Jara, Z., Jara, N., Jara, E., Guevara, P., & Mera, V. (2025). Participación ciudadana en la implementación del presupuesto participativo:
caso Gobierno Local de La Peca, Amazonas, durante 2016-2018. Revista InveCom, 5(4). 1-10. https://zenodo.org/records/14911159
2
Abstract
This research analyzed citizen participation in the implementation of the participatory budget in the Local
Government of La Peca during the period 2016-2018. To this end, a qualitative and phenomenological approach
was used, collecting information through interviews and documentary analysis. The results showed a lack of
political commitment on the part of local authorities, along with deficiencies in the execution of prioritized projects.
Participants expressed their discontent due to the scarce information available and the inefficient programming of
activities. In conclusion, it is worth highlighting the need to improve the dissemination and transparency of the
participatory process, in addition to strengthening the training and organization of the actors involved. In short, this
study contributes to the understanding of the perceptions and challenges associated with the implementation of
the participatory budget at the local level.
Keywords: implementation, citizen participation, participatory budget.
Introducción
La participación activa de la ciudadanía, junto con las entidades gubernamentales y los partidos políticos,
es fundamental para el desarrollo y la fortaleza de la democracia. A lo largo del tiempo, las formas y métodos de
la participación ciudadana se han adaptado a las transformaciones vividas en el ámbito democrático. Sus raíces
se encuentran en la Grecia antigua, donde los ciudadanos tomaban parte en asuntos públicos a través de
asambleas (Eclésias) en la Polis (Ciudad-Estado). Esto continuó con las experiencias de las Repúblicas italianas
durante la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar al liberalismo, que, basado en los principios de la
Revolución Francesa, estableció las bases para la democracia representativa en el siglo XVIII (Véliz Arauco,
2017).
En la región latinoamericana, según Ramírez Vidarte et al. (2022), la inclusión de los ciudadanos en la
elaboración de políticas públicas ha sido adoptada de manera sesgada. Las determinaciones provienen, en la
mayoría de los casos, del ámbito central y no de las solicitudes planteadas por la gente, aunque las declaraciones
promuevan la participación ciudadana en diversos niveles. En gran parte de América Latina, las experiencias de
participación ciudadana son escasas o prácticamente inexistentes, en el mejor de los escenarios, se limitan a
cuestiones de implementación o provisión de fuerza laboral como medio de financiamiento compartido.
En el ámbito peruano, involucrarse en asuntos públicos es un derecho esencial para los ciudadanos. La
Constitución Política de Perú de 1993 reconoce que los ciudadanos tienen derechos a involucrarse en los asuntos
del Estado; igualmente, la Ley de Bases de la Descentralización estipula que las administraciones regionales y
locales deben incluir presupuestos participativos como métodos de gestión pública. Al respecto, la historia del
presupuesto participativo en nuestro país se remonta a 1984 en la Municipalidad de Villa El Salvador, donde el
alcalde Michel Azcueta, basado en la experiencia colectiva de la organización vecinal “Comunidad Urbana
Autogestionaria de Villa El Salvador” (CUAVES), integra la consulta ciudadana y las decisiones que se toman en
las asambleas. Desde el año 2003, el presupuesto participativo se vuelve obligatorio para los gobiernos
distritales, provinciales y regionales, estando regido por la Ley Marco del Presupuesto Participativo (Hernández
Trejo, 2023)
De acuerdo con Cienfuegos y Huerta (2023), en la región de Tumbes han surgido incidentes de corrupción
en diversas instituciones gubernamentales, lo que impacta en la fragilidad de los derechos humanos, al paralizar
la implementación de iniciativas vinculadas a servicios esenciales como la salud y la educación.
En este contexto, Sánchez Justo (2017) destaca cómo la ciudadanía peruana, en muchos casos, se
organiza para enfrentar problemas de corrupción. Un ejemplo de ello son las reuniones públicas organizadas por
la Contraloría en 31 provincias, donde aproximadamente 2,341 ciudadanos exigieron sanciones por retrasos y
deficiencias en la ejecución de proyectos de obra pública. En Bagua, región Amazonas, se registraron quejas
relacionadas con la gestión inadecuada de proyectos en los sectores de saneamiento y educación. Por su parte,
en Lambayeque, la población expresó su preocupación por los retrasos en la construcción de sistemas de agua
y saneamiento, colegios, carreteras y otras infraestructuras.
En cuanto a la Municipalidad Distrital de La Peca, ésta presenta características particulares en cuanto a
la implicación de los ciudadanos y el presupuesto participativo. La Peca tiene sus orígenes en las labores
comunitarias, donde sus pobladores se reunían para realizar actividades en beneficio de la comunidad,
impulsados por un fuerte sentido de cooperación. Estas actividades incluían la limpieza de límites y de hitos
comunales, el mantenimiento de caminos, la apertura y el cuidado de canales de riego, y la construcción de
escuelas e iglesias.