Resumen
La problemática social y económica que enfrenta el planeta ante el incremento desmedido de la población ha
generado una mayor demanda de alimentos y bienes. A esta situación se suma la falta de control en los procesos
de selección y el deterioro ambiental provocado por la explotación excesiva de los recursos naturales. En este
contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar las contrataciones públicas desde el enfoque de
compras sostenibles y su normalización en el contexto latinoamericano, así como su vinculación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Se aplicó una metodología cualitativa, bajo un paradigma interpretativo, a través
de una revisión sistemática de literatura, marcos normativos, manuales institucionales e informes técnicos
emitidos por organismos internacionales y gobiernos de la región. La muestra incluyó 23 países latinoamericanos,
cuya información fue sistematizada en una matriz comparativa que permitió evaluar cuatro dimensiones clave: (1)
existencia de normativas específicas, (2) herramientas institucionales, (3) nivel de implementación de las compras
públicas sostenibles (CPS), y (4) alineación con los ODS, en particular los objetivos 5, 8 y 12. Se concluye que,
a nivel latinoamericano, existe una carencia de normativa actualizada en materia de compras públicas que
garantice la sostenibilidad. Las implementaciones recientes aún son débiles, y los enfoques ambientales deben
Compras públicas sostenibles en América
Latina: análisis comparativo y normativo
regional
Sustainable public procurement in Latin America: a regional
comparative and regulatory analysis
Recibido: 02/03/2025 Aceptado: 06/06/2025
Raúl Alfredo Rojas Victorio
https://orcid.org/0000-0001-6896-2650
rrojasvic@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Lima - Perú.
Liborio Rojas Victorio
https://orcid.org/0000-0002-2852-6843
rrojasvi970@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Lima - Perú.
Esther Genoveva Baylon Salvador
https://orcid.org/0000-0001-7104-8798
ebaylonsa@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Lima - Perú.
2026. V6. N 1.
Rojas, R., Rojas, L. & Baylon, E. (2026). Compras públicas sostenibles en América Latina: análisis comparativo y normativo
regional. Revista InveCom, 6 (1). 1-10 https://zenodo.org/records/15665885
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aplicarse con rigor para salvaguardar el medioambiente. Por lo tanto, se requiere fortalecer los criterios de
sostenibilidad y que los Estados actualicen, en el corto plazo, las normativas que regulan las contrataciones
públicas, incorporando requisitos sociales y ambientales en todas las etapas del proceso, a fin de cerrar brechas
y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.
Palabras clave: contratación pública, compras sostenibles, normalización.
Abstract
The social and economic problems facing the planet due to excessive population growth have led to increased
demand for food and goods. Added to this situation is the lack of control in selection processes and environmental
degradation caused by the excessive exploitation of natural resources. In this context, the present study aims to
analyze public procurement from the perspective of sustainable purchasing and its standardization in the Latin
American context, as well as its link to the Sustainable Development Goals (SDGs). A qualitative methodology
was applied, under an interpretive paradigm, through a systematic review of literature, regulatory frameworks,
institutional manuals, and technical reports issued by international organizations and governments in the region.
The sample included 23 Latin American countries, whose information was systematized in a comparative matrix
that allowed for the evaluation of four key dimensions: (1) existence of specific regulations, (2) institutional tools,
(3) level of implementation of sustainable public procurement (SPP), and (4) alignment with the SDGs, in particular
goals 5, 8, and 12. It is concluded that, at the Latin American level, there is a lack of updated regulations on public
procurement that guarantee sustainability. Recent implementations are still weak, and environmental approaches
must be rigorously applied to safeguard the environment. Therefore, sustainability criteria need to be strengthened
and states need to update, in the short term, the regulations governing public procurement, incorporating social
and environmental requirements at all stages of the process, in order to close gaps and move towards truly
sustainable development.
Keywords: public procurement, sustainable purchasing, standardization.
Introducción
Es responsabilidad del Estado velar por el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la
adquisición de bienes y servicios, así como a la ejecución de obras que atiendan las crecientes necesidades
sociales. En este contexto, las compras sostenibles emergen como una estrategia para garantizar un
aprovisionamiento estratégico, optimizar el valor del dinero público, incrementar la eficiencia en los procesos de
adquisición y promover la inclusión de sectores vulnerables, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Asimismo,
se busca reducir el impacto ambiental y fomentar la adjudicación de contratos a proveedores responsables, dentro
de una economía competitiva.
Connolly et al. (2020) sostienen que la contratación pública ha sido tradicionalmente entendida como un
proceso administrativo orientado a satisfacer las necesidades operativas de las instituciones estatales. Sin
embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado que esta función cumple
además con objetivos de utilidad pública, al responder a las necesidades ciudadanas, garantizar la transparencia,
controlar el gasto público y dinamizar la economía mediante adquisiciones eficientes. No obstante, los gobiernos
han comenzado a alejarse de una visión meramente procedimental para adoptar políticas orientadas a las
compras sostenibles, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la administración de los recursos
estatales.
En esta línea, Morelli Ferreira (2023) afirma que la adjudicación constituye un acto administrativo
mediante el cual se selecciona, bajo un procedimiento competitivo, la oferta más adecuada, otorgando al
adjudicatario un derecho subjetivo. Por ello, es necesario que dicho proceso se gestione con razonabilidad, en
respeto a los principios de igualdad y legalidad, considerando que está sujeto a revisión jurisdiccional por los
tribunales competentes, quienes pueden confirmar o anular las decisiones adoptadas.
Por su parte, Bolívar-Gacitúa (2023) advierte que la colusión en los procesos de contratación pública,
manifestada en la escasa participación de oferentes, atenta contra la libre competencia. En consecuencia, resulta
indispensable analizar las disposiciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a fin de legitimar las sanciones frente a prácticas anticompetitivas.
Además, resalta la importancia de establecer reglas claras sobre publicidad, condiciones de participación y
lineamientos para modificaciones y resoluciones contractuales.
Rojas, R., Rojas, L. & Baylon, E. (2026). Compras públicas sostenibles en América Latina: análisis comparativo y normativo
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Bastos y Vidal Marcílio Pompeu (2023) examinan las adquisiciones públicas de alimentos desde un
enfoque racional y sostenible, alineado con los lineamientos de la Agenda 2030 para erradicar el hambre a nivel
mundial. Subrayan la necesidad de fortalecer los sistemas productivos y aplicar técnicas agrícolas resilientes,
especialmente frente a los desafíos actuales en las contrataciones públicas alimentarias, que afectan la seguridad
alimentaria y el consumo adecuado de productos nutritivos. Para ello, proponen una metodología basada en el
razonamiento inductivo y deductivo, de tipo cualitativo, centrada en el análisis normativo e institucional.
En esta misma línea, Aponte Ríos et al. (2023) analizan la integridad y segmentación en las
contrataciones con el Estado, identificando factores como la inobservancia normativa, la limitada capacidad
técnica de los funcionarios y los actos de corrupción, que derivan en la resolución anticipada de contratos. Frente
a esto, proponen fortalecer las competencias del personal encargado de las contrataciones, para prevenir
conductas ilícitas que afectan la prestación de servicios esenciales a la población.
El Banco Mundial (2022) estima que los gobiernos destinan anualmente cerca de 13 billones de dólares
a contratos públicos, de los cuales, aproximadamente una cuarta parte se pierde por adquisiciones ineficientes.
Estos recursos podrían invertirse en el desarrollo de una economía verde, inclusiva y resiliente. Por ello, se hace
imperativo profesionalizar la gestión de la contratación pública, promover buenas prácticas, y establecer sistemas
continuos de evaluación y verificación que aseguren resultados efectivos y beneficios sociales.
En el caso de Colombia, Vásquez Santamaría (2018) identifica importantes deficiencias en la fase de
planificación contractual, debido a una normativa débil que propicia desviaciones en la conducta de los servidores
públicos. La falta de valoración de la planificación incide negativamente en la ejecución contractual y en el
cumplimiento de los fines del Estado.
En Perú, durante la década de 1990, no existía un sistema consolidado de compras públicas, y las normas
eran insuficientes para garantizar procesos eficientes y transparentes. Fue recién en 1999 cuando se creó un
organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros para supervisar las contrataciones estatales.
Posteriormente, en 2008 se fundó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través
del Decreto Legislativo Nº 1017. En 2014 se promulgó la Ley N.º 30225, la cual ha sido modificada en diversas
ocasiones junto con su reglamento (Carhuancho Mendoza, 2018).
A partir del 22 de abril de 2025, entra en vigor en Perú la Ley N.º 32069, Ley General de las Compras,
orientada a reformar el sistema de contrataciones públicas. Esta norma busca articular, modernizar y simplificar
la cadena de gestión de compras, conforme a las recomendaciones de la OCDE. Desde la etapa preparatoria, se
promueve la valorización del recurso monetario, priorizando la calidad sobre el menor costo, bajo los principios
de economía, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
La Contraloría General de la República (2023) ha documentado múltiples irregularidades y casos de
corrupción en contrataciones públicas, evidenciando prácticas de favoritismo, falta de transparencia y distorsiones
en la asignación de recursos. Estas situaciones han deteriorado la finalidad pública de los contratos,
especialmente en el ámbito de las obras, donde la mala aplicación metodológica genera serias deficiencias. En
este contexto, se hace urgente una reforma integral de la contratación pública basada en una filosofía colaborativa
y con enfoque sostenible, especialmente en sectores como la ingeniería civil y la construcción.
Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es analizar las contrataciones públicas desde el
enfoque de las compras sostenibles y su normalización en el entorno latinoamericano, así como su vinculación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente los objetivos 5, 8 y 12.
Metodología
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con paradigma interpretativo,
orientado al análisis documental. Se aplicó una metodología de revisión sistemática de literatura científica y
normativa, con el propósito de examinar el estado actual de las contrataciones públicas sostenibles en América
Latina y el nivel de avance en su normalización y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La elección del enfoque cualitativo permitió interpretar y comparar, desde una perspectiva crítica, los marcos
normativos, las herramientas técnicas disponibles y los niveles de implementación registrados en los distintos
países de la región.
El proceso metodológico incluyó la recopilación de información proveniente de fuentes primarias y
secundarias, tales como legislación nacional vigente, políticas públicas, manuales institucionales, informes
emitidos por organismos internacionales —como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial—, así como artículos académicos y
estudios especializados en compras públicas sostenibles.
Rojas, R., Rojas, L. & Baylon, E. (2026). Compras públicas sostenibles en América Latina: análisis comparativo y normativo
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A partir de esta información se elaboró una matriz comparativa que permitió sistematizar y analizar cuatro
dimensiones clave: (1) existencia de normativas específicas relacionadas con las compras sostenibles; (2)
herramientas institucionales disponibles y debilidades identificadas en los marcos operativos; (3) nivel de
implementación de las compras públicas sostenibles (CPS); y (4) grado de alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, particularmente los objetivos 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento
económico) y 12 (producción y consumo responsables).
La selección de los países incluidos en el análisis —un total de 23— se basó en su representatividad
regional y en la disponibilidad pública de información normativa y técnica relacionada con las CPS. Cada caso
fue evaluado de forma individual y sistemática, integrando los hallazgos en una tabla resumen que permitió
identificar tendencias comunes, brechas estructurales y buenas prácticas regionales. Esta sistematización
constituye la base para la discusión crítica y la formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento de
las políticas públicas de contratación con enfoque sostenible en América Latina.
Resultados
Como resultado del análisis regional sobre la implementación de las Compras Públicas Sostenibles (CPS)
en América Latina y el Caribe, se elaboró una tabla comparativa que sintetiza la situación de 23 países en relación
con cuatro dimensiones clave: (1) la existencia de normativa en materia de CPS; (2) las herramientas disponibles
y debilidades institucionales identificadas; (3) el nivel de implementación alcanzado; y (4) su alineación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta matriz permitió observar de forma clara y estructurada los
avances, desafíos y vacíos existentes en la región, así como identificar patrones comunes y diferencias
significativas entre los países evaluados. La información contenida en ella constituye un insumo esencial para
formular estrategias de fortalecimiento institucional, cooperación regional y mejora continua en la gestión de las
compras públicas con enfoque sostenible.
Tabla 1
Resultados de la revisión normativa en países Latinoamericanos
N°
País
Criterio según
normativa
Herramientas –
Debilidades
1
Argentina
Adjudicar la oferta
más conveniente, en
precio, calidad,
idoneidad y mejores
condiciones.
Cuenta con Normativa.
Manual Único de
Catalogación
Fichas de recomendación
para contratos sustentables.
Manual de compras
públicas.
2
Bahamas
Generar un programa
especializado en
contrataciones.
No cuenta con Normativa.
Implementó cursos de
formación a funcionarios.
No cuenta con información
pública para conocer la
situación real de las
compras.
3
Belize
Modernizar una
licitación estándar.
Responder las
emergencias sociales.
Busca reducir la
corrupción y mejorar
los servicios públicos.
No cuenta con Normativa.
Carece de manuales.
Ley en proceso de reforma.
Falta de estrategias de
control para minimizar los
costos en las compras.
4
Brasil
Alcanzar un nuevo
estándar en las
adquisiciones con
aplicación progresiva.
Cuenta con Normativa.
Manual de edificaciones,
guías categorizadas por
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niveles, casos de buenas
prácticas.
Establece un nuevo
estándar en adquisiciones.
5
Chile
Valor por Dinero
plasmado en la
legislación.
Cuenta con Normativa.
Convenio Marco.
Sellos sostenibles.
Cuenta con políticas de
compras públicas.
Obstáculo incumplimiento
de las Directivas.
6
Colombia
Servir a la comunidad
y promover la
prosperidad.
Garantizar impactos
sociales y
ambientales.
Cuenta con Normativa.
Plan Acción Nacional de
compras, manuales, guías.
La sostenibilidad no es
contemplada en la
normativa.
Existe barreras sobre los
criterios de sostenibilidad.
7
Costa Rica
Afianzar criterios en
sostenibilidad.
Garantizar la compra
de bienes con
eficiencia energética.
Cuenta con Normativa.
Matriz de evaluación de
cumplimiento de los
proveedores. Fichas
técnicas.
Cuenta con políticas para
implementar patrones
sostenibles.
Falta mecanismos de
monitoreo para medir los
resultados y estimar los
ahorros
8
Ecuador
Las compras públicas
cumplen criterios de
eficiencia con
responsabilidad social
y ambiental.
El mejor valor del
dinero.
Cuenta con Normativa.
Vigencia tecnológica de
acuerdo a los avances del
nivel científico.
No hay mecanismos de
monitoreo y medición.
9
El Salvador
Aplicación de criterios
de sostenibilidad en
las compras.
Competencias de la
Mypes.
Cuenta con Normativa.
Solo cuenta con Manuales
de compras, instructivos,
cartas de entendimiento.
10
Guatemala
Promover el
desarrollo productivo
y económico del país.
Cuenta con Normativa.
No cuenta con manuales, ni
guías ni planes de
capacitación de índole
específico.
No existe reportes de
monitoreos de las
contrataciones sostenibles.
11
Guyana
Incluir criterios de
compras públicas con
visión sostenible.
Cuenta con normativa, pero
carece de dispositivos
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específicos en
sostenibilidad.
No existe datos de
implementación.
12
Haití
La buena gobernanza
y el Desarrollo
Sostenible garantiza
procesos financieros
transparentes.
Cuenta con normativa,
busca mejorar el proceso de
las adquisiciones.
No existe reportes de
instrumentos de
seguimiento.
13
Honduras
Impulsar un cambio
progresivo en la
calidad de vida del
ciudadano.
Cuenta con normativa y a
través de iniciativas busca
fortalecer el sistema de
contratación.
Muestra una etapa
incipiente, no hay estudios
de etiquetas ecológicas.
Marco normativo disperso.
14
Jamaica
Desarrollar políticas
ambientales de
contratación
ecológica.
Busca el
fortalecimiento de las
Mipymes y las
contrataciones
verdes.
Cuenta con Normativa.
No se han identificado
herramientas de carácter
específico.
15
México
Impulsar las compras
con responsabilidad
social.
Cuenta con Normativa.
No se revela la provisión de
manuales en sostenibilidad.
16
Nicaragua
Adoptar patrones en
el consumo que
respeten la integridad
de la tierra para el
buen vivir.
Cuenta con Normativa y
considera el aspecto social.
No cuenta con herramientas
ni sistemas para el
monitoreo.
17
Panamá
Impulsar compras
sostenibles y construir
un sistema que
impulse la
responsabilidad
social.
Cuenta con Normativa.
No cuentan con
herramientas específicas.
18
Paraguay
Implementar el ícono
sostenible.
Impulsar compras por
ítems,
Cuenta con Normativa.
Cuenta con políticas de
sostenibilidad.
Carece de un sistema de
evaluación de cumplimiento.
Uso de catálogo electrónico
y subasta inversa.
19
Perú
Maximizar el valor de
los recursos públicos
y el enfoque por
resultados.
Cuenta con Normativa.
No ha desarrollado
estrategias para la
reducción o el control de
costos.
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Contempla el principio
de sostenibilidad del
medio ambiente.
Efectúa el monitoreo a
través de diversos factores
de evaluación en cuanto a
sostenibilidad.
20
República
Dominicana.
Elevar la calidad del
gasto público y dar
prioridad la dimensión
social.
Cuenta con Normativa.
No existe reportes de
estrategias para el control
de los costos.
21
Suriname
Considera los
principios y criterios
en contratación
sostenible.
No cuenta con Normativa.
No se evidencia análisis de
mercado, así como una
definición de metas,
manuales o guías.
22
Trinidad y
Tobago
Fomenta la
contratación
sostenible.
Cuenta con Normativa.
Cuenta con políticas,
desarrollo de auditorías y
acciones colaborativas
23
Uruguay
Desarrolla criterios
ambientales y
compras sostenibles.
Busca alcanzar un
marco ordenando en
el proceso de
contratación.
Cuenta con Normativa.
Cuenta con políticas
ambientales.
Desarrollar una lógica en el
mercado público.
Capacita a los proveedores
para garantizar la
competencia en las
adquisiciones.
En términos generales, se evidencia un compromiso regional creciente hacia la sostenibilidad en las
contrataciones públicas, aunque persisten notables diferencias en el grado de avance entre los países. Una
primera observación relevante es que la gran mayoría de los países analizados (19 de 23) cuenta con algún tipo
de normativa que regula o incorpora principios de sostenibilidad en sus sistemas de compras. No obstante, existen
excepciones significativas, como Bahamas, Belice, Surinam y Guyana, que aún no han desarrollado un marco
normativo sólido en esta materia. Esta carencia normativa suele coincidir con un bajo nivel de implementación de
CPS y una débil alineación con los ODS.
En cuanto a las herramientas operativas, países como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay presentan
desarrollos más avanzados, incluyendo manuales de catalogación, matrices de evaluación y guías de buenas
prácticas. En contraste, otros países que cuentan con normativa vigente —como México, Jamaica o Panamá—
carecen de dispositivos técnicos específicos que faciliten la implementación práctica de estas políticas. Además,
se identificó una ausencia recurrente de mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que representa una barrera
significativa para medir el impacto de las CPS y estimar beneficios concretos, como ahorros económicos o
mejoras en eficiencia energética.
El análisis también revela que 17 de los 23 países se encuentran en un nivel avanzado de progreso (Nivel
3), lo que indica que, al menos en el diseño institucional, la sostenibilidad está siendo incorporada formalmente.
Solo dos países —Belice y Honduras— presentan un nivel intermedio de implementación, mientras que cuatro —
Bahamas, Guyana, Haití y Surinam— muestran un nivel bajo. Estos últimos no solo carecen de normativas
robustas, sino también de herramientas técnicas, datos públicos y estrategias de capacitación, lo que limita de
forma considerable su capacidad para avanzar en esta materia.
En relación con la alineación con los ODS, los más frecuentemente incorporados en las políticas de CPS
son el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 12 (producción y consumo responsables).
Algunos países han vinculado también sus políticas con el ODS 5 (igualdad de género), como Costa Rica, El
Salvador, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Sin embargo, otros países aún no han logrado
establecer una relación clara entre sus sistemas de compras y los objetivos globales, como es el caso de
Bahamas, Guyana, Haití y Surinam.
En conclusión, América Latina y el Caribe evidencian un compromiso creciente con la implementación de
las compras públicas sostenibles, aunque con notables disparidades entre los países. La mayoría ha dado pasos
Rojas, R., Rojas, L. & Baylon, E. (2026). Compras públicas sostenibles en América Latina: análisis comparativo y normativo
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importantes al incluir principios de sostenibilidad en su normativa y al alinear sus políticas con los ODS. No
obstante, persisten brechas relevantes en la implementación efectiva, especialmente en lo referente a la
disponibilidad de herramientas operativas, estrategias de monitoreo y mecanismos de formación técnica. En este
contexto, el fortalecimiento institucional, la cooperación regional y la sistematización de buenas prácticas se
presentan como elementos clave para cerrar estas brechas y avanzar hacia sistemas de contratación pública más
responsables, inclusivos y eficaces.
Discusión
La gestión de compras representa una fase estratégica que permite alcanzar propósitos políticos y
promover la innovación, al facilitar la provisión de servicios que responden a las necesidades de la ciudadanía
(Ramírez Rodríguez, 2022). En este sentido, los procesos de adquisición deben desarrollarse con una actuación
adecuada, protegiendo los intereses públicos y garantizando la competencia de forma autónoma, para asegurar
un proceso íntegro. La presencia de veedores u observadores se vuelve clave, pues actúan como barrera frente
a conductas no competitivas (López Miño & Valcárcel, 2013).
Según Tornos Mas (2020), toda implementación efectiva de las adquisiciones públicas tiene un impacto
positivo en la calidad de vida de la ciudadanía. El cumplimiento de los acuerdos por ambas partes durante el
período contractual favorece el equilibrio económico. En ese marco, los procedimientos de selección constituyen
una serie de etapas dirigidas a determinar con quién se suscribirá un contrato para la provisión de bienes o
servicios (Menor Llamo & Menor Llamo, 2023).
La contratación pública sostenible permite integrar objetivos sociales y ambientales en las decisiones de
compra, lo que a su vez tiene un efecto positivo en la economía. Este enfoque contempla criterios ecológicos en
la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de minimizar los impactos negativos sobre el ambiente
(Cardoso, 2023).
Carneiro de Araújo y Teixeira (2018) destacan que las adquisiciones sostenibles orientan a una utilización
racional de los recursos, favoreciendo tanto la economía como la preservación de los ecosistemas. En esa misma
línea, Oliveira y Santos (2015) sostienen que es posible contribuir al desarrollo sostenible a través de la
contratación pública. Aunque los avances se dan de manera progresiva, se busca fortalecer modelos enfocados
en la inclusión social, el bienestar, la justicia y la simetría ambiental, elementos clave de una economía solidaria.
Para Paes et al. (2019), la contratación sostenible contribuye a minimizar las emisiones contaminantes y
la generación de residuos, mejora la calidad del aire y del agua, así como las condiciones laborales y la inclusión
de grupos desfavorecidos. Además, promueve el comportamiento ético de los contratistas. Sin embargo, aún
persisten barreras, como la falta de información, las limitaciones financieras y el enfoque tradicional de la
legislación en cuanto a priorizar la propuesta de menor costo. Por ello, se hace necesario garantizar una
competencia adecuada entre proveedores y una evaluación integral del valor en las adquisiciones.
De acuerdo con Prieur et al. (2022), es indispensable evaluar nuevos prototipos y modelos en la
administración pública. Las reformas deben alinearse con la normativa vigente y con los objetivos públicos,
respetando principios de neutralidad y competencia entre los proveedores, y evitando restricciones injustificadas
en los procesos de compra estatales.
Por su parte, Sturmer et al. (2022) afirman que los procesos de contratación obligan a los gestores
públicos a buscar una gobernanza más eficaz sobre el gasto público. Uno de los desafíos más relevantes es la
debilidad en la planificación y el escaso conocimiento técnico en materia de adquisiciones. Frente a ello, se hace
urgente la implementación de programas de formación continua que permitan reducir riesgos, clarificar objetivos
y aplicar políticas sostenibles de manera eficiente.
Ferreira Júnior (2022) subraya que los contratos públicos son instrumentos clave para la promoción e
implementación de políticas públicas. Para lograrlo, es fundamental establecer fases claras que enmarquen los
procedimientos de licitación y contratación, permitiendo así una gestión sistemática y coherente con los objetivos
del desarrollo sostenible.
Asimismo, Urgilés Pineda (2022) señala que Ecuador cuenta con un marco normativo sólido en materia
de contratación pública sostenible, con un enfoque social, económico y ambiental. Gracias a su compromiso con
la mejora continua y la adopción de buenas prácticas, el país ha logrado reconocimientos internacionales,
posicionándose en el cuarto lugar en América Latina, y encaminándose hacia una transición ecológica efectiva.
Del estudio de López Moreno (2020) se desprende que tanto en Colombia como en España se impulsa
la sostenibilidad en la contratación pública, con el objetivo de consolidar políticas responsables orientadas a
reducir los impactos ambientales de la provisión de bienes y servicios. Estas políticas promueven patrones sólidos
de producción y consumo sostenible en la sociedad.
Rojas, R., Rojas, L. & Baylon, E. (2026). Compras públicas sostenibles en América Latina: análisis comparativo y normativo
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De igual forma, Magela et al. (2025) destacan el rol protagónico de Brasil en el escenario internacional,
al haber priorizado la sostenibilidad en su agenda pública y haber promovido conferencias donde se reafirmó el
compromiso mundial con el respeto ambiental. Además, subrayan que la gestión pública brasileña ha
experimentado transformaciones significativas, pasando de un modelo tradicional a uno enfocado en resultados,
con énfasis en la transparencia, la eficiencia y la eficacia en los servicios que brinda al ciudadano. Esta evolución
ha dado lugar a una nueva administración más ágil y orientada al bien común.
Conclusiones
A nivel latinoamericano persiste una notable carencia de normativas actualizadas en materia de compras
públicas que integren de manera efectiva los principios de sostenibilidad. Las implementaciones recientes aún
presentan debilidades importantes y los enfoques ambientales, cuando están presentes, no siempre cuentan con
mecanismos de cumplimiento efectivo. Esto evidencia la necesidad urgente de fortalecer criterios técnicos y
normativos en sostenibilidad, así como de actualizar, en el corto plazo, los marcos regulatorios que rigen los
procesos de adquisición pública. Estas actualizaciones deben enfocarse en cerrar brechas estructurales e
incorporar de manera transversal requisitos sociales y ambientales en todas las etapas del ciclo de compra.
Asimismo, la prevención y sanción efectiva de prácticas colusorias en las contrataciones públicas, junto
con el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, son factores determinantes para garantizar procesos de
compra más eficientes, que contribuyan a la reducción de desigualdades sociales y a la protección del medio
ambiente. En este contexto, es imperativo que los Estados promuevan un uso eficiente de los recursos públicos,
fomentando el ahorro y la transparencia como ejes rectores de la gestión.
Otro aspecto relevante es la necesidad de fomentar una mayor participación de oferentes en los procesos
de contratación, evitando que las licitaciones se declaren desiertas o se generen condiciones que favorezcan a
ciertos postulantes. Para ello, es fundamental revisar las bases de los procesos de compra, asegurando que no
se conviertan en barreras artificiales a la competencia debido a exigencias poco razonables. En consecuencia,
se recomienda implementar mejoras continuas en los procesos de contratación bajo enfoques sostenibles e
inclusivos.
Además, resulta prioritario desarrollar e institucionalizar buenas prácticas en materia de adquisiciones,
tomando como referencia las experiencias exitosas de países que ya han implementado políticas sostenibles.
Esto debe reflejarse en los pliegos de condiciones, términos de referencia y especificaciones técnicas,
considerando criterios de innovación, inclusión social y protección ambiental.
Finalmente, es esencial reconocer que todos los actores del sistema –tanto públicos como privados–
tienen un rol activo en la transformación hacia un modelo de compras públicas sostenibles. Para ello, se requiere
contar con herramientas sólidas, apoyadas en tecnologías emergentes, que permitan enfrentar con eficacia los
desafíos sociales y ambientales contemporáneos. Las compras públicas deben ser vistas no solo como una
herramienta de gestión, sino como una oportunidad estratégica para generar alianzas público-privadas orientadas
al desarrollo sostenible de la región.
Referencias
Aponte Ríos, E, Escobedo, F, Hernández, R, Clavijo-López, R, Calle-Ramírez, X y Saavedra-López, M. (2023).
The principle of integrity and the fragmentation of public procurement. Centro Universitario Curitiba -
UNICURITIBA. https://hdl.handle.net/20.500.13053/9373
Banco Mundial (2022). Una oportunidad oculta de USD 1 billón: Detener el despilfarro en la contratación pública.
https://blogs.worldbank.org/es/voices/una-oportunidad-oculta-de-usd-1-billon-detener-el-despilfarro-en-
la-contratacion-publica.
Bastos, B. C., y Vidal Marcílio Pompeu, G. (2023). Racionalizar as compras públicas para a aquisição de alimentos
conforme a Agenda 2030. A&C - Revista De Direito Administrativo & Constitucional, 23(94), 111-132.
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