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principalmente en el diseño curricular adaptado y en el uso de estrategias pedagógicas diferenciadas, lo que
refleja una brecha persistente entre la política y la práctica educativa.
En Perú, los resultados presentan un panorama más heterogéneo. Salvatierra (2020) encontró un nivel
“regular” de inclusión educativa (51,43%) en instituciones de Lima, indicando que persisten actitudes tradicionales
hacia la discapacidad y la diversidad cultural. De manera complementaria, Vega y Rivera (2022) hallaron una
diferencia significativa entre las percepciones de padres (79,78%) y estudiantes (71,18%) respecto a la cultura
inclusiva, lo que revela una brecha entre las políticas institucionales y las prácticas cotidianas en el aula. Esto
demuestra que, aunque las instituciones educativas peruanas cuentan con marcos normativos sólidos, su
aplicación práctica sigue siendo fragmentada y poco contextualizada, especialmente en zonas rurales o con
menores recursos socioeconómicos.
La comparación entre los hallazgos de Ecuador y Perú permite identificar patrones convergentes y
divergentes. Ambos países comparten una base legal sustentada en principios de equidad, justicia y
reconocimiento social; sin embargo, divergen en su nivel de ejecución. En Ecuador se observan mayores avances
en la inclusión social, sustentados en políticas de convivencia y programas de integración institucional, mientras
que la cultura inclusiva enfrenta desafíos vinculados a la formación docente y a las creencias socioculturales que
aún limitan la aceptación plena de la diversidad. En contraste, en Perú existe una cultura inclusiva más
consolidada, favorecida por campañas ministeriales y proyectos educativos locales, aunque las prácticas
inclusivas permanecen dispersas y con débil seguimiento pedagógico.
Desde un enfoque estructural, estas diferencias se explican por los modelos de gestión educativa. El
sistema ecuatoriano, al ser más descentralizado, promueve la autonomía institucional y la adaptación contextual
de las políticas inclusivas, mientras que el sistema peruano, de carácter centralizado, asegura coherencia
normativa, pero reduce la flexibilidad pedagógica. Así, Ecuador enfrenta el reto de unificar criterios y estandarizar
la aplicación de sus políticas, mientras que Perú requiere fortalecer la contextualización y la capacitación docente
para garantizar su efectividad.
En el plano teórico, los resultados ratifican la vigencia del enfoque del reconocimiento social propuesto
por Honneth (2003) y del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) formulado por Meyer y Rose (2021), como
fundamentos que orientan las políticas inclusivas en ambos contextos. Sin embargo, en la práctica, persiste una
brecha entre el discurso normativo y la acción educativa, lo que evidencia la necesidad de consolidar una cultura
institucional inclusiva sostenida en la formación continua del profesorado, el rediseño curricular y la evaluación
equitativa de los aprendizajes.
En síntesis, se concluye que Ecuador presenta un mayor desarrollo en la inclusión social y comunitaria,
producto de la descentralización y la participación institucional, mientras que Perú evidencia avances más
consistentes en la cultura inclusiva, sustentados en políticas nacionales y proyectos escolares. En ambos casos,
las prácticas inclusivas constituyen la dimensión más rezagada, lo que demanda la implementación de estrategias
sostenibles de acompañamiento pedagógico, innovación curricular y evaluación inclusiva, orientadas a garantizar
la equidad, la participación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes.
Conclusiones
El análisis comparativo entre Ecuador y Perú revela diferencias significativas en el grado de avance de la
inclusión educativa. Ecuador muestra un desarrollo más notable en la dimensión social, sustentado en políticas
institucionales de convivencia y programas de integración escolar que fortalecen la participación comunitaria y la
atención a la diversidad. En contraste, Perú evidencia un progreso más consistente en la cultura inclusiva,
respaldado por políticas ministeriales y proyectos educativos orientados a la equidad y al reconocimiento de las
diferencias. No obstante, ambos países enfrentan retos similares en la aplicación práctica de sus políticas,
particularmente en la formación docente, el diseño curricular adaptado y el seguimiento de estrategias inclusivas
en el aula.
Las tres dimensiones analizadas —inclusión social, cultura inclusiva y prácticas inclusivas— se
interrelacionan de manera determinante en el proceso de construcción de sistemas educativos equitativos. Los
resultados muestran que la dimensión social se encuentra en expansión en ambos países, mientras que la cultura
inclusiva presenta avances sostenidos, aunque aún limitados por factores institucionales y socioculturales. En
cambio, las prácticas inclusivas continúan siendo el ámbito más rezagado, al depender directamente de la
preparación pedagógica del profesorado y del compromiso institucional para implementar estrategias
diversificadas de enseñanza y evaluación.
A partir de los hallazgos, se recomienda fortalecer la formación inicial y continua del profesorado en
metodologías inclusivas y en el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el propósito de
reducir las brechas existentes entre la política y la práctica educativa. Asimismo, resulta prioritario promover