunto con las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
como uno de los sujetos de derechos, lo cual deja una salvedad lógica, ya que los primeros
nombrados en la norma constitucional son los titulares de los derechos constitucionales
debido a su capacidad de hacer efectivo su derecho, lo cual obliga a los colectivos sociales
la función de hacer cumplir los derechos que la Constitución le asigna a la naturaleza ante
una vulneración de los mismos.
Por su parte, el Articulo 71 y subsiguientes de la Constitución establece los derechos
que se le asigna a la naturaleza, entre los cuales se encuentra “el respeto de su existencia, así
como su mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos”. En cuanto a la restauración de la naturaleza, es responsabilidad de las personas
y del Estado la indemnización a los colectivos individuales que dependen de los sistemas
naturales afectados; además el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos más
eficaces para alcanzar la restauración y para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.
Además de estos sistemas de protección ambiental, se responsabiliza al Estado en la
aplicación de medidas para la protección de la destrucción del ecosistema, acciones que
pongan en riesgo de extinción a las especies, además de la introducción de la prohibición de
organismos y material que destruya el patrimonio genético nacional.
3
La entrada en vigencia de la Constitución 2008 dio nacimiento a varios ordenamientos
jurídicos como el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, la ley de hidrocarburos,
ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, ley de desarrollo agrario,
reglamento ambiental para las actividades mineras, ley de gestión ambiental, ley de
prevención y control de la contaminación ambiental, plan nacional del buen vivir, etc., lo
cual demuestra el gran avance del sistema legislativo en la creación de ordenamientos
jurídicos orientados a la conservación y preservación del ecosistema.
Con todos los antecedentes antes indicados se evidencia el desarrollo jurídico en
materia ambiental en el Ecuador, mismo que al reconocer constitucionalmente a la naturaleza
3
Asamblea Nacional Constituyente, (2008), “Constitución de la Republica del Ecuador”, Registro Oficial, Art.
71,72,73
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como sujeto de derechos estableció una oportunidad clave para la preocupación por parte del
Estado en cuanto a la protección del medio ambiente.
Además de ello, se han realizado también varios proyectos ambientales
internacionales como el proyecto de monitoreo de la amazonia andina (MAAE), el cual tiene
como finalidad establecer un sistema informático de monitoreo de las zonas forestales de los
países Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en la zona de la cuenca del Amazonas, mismo
que ha generado datos importantes como la detección de las zonas de minería ilegal en la
amazonia ecuatoriana, plataformas petroleras acercándose a las zonas intangibles de la
reserva ecológica del Yasuní, entre otros aspectos
4
, lo cual deja en claro el avance en materia
de protección ambiental.
Políticas públicas de desarrollo sostenible en el Ecuador con la entrada en vigencia de
la Constitución 2008.
El reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos en la carta magna fue sin
duda alguna el principal avance para que el Estado haya adoptado una mayor responsabilidad
en la creación de políticas públicas de desarrollo, misma que se encuentran en un marco de
sostenibilidad con el medio ambiente. En el ámbito económico, cada uno de los Estados a
nivel mundial han tratado de potencializar el sistema tecnológico, industrial, comercial, etc.
que permita incrementar el crecimiento financiero de las arcas fiscales.
Estas actividades económicas para ser ejecutadas constituyen un gran riesgo debido
a la necesidad de la disponibilidad de recursos naturales y la existencia de sumideros para los
residuos provenientes de dichas actividades, mismas que afectan principalmente a las
poblaciones indígenas y campesinas que se encuentran más cercanas a las zonas naturales.
Además, el crecimiento demográfico hasta el año 2045 alcanzara un promedio aproximado
de 8.500 millones de personas, esto sumado a las actividades tecnológicas que países como
China o India realizan para salir de la pobreza con sistemas nocivos para el medio ambiente,
4
Monitoring of the Andean Amazon Project,
https://maaproject.org/es/#:~:text=El%20Proyecto%20Monitoreo%20de%20la,de%20la%20cuenca%20del%
20Amazonas).
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son factores perjudiciales para las luchas contra el cambio climático y la conservación de la
biodiversidad.
5
El Ecuador es uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica en implementar la
iniciativa del desarrollo productivo mediante un sistema económico sostenible, sin embargo,
en la actualidad la situación se considera preocupante debido a la falta de la falta de
cooperación de los grupos sociales, asociatividad y confianza en las organizaciones,
deficiente control en el manejo de recursos naturales, y la falta de atención por parte de las
instituciones públicas.
En el año 2019 el Ecuador firmo un convenio con el Fondo Monetario Internacional
denominado “Plan de prosperidad 2018”, con la finalidad de sostener la dolarización,
promover la inversión privada, asegurar e incrementar los fondos en las arcas fiscales, lo cual
provoca que se eliminen subsidios y programas a las micro y medianas empresas de
producción, lo cual incremento la pobreza de estos sectores productivos
6
.
El capítulo primero del título sexto de la Constitución de la Republica establece el
régimen de desarrollo, mismo que dispone que la planificación estatal de los recursos
públicos de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales garanticen el
cumplimiento del buen vivir. El Art. 276 numeral 4 de la norma legal antes mencionada
establece como uno de los objetivos del régimen de desarrollo el recuperar, conservar la
naturaleza, mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
7
Esta disposición constitucional vigente desde el año 2008 que establece a la
naturaleza como uno de los ejes primordiales del buen vivir, ha obligado a que el sistema de
planificación nacional y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados implementen
5
Alier, J. M. (2011). “Hacia una economía sostenible: dilemas del ecologismo actual”. Letras Verdes. Revista
Latinoamericana de Estudios Socioambientales, (9), 5-25, Pág. 5
6
Cantos-Ochoa, M. E., Ormaza-Andrade, J. E., & Guzmán-Ávila, J. A. (2021). PYMEs agroecológicas
ecuatorianas para una economía sostenible. Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y
publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables). ISSN: 2588-090X. Polo de Capacitación,
Investigación y Publicación (POCAIP), 6(1), 237-249. Pág. 240-241.
7
Asamblea Nacional Constituyente, (2008), “Constitución de la Republica del Ecuador”, Registro Oficial, Art.
276 Nral. 4.
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políticas públicas de desarrollo sostenible con el medio ambiente. Desde la creación de la
SENPLADES el 20 de febrero del año 2004, y de acuerdo a las disposiciones legales en la
protección del ecosistema, la evolución del Plan Nacional de Desarrollo en los últimos 4
periodos gubernamentales en el ámbito de protección al medio ambiente ha sido muy
satisfactoria.
En la actualidad, el Plan Nacional de Desarrollo vigente para el periodo fiscal 2021-
2025 denominado “Plan de Creación de Oportunidades” ha establecido en sus directrices la
denominada “Gestión del territorio para la transición ecológica”, establece los elementos a
ser gestionados en territorio por parte del Gobierno central, así como de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias.
Entre los elementos de transición ecológica se encuentran principalmente los que
tienen que ver principalmente con las políticas públicas de conservación del patrimonio
natural, recursos naturales, manejo de residuos, economía circular, patrones de consumo,
gestión de riesgo y cambio climático, patrimonio genético, conectividad, infraestructura
productiva, y patrimonio hídrico.
Para el cumplimiento de los elementos de transición ecológica, el Plan Nacional de
Desarrollo establece claramente los lineamientos a seguir para conseguir un desarrollo
sostenible, en el cual se prioriza a la educación para el cambio de estilo de vida, mismo que
permita impulsar modelos de transporte público masivo de calidad y de eficiencia energética,
promover mejoras en el uso de la energía, implementar modelos productivos y urbanísticos
que promuevan la adaptación al cambio climático, además de promover el mercado
sostenible.
Además de estos, existen 3 ejes que consisten en el fortalecimiento de la actividad
económica sostenible, acciones para mitigar afectaciones al ambiente y las coordinaciones
de gobernanza para la sostenibilidad que se lo realizan con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
8
Se entiende entonces la importancia de la implementación del desarrollo sostenible
en la planificación del Estado en la creación de políticas públicas que garanticen una
8
Secretaria Nacional de Planificación, (2021), “Plan Nacional de Desarrollo. Plan creando oportunidades”.
Pág. 36-39
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redistribución equitativa de la riqueza al considerar también a la naturaleza como uno de los
sujetos que tiene el derecho a que se les garantice y se le considere de acuerdo a su
reconocimiento establecido en la Constitución y tratados y convenios internacionales de los
cuales el Ecuador es miembro.
Sin embargo, se puede evidenciar que el Estado, en busca de fortalecer el déficit fiscal
existente en las arcas del Estado implementa políticas públicas a las cuales se denominan
“explotación de recursos naturales a menor escala”. Un ejemplo claro la creación de 5
proyectos mineros de fruta del norte, mirador, rio blanco, Lam Gold Ecuador S.A, y Panantza
San Carlos, mismos que fueron denominados como “los cinco proyectos estratégicos
mineros” por el Gobierno del ex Presidente de la Republica Rafael Correa.
Dichos proyectos que fueron realizados mediante un convenio de concesión hasta el
año 2024 con varias empresas mineras busca la explotación de oro, plata, cobre aluminio,
hierro, manganeso, etc. El resultado de la aplicación de estos proyectos pretende que deje al
Estado una inversión de casi 8.000 millones de dólares, a la cual se le puede considerar un
aspecto muy positivo en el ámbito financiero al considerar los beneficios para el Estado de
acuerdo a lo establecido en el Art. 408 de la Constitución de la Republica sobre el
aprovechamiento de los recursos y la garantía de los mecanismos de producción, consumo y
uso de los recursos naturales.
9
Sin embargo, el informe de los exámenes especiales realizados por parte de la
Contraloría General del Estado a los proyectos Mirador y Fruta del Norte determina la
responsabilidad del Ministerio de Ambiente sobre la falta de control en la ejecución del
mismo, lo que ocasionó la contaminación de los ríos Wawayme, Tundayme y Quimi, lo cual
ocasiona la presencia de altos niveles de concentración de metales en los mismos.
Otra de las irregularidades detectadas es la responsabilidad de la Agencia de
Regulación y Control Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) no dispuso a las
empresas concesionarias las certificaciones legales pertinentes que garanticen la no
afectación de los recursos hídricos, así como las auditorías realizadas por parte de las
9
Antonio Rea, (2017), “Política minera y sostenibilidad ambiental en el Ecuador”, FIGEMP, Investigación y
Desarrollo, ISSN 1390-7042 / 2017 / Vol. 2 / Nro. 2. 41-52. Pág. 46.
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empresas concesionarias fueron realizadas sin autorización del Ministerio del Ambiente en
cuanto a la calidad del aire, agua y aguas subterráneas cercanas a la riveras.
10
El ejemplo citado anteriormente, deja en evidencia que no existe un verdadero sistema
de control por parte de las instituciones competentes al momento de la ejecución de los
proyectos de desarrollo en los que se utiliza los recursos naturales, razón por la cual se
generan impactos ambientales irreversibles para el ecosistema, situación producida por la
preferencia del Estado al área financiera.
El actual Plan Nacional de Desarrollo, entre los objetivos del eje de transición
ecológica establece tres sectores estratégicos que son el aprovechamiento de la electricidad,
hidrocarburos y minería. Al regresar al ámbito que ocupa a este estudio, el estado ha
implementado en su planificación para la creación de políticas públicas de desarrollo
sostenible la denominada “economía circular”, misma que consiste en generar políticas
económicas en las que se eviten “la acumulación de residuos y la contaminación, mantener
los productos y materiales en uso y la regeneración de los ecosistemas.
En cuanto a los recursos hídricos, el Plan Nacional de Desarrollo establece una
protección de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, misma que tiene como finalidad “la gestión
integral de los recursos hídricos, lo cual permite el adecuado uso y aprovechamiento del agua,
a fin de precautelar la correcta administración del agua superficial y subterránea, al
considerar el orden de prelación de los diferentes destinos del recurso hídrico”
11
.
Además de estos aspectos, el eje de transición ecológica comprende políticas públicas
para la protección de los recursos naturales, conservación de los ecosistemas, deforestación
y patrimonio natural, cambio climático conservación de los ecosistemas, prácticas
10
Wilmer Torres, Diario Primicias, (2020), “Proyectos Mirador y Fruta del Norte afectan a 4 ríos, según la
Contraloría”, https://www.primicias.ec/noticias/economia/proyectos-mirador-fruta-norte-afectan-cuatro-rios-
contraloria/
11
Secretaria Nacional de Planificación, (2021), “Plan Nacional de Desarrollo. Plan creando oportunidades”.
Pág. 81-84.
14
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ambientales, lo cual impone el objetivo de cumplir metas hasta el año el 2025 que generen
una economía sostenible con el medio ambiente.
12
Este modelo de sistema de políticas de desarrollo sostenible se maneja desde la
entrada en vigencia de la Constitución 2008, fecha desde la cual se ha tenido un mayor interés
en el tema ambiental por parte del Gobierno central como de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. Un ejemplo claro ejemplo es el proyecto implementado en la ciudad de
Cuenca, el cual consiste en la producción de energía eléctrica a través de la conversión de los
residuos sólidos del relleno sanitario de Pichacay en gas que mueven las turbinas y producen
1,6 megavatios/hora de energía, misma que es vendida a la empresa eléctrica Centro sur para
que pueda ser distribuida a miles de hogares, lo cual permite obtener recursos mediante un
proyecto ecológico y sostenible con el ecosistema.
Con todos los antecedentes antes indicados, se puede evidenciar un cambio
significativo en la aplicación de políticas públicas, mismas que en la actualidad se proyectan
también a establecer métodos que sean más sostenibles con el medio ambiente, para lo cual
se han creado varias instituciones como el Ministerio del Ambiente, agua y transición
ecológica, Ministerio de energía y recursos no renovables, Agencia de Regulación y Control
Agencia de Regulación y Control Minero, etc., mediante las cuales se pretende regular las
diferentes actividades sociales, económicas, políticas, culturales, etc. que afecten los
derechos naturales establecidos en la Constitución.
La reactivación económica post COVID 19 y su impacto en el medio ambiente.
La crisis sanitaria iniciada en el país el 17 de marzo del 2020 ocasionó la paralización
de todos los sistemas productivos del país, ya que mediante el estado excepción dictado por
el presidente de la Republica de ese entonces se produjo un confinamiento masivo que duro
aproximadamente 4 meses, y que, a pesar de la intervención de la etapa de vacunación y la
disminución de hospitalización por el virus, hasta la actualidad no se logra reactivar la
economía al 100%.
12
Secretaria Nacional de Planificación, (2021), “Plan Nacional de Desarrollo. Plan creando oportunidades”.
Pág. 84-89.
15
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Remigio Santiago Siguencia Montero.
Los meses más críticos de la pandemia provocaron que la naturaleza se tome un
respiro a la contaminación ambiental producida por el hombre. Estudios científicos
demuestran que ha existido una disminución considerable de NO2 que es un gas nocivo
emitido por los automóviles y las diferentes plantas de energía e industrias, lo cual logró
reducir un 44% de los niveles de contaminación atmosférica en los cielos de China.
La misma situación ocurrió en otros países, por ejemplo, en la ciudad de Lima y
Bogotá, en las cuales la presencia de niveles de contaminación por NO2 en la atmosfera
disminuyo en un 60% con el confinamiento social, mientras que en ciudades como México
D.F y Rio de Janeiro la disminución fue de un 40% debido a que no se realizaron medidas
estrictas en estos países.
De igual manera, uno de los principales contaminantes del ambiente como es el CO2
disminuyo notablemente debido a la paralización de los diferentes sectores productivos,
principalmente, el sector industrial y el tráfico aéreo y terrestre, lo cual demuestra la
disminución de los niveles de contaminación entre el 72 y 90% en los diferentes países de
Latinoamérica.
13
Sin embargo, entre los meses de junio del 2020, los países iniciaron a implementar
políticas públicas que permitan reactivar la economía al considerar las millonarias pérdidas
por la paralización de los sectores productivos, económicos, industriales, transporte aéreo,
terrestre, marítimo, etc., lo cual ha generado un efecto rebote en cuanto a la contaminación
del medio ambiente. Las micro, medianas y grandes empresas iniciaron una sobreproducción
para recuperar las pérdidas económicas por motivo de la pandemia lo cual inicio una emisión
de gases de efecto invernadero a la atmosfera, lo cual triplicaría los niveles de contaminación
generados antes de la crisis sanitaria.
Si bien es cierto, mediante la flexibilización de las medidas de bioseguridad para la
reactivación económica han incrementado las actividades industriales, turísticas,
económicas, comerciales, etc. que producen daños medio ambientales, sin embargo, el
consumismo del ser humano resulta ser en algunas ocasiones más crítico para el ecosistema.
13
Michelle Parra Pedraza, (2020), “COVID-19 ¿Un alivio temporal para el ambiente?”, Ciencia América.
Universidad Técnica Iberoamericana. Vol. 9 (2) S/N Pág.
16
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Ante esta situación, es muy importante que los seres humanos dejen de realizar hábitos que
son perjudiciales para el medio ambiente.
Uno de los principales objetivos del desarrollo sostenible establecido por parte de la
Organización de las Naciones Unidas esta “la producción y el consumo sostenible”, lo cual
no significa necesariamente dejar de ejecutar actividades económicas que fomenten el
desarrollo productivo, sino realizarlas a través de mecanismos que desvinculen el crecimiento
económico con una utilización creciente y excesiva de recursos naturales y acciones que no
permitan la degradación del ecosistema.
14
La crisis sanitaria ha dejado mucho que pensar en este aspecto, ya que al analizar la
situación de los residuos sólidos dejados por los centros hospitalarios al momento de
enfrentar la emergencia de la pandemia y por la ciudadanía al momento de evacuar los
desechos de sus hogares. Estudios confirman que la mayor cantidad de productos utilizados
para la protección del virus fue mascarillas, guantes quirúrgicos, pañuelos desechables, etc.
además de los desechos médicos.
El rápido alcance de contagio por parte del virus, obligo a que en el mercado se
incremente el consumo de productos de protección, lo cual dejo una gran cantidad de
desechos sólidos altamente contaminantes. En este aspecto, se debe considerar que la
mayoría de instituciones públicas del sistema de salud y los entes competentes en la limpieza
y tratamiento de residuos no tiene el personal con la suficiente experticia para realizar dicha
actividad, en la cual se utilicen mecanismos que garanticen la protección al ecosistema
15
.
Además de ello, el sector turístico también se ha reactivado progresivamente, ya que
a través de este sector estratégico se activa la economía en el sector comercial, mismo que
con la pandemia sufrió una grave afectación, sin embargo la flexibilización de las medidas
de bioseguridad en el Ecuador por parte del COE Nacional en los últimos feriados han
generado la movilización de personas en un rango superior a un 30% más de lo habitual a las
playas, ríos, parques nacionales, etc., mismos que dejan una gran cantidad de desechos, en
su mayoría plásticos, lo cual ha generado una grave contaminación en estas zonas.
14
Pérez de Guzmán Blanco, V. (2021). “El consumidor post-COVID 19: el consumo sostenible”, Pág. 6
15
Fredd Sánchez Gutiérrez. (2021). Retos post pandemia en la gestión de residuos sólidos. CienciAmérica:
Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 10(1), 11-23. Pág. 13.
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Estudios realizados en las playas ecuatorianas demuestran que en el confinamiento se
logró un mejoramiento de la calidad del agua en las zonas destinadas al sector turístico, ya
que las mismas demostraron que habían recuperado características propias de su estado
natural, evidenciándose un “retorno de especies marinas por la reducción de la contaminación
ambiental provocada por aguas servidas no tratadas, niveles de ruido y luminosidad,
originada por actividades turísticas e industrias, así como por embarcaciones costeras”.
16
En cuanto al sector industrial, en el intento de reactivar la Economía se ha iniciado
una sobreproducción por parte de las empresas productoras, lo cual genera que una mayor
producción de CO2, lo cual contamina la calidad del aire. Esta situación es muy preocupante,
ya que por parte de las diferentes instituciones encargadas de regular la contaminación
ambiental no se ha elaborado planes de contingencia que permitan controlar estas emisiones
al medio ambiente.
Por todo lo antes indicado, se puede evidenciar que las actividades económicas
realizadas luego de la crisis sanitaria a fin de reactivar la economía podrían generar a largo
plazo un efecto rebote de contaminación al ecosistema, situación que es muy preocupante ya
que las diferentes legislaciones a nivel mundial, están preocupadas únicamente en recuperar
la estabilidad financiera, sin realizar planes de contingencia que permitan realizar dichas
actividades de una manera sostenible con el medio ambiente.
Análisis Jurídico de la contaminación ambiental post- COVID-19 en el Ecuador.
En vista de que luego de la crisis sanitaria existe un grave riesgo de contaminación
ambiental, existe la obligación de hacer prevalecer los derechos de la naturaleza reconocidos
por la Constitución de la Republica y las demás leyes reguladoras en materia ambiental.
El Art. 7 del Código Orgánico del Ambiente, en su parte pertinente establece lo
siguiente:
16
Franklin Ormaza Gonzales & otro, (2021), “Estudio de ESPOL, publicado en revista internacional
Frontiers, analiza el estado de costas ecuatorianas durante la pandemia”, Escuela Superior Politécnica del
Litoral. https://www.espol.edu.ec/es/noticias/estudio-espol-revista-internacional-frontiers-impacto-covid-
playas-ecuador
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Como deberes comunes del Estado y de las personas a respetar los derechos
de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes tangibles e intangibles de
modo racional y sostenible, proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural
nacional, los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático, prevenir, evitar y reparar de forma
integral los daños y pasivos ambientales y sociales, Informar, comunicar o denunciar
ante la autoridad competente cualquier actividad contaminante que produzca o pueda
producir impactos o daños ambientales.
17
La mencionada norma legal antes citada, se encuentra amparada en las disposiciones
constitucionales establecidas en el artículo 3, numerales 5 y 7, mismos que establecen que el
Estado promoverá el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de la riqueza,
además de proteger y conservar el patrimonio natural del país. Además, la norma
constitucional garantiza a los seres humanos algunos recursos naturales a los cuales se les
considera como derechos humanos fundamentales, mismos como el derecho al agua, medio
ambiente sano, etc.
18
Sin embargo, hasta el momento no se ha evidenciado por parte del gobierno la
implementación de proyectos de desarrollo sostenible para combatir los daños ambientales
post pandemia, sino al contrario, las políticas públicas se encuentran orientadas únicamente
a la reactivación económica al dejar a un lado el paradigma ambiental al orientar su interés
únicamente en el ámbito financiero.
Si se realiza un análisis a la planificación de políticas públicas implementadas en el
Plan Nacional de Desarrollo, se puede evidenciar que sus ejes de aplicación se encuentra la
coordinación para la planificación, gestión y ordenamiento del territorio para la
administración de la política pública en el territorio, de acuerdo a sus necesidades, para lo
17
Asamblea Nacional, (2017), “Código Orgánico del Ambiente”, Art. 7.
18
Asamblea Nacional Constituyente, (2008), “Constitución de la Republica del Ecuador”, Registro Oficial,
Art. 3, 12, 14
19
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cual, desde el año 2017 se creó la Estrategia Territorial Nacional, misma que establece a la
transición ecológica en el sistema.
19
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en
el artículo 4, literal d) establece claramente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
tienen la obligación de garantizar “La recuperación y conservación de la naturaleza y el
mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable”.
20
Sin embargo, la preocupación por las acciones públicas en el ámbito del medio
ambientales queda a lado por parte de las instituciones públicas que de acuerdo a las leyes
antes citadas tienen la competencia para realizar proyectos de desarrollo sostenible al
momento de obtener ingresos y proteger el medio ambiente de las diferentes actividades
producidas por el hombre.
Un ejemplo claro de lo citado anteriormente es la vertiente de más de 15.000 galones
de combustible y petróleo producto de la ruptura de tres tuberías sobre los ríos Napo y Coca
en el mes de abril del 2020, situación que ha generado uno de los peores desastres socio-
ambientales de los últimos 15 años al afectar a varias comunidades indígenas radicadas en
las zonas.
21
Si bien es cierto, el Plan Nacional de Desarrollo vigente en el nuevo periodo fiscal
hasta el año 2025 justifica el déficit económico que atraviesa el país producto de la pandemia,
hay que considerar también que al tratar de recuperar estos fondos mediante una reactivación
económica no planificada que garantice los derechos a la naturaleza, es inevitable que los
diferentes sectores estratégicos incrementaran sus actividades productivas aproximadamente
a un triple del porcentaje habitual antes de la pandemia.
Como se ha recalcado a lo largo del presente estudio, de acuerdo al avance de la
ciencia que establece la importancia de la conservación del ecosistema equilibrado como un
eje primordial para el desarrollo de la vida, se han establecido varios ordenamientos jurídicos
en materia ambiental que protejan el medio ambiente, sin embargo aún se deja en un tercer
19
Secretaria Nacional de Planificación, (2021), “Plan Nacional de Desarrollo. Plan creando oportunidades”.
Pág. 24
20
Asamblea Nacional, (2010), “Código Orgánico del Ambiente”, Art. 4.
21
Andrés Tapia, (2021), “El vertido de petróleo y la triple pandemia que azota la Amazonia ecuatoriana”, El
País. https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-08/el-vertido-de-petroleo-y-la-triple-pandemia-que-azota-la-
amazonia-ecuatoriana.html
20
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plano el aspecto ambiental como una de las prioridades de los gobiernos al momento de crear
políticas públicas; establece de igual forma la implementación de proyectos de desarrollo que
en su forma de ejecución no se realizan de manera sostenible por la falta de control ambiental
de las instituciones competentes.
La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 8 establece la
competencia que tiene esta institución de control interno y externo de la administración
pública en la auditoria administrativa, financiera, y operativa, en la cual se incluye también
a la gestión medio ambiental, a fin de que verificar que los fondos públicos invertidos por
parte de la administración respeten los derechos de la naturaleza establecido en la
Constitución y las leyes.
22
Con todos los antecedentes antes indicados, se debería tomar mucho en cuenta la
situación post COVID 19 y el impacto en el medio ambiente, ya que las diferentes acciones
realizadas por parte de las instituciones estatales a fin de reactivar la economía, el
consumismo de la sociedad que produce una acumulación excesiva de desechos sólidos, la
sobreproducción industrial, incremento del transporte aéreo y terrestre, acumulación de
productos de protección como mascarillas, guantes quirúrgicos, químicos utilizados por parte
de las instituciones de salud, entre otros factores, a futuro generaran un impacto ambiental
muy perjudicial y que puede ser irreversible.
Políticas públicas post COVID 19
La disminución de la demanda del petróleo producto del confinamiento por motivos
del COVID 19 produjo una grave depreciación nunca antes vista, al llegar a obtener valores
negativos en el mercado internacional de -37,63 dólares por cada barril. Dicha depreciación
ha obligado a los países subdesarrollados, cuya economía depende en su mayoría de la
exportación de petróleo, a explotar en mayores cantidades este recurso natural a fin de
competir con otros países, lo cual llevo a que se inicie un “descalabro” entre la oferta y el
aumento de competencia en el mercado internacional.
23
22
Asamblea Nacional, (2010), “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, Art. 4.
23
Francisco Campollo, (2020),” El petróleo en tiempos de COVID 19”, sw. KPMG Tendencias,
https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/petroleo-covid-19/
21
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Si bien es cierto, en el Plan Nacional de Desarrollo antes analizado, se puede
determinar que las políticas públicas que el Estado ejecuta para reactivar la economía se
basan en un eje de transición ecológica que procura un desarrollo sostenible, lo cual en el
ámbito de la explotación de recursos no renovables de acuerdo a lo dispuesto en la ley de
gestión ambiental se enmarca en un rango que no perjudique al medio ambiente, además de
que dicha práctica se realice de manera sostenible de conformidad al artículo 1, inciso
segundo de la Ley de Hidrocarburos y la norma número 313 de la Constitución de la
Republica.
Sin embargo, ante la depreciación del petróleo, al igual que de los demás productos
exportables por motivo de la pandemia, ha obligado a que se establezcan estrategias que
generen ingresos, como subir considerablemente la escala de explotación de recursos
naturales exportables, realizar concesiones a la empresa privada en el ámbito de la
explotación de recursos naturales, entre otros factores, lo cual pone en riesgo la estabilidad
del ecosistema.
Se debe esclarecer que no se pretende que se disminuya la producción económica por
parte del Estado, sino más bien, que las diferentes políticas públicas destinadas al desarrollo
económico cumplan con los parámetros de sostenibilidad ambiental sin renunciar el progreso
económico y social, sino que no se utilice de manera indiscriminada los recursos naturales
que perjudican al medio ambiente.
En este contexto, se debe plantear entonces un mayor control por parte de las
instituciones competentes en cuanto a realizar una capacitación a las micro y medianas
empresas sobre la concientización de que los productos que expenden cumplen con los
estándares de sostenibilidad con el medio ambiente y plantear la incógnita de que si una
industria o un negocio es sostenible con el ecosistema y la sociedad.
24
En cuanto a la contaminación post COVID 19, se debería realizar proyectos de
desarrollo que permitan dar un tratamiento a los diferentes productos de protección utilizados
24
Oscar Espinoza & otros, (2021), “El emprendimiento rural post covid-19: consideraciones para una
recuperación económica sostenible, Revista Universidad y Sociedad, 13(S1), 443-451, Pág. 445
22
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en la crisis sanitaria, al considerar que los mismos requieren de un tratamiento especial para
su degradación, además de regular acciones como planes de contingencia para disminuir las
emisiones de CO2 y NO2 a la atmosfera, lo cual genera un efecto invernadero con daños
irreversibles.
Además, se debe fortalecer las economías rurales a través del mejoramiento de sus
emprendimientos, mecanismo que tiene como finalidad de evitar la migración de estos grupos
sociales de los campos, y que la producción realizada por estos se sujete a parámetros con
valores propios de economía popular y solidaria, la cual se fortalecería de mejor manera
mediante el apoyo estatal a través de un sistema de financiamiento a dichos emprendimientos
en el sector rural específicamente en la mayor cantidad de negocios, explotaciones agrícolas
o cualquier emprendimiento agropecuario, mismos que se originan habitualmente de
manera empírica, y que a través de una capacitación se realicen de forma técnica.
En cuanto al turismo, luego de la pandemia la reactivación turística ha permitido la
movilización de miles de turistas a los diferentes lugares del país, razón por la cual el exceso
de basura en las playas, ríos, bosques y en las diferentes ciudades provoca un nuevo factor
de contaminación medioambiental. Ante esta situación se ha planteado la posibilidad de que
se realice un “turismo sostenible”, el cual permita equiparar los ingresos económicos
producidos en la actividad turística y la protección del medio ambiente mediante mecanismos
de prevención y un control estricto de contaminación por desechos por parte de los turistas.
En cuanto a proyectos de desarrollo sostenible, la administración pública debería
incentivar al sector industrial público y privado la implementación de técnicas ecológicas
debería invertir en procesos que permitan eliminar desechos y residuos sólidos contaminantes
del medio ambiente, ya que mediante una política de recolección y utilización de estos
componentes de difícil degradación se puede elaborar productos de segundo uso y
comercializarlos, generar recursos y proteger el ambiente.
23
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CONCLUSIONES
Luego de haber realizado un análisis sobre los efectos de la reactivación económica
post COVID 19 en el medio ambiente, se llega a las siguientes conclusiones:
1) El reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos en la
Constitución de la Republica por parte del Ecuador fue un avance en el
constitucionalismo, ya que el mismo permite no centrar únicamente un interés
egocéntrico en el ser humano y proteger a un sistema indispensable para el desarrollo
de una vida en un medio ambiente sano.
2) Varios estudios demostraron que en el periodo Marzo- Mayo del 2020,
en el cual se dio un confinamiento social a nivel mundial, el medio ambiente vivió un
respiro a las diferentes actividades económicas, productivas, comerciales y turísticas
que contaminan el medio ambiente y de los gases emitidos por parte del sector
industrial como NO2 y CO2 que generan un efecto invernadero en el medio ambiente,
lo cual ocasionó un mejoramiento notable en la calidad del aire y una
descontaminación de ríos y playas.
3) La reactivación económica luego de un año del confinamiento social
que dejo grandes pérdidas económicas a los diferentes sectores estratégicos de la
economía a nivel mundial ha generado la implementación de medidas que permitan
recuperar los millonarios montos perdidos, razón por la cual se han incrementado las
actividades económicas al triple de lo habitual, lo cual ocasionara un efecto rebote
perjudicial para el medio ambiente.
4) La planificación del Estado sobre la aplicación de políticas públicas de
desarrollo se centra en un sistema de desarrollo sostenible con el medio ambiente,
razón por la cual los proyectos de desarrollo económico se tienen que enmarcar en
una metodología de restitución con el medio ambiente por la explotación de los
recursos naturales utilizados, sin embargo, se evidencia que los intereses estatales
priorizan el factor económico y no retribuye a la naturaleza.
5) El desinterés social es una de las grandes causas de la contaminación
medio-ambiental, ya que la normativa ecuatoriana ha avanzado mucho en materia de
protección al medio ambiente, sin embargo, los colectivos sociales, la ciudadanía en
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general no hacen prevalecer los derechos de la naturaleza a pesar de tener
conocimiento de acciones que perjudican el ecosistema.
6) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberían contar con una
mayor cantidad de competencias para la implementación de políticas públicas para la
protección del medio ambiente, al considerar que son las instituciones públicas más
cercanas a satisfacer las necesidades del medio ambiente por las actividades
económicas de desarrollo que contaminan el ecosistema.
7) Se debería implementar un verdadero sistema normativo por parte de
las instituciones competentes de protección del medio ambiente en cuanto a la
regulación de la reactivación económica post COVID 19, en los diferentes sectores
estratégicos a fin de evitar un efecto rebote que produzca daños irreversibles al
ecosistema.
8) A fin de fortalecer la economía, se debe implementar proyectos de
desarrollo sostenible por parte del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, en los cuales se utilice los residuos y desechos contaminantes para
el medio ambiente, producir con estos productos de segundo uso y comercializar los
mismos, lo cual se lograría una retribución ambiental y un incremento a los ingresos
a las arcas fiscales.
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