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observaciones de Mora-Figueroa (2009) sobre la resiliencia estructural de las corporaciones mediáticas en
escenarios de turbulencia económica prolongada.
En términos de contenido informativo, el 57,14% de los encuestados percibió que los medios priorizaron
exhaustivamente la cobertura de la situación sanitaria —incluyendo tasas de propagación del virus, protocolos de
prevención, avances en vacunación y secuelas en la salud pública—, lo que moldeó una agenda dominada por la
urgencia inmediata. En contraste, solo el 12,98% reconoció atención significativa a temas económicos como el
desempleo masivo y la recesión, mientras que el 25,45% valoró la visibilización de brechas digitales en el acceso
a tecnología y conectividad, particularmente en contextos rurales. Un mínimo del 1,8% limitó la cobertura a meras
actualizaciones sobre políticas gubernamentales de protección. Esta jerarquización temática valida la hipótesis de
la agenda-setting de Cohen (1963), quien argumenta que los medios, aunque no dictan opiniones específicas,
ejercen un poder decisivo en la selección de temas prioritarios para la reflexión pública. Así, la focalización en lo
sanitario relegó problemáticas estructurales de vulnerabilidad social, como desigualdades persistentes, limitando
un debate más amplio sobre soluciones sistémicas.
Respecto a la cobertura específica de la vulnerabilidad social, el 26,23% identificó la inseguridad
alimentaria como tema protagónico, reflejando reportajes sobre desabastecimiento y programas de asistencia. El
21,03% enfatizó el agravamiento de la vulnerabilidad económica y el riesgo de empobrecimiento masivo, con
énfasis en la informalidad laboral. Estos patrones corroboran los informes del Banco Mundial (2023), que estiman
que una porción sustancial de la población peruana permanece en umbrales de vulnerabilidad o riesgo de pobreza,
amplificados por eventos prolongados como la pandemia.
Sin embargo, los resultados también exponen limitaciones críticas en el ejercicio periodístico. El 17,7%
atribuyó a la presión informativa, la precariedad laboral de los periodistas y la reorganización caótica de rutinas de
trabajo el auge de prácticas como la desinformación, la especulación sensacionalista y el amarillismo, que
distorsionaron la narrativa pública. Además, el 28,6% señaló las dificultades del periodismo tradicional para
competir con la velocidad de las redes sociales, mientras que el 39,3% criticó el predominio de contenidos
emocionales, virales y poco verificados en estas plataformas, lo que erosionó la confianza en fuentes formales.
Tales dinámicas respaldan los análisis de Barcelos et al. (2021), quienes documentan la proliferación de
información no verificada durante la pandemia, a menudo instrumentalizada con fines políticos o comerciales.
En cuanto a estrategias de adaptación, el 47,3% reconoció ajustes proactivos en los contenidos para
alinearse con dinámicas digitales, incluyendo un incremento del 34% en el uso de redes sociales y plataformas
streaming para transmisiones en vivo y newsletters interactivas. No obstante, solo el 7,27% percibió suficiente
promoción de contenido educativo preventivo, y un 21% lamentó la ausencia de mecanismos robustos de
monitoreo y fact-checking, facilitando la viralidad de fake news. Este panorama resuena con Frisancho y Aparicio
(2021), quienes critican la priorización mediática en Perú hacia lo espectacular por sobre la comunicación
pedagógica y orientada a la acción colectiva.
Sobre el riesgo político, los resultados delinean una percepción unánime de su rol amplificador en la
vulnerabilidad social: el 98% coincidió en que la pandemia exacerbó desigualdades preexistentes, con el riesgo
político actuando como catalizador. El 96% vio en la crisis sanitaria una revelación de brechas estructurales en
acceso a recursos, servicios básicos y empleo digno. La polarización política emergió como factor pivotal para el
76%, fomentando inestabilidad social e incertidumbre generalizada, en línea con Canel y Sanders (2005), quienes
exploran el poder simbólico de la prensa en contextos de conflicto para legitimar o cuestionar narrativas oficiales.
Asimismo, el 89% percibió un impacto devastador de la pandemia en la economía nacional, golpeando
desproporcionadamente a trabajadores informales, independientes y con baja escolaridad, lo que disparó
demandas sociales por alimentación, salud y empleo. Esto valida a Casero (2020) en su vinculación entre crisis
política, desconfianza institucional y espirales de vulnerabilidad.
En el ámbito educativo, el 98% destacó cómo el cierre escolar y la educación virtual expusieron brechas
digitales profundas, especialmente rurales, con el 87% reportando obstáculos en acceso a Internet, dispositivos y
capacitación docente. Si bien intervenciones estatales mitigaron parcialmente la pobreza urbana, solo el 9% valoró
programas rurales efectivos, subrayando desigualdades territoriales documentadas por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2002) y Ruiz (2012).
Integrando estos elementos, el 86% afirmó que la inestabilidad política y la violencia regional
incrementaron la vulnerabilidad poblacional, mientras el 89% ligó la cobertura mediática de cambios presidenciales
y protestas a un clima de tensión generalizada. Estos patrones apoyan a De Moraes et al. (2017), quienes postulan
que los medios configuran ideologías y percepciones sociales de eventos políticos mediante framing selectivo.
En síntesis, los resultados y su discusión demuestran que la interacción entre medios de comunicación,
riesgo político y vulnerabilidad social en el Perú pospandemia es dialéctica y no neutral. Una cobertura responsable