Control interno y contrataciones públicas: claves para
la transparencia y eficiencia en la gestión estatal
Internal control and public procurement: keys to transparency and
efficiency in government management
Recibido: 04/07/2025 - Aceptado: 02/10/2025
Carlos Vidal Montenegro Segovia
https://orcid.org/0000-0002-9855-8488
carlos9268@hotmail.com
GH Consulting EIRL. Jaén, Perú
Grimaldo Heredia Pérez
https://orcid.org/0000-0001-5235-2786
g.heredia@uct.edu.pe
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Trujillo, Perú
Gabriela Molina Frisancho
https://orcid.org/0000-0001-6026-6423
gabriela.frisancho@ufu.br
Universidad Federal de Uberlândia. Minas Gerais, Brasil
Ever Allcca Perez
https://orcid.org/0009-0007-5422-1932
eversonallcca@gmail.com
Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas, Perú
Karina Ccorahua Avalos
https://orcid.org/0009-0002-2052-5392
karinaccavalos@gmail.com
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Apurímac, Perú
Leydy Torres Mendoza
https://orcid.org/0000-0002-0649-5177
leydytorres@upeu.edu.pe
Universidad Peruana Unión. Lima, Perú
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo estudiar la asociación entre el control interno (CI) y los procesos de
contrataciones públicas (CP) en una entidad del sector público peruano. Bajo un enfoque cuantitativo de diseño
no experimental y de nivel correlacional, se buscó conocer en qué medida el nivel de implementación y efectividad
del CI influye en la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo de las CP. La investigación partió de la
premisa de que un sistema de control interno bien estructurado no solo previene riesgos y actos ilícitos, sino que
también optimiza la toma de decisiones en la gestión de contrataciones estatales. Para ello, se aplicaron
cuestionarios tipo Likert a 410 trabajadores que fueron seleccionados de forma intencional. Los resultados
evidencian una correlación positiva significativa entre ambas variables, al tenerse Rho Spearman de 0,776 y valor
p de 0,000, lo cual destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de control como herramienta estratégica
para mejorar la gestión pública. Este artículo además hace hincapié en cómo la adecuada gobernanza y el buen
uso de los recursos públicos pueden comenzar desde el fortalecimiento del CI institucional.
Palabras clave: control gubernamental, administración pública, gobierno regional
Abstract
The purpose of this article is to study the association between internal control (IC) and public procurement
processes (PP) in a Peruvian public sector entity. Using a quantitative, non-experimental, correlational design, we
sought to determine the extent to which the level of implementation and effectiveness of IC influences the
transparency, efficiency, and regulatory compliance of PP. The research was based on the premise that a well-
2
structured internal control system not only prevents risks and illegal acts but also optimizes decision-making in the
management of government procurement. To this end, Likert-type questionnaires were administered to 410
workers who were intentionally selected. The results show a significant positive correlation between the two
variables, with a Spearman's Rho of 0.776 and a p-value of 0.000, highlighting the importance of strengthening
control mechanisms as a strategic tool for improving public management. This article also emphasizes how proper
governance and the good use of public resources can begin with the strengthening of institutional IC.
Keywords: government control, public administration, regional government
Introducción
El control interno (CI) en el sector estatal es clave para asegurar que tanto la eficiencia como la
transparencia en el empleo de los fondos públicos sean garantizadas conforme a la ley. A nivel mundial, los
sistemas de CI se han reconocido como herramientas para prevenir la corrupción, la mala gestión y las faltas
recurrentes en los procesos de contratación pública (CP). A nivel mundial, los gobiernos han generado
lineamientos que reafirman la necesidad de un adecuado CI para garantizar que los procesos de contratación de
bienes y servicios públicos sean justos, transparentes y se ajusten a la ley (Martínez y Macías, 2024). Además,
Fonte et al. (2025) señalan que, en muchos países, como Brasil, la gobernanza pública siempre enfrenta el
desafío de asegurar que las contrataciones se realicen de manera justa y sin riesgo de corrupción, y el CI es uno
de los mecanismos para garantizarlo. Este sistema de control no solo evita errores administrativos, sino que
también mejora los procesos y hace a los organismos públicos más responsables en su rendición de cuentas.
En América Latina, y en Perú en particular, las políticas de CI se han vuelto cada vez más importantes a
causa de los hechos de corrupción que han involucrado a diversas instituciones del gobierno en los años
recientes. La legislación peruana, en particular la Ley N.° 28716 sobre "Control Interno en las Entidades del
Estado", establece un marco regulatorio que requiere que las entidades estatales implementen sistemas de
control para asegurar el uso apropiado de los fondos y la ejecución adecuada de las CP (Calderón et al., 2022).
No obstante, la eficacia de estos sistemas todavía es objeto de discusión, ya que numerosos procedimientos de
CP siguen siendo criticados por la ausencia de transparencia y por los riesgos inherentes de manipulación y
fraude (Candia y Guanilo, 2022). Por otro lado, es importante recalcar que la Ley N.° 32069 de “Contrataciones
del Estado” ha sido desarrollada como herramienta para maximizar la transparencia y la eficiencia en los
mecanismos de contratación. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la implementación de CI
eficaces en cada entidad pública. La Contraloría General de la República (CGR), en su rol de control de los fondos
públicos, cumple una función de verificación en los procesos contractuales, pero la responsabilidad recae en las
propias entidades, que deben certificar que sus sistemas de CI sean apropiados y estén funcionando
adecuadamente (Huamán, 2023).
Respecto a los antecedentes relacionados con el estudio, en Brasil, Figueiredo y Pereira (2023) tuvieron
como objetivo examinar la influencia de la gestión del CI en la eficiencia operativa de un municipio.
Metodológicamente, el estudio fue cuantitativo de nivel correlacional y empleó encuestas estructuradas dirigidas
a funcionarios municipales. Se destacan como hallazgos relevantes que las áreas con un CI más sólido, definido
por la presencia de auditorías continuas y procedimientos claros, alcanzaban una administración de fondos y
decisiones más eficaces. Sin embargo, se identificaron deficiencias en la ejecución de ciertas políticas de control,
en particular en los procesos de adquisiciones, donde la falta de capacitación resultó ser un limitante. Concluyeron
que un buen CI impacta en la eficiencia de los procesos municipales, permitiendo mayor visibilidad en la gestión
de los recursos estatales.
En Junín, Paita et al. (2020) encontraron una conexión entre el CI y los mecanismos de adquisiciones y
contrataciones en un municipio. El diseño fue correlacional y la subpoblación estuvo conformada por 25
trabajadores que completaron un cuestionario tipo Likert. Se constató que, en algunos casos, la descoordinación
entre las áreas participantes en las contrataciones generaba demoras y procesos ineficientes. Esto también abría
la puerta a errores en los documentos y en la ejecución de los contratos. En consecuencia, concluyen que el CI
impacta en la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, aunque persisten barreras de usabilidad
que reducen su efectividad.
Además, Huachaca y Condori (2025) mencionan que el CI es un sistema que protege a las organizaciones
ante cualquier riesgo. Al definir reglas y procedimientos de control, toda acción dentro de una organización puede
ser medida y supervisada, y todo se realiza de manera abierta y oficial. Por otro lado, Ramírez et al. (2024)
señalan que es una malla de seguridad que blinda a la institución ante cualquier riesgo y permite que las
operaciones fluyan sin interrupciones, protegiéndola de malas prácticas o errores humanos y asegurando que la
organización no solo cumpla con la ley, sino que también opere de manera eficiente y ética.
3
Asimismo, es importante resaltar que el CI dispone de componentes. Sobre esto, la CGR (2023) indica
que son: ambiente de control, que establece los principios esenciales que orientan el comportamiento de los
integrantes de la entidad; evaluación de riesgos, fase en la cual se estudian y gestionan los probables obstáculos
que podrían interponerse en las metas institucionales; actividades de control, acciones específicas que se toman
para garantizar que las operaciones se efectúen según las normas y directrices establecidas; información y
comunicación, que aseguran que las decisiones estén sustentadas en información precisa y que se puedan
aplicar medidas correctivas cuando sea necesario; y supervisión, que involucra seguimientos continuos para
verificar si los procedimientos funcionan como se espera y si se están alcanzando los objetivos.
En términos teóricos, el CI se respalda en la teoría de los sistemas de Bertalanffy, la cual sostiene que
una entidad puede verse como un sistema compuesto por una red interconectada de actividades, personas,
recursos y mecanismos. Por ello, cada componente del sistema de control no puede ser visto de manera aislada,
sino como parte de un todo que trabaja de forma conjunta para lograr los objetivos institucionales (Andrade y
Pérez, 2024).
En lo que respecta a la CP, Espejo y Cruz (2023) indican que es un proceso mediante el cual el Estado
obtiene productos (bienes, servicios y obras) de proveedores externos para cumplir sus obligaciones y satisfacer
las necesidades ciudadanas. Así, actúa como un conector entre el gobierno y la población, protegiendo los
recursos estatales para que se administren de manera transparente y se alineen con los intereses comunes.
Según Ivanega (2021), se trata de un conjunto de procedimientos normados que buscan asegurar que el gobierno
adquiera los mejores productos al menor costo posible, en términos de igualdad, eficiencia y legalidad. En esa
línea, las CP son el soporte que refuerza la confianza ciudadana en las entidades gubernamentales y fomenta un
ambiente de justicia y equidad.
Es importante también señalar las fases que integran las contrataciones públicas. Según el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, 2025), los actos preparatorios son aquellos en los que se
determinan las necesidades del Estado y se establecen las condiciones necesarias para realizar contrataciones
públicas; los procesos de selección, en los que se evalúan objetivamente las propuestas, con base en criterios
previamente determinados; y la ejecución contractual, en la que, al firmarse el contrato, el proveedor elegido debe
cumplir con lo pactado: entregar los bienes, brindar los servicios o ejecutar las obras según lo estipulado.
Por otra parte, las CP se vinculan con la teoría de la agencia de Jensen y Meckling, la cual, desde el
ámbito gubernamental, sugiere que los procesos de control y la transparencia son factores esenciales para mitigar
la asimetría de información entre el Estado y los proveedores. Los sistemas de licitación pública y supervisión de
contratos son ejemplos de cómo se busca alinear los intereses del gobierno (el principal) y los contratistas (los
agentes), a fin de garantizar que el uso de los fondos estatales sea lo más eficiente posible (López y Cancino,
2020).
En tal sentido, este artículo busca contribuir a la comprensión de los desafíos que enfrentan las entidades
públicas en la implementación efectiva de controles internos, promoviendo no solo el cumplimiento normativo,
sino también la optimización de la gestión pública. Es así que se planteó como objetivo establecer la relación
entre el CI y las CP en un gobierno regional del Perú, evaluando cómo la presencia y efectividad de estos controles
influyen en la eficiencia y transparencia de las contrataciones estatales.
Metodología
El estudio se clasificó como tipo básico porque busca explorar y entender las asociaciones entre dos
variables sin la necesidad de generar soluciones inmediatas a un problema práctico. Entonces, la finalidad de
este tipo de estudio fue profundizar el conocimiento sobre cómo se gestionan los procesos de contratación
pública, y cómo el control interno influye en la transparencia y eficiencia de estos procesos. Asimismo, por su
enfoque fue cuantitativo debido a que recolectaron datos numéricos para realizar análisis estadísticos que
permitan cumplir con el objetivo de estudio.
De acuerdo al diseño el estudio es no experimental transversal, ya que no se pretendió experimentar ni
modificar las variables analizadas, sino más bien se buscó observar y registrar los datos según su realidad. Por
otro lado, la investigación fue de alcance correlacional porque se consideró identificar si existe una conexión
significativa entre el CI y las CP.
Para este estudio se ha determinado un tamaño de muestra de 410 trabajadores que laboran en un
gobierno regional del Perú. Este tamaño se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.
Para asegurar que los datos obtenidos sean representativos se consideró como criterios de inclusión: personal
directamente involucrado en procesos de contratación pública y aquellos que decidieron participar
voluntariamente. Mientras, que los criterios de exclusión fueron: trabajadores que no disponen de un vínculo
laboral estable y aquellos que no desearon participar.
4
Para la obtención de datos se decidió utilizar la técnica de la encuesta acompañada del instrumento
cuestionario. La elección de estas herramientas responde a la necesidad de obtener información precisa y
estructurada sobre las prácticas y percepciones que los participantes involucrados en las CP tienen respecto al
CI y la eficiencia de los procesos. Ambos cuestionarios empleados para medir cada variable demostraron ser
fiables mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach al lograrse un valor mayor a 0.8, evidenciándose una alta
consistencia interna de las preguntas.
Posteriormente, se trataron los datos recogidos empleando el Software SPSS v.27. Se aplicó la
estadística descriptiva para sintetizar y mostrar los datos de manera entendible. Por otro lado, la estadística
inferencial facilitó realizar las pruebas de hipótesis para responder al objetivo planteado.
Resultados
Tabla 1
Resultados de la variable CI
Niveles
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
81
19,8%
Medio
280
68,3%
Alto
49
11,9%
Total
410
100,00%
La Tabla 1 refleja que la gran parte de los encuestados (68,3%) perciben que el CI está en un nivel medio,
evidenciándose que se debe mejorar los mecanismos de CI en la entidad. Un pequeño porcentaje (19.8%) lo
considera bajo, mientras que solo un 11.9% cree que es alto.
Tabla 2
Resultados de la variable contrataciones públicas
Niveles
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
113
27,6%
Medio
191
46,5%
Alto
106
25,9%
Total
410
100,00%
La Tabla 2 demuestra que la mayoría de los participantes (46.5%) perciben las CP en un nivel medio, o
que indica que, aunque los procesos contractuales funcionan de manera aceptable, aún hay aspectos por mejorar.
Un porcentaje considerable (27.6%) lo estima bajo, mientras que un 25.9% considera que es alto.
Tabla 3
Prueba de normalidad entre variables
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico
Gl
Sig.
Control interno
,103
410
,006
Contrataciones públicas
,072
410
,000
Actuaciones preparatorias
,074
410
,000
Procesos de selección
,054
410
,000
Ejecución contractual
,084
410
,000
Los resultados evidencian que tantos las variables como las dimensiones estudiadas no tiene una
distribución normal (p<0,05). Por lo tanto, al no existir una distribución normal, para la contratación de hipótesis
se empleó una prueba no paramétrica (Rho Spearman).
5
Tabla 4
Correlación entre CI y CP
Contrataciones
públicas
Control interno
Rho de Spearman
,776
Sig. (Bilateral)
,000
N
410
Los resultados muestran una correlación positiva y fuerte de 0,776, lo que sugiere que existe una
asociación directa entre el CI y las CP, entonces, cuando una mejora, también lo hace la otra. Además, el valor
de significancia 0,000, corrobora que esta relación es estadísticamente significativa, lo que refuerza la validez de
los hallazgos obtenidos.
Tabla 5
Correlación entre CI y las dimensiones de la variable CP
Actuaciones
preparatorias
Procesos de
selección
Ejecución
contractual
Control interno
Rho de Spearman
,739
,717
,741
Sig. (Bilateral)
,000
,000
,000
N
410
410
410
Los resultados obtenidos demuestran una correlación positiva fuerte y estadísticamente significativa entre
el CI y cada una de las tres dimensiones de las CP: actuaciones preparatorias (r = 0,739), procesos de selección
(r = 0,717) y ejecución contractual (r = 0,741), con valores p = 0,000 en todos los casos. Esto significa que a
medida que se fortalece el sistema de control interno dentro de la institución, también mejora sustancialmente la
gestión de todo el proceso de contrataciones.
Discusión
Se comprobó estadísticamente que existe una asociación directa y significativa entre el CI y las CP en un
gobierno regional del Perú, pues se obtuvo un valor de correlación de 0,776 y una significancia bilateral de 0,000
< 0,05. En este sentido, se puede afirmar que un CI efectivo actúa como una barrera preventiva que asegura la
correcta ejecución de las contrataciones estatales, desde la planificación hasta la adjudicación y ejecución del
contrato.
Este resultado guarda similitud con el obtenido por Aguinaga y Olivos (2022), quienes sostuvieron que un
aspecto importante en la interrelación entre el CI y las CP es la capacidad del control para detectar posibles
irregularidades en todo el procedimiento de los contratos. Por ello, las CP, debido a la cantidad de fondos
involucrados y su incidencia en el bienestar social, requieren ser gestionadas con rigurosidad y transparencia.
Sin un mecanismo de control adecuado, aumenta considerablemente el riesgo de corrupción o desvíos
presupuestarios. Además, el estudio de Paita et al. (2020) también señala que la supervisión es una parte
fundamental del CI y tiene un gran impacto en las CP. Una supervisión efectiva de los procesos de contratación
asegura que se sigan las reglas establecidas y que las contrataciones se realicen de manera clara y eficiente.
Asimismo, se evidenció que la mayoría de los participantes (68,3%) perciben el CI en un nivel medio.
Esto muestra que existe una situación intermedia entre una gestión deficiente y una implementación perfecta del
sistema de control. Este nivel, aunque presenta algunas ventajas, también enfrenta varios problemas que pueden
afectar la efectividad del sistema y la claridad de las CP. Este hallazgo se asemeja al reportado por Calle y
Calderón (2024), quienes identificaron que el CI es de grado regular según el 44,00% de los trabajadores, lo que
indica que este control, en tal nivel, carece de una adecuada supervisión o de los recursos suficientes para
asegurar que todos los procesos contractuales se realicen de manera óptima.
Por otro lado, se identificó que las CP son percibidas en un grado medio, según el (46,5%) de los
encuestados, reflejándose que los procesos de contratación pública se han establecido de forma general, pero
no se han implementado de forma exhaustiva y completamente optimizada. Este resultado, coincide con el
obtenido por Cepida y Jurado (2023) quienes constataron que las contrataciones con el estado presentan un
estado moderado según el 40,00% de los trabajadores, lo que evidencia una etapa de transición. Aunque los
6
procesos están formalizados, las carencias en la evaluación de riesgos, en la supervisión y en la retroalimentación
pueden comprometer la eficacia de las CP.
Es así que, lo encontrado se fundamenta en la teoría de los sistemas de Bertalanffy, la cual, en el ámbito
de la gestión gubernamental mediante un enfoque sistémico, sugiere que cada proceso dentro de una institución
estatal, como las contrataciones o la administración de recursos, no funcione de manera aislada, sino que esté
interconectado con otros procesos y se vea influenciado por el ambiente en el que opera (Andrade y Pérez, 2024).
Conclusiones
Los resultados obtenidos a partir del coeficiente de correlación de Spearman (Rho) de 0,776 y una
significancia bilateral de 0,000 indican una relación muy fuerte y altamente significativa entre las variables control
interno y contrataciones públicas en un gobierno regional del Perú. Por lo tanto, se refleja que el CI tiene un
impacto significativo en la mejora de los procesos de contrataciones públicas, lo que destaca la relevancia de
fortalecer las prácticas de CI como una medida para garantizar procedimientos de contratación más
transparentes, eficientes y ajustados a la normativa.
Con estos descubrimientos, los gobiernos regionales deben fortalecer sus sistemas de control interno,
priorizando la capacitación continua de los funcionarios públicos en auditoría, ética profesional y gestión
contractual. Estos hallazgos podrían ser utilizados por la Contraloría General de la República para robustecer las
políticas de supervisión y seguimiento preventivo, garantizando que los procesos de contratación se realicen con
integridad, eficacia y en cumplimiento con la normativa vigente.
Una limitación del estudio reside en que se efectuó únicamente en un gobierno regional, lo que ajusta la
posibilidad de generalizar los resultados a todas las entidades estatales del país. Se sugiere que posteriores
investigaciones abarquen muestras más amplias, tanto en gobiernos regionales como locales, a fin de contrastar
los hallazgos y aumentar la comprensión de la relación entre control interno y contrataciones públicas.
Este estudio contribuye al área de conocimiento en gobernanza pública, proporcionando evidencia
empírica acerca de la importancia del control interno en los procedimientos de contratación pública en Perú. Al
mismo tiempo, permite que se hagan comparaciones con lo que ocurre en otras naciones latinoamericanas, donde
la lucha contra la corrupción y el empeño por mejorar la eficiencia de la gestión pública continúan siendo
prioridades en la agenda pública.
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