Gestión del riesgo de desastres y formación de
competencias en prevención: revisión sistemática de
políticas públicas en países andinos
Disaster risk management and capacity building in prevention: systematic
review of public policies in Andean countries
Recibido: 01/10/2025 - Aceptado: 25/09/2025
Lisbeth Roxana Becerra Saguma
https://orcid.org/0000-0003-2601-8738
lbecerras@regionlalibertad.gob.pe
Universidad César Vallejo. La Libertad, Perú
Luis Alejandro Esquivel Castillo
https://orcid.org/0000-0003-2665-497X
laesquivele@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. La Libertad, Perú
Martin Felipe Castro Velásquez
https://orcid.org/0000-0002-9106-5349
mcastrove@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. La Libertad, Perú
Resumen
La gestión del riesgo de desastres (GRD) se ha consolidado como una prioridad global y regional, especialmente
en los países andinos expuestos a amenazas geológicas y climáticas. Este artículo analiza las políticas públicas
orientadas a la prevención e identifica enfoques, brechas y oportunidades para fortalecer las competencias
técnicas, institucionales y comunitarias frente a los desastres. El estudio adopta un enfoque cualitativo, basado
en una revisión sistemática bajo el protocolo PRISMA, centrada en políticas públicas sobre gestión del riesgo y
formación de competencias en países andinos. Se revisaron 842 registros procedentes de Scopus, Web of
Science y SciELO; tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 25 estudios para el análisis.
Los hallazgos muestran que las políticas de gestión del riesgo en la región priorizan la reducción de la
vulnerabilidad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante marcos normativos, coordinación
interinstitucional, participación comunitaria y cooperación internacional. La formación en prevención articula
educación y acción comunitaria, logrando avances técnicos y operativos cuya sostenibilidad depende de la
inversión y de la estabilidad institucional. Se concluye que las políticas de gestión del riesgo en los países andinos
enfrentan brechas normativas, limitaciones presupuestarias, déficit de personal técnico y una coordinación
interinstitucional discontinua. Además, la participación comunitaria resulta insuficiente y la evaluación carece de
indicadores claros. Superar estas limitaciones requiere marcos integrados, financiamiento estable, monitoreo
permanente y un mayor fortalecimiento técnico e institucional.
Palabras clave: gestión, prevención, políticas.
Abstract
Disaster risk management (DRM) has become a global and regional priority, especially in Andean countries
exposed to geological and climatic hazards. This article analyzes public policies aimed at prevention and identifies
approaches, gaps, and opportunities to strengthen technical, institutional, and community capacities in the face of
disasters. The study adopts a qualitative approach, based on a systematic review under the PRISMA protocol,
focusing on public policies on risk management and skills training in Andean countries. A total of 842 records from
Scopus, Web of Science, and SciELO were reviewed; after applying the inclusion and exclusion criteria, 25 studies
were selected for analysis. The findings show that risk management policies in the region prioritize vulnerability
reduction and institutional capacity building through regulatory frameworks, inter-institutional coordination,
community participation, and international cooperation. Prevention training combines education and community
action, achieving technical and operational advances whose sustainability depends on investment and institutional
stability. It is concluded that risk management policies in Andean countries face regulatory gaps, budgetary
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constraints, a shortage of technical personnel, and inconsistent inter-institutional coordination. In addition,
community participation is insufficient and evaluation lacks clear indicators. Overcoming these limitations requires
integrated frameworks, stable financing, ongoing monitoring, and greater technical and institutional strengthening.
Keywords: management, prevention, policies.
Introducción
En las últimas décadas, la gestión del riesgo de desastres (GRD) se ha posicionado como un eje
estratégico en las políticas globales de desarrollo sostenible (Sawaneh & Fan, 2021). En este contexto,
organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han promovido marcos normativos, entre ellos el
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Imperiale & Vanclay, 2022), a partir de
los cuales los Estados han incorporado objetivos orientados a fortalecer la prevención, la preparación y la
respuesta. Este enfoque abarca no solo el desarrollo de infraestructura y tecnología, sino también la formación
de competencias técnicas, institucionales y comunitarias, así como la implementación de acciones destinadas a
anticipar y mitigar los impactos de los eventos adversos.
En el plano regional, América Latina enfrenta retos estructurales asociados a su diversidad geográfica y
climática (Cavazos et al., 2024). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha identificado
que la urbanización no planificada, las desigualdades sociales y la creciente exposición de la población a eventos
extremos han incrementado las pérdidas humanas y económicas (Moulds et al., 2021). En respuesta, diversos
países han diseñado políticas públicas y marcos legales para la GRD, incorporando enfoques que vinculan la
gestión territorial, la educación, la salud y el medioambiente.
En los países andinos —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—, la GRD se desarrolla en un contexto de
amenazas geológicas y climáticas combinadas con desigualdades socioeconómicas y capacidades
institucionales heterogéneas. Este escenario ha condicionado la efectividad de las políticas nacionales (Núñez-
Naranjo et al., 2025). A su vez, la región presenta una elevada sismicidad y presencia de zonas volcánicas activas,
además de registrar de manera recurrente deslizamientos e inundaciones. Si bien estos países han formulado
planes y marcos normativos nacionales, persisten brechas en la formación de competencias en prevención, tanto
en el sistema educativo como en el ámbito comunitario (Carrillo-Maldonado & Díaz-Cassou, 2023).
La literatura académica señala que la formación de competencias en prevención constituye un
componente esencial de la GRD. Asimismo, los estudios comparativos evidencian que las comunidades que
desarrollan capacidades técnicas e institucionales logran reducir los daños humanos y materiales durante eventos
adversos (Chen et al., 2023; Saputra et al., 2025). Investigaciones realizadas en Asia y América Latina destacan
que la capacitación en protocolos de evacuación, el acceso a información de alertas tempranas y la organización
comunitaria fortalecen la respuesta y la recuperación (Perera et al., 2020; Yore & Walker, 2021). De igual modo,
la integración de contenidos de GRD en los programas escolares y de educación superior facilita la apropiación
de conocimientos y promueve la participación en acciones preventivas.
Otros estudios subrayan que las políticas públicas orientadas a la formación en prevención presentan
mejores resultados cuando articulan a instituciones del sector educativo, organismos de protección civil y
gobiernos locales, y cuando incluyen mecanismos de seguimiento y evaluación (Russo & Rindone, 2024). No
obstante, la evidencia también advierte que, en ausencia de coordinación interinstitucional y de financiamiento
sostenido, las acciones de capacitación tienden a dispersarse y perder continuidad. En el caso de América Latina,
revisiones sistemáticas previas han mostrado que las intervenciones más exitosas combinan inversiones en
infraestructura, programas educativos y fortalecimiento comunitario. Esto sugiere que la efectividad de la GRD
depende de un enfoque integral que articule recursos técnicos, normativos y sociales (Guerrero et al., 2024).
A partir de este panorama, la presente revisión sistemática tiene como propósito identificar, analizar y
sintetizar las políticas públicas orientadas a la GRD y a la formación de competencias en prevención en los países
andinos. Asimismo, busca aportar evidencia que contribuya a optimizar el diseño y la ejecución de dichas políticas,
reconociendo estrategias efectivas, identificando brechas y formulando recomendaciones orientadas a reducir
pérdidas humanas y materiales.
La relevancia de este estudio radica en que los países andinos comparten características geográficas y
sociales que requieren soluciones adaptadas a su realidad. Este análisis también abre oportunidades para la
cooperación regional y el intercambio de prácticas. En esta línea, la sistematización de la información aportará
insumos útiles para los responsables de políticas públicas, así como para investigadores y actores comunitarios
que trabajan en la reducción del riesgo de desastres. En este marco, el objetivo general de la investigación es
analizar, mediante una revisión sistemática, las políticas públicas sobre GRD y formación de competencias en
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prevención en los países andinos, con el fin de determinar enfoques, logros, limitaciones y oportunidades para el
fortalecimiento de dichas políticas.
Metodología
La investigación adoptó un enfoque cualitativo orientado al análisis de políticas públicas sobre gestión del
riesgo de desastres (GRD) y formación de competencias en prevención en los países andinos. Este enfoque
permitió examinar de manera conjunta el contenido de documentos académicos y fuentes oficiales; asimismo,
facilitó la identificación de patrones, vacíos y oportunidades. A la vez, posibilitó la interpretación de las estrategias
y acciones descritas en los estudios seleccionados y favoreció la comprensión de su aplicación en distintos
contextos nacionales.
La técnica empleada fue la revisión sistemática, mediante procedimientos secuenciales que incluyeron la
búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información. El proceso se desarrolló conforme a las pautas del
protocolo PRISMA, lo cual aseguró rigor metodológico en cada etapa. En consecuencia, la revisión incorporó la
identificación de fuentes, la depuración de registros, la evaluación de calidad y la extracción de datos relevantes;
además, garantizó que el análisis se sustentara en evidencia verificable.
Las ecuaciones de búsqueda se construyeron con términos clave combinados mediante operadores
booleanos y se ajustaron a la estructura de cada base de datos. En Scopus se utilizó la fórmula: ("disaster risk
management" OR "risk reduction") AND ("competence" OR "skills" OR "capacity building") AND ("Andean
countries" OR "Bolivia" OR "Colombia" OR "Ecuador" OR "Peru"). En Web of Science se aplicó la ecuación:
("gestión del riesgo de desastres" OR "reducción del riesgo") AND ("competencias" OR "capacidades") AND
("países andinos" OR "Bolivia" OR "Colombia" OR "Ecuador" OR "Perú"). Finalmente, en SciELO se realizó una
búsqueda con los mismos términos en español, verificando que los resultados se relacionaran de manera directa
con el objetivo del estudio.
Los criterios de inclusión contemplaron artículos publicados entre 2020 y 2025, con disponibilidad de texto
completo, relación directa con la GRD y la formación de competencias, y con un enfoque en países andinos. Los
criterios de exclusión abarcaron documentos sin acceso abierto, publicaciones sin revisión por pares, estudios de
otras regiones y trabajos con metodologías no vinculadas a políticas públicas. Asimismo, se descartaron
duplicados y registros con información incompleta, con el fin de reducir el volumen de documentos no pertinentes
para el análisis.
El diagrama PRISMA mostró que, en la fase de identificación, se recuperaron 842 registros procedentes
de Scopus (n = 412), Web of Science (n = 287) y SciELO (n = 143). Durante la depuración inicial, se eliminaron
218 registros duplicados, sin que se registraran exclusiones por automatización ni por otras razones, quedando
624 para el cribado. En esta etapa, se excluyeron 559 por no cumplir con los criterios establecidos, por lo que se
consideraron 65 para su recuperación. De estos, cinco no fueron recuperados, quedando 60 informes para la
evaluación de elegibilidad. En esta última fase, se excluyeron 20 por la razón 1, 10 por la razón 2 y cinco por la
razón 3. Finalmente, se incorporaron 25 estudios a la revisión, los cuales constituyeron la base para el análisis
cualitativo y permitieron abarcar la diversidad temática y geográfica de la producción académica sobre el te
Figura 1. Flujo Prisma
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Resultados y discusión
Enfoques predominantes en las políticas públicas de gestión del riesgo de desastres en países andinos
La revisión sistemática de las políticas públicas de gestión del riesgo de desastres (GRD) en los países
andinos muestra una orientación sostenida hacia la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno (Greiving et al., 2021). Este doble propósito se refleja
en la incorporación de la GRD como un eje transversal de la planificación del desarrollo, integrando acciones de
prevención, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en los planes nacionales y subnacionales
(Camacho, 2025). Asimismo, los marcos normativos se han adaptado para garantizar la continuidad operativa de
las instituciones frente a emergencias, estableciendo criterios técnicos que guían la formulación de planes
sectoriales y programas específicos.
Un rasgo distintivo de estos enfoques es la existencia de instrumentos de planificación que articulan los
niveles nacional, regional y local, acompañados por mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional
entre ministerios, gobiernos subnacionales, organismos especializados y entidades de respuesta (Córdova et al.,
2023). Este entramado institucional incorpora también la participación del sector privado, organizaciones de la
sociedad civil y redes comunitarias, que contribuyen en la identificación de riesgos, la gestión de información y la
ejecución de medidas preventivas (Marcillo-Delgado et al., 2021). De manera complementaria, varios países han
desarrollado plataformas digitales y sistemas de alerta temprana que permiten anticipar amenazas, reducir la
incertidumbre y mejorar la toma de decisiones en contextos de riesgo (Escobar-Rey et al., 2025).
La influencia de organismos internacionales ha sido determinante en la configuración de estas políticas,
incentivando la adopción de estándares técnicos y metodologías de evaluación que alinean los marcos nacionales
con referencias globales como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres (Cabral-Ramírez
et al., 2025). Este alineamiento no solo establece indicadores para el seguimiento y evaluación de avances, sino
que también orienta ajustes periódicos en las estrategias implementadas. Además, los acuerdos de cooperación
técnica y financiera han posibilitado la modernización de infraestructuras estratégicas, la capacitación de personal
especializado y la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional (Dupuits et al., 2022).
En este contexto, la participación comunitaria se consolida como un componente esencial para la
sostenibilidad de las políticas. La integración de actores locales en los procesos decisorios incrementa la
capacidad de respuesta y fomenta la apropiación social de las medidas adoptadas (Gómez, 2024). De manera
paralela, se han impulsado estrategias de educación formal y no formal, así como campañas de difusión que
transmiten conocimientos prácticos para actuar en emergencias (Salvioni, 2023). Algunas experiencias incluso
vinculan la GRD con la conservación de ecosistemas y la ordenación territorial, contribuyendo a reducir la
exposición a amenazas recurrentes (Agudelo et al., 2020).
En síntesis, los países andinos han configurado un marco de acción que integra la dimensión normativa,
la planificación operativa y la articulación social, apoyado en la cooperación internacional y en el desarrollo de
capacidades internas. No obstante, las diferencias en modelos de gobernanza, prioridades nacionales y
disponibilidad de recursos influyen en la velocidad y profundidad de la implementación, lo que genera resultados
heterogéneos en la región.
Estrategias para la formación de competencias en prevención en el ámbito educativo y comunitario
Las estrategias de formación de competencias en prevención, tanto en entornos educativos como
comunitarios, han evolucionado en los países andinos como un componente estructural de la GRD, articulándose
de manera directa con las políticas nacionales y subnacionales (Bronfman et al., 2024). Este enfoque reconoce
que la reducción de vulnerabilidades y la mejora de la capacidad de respuesta dependen no solo de la
infraestructura o de la tecnología, sino también del nivel de preparación y conocimiento que poseen las personas,
familias y comunidades.
En el plano normativo, varios países han establecido la obligatoriedad de incorporar contenidos de GRD
en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la universitaria, así como en programas de
capacitación técnica y comunitaria (Espinoza-Molina et al., 2022). Estos contenidos abordan de manera
progresiva y adaptada a cada contexto la identificación de amenazas, el análisis de vulnerabilidades, el uso de
herramientas de monitoreo y la formulación de planes de actuación ante emergencias. El conocimiento no se
limita a aspectos teóricos, sino que se vincula con prácticas concretas como simulacros de evacuación, ejercicios
de primeros auxilios, planes familiares de emergencia y uso de rutas seguras.
La coordinación interinstitucional resulta clave para garantizar que los contenidos educativos tengan una
aplicación práctica. Las autoridades escolares colaboran con organismos especializados —como servicios
meteorológicos, institutos geológicos y oficinas nacionales de defensa civil— en la elaboración de materiales
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pedagógicos actualizados, guías de actuación y protocolos adaptados a cada localidad. Esta labor conjunta
también ha permitido capacitar a docentes como multiplicadores de conocimiento en la comunidad escolar,
generando un efecto de extensión hacia las familias y barrios donde residen los estudiantes.
En el ámbito comunitario, las estrategias adoptan un enfoque participativo. Talleres de capacitación,
jornadas de sensibilización y ejercicios de preparación involucran directamente a líderes vecinales, asociaciones
comunales y colectivos ciudadanos (Smith et al., 2022). Estas actividades transmiten conocimientos técnicos y
fortalecen el tejido social mediante la organización barrial y la construcción de redes de apoyo mutuo. En varios
casos, se han creado brigadas comunitarias con entrenamiento en evaluación de daños, control básico de
incendios, evacuación y gestión de refugios temporales, las cuales constituyen un recurso vital en contextos
donde la respuesta institucional es limitada o tardía.
La comunicación pública también constituye un eje estratégico. Las campañas masivas, difundidas por
medios tradicionales y redes sociales, han buscado reforzar conductas preventivas y promover una cultura de
autoprotección. Estas campañas se han diseñado con un enfoque inclusivo, incorporando lenguas originarias y
formatos accesibles para personas con discapacidad, con el fin de garantizar que el mensaje llegue a toda la
población.
Los procesos de formación incluyen mecanismos de evaluación continua que permiten medir no solo el
dominio conceptual, sino también la adquisición de habilidades prácticas y la disposición para actuar en
situaciones de emergencia (Fazeli et al., 2024). Estos diagnósticos han facilitado el ajuste de metodologías y el
refuerzo de contenidos específicos, lo que asegura la pertinencia y efectividad de las acciones (Ramadoan et al.,
2023). La evidencia muestra que, cuando estas estrategias se sostienen en el tiempo y se acompañan de políticas
públicas coherentes, generan resultados tangibles en la reducción del riesgo y en la capacidad de recuperación
posterior a un desastre (Paci-Green et al., 2020; Rodríguez-Rivero et al., 2020).
En conclusión, la formación de competencias en prevención constituye una inversión social de largo plazo
que fortalece la resiliencia comunitaria y contribuye a la eficacia de las políticas de GRD. Su éxito depende de la
articulación continua entre los sistemas educativos, las instituciones de protección civil, las comunidades y los
medios de comunicación, así como de la voluntad política para sostener la inversión y la actualización permanente
de los programas.
Logros alcanzados en la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de capacidades
Los logros alcanzados en la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de capacidades en la GRD
en los países andinos se sustentan en tres pilares interrelacionados: el fortalecimiento normativo e institucional,
la mejora de la capacidad técnica y operativa, y la consolidación de la cooperación nacional e internacional
(Waked & Jaime, 2025; Zeballos-Velarde et al., 2023).
En primer lugar, la creación y actualización de marcos normativos han permitido regular de forma más
clara las responsabilidades institucionales, establecer protocolos estandarizados y definir líneas de acción
obligatorias en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo. Esto ha dado lugar a sistemas nacionales y
subnacionales que coordinan acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación, evitando la
fragmentación de esfuerzos y asegurando una respuesta más coherente y rápida (Lima et al., 2020).
En segundo lugar, la capacitación masiva de funcionarios públicos, profesionales de sectores clave,
organizaciones comunitarias y empresas privadas ha elevado significativamente la capacidad técnica para
identificar amenazas, evaluar vulnerabilidades y diseñar planes de actuación (Kuhlmann et al., 2024; Lucatello &
Alcántara-Ayala, 2024). Este fortalecimiento del capital humano se ha complementado con la instalación de
sistemas de alerta temprana en zonas de alto riesgo, reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando la
efectividad de las medidas preventivas (Thuro et al., 2020).
En tercer lugar, la cooperación internacional ha sido determinante para financiar proyectos de
modernización de infraestructuras críticas, ampliar y mejorar redes de comunicación, y optimizar la logística para
la atención de desastres (Calvo, 2023). A nivel regional, la colaboración entre países andinos ha permitido
desarrollar protocolos conjuntos para la atención de emergencias transfronterizas, crear equipos de respuesta
rápida y compartir tecnología y conocimientos especializados (Mesquita et al., 2025).
Finalmente, la participación ciudadana ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse
en un factor estratégico. Experiencias en varios países evidencian que la implicación activa de comunidades
organizadas mejora la eficacia de las políticas y asegura una implementación más adaptada a las realidades
locales.
En síntesis, los logros alcanzados no son resultado de acciones aisladas, sino de la interacción constante
entre políticas públicas, recursos técnicos, capital humano capacitado y participación social activa. No obstante,
su sostenibilidad requiere mantener la inversión pública, reforzar las estructuras de coordinación y garantizar la
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estabilidad institucional. Solo así los países andinos podrán consolidar las capacidades desarrolladas y asegurar
que las mejoras alcanzadas se conviertan en una base permanente para la resiliencia regional.
Conclusiones
Las políticas de gestión del riesgo de desastres en los países andinos presentan limitaciones que afectan
su efectividad. Se evidencian brechas normativas y ausencia de armonización entre los marcos legales nacionales
y locales, lo que genera una baja adaptación de las políticas a las realidades territoriales y, al mismo tiempo,
diferencias en las capacidades institucionales entre regiones. Asimismo, las restricciones presupuestarias y la
dependencia de asignaciones extraordinarias condicionan la continuidad de las intervenciones, mientras que la
falta de personal técnico especializado retrasa las acciones de prevención y reduce la eficacia de la respuesta.
La coordinación interinstitucional no se mantiene de manera sostenida, y la cooperación entre entidades
suele activarse de forma esporádica. Aun cuando la participación comunitaria está reconocida en los marcos
normativos, esta no siempre se traduce en procesos inclusivos ni garantiza el acceso suficiente a información que
permita intervenir en la planificación y ejecución de medidas. De igual forma, la evaluación de políticas carece de
indicadores claros y de datos actualizados, lo cual dificulta medir resultados con precisión, identificar fallas y
proponer mejoras.
Por otra parte, la ausencia de información sistematizada sobre impactos y costos limita la comparación
entre regiones y restringe la formulación de planes basados en evidencia. Estas limitaciones se asocian a la falta
de continuidad política, la fragmentación institucional y la dependencia de recursos externos. Superarlas requiere
fortalecer la gobernanza, garantizar la estabilidad de la inversión y consolidar sistemas permanentes de monitoreo
y evaluación.
En este sentido, los tomadores de decisiones deben impulsar marcos normativos integrados que articulen
los niveles nacional y local, asegurando una planificación estratégica respaldada por financiamiento estable.
Asimismo, resulta necesario incrementar la disponibilidad de personal técnico, mantener la coordinación
interinstitucional de manera continua y establecer mecanismos de participación comunitaria con acceso oportuno
y suficiente a información relevante. Finalmente, la definición de indicadores precisos y la actualización constante
de datos permitirá evaluar resultados, ajustar intervenciones y adecuar las políticas a las condiciones cambiantes
de los territorios.
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