Políticas públicas de inclusión social ante la
discapacidad en Ecuador desde una revisión
sistemática
Public policies for social inclusion in the face of disability in Ecuador from
a systematic review
Recibido: 03/06/2025 - Aceptado: 01/09/2025
Alexis Manuel Perero Panchana
https://orcid.org/0000-0001-7152-8011
apererop@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Piura, Perú
Resumen
El presente estudio analizó las brechas de las políticas públicas de inclusión social para personas con
discapacidad en Ecuador. El objetivo fue identificar dichas políticas dentro del marco legal vigente y evaluar su
efectividad. La metodología se basó en una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA, con búsqueda
en bases de datos académicas como Scopus, Dialnet, SciELO, Google Académico y repositorios institucionales,
mediante el uso de operadores booleanos. Se aplicaron criterios de inclusión relacionados con la pertinencia
temática, la procedencia académica o gubernamental, la publicación en los últimos cinco años, el idioma español
y el acceso completo al documento. Tras el proceso de cribado, se seleccionaron 21 artículos para el análisis en
profundidad. Los resultados evidenciaron avances en los ámbitos educativo (78.5% de estudiantes en educación
regular), de asistencia social (67% con registro social) y laboral (62,298 personas insertadas). No obstante,
persisten desafíos en cuanto a la efectividad y cobertura de las políticas de inclusión.
Palabras clave: políticas públicas, discapacidad, inclusión.
Abstract
This study analyzed gaps in public policies for the social inclusion of persons with disabilities in Ecuador. The
objective was to identify these policies within the current legal framework and evaluate their effectiveness. The
methodology was based on a systematic review following the PRISMA protocol, with searches in academic
databases such as Scopus, Dialnet, SciELO, Google Scholar, and institutional repositories, using Boolean
operators. Inclusion criteria related to thematic relevance, academic or governmental origin, publication in the last
five years, Spanish language, and full access to the document were applied. After the screening process, 21
articles were selected for in-depth analysis. The results showed progress in the areas of education (78.5% of
students in regular education), social assistance (67% with social registration), and employment (62,298 people
integrated into the workforce). However, challenges remain in terms of the effectiveness and coverage of inclusion
policies.
Keywords: public policy, disability, inclusion.
Introducción
Desde la perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad, el presente artículo aborda un
análisis de las políticas públicas, un tema central dentro de la agenda de derechos humanos y desarrollo social
del Ecuador. A lo largo de los años, el país ha formulado un marco normativo sustentado en la Constitución de
2008 y en la Ley Orgánica de Discapacidades, con el objetivo expreso de garantizar la igualdad de oportunidades
y la equiparación de condiciones para este grupo de atención prioritaria. No obstante, pese a estos avances
legislativos, persisten problemáticas estructurales que afectan la efectiva implementación de dichas políticas,
limitando la participación plena de las personas con discapacidad en los ámbitos educativo, laboral y social
(Castro & Amancha, 2023; Ramos et al., 2021).
La discapacidad se entiende como la deficiencia, restricción o limitación que afecta la estructura o función
de una persona y dificulta la ejecución de sus acciones o tareas (Ramos et al., 2021). En esta línea, el artículo 6
de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) define a la persona con discapacidad como aquella cuya capacidad
2
biológica, psicológica o asociativa se encuentra permanentemente restringida debido a deficiencias sensoriales,
físicas o mentales. Según el Manual de Calificación del Ministerio de Salud Pública (2023), se reconocen siete
tipos de discapacidad: física, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual, psicosocial y múltiple. La Autoridad Sanitaria
Nacional es la responsable de realizar el proceso de calificación, gratuito y basado en criterios de irreversibilidad
y máxima mejoría clínica. Una vez acreditada la condición, la persona debe obtener su cédula de identidad con
la constancia del tipo y porcentaje de discapacidad, conforme lo establece la Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos Civiles (Registro Civil–Ecuador, 2018).
Respecto a la situación actual, los datos estadísticos reportados por el Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades (CONADIS, 2022) permiten dimensionar los avances y retos de estas políticas.
Tabla 1
Personas según el tipo de discapacidad
Tipo de discapacidad
Número de personas
Porcentaje
Física
215.156
45,66%
Intelectual
108.957
23,12%
Auditiva
66.538
14,12%
Visual
54.397
11,54%
Psicosocial
29.157
5,55%
Total
471.205
100,00%
Nota: Tomado de Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 – 2025 (p. 46), por CONADIS, 2022.
El análisis se sustenta en un marco teórico compuesto por diversas corrientes que permiten interpretar
los hallazgos desde múltiples dimensiones. En primer lugar, la Teoría del Modelo Social de la Discapacidad
(Ferrante & Ramacciotti, 2021; Ramos et al., 2021) desplaza el foco de la deficiencia individual hacia las barreras
sociales, arquitectónicas y actitudinales que restringen la participación, lo que posibilita evaluar las políticas desde
su capacidad para desmantelar dichas barreras. Este enfoque se complementa con la Teoría de la Política Pública
de Harold Lasswell, que provee un marco procesal para analizar las fases de formulación, implementación y
evaluación de las políticas dirigidas a este grupo. Asimismo, la Teoría del Enfoque de Capacidades de Amartya
Sen enfatiza la ampliación de las libertades reales que las personas poseen para llevar la vida que valoran,
evaluando de esta manera el impacto de las políticas en su calidad de vida y autonomía (Díaz, 2022).
El contexto de esta investigación es el Ecuador del siglo XXI, un país que ha experimentado significativas
transformaciones constitucionales y legales, en las cuales se reconoce su carácter plurinacional y los derechos
de la naturaleza. En este marco, los derechos de las personas con discapacidad han sido elevados a una
categoría de garantía prioritaria. Sin embargo, este andamiaje jurídico progresista contrasta con un contexto social
y económico caracterizado por persistentes desigualdades, barreras actitudinales y limitaciones presupuestarias
que dificultan la materialización efectiva de estos derechos. Demográficamente, la población con discapacidad
presenta una distribución donde el 45.66% corresponde a discapacidad física, seguida de la intelectual (23.12%)
y auditiva (14.12%) (CONADIS, 2022), lo que evidencia la necesidad de diseñar políticas diferenciadas y
específicas.
A partir de este panorama, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales
políticas públicas sobre discapacidad en relación con la inclusión social de este grupo de atención prioritaria en
el Ecuador? En correspondencia, el objetivo del estudio es identificar y analizar las políticas públicas vigentes que
promueven la inclusión social de las personas con discapacidad, evaluando su alcance, aplicación y efectividad
dentro del marco legal ecuatoriano, con el fin de aportar al fortalecimiento de estrategias que garanticen el
ejercicio pleno de sus derechos.
Metodología
El estudio se fundamentó en una revisión sistemática de literatura científica, siguiendo el protocolo
PRISMA. El proceso se desarrolló en fases secuenciales, iniciando con la fase de identificación, en la que se
diseñó una estrategia de búsqueda avanzada mediante operadores booleanos (AND, OR, NOT) y truncamiento
(*), con el fin de obtener resultados precisos y relevantes.
La fórmula de búsqueda empleada fue: ("políticas públicas" OR "ley orgánica de discapacidades") AND
(discapacidad OR "personas con discapacidad") AND ("inclusión social" OR "educación inclusiva" OR "inserción
laboral") AND Ecuador NOT "discapacidad intelectual"*.
3
Las fuentes consultadas incluyeron bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Dialnet,
SciELO y Google Académico, además de repositorios institucionales de universidades ecuatorianas y organismos
gubernamentales, incorporando informes técnicos, normativas legales y documentos de política pública.
En la fase de cribado y selección, se aplicaron los siguientes criterios:
Criterios de inclusión:
CI1: Publicaciones centradas en las variables de estudio.
CI2: Procedencia de fuentes académicas o gubernamentales reconocidas.
CI3: Publicaciones emitidas en los últimos cinco años.
CI4: Publicaciones en idioma español.
Criterios de exclusión:
CE1: Publicaciones no relacionadas con las variables.
CE2: Publicaciones con más de cinco años de antigüedad.
CE3: Publicaciones en idiomas distintos al español.
CE4: Publicaciones sin acceso completo.
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de fases según el modelo PRISMA aplicado durante el
proceso de selección de documentos:
Figura 1
Esquema del procedimiento de selección de publicaciones según modelo PRISMA.
Nota: Elaborado por el autor.
Identificación
Cribado
Elegibilidad
Inclusión
Registros identificados a partir de los descriptores utilizados
Scopus y Dialnet
(n=165)
Registros restantes después de la exclusión de duplicados
(n=147)
Registros cibrados a partir de la revisión de título y abstract
(n=107)
Artículos revisados para su elegibilidad a partir de la revisión
del texto completo
(n=46)
Estudios incluidos para la revisión en profundidad
(n=21)
Registros excluidos
(n=18)
Registros excluidos
(n=61)
Registros excluidos
(n=25)
Registros excluidos
(n=40)
4
Finalmente, como parte del proceso PRISMA, las etapas de identificación, cribado y elegibilidad
condujeron a la inclusión de 21 artículos científicos relacionados con las políticas públicas de inclusión social de
personas con discapacidad en Ecuador, los cuales cumplen con criterios de actualidad, pertinencia temática y
calidad metodológica.
Resultados
Políticas públicas de discapacidades en el Ecuador
Las políticas públicas son acciones de gobierno de interés público que se originan en un proceso de
diagnóstico y análisis de factibilidad, orientadas a la atención de problemas y necesidades de la ciudadanía
(Ramos et al., 2021). El marco constitucional ecuatoriano establece sus bases en el artículo 47, el cual garantiza
políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procura la
equiparación de oportunidades y la integración social (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Este mandato ha
impulsado la creación de un sólido conjunto de regulaciones y herramientas técnicas que concretan dichos
principios y garantizan los derechos de las personas con discapacidad (Sánchez et al., 2022; UNFPA-Ecuador &
FLACSO Ecuador, 2023).
La Ley Orgánica de Discapacidades constituye el pilar legal de este marco. Su objetivo es asegurar la
prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad, garantizando la plena vigencia,
difusión y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, así como en los tratados e instrumentos
internacionales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012).
Autores como Castro y Amancha (2023) y Lasso y Folleco (2022) señalan que la formulación de políticas
públicas en el área social es una propuesta gubernamental clave para remediar la exclusión histórica de este
grupo. La institucionalidad se respalda en el artículo 156 de la Constitución, que atribuye a los Consejos
Nacionales para la Igualdad, entre ellos el CONADIS, la formulación, transversalización, observancia, seguimiento
y evaluación de políticas públicas en la materia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). El marco se operativiza
mediante instrumentos de planificación como la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (ANID)
2021-2025 (CONADIS, 2022), cuyos ejes de política pública se presentan en la siguiente figura:
Figura 2
Ejes de la política pública según la ANID 2021-2025
Nota: Tomado de ANID 2021-2025, por CONADIS, 2023.
Avances de la política pública de inclusión social
Para examinar el aporte de las políticas públicas en la calidad de vida de las personas con discapacidad,
se analizaron tres dimensiones principales: educación, asistencia social y empleo.
Salud.
Educación y
formación a lo
largo de la vida.
Protección integral
y seguridad social.
Accesibilidad
movilidad y
vivienda.
Acceso a la
justicia y vida libre
de violencia.
Trabajo y empleo.
Acceso a la
información,
desarrollo
tecnológico e
innovación.
Fomento a la
participación
ciudadana, política
y social.
Situaciones de
riesgo,
emergencias
humanitarias y
movilidad humana.
Turismo, Cultura y
Deporte.
Sensibilización y
toma de
conciencia.
Comunicación
incluyente.
5
a. Educación
La educación inclusiva refleja un cambio en la percepción social sobre cómo abordar las necesidades de
los estudiantes con requerimientos educativos especiales (González & Sarango, 2024). Este principio está
respaldado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que en su artículo 47 obliga al Estado a
implementar mecanismos que fortalezcan lo afectivo, cognitivo y psicomotriz, garantizando la inclusión en
establecimientos educativos regulares (Ministerio de Educación, 2015).
La implementación de este mandato se respalda en herramientas como la Guía de Estrategias
Pedagógicas del Ministerio de Educación (2013), la cual establece que la adaptación del ambiente de aula
beneficia no solo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino también a toda la comunidad
educativa, fomentando la cooperación y el apoyo entre pares (Fernández & Fernández, 2022; Arcos et al., 2023).
Tabla 2
Estudiantes por discapacidad por tipo de educación
Población
Número de personas
Porcentaje
Educación especial
9.144
19,21%
Educación regular
37.367
78,50%
Popular permanente
1.092
2,29%
Total
47.603
100,00%
Nota: Tomado de Estadística de discapacidades, por CONADIS y MINEDUC, 2021.
Los datos oficiales reflejan estos esfuerzos: de un total de 47,603 estudiantes con discapacidad, el
78,50% se encuentra matriculado en instituciones de educación regular, el 19,21% en educación especial y el
2,29% en educación popular permanente.
b. Asistencia social
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es responsable de formular políticas que
fortalezcan la inclusión integral de las personas con discapacidad y sus familias, considerando criterios de
pobreza, vulnerabilidad y pobreza extrema (UNFPA-Ecuador & FLACSO Ecuador, 2023; Arteaga Ureta et al.,
2021).
Una de sus intervenciones más relevantes son las transferencias monetarias no contributivas, que, de
acuerdo con el Registro Social, se entregan mediante bonos y pensiones para garantizar condiciones mínimas
de bienestar (MIES, 2020; Zambrano et al., 2022). Estos beneficios económicos permiten acceder a servicios
esenciales como salud, alimentación, medicamentos, rehabilitación y transporte, e incluso funcionan como
garantía para créditos de desarrollo humano orientados a emprendimientos (Analuisa et al., 2020).
La cobertura de estos programas se evidencia en los datos del Registro Social: de un total de 471,205
personas con discapacidad, el 67% (314,027) cuenta con registro social, mientras que el 33% (157,178)
permanece fuera de este sistema (CONADIS, 2022).
Tabla 3
Personas con discapacidad con registro social
Población
Número de personas
Porcentaje
Con Registro Social
314.027
67%
Sin Registro Social
157.178
33%
Total
471.205
100%
Nota: Tomado de Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 – 2025 (p. 46), por CONADIS, 2022.
Entre los beneficiarios directos de las transferencias se contabilizan 158,892 personas que reciben distintos
tipos de bonos y pensiones. La Pensión Toda Una Vida es la de mayor cobertura (49,97%), seguida del Bono
Joaquín Gallegos Lara (25,89%), dirigido específicamente a personas con discapacidad grave (CONADIS &
MIES, 2023).
6
Tabla 4
Usuarios con discapacidad de bonos y pensiones
Población
No. de personas
Porcentaje
Pensión Toda Una Vida
79.405
49,97%
Bono Joaquín Gallegos Lara
41.135
25,89%
Pensión Mis Mejores Años
31.272
19,68%
Bono de Desarrollo Humano
3.514
2,21%
Pensión para Personas con Discapacidad
1.894
1,19%
Bono de Desarrollo Humano Componente Variable
809
0,51%
Pensión para Adultos Mayores
767
0,48%
Bono 1000 días
96
0,06%
Total
158.892
100%
Nota: Tomado de Estadística de discapacidades, por CONADIS y MIES, 2023.
c. Empleo
La inserción laboral constituye un componente esencial para mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad y sus familias, ya que fomenta el trabajo productivo y contribuye al desarrollo del país
(Moreno & Caisachana, 2021). El derecho al trabajo está protegido por políticas constitucionales, leyes y
normativas que garantizan la inclusión laboral, aunque persisten limitaciones relacionadas con el
desconocimiento de empleadores en empresas públicas y privadas (Zambrano et al., 2022).
La Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 46, establece que el CONADIS, en conjunto con la
autoridad nacional de relaciones laborales, es responsable de formular políticas de inclusión y estabilidad laboral
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012). Entre sus instrumentos más relevantes destaca la cuota de empleo del
4%, prevista en el artículo 47 de la LOD, que obliga a empresas públicas y privadas con al menos 25 trabajadores
a contratar personas con discapacidad (CONADIS, 2022). Asimismo, el artículo 51 garantiza estabilidad laboral
reforzada, otorgando una indemnización por despido injustificado equivalente a dieciocho meses de la mejor
remuneración (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012).
La literatura resalta que la contratación de personas con discapacidad debe considerarse una ventaja
estratégica, pues fortalece la imagen corporativa mediante la diversidad de talento y se fundamenta en las
capacidades y habilidades de los colaboradores (Analuisa et al., 2020).
En cuanto a datos estadísticos, se registran 62,298 personas con discapacidad activas laboralmente,
distribuidas en un 65% hombres y un 35% mujeres (CONADIS, 2022). La siguiente tabla detalla la inserción
laboral por género a nivel nacional:
Tabla 5
Personas con discapacidad activas laboralmente por género
Género
Número de personas
Porcentaje
Femenino
21.556
35%
Masculino
40.742
65%
Total
62.298
100%
Nota: Tomado de Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 – 2025 (p. 46), por CONADIS, 2022.
Discusión
El análisis de los artículos seleccionados evidencia que la mayoría de los autores coinciden en que
Ecuador ha experimentado avances significativos en materia de inclusión social de las personas con
discapacidad. Estos progresos se reflejan en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Discapacidades
y sus reglamentos, la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (ANID), así como en diversos
acuerdos ministeriales, guías y manuales que orientan las políticas en ejes como educación, empleo y protección
social. No obstante, se reconoce la necesidad de fortalecer la planificación, la asignación de recursos y los
mecanismos de evaluación de programas y proyectos, a fin de garantizar su efectividad en la mejora de la calidad
de vida de este grupo de atención prioritaria.
En el ámbito educativo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece la obligación de
adaptar mecanismos pedagógicos que permitan atender las necesidades de estudiantes con discapacidad, ya
7
sea en educación regular o especializada. Asimismo, se promueve la formación docente mediante capacitaciones
de sensibilización y guías de trabajo, así como la implementación de estrategias de comunicación y evaluación
que brinden múltiples alternativas para demostrar aprendizajes. Los autores destacan la necesidad de
reestructurar las estrategias de inclusión para que se ajusten a los procesos educativos contemporáneos,
involucrando activamente a docentes, estudiantes y familias en la construcción de aulas inclusivas que favorezcan
el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
En el campo de la protección social, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) desempeña un
rol central mediante programas sustentados en la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades y acuerdos
ministeriales. Entre sus acciones se incluyen las transferencias monetarias no contributivas, la rehabilitación
física, sensorial y psicológica, así como la promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas
adaptadas. Estos programas se ejecutan en coordinación con otras instituciones del Estado y la sociedad civil, y
han generado beneficios socioeconómicos que facilitan el acceso a servicios de salud, educación y bienestar. Sin
embargo, la creciente población con discapacidad en Ecuador plantea la necesidad de ampliar la cobertura de
los programas, a fin de garantizar un acceso más equitativo y sostenido.
En cuanto al ámbito laboral, las acciones se sustentan en la Ley Orgánica de Discapacidades junto con
normativas como la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Empresas
Públicas. Estas leyes han promovido la inclusión laboral obligatoria en empresas públicas y privadas con más de
25 trabajadores, la estabilidad laboral reforzada, la adaptación de puestos de trabajo, los programas de formación
continua y las inspecciones laborales. A pesar de estos avances, persisten desafíos en la aplicación práctica de
estas medidas, ya que se requiere diseñar estrategias más efectivas que fortalezcan la empleabilidad y la
permanencia laboral de las personas con discapacidad.
En este sentido, los autores sugieren que la inserción laboral debe ser asumida por el sector empresarial
no solo como un cumplimiento legal, sino como parte de su responsabilidad social corporativa. Ello implica
reconocer las habilidades y competencias de las personas con discapacidad, promover espacios inclusivos
mediante charlas de sensibilización, adecuar infraestructuras y garantizar el cumplimiento efectivo de la cuota de
contratación establecida en la normativa vigente.
Conclusiones
La revisión realizada sobre las políticas públicas de inclusión social para personas con discapacidad en
Ecuador evidencia avances significativos orientados a la construcción de una sociedad más inclusiva. La
legislación nacional ha promovido el reconocimiento de derechos mediante leyes, ordenanzas y reglamentos que
fortalecen la política pública en distintos niveles de gobierno.
No obstante, persisten desafíos que limitan la participación plena de las personas con discapacidad, entre
ellos factores tecnológicos, demográficos, económicos, culturales, laborales y arquitectónicos, los cuales
requieren programas y proyectos sustentados en principios de desarrollo sostenible.
En el ámbito educativo, se han formulado leyes y guías que facilitan la aplicación de estrategias de
enseñanza-aprendizaje inclusivas, así como evaluaciones adaptadas al tipo de discapacidad. Estas acciones se
respaldan en las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión del Ministerio de Educación, que brindan soporte
técnico.
En cuanto a la asistencia social, el Estado ha implementado programas como atención en el hogar,
centros de atención integral y transferencias monetarias, ejecutados a través del Ministerio de Inclusión
Económica y Social en coordinación con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones privadas.
En el ámbito laboral, normativas como la Ley Orgánica de Discapacidades, el Código de Trabajo y la Ley
Orgánica de Servicio Público han impulsado la inclusión mediante la contratación obligatoria del 4% en empresas
con más de 25 trabajadores, además de garantizar estabilidad laboral, indemnización por despido injustificado y
otras protecciones. El Ministerio de Trabajo supervisa su cumplimiento a través de inspecciones periódicas.
En síntesis, los resultados permiten concluir que Ecuador ha mostrado avances normativos y de gestión
en educación, protección social y empleo, aunque aún enfrenta brechas en cobertura y efectividad. Esta situación
exige fortalecer las políticas públicas y orientar nuevas investigaciones académicas que identifiquen necesidades
específicas y permitan optimizar los servicios destinados a este grupo de atención prioritaria.
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