these results are cause for concern. The sum of both percentages underscores the need to improve coverage, ensuring that it is
commensurate with the care provided to this vulnerable group.
Keywords: model, public management, attention, comprehensive, disability, physics.
INTRODUCCIÓN
La inclusión efectiva de personas con discapacidad en la sociedad depende de múltiples variables que interactúan de
manera compleja. Entre las más importantes se encuentran la accesibilidad a una educación inclusiva, la provisión de servicios
de salud y rehabilitación, así como la implementación de políticas públicas inclusivas. La disponibilidad de recursos financieros
y la eficiencia administrativa son cruciales para la ejecución de estas políticas; sin embargo, la corrupción y la falta de
coordinación interinstitucional pueden obstaculizar significativamente estos esfuerzos.
Según el Banco Mundial (2023), el 15% de la población mundial experimenta algún tipo de discapacidad, lo que
representa un desafío considerable para las sociedades en términos de inclusión. De este porcentaje, 32 millones son niños en
edad escolar. A pesar de los esfuerzos realizados y de la urgente necesidad de garantizar el acceso a una educación de calidad
y atención en salud, persisten desafíos significativos, como las barreras que enfrentan para su participación plena en la vida
social y económica, el acceso equitativo a la salud y la educación, y la provisión de recursos tecnológicos y didácticos adaptados
a sus necesidades. Estas cifras revelan la urgencia de implementar políticas que no solo reconozcan la existencia de las personas
con discapacidad, sino que también promuevan su inclusión activa.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, estimó que el 16% de la población mundial tiene algún tipo de
discapacidad. En Europa, se reporta que el 27% de los adultos presentan una discapacidad, siendo Letonia el país con el mayor
porcentaje. En África, la falta de recursos y la corrupción en países como Sudáfrica y Nigeria obstaculizan la implementación
de medidas para garantizar el acceso a servicios básicos. De igual forma, en países de Medio Oriente como Israel y Líbano, los
conflictos armados han dejado a muchos individuos con discapacidad sin acceso a servicios de salud y rehabilitación,
aumentando su vulnerabilidad y exclusión social. La creación de políticas no siempre considera las necesidades de las personas
con discapacidad, por ello una revisión y análisis de las políticas y sistemas es necesario, con el objetivo de detectar deficiencias,
barreras, y diseñar un plan para implementar acciones que las superen (OMS, 2023).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023) destaca que las personas con discapacidad constituyen
aproximadamente mil millones de individuos, equivalente al 15% de la población global. De ellas, cerca del 80% están en edad
laboral. Sin embargo, su derecho a un empleo digno es frecuentemente negado, especialmente a las mujeres, quienes enfrentan
barreras actitudinales, físicas y de acceso a la información. Estas limitaciones dificultan su capacidad para disfrutar de igualdad
de oportunidades en el ámbito laboral. En comparación con las personas sin discapacidad, las tasas de desempleo e inactividad
económica son más altas, lo que las coloca en un mayor riesgo de exclusión social y carencia de protección social.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021) ha enfatizado la importancia de una educación
inclusiva para las personas con discapacidad. Sin embargo, persisten desafíos en su implementación, como la insuficiente
inversión en infraestructura escolar y la falta de recursos para programas de educación especial. Estos factores limitan el
derecho de acceso a una educación de calidad, particularmente en países como Ruanda y Nepal, donde los recursos son muy
limitados. La inclusión fomenta un sentimiento de pertenencia y participación en la comunidad, aspectos esenciales para el
desarrollo social y emocional.
En Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2022) indica que el 13,2% de la población presenta
algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la gestión pública para usuarios con discapacidad física en establecimientos estatales
enfrenta desafíos importantes. En los 134 establecimientos de salud que ofrecen servicios de rehabilitación, se reportan 340
asociaciones y 180 ONG trabajando en temas de discapacidad, desempeñando un papel clave en la implementación de políticas
inclusivas.
El Consejo Nacional de Discapacidades, se encarga de la formulación, coordinación y evaluación de políticas públicas
relacionadas con la discapacidad en Ecuador. No obstante, enfrenta retos como la falta de recursos, la limitada capacidad técnica
y la insuficiente coordinación entre el MIES y otros ministerios, lo que dificulta la implementación efectiva de estas políticas.
Esto evidencia la importancia de reforzar la colaboración entre instituciones e incrementar la inversión en recursos para
garantizar que las políticas establecidas realmente beneficien a las personas con discapacidad. (CONADIS, 2017)
Los Centros Diurnos de Ecuador, donde se desarrolló el estudio, son unidades destinadas a brindar atención a
ciudadanos con discapacidad física y a potenciar sus habilidades mediante la interacción. Estas unidades buscan desarrollar
capacidades que favorezcan su inclusión en diversos ámbitos, tanto familiares como comunitarios, con el apoyo de sus familias.
Sin embargo, se observó que la atención brindada en estos centros no es integral. Los usuarios reciben servicios de salud
preventiva únicamente una vez al mes, no tienen acceso a convenios laborales para su inserción ni a instrucción técnica que les