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En primer término, se identificó que el mobbing está profundamente relacionado con factores
estructurales como jerarquías laborales inflexibles, inequidades en la distribución de tareas y opacidad en los
procesos internos. Estas condiciones no solo perpetúan el acoso laboral, sino que también dificultan la
implementación de mecanismos de mitigación efectivos. En términos de sus consecuencias, destacan los graves
efectos sobre la salud psicológica y emocional de las víctimas, manifestados a través de trastornos como el
burnout, la ansiedad y la depresión, los cuales comprometen su bienestar integral y productividad.
En segundo lugar, el análisis del marco regulatorio vigente muestra que instrumentos como el Código de
Ética del Servidor Público resultan insuficientes para abordar de manera específica las particularidades del
mobbing en el sector público. Esto evidencia la necesidad imperativa de diseñar una normativa especializada que
contemple mecanismos robustos para la prevención, denuncia y sanción del acoso laboral, garantizando de esta
manera una mayor protección jurídica para los trabajadores.
Adicionalmente, los hallazgos confirman que la justicia organizacional desempeña un rol determinante en
la prevención del mobbing. Los entornos laborales que priorizan la equidad, la transparencia y el respeto recíproco
contribuyen significativamente a la reducción de conductas abusivas. La aplicación de los principios derivados de
la teoría de la justicia organizacional se erige como un pilar esencial para fortalecer las relaciones laborales y
prevenir conflictos en las organizaciones.
Por último, se subraya la importancia de implementar estrategias organizacionales que incluyan
programas de capacitación y sensibilización dirigidos a promover una cultura laboral basada en el respeto y la
colaboración. Adicionalmente, resulta crucial integrar herramientas de monitoreo y evaluación que permitan
identificar tempranamente los casos de mobbing y adoptar medidas correctivas oportunas.
En síntesis, la eliminación del mobbing en el sector público peruano exige un enfoque integral que
combine reformas legislativas, el fortalecimiento de las estructuras organizacionales y la implementación de
políticas públicas dirigidas a fomentar entornos laborales más equitativos, seguros y sostenibles. Estas acciones
resultan fundamentales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y potenciar la eficiencia operativa de
las instituciones públicas.
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