2
la equidad para todos los estudiantes; esto motivó a los países de América Latina a comprometerse con metas
inclusivas (UNESCO, 1990).
Particularmente, la educación inclusiva de género viene alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en tanto se procura el impulso de su reconocimiento como un derecho humano esencial, promoviendo una
enseñanza libre de discriminación y orientada a la equidad; es así que entre 2010 y 2020, se reconoció el género
como un derecho humano esencial en la educación a través de la Agenda 2030 y los ODS (UNESCO, 2015), lo
que permitió a los países consolidar su compromiso para ofrecer una educación inclusiva y equitativa, destacando
el respeto a la identidad de género, y abogando por una educación con la que además se empodere a todas las
mujeres y niñas (ONU Mujeres, 2022).
A escala mundial, se ha logrado paridad en la finalización de primaria y primer ciclo de secundaria; sin
embargo, en la media la tendencia se invirtió, ya que los varones completan menos (97 ♂ por 100 ♀), mientras
que en la educación terciaria el patrón se consolida: las mujeres superan a los hombres (114 ♀ / 100 ♂), en tanto
sólo 31 % de quienes investigan profesionalmente son mujeres, lo que evidencia una brecha en la transición de
la formación al campo científico. Por otro lado, el número de niñas y niños fuera de la escuela se mantiene alto
(251 M), lo que subraya la importancia de políticas de acceso y permanencia con enfoque de género.
En América Latina, la educación inclusiva de género ha sido abordada de forma desigual entre los
diferentes países de la región. En el caso de Argentina, la Ley de Educación Sexual Integral (Ministerio de
Educación de Argentina, 2006) cumple una función similar a la Ley de Identidad de Género en Chile (Gobierno
de Chile, 2018), pues establece la obligatoriedad de enseñar sobre género e inclusión en las aulas, además de
permitir a los estudiantes trans cambiar su nombre en los registros escolares, lo que ha favorecido avances en la
inclusión educativa. En países como México y Brasil, la resistencia social y política ha dificultado su
implementación plena, lo que ha perpetuado la violencia de género en las escuelas y la falta de formación docente
en estos temas. En Brasil, aunque el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (2007) incluye
directrices sobre educación de género, su implementación ha sido objeto de controversia y enfrentamientos
políticos, lo que ha provocado la eliminación de referencias a la educación de género en los planes de estudio de
varios estados. Por otra parte, México ha dado algunos pasos hacia la inclusión de género en la educación, con
programas como “Escuelas de Tiempo Completo”, los cuales promueven un ambiente inclusivo y respetuoso; sin
embargo, la discriminación y la violencia de género en las escuelas siguen siendo un problema, y la formación
docente en estos temas continúa siendo insuficiente (Gobierno de México, 2007).
En otros países de la región, como Perú y Uruguay, se han realizado esfuerzos significativos para
promover la educación inclusiva de género. En Perú, el Ministerio de Educación lanzó la “Política Nacional de
Educación Intercultural, Bilingüe e Inclusiva” en 2013, que incluye componentes de equidad de género (UNESCO,
2021). En Uruguay, el Plan Ceibal ha sido un ejemplo de cómo la tecnología puede utilizarse para promover la
inclusión educativa y la equidad de género (UNESCO, 2021).
En el caso de Colombia, con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) se reconoció formalmente
la importancia de incluir a las poblaciones vulnerables y garantizar el respeto hacia los derechos de género en el
ámbito escolar (Congreso de Colombia, 1994). Esto se articula con lo relativo a la convivencia escolar como parte
de la aceptación de género, siendo la Ley 1620 de 2013 la que promovió este aspecto sin discriminación en el
país.
Ahora bien, dentro de los grados de apropiación de los planteles educativos, el Ministerio de Educación
Nacional (MEN, 2018) y el Sistema Nacional de Convivencia Escolar asumieron la tarea de garantizar el respeto
a la diversidad y de gestionar los conflictos de manera pacífica, contribuyendo a ofrecer soluciones a situaciones
y conductas internas que atenten contra el ejercicio de los derechos de la comunidad estudiantil en Colombia.
En los planteles donde se han presentado casos de discriminación por identidad de género, se plantea
además la necesidad de examinar el impacto de la gestión directiva en la implementación de políticas de
educación inclusiva. Investigaciones como la de Martínez y González (2021) identifican las mejores prácticas y
estrategias que los directivos pueden adoptar para promover un ambiente escolar que respete y valore la
diversidad de género, enfatizando la importancia del liderazgo en la transformación cultural de las instituciones
educativas.
Es imperativo subrayar que las instituciones educativas tienen la responsabilidad ineludible de ofrecer el
apoyo necesario a los estudiantes durante su proceso de reafirmación de género, evitando en todo momento
imponer barreras administrativas que dificulten su transición. Además, es crucial que promuevan enfoques
adecuados para abordar la diversidad y resolver cualquier conflicto en la interacción entre docentes, estudiantes
y demás actores de la comunidad educativa de manera imparcial, prestando una atención genuina a las
preocupaciones del estudiantado.