Familias ensambladas en el Perú:
aportes del modelo jurídico argentino
Blended families in Peru: Contributions from the Argentine legal model
Recibido: 28/09/2025 - Aceptado: 12/01/2026
Jaime Cuse Quispe
https://orcid.org/0000-0001-6424-4934
jcusequ@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
El artículo aborda la necesidad, ya difícil de ignorar, de que el Perú reconozca jurídicamente a las familias
ensambladas, una forma de organización familiar en constante crecimiento que carece de regulación clara en la
legislación vigente. Mediante un enfoque cualitativo, basado en entrevistas a especialistas en Derecho
Constitucional y de Familia, se identifican tres problemas recurrentes: la discriminación derivada del no
reconocimiento de estos vínculos, la inseguridad jurídica que obstaculiza decisiones cotidianas y la afectación al
interés superior del niño por la ausencia de respaldo normativo para el progenitor afín en la crianza. El estudio
contrasta esta realidad con el modelo argentino, donde el Código Civil y Comercial de 2015 regula el parentesco
por afinidad y la responsabilidad del progenitor afín, demostrando la viabilidad de normar relaciones ya
consolidadas en la práctica. La triangulación metodológica y la revisión de teorías contemporáneas sobre la familia
corroboran que la omisión legislativa peruana restringe derechos fundamentales como la identidad, los alimentos
y la continuidad de los vínculos afectivos. En consecuencia, se propone un estatuto específico que otorgue
coherencia y protección a estas familias, permitiendo la plena aplicación del principio del interés superior del niño
en contextos familiares plurales y dinámicos.
Palabras clave: familias ensambladas, inseguridad jurídica, modelo argentino, omisión legislativa, protección.
Abstract
This article addresses the increasingly urgent need for Peru to legally recognize blended families, a growing form
of family organization that lacks clear regulation in current legislation. Using a qualitative approach based on
interviews with specialists in Constitutional and Family Law, three recurring problems are identified: discrimination
stemming from the lack of recognition of these bonds, legal uncertainty hindering everyday decisions, and the
negative impact on the child's best interests due to the absence of legal support for the stepparent in raising the
child. The study contrasts this reality with the Argentine model, where the 2015 Civil and Commercial Code
regulates affinity and the responsibility of the stepparent, demonstrating the feasibility of regulating relationships
already established in practice. Methodological triangulation and a review of contemporary theories on the family
confirm that the Peruvian legislative omission restricts fundamental rights such as identity, child support, and the
continuity of affective bonds. Consequently, a specific statute is proposed to provide coherence and protection to
these families, allowing for the full application of the principle of the best interests of the child in diverse and dynamic
family contexts.
Keywords: blended families, legal uncertainty, Argentine model, legislative omission, protection.
Introducción
En los últimos años, hablar de “familia” en singular se ha vuelto complicado. La imagen clásica del hogar
nuclear —tan presente en manuales, discursos oficiales y hasta en la memoria colectiva— ya no alcanza para
explicar lo que sucede realmente en la vida cotidiana. Lo cierto es que existen formas de convivencia muy distintas,
y entre ellas la familia ensamblada se ha vuelto bastante común, aunque todavía genere cierta incomodidad en
algunos sectores (Pinillos-Guzmán, 2020). En muchos casos, surge casi de manera natural, cuando dos hogares
que ya funcionaban por separado deciden unir esfuerzos, tiempos, vidas.
2
En otros países esta realidad fue reconocida hace bastante. Escandinavia, Estados Unidos y varias
naciones latinoamericanas han optado por regular estas familias, no porque estén “de moda”, sino porque
necesitan un marco que evite confusiones, sobre todo en temas relacionados con los menores. La lógica es
bastante simple: si el interés superior del niño es un principio rector, entonces la ley debe facilitar las cosas y no
complicarlas más.
En el Perú, sin embargo, la situación es diferente. Como comentan Adrianzén-García (2019) y Reynoso
(2020), persiste una mirada legislativa bastante conservadora, que parece evitar cualquier intento de reconocer
estas formas familiares. Ese silencio normativo provoca problemas concretos: dudas sobre alimentos, sobre quién
debe tomar decisiones diarias, sobre responsabilidades que no siempre están claras, y que suelen terminar
afectando a los menores (Halanocca-Paucar, 2020). No es que la realidad no exista; más bien, la ley va unos
cuantos pasos atrás.
El Tribunal Constitucional ha intentado llenar ese vacío. La sentencia del Exp. N.º 09332-2006-PA/TC
reconoció que las familias ensambladas forman parte de las estructuras protegidas constitucionalmente. Pero la
jurisprudencia llega cuando el conflicto ya ocurrió, y no tiene la estabilidad de una ley. En este sentido, Taquire
(2020) recuerda que el Derecho, si quiere ser preventivo, necesita algo más que decisiones aisladas.
Por eso el derecho comparado resulta útil. En Argentina, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de 2015
introdujo normas específicas sobre estos temas: el parentesco por afinidad (Art. 536°), la figura del padre afín (Art.
672°) e incluso la posibilidad de delegar la responsabilidad parental (Art. 674°). No es un simple arreglo técnico;
es un intento por ordenar una realidad que ya existía desde hacía mucho, como señala Ganong et al. (2020).
Este debate se sostiene en varias teorías que ayudan a entender por qué la ley debe actualizarse. La
Nueva Sociología de la Familia y el Pluralismo Familiar plantean que la familia ya no responde a un único molde
(Pinillos-Guzmán, 2020). Las expectativas sociales cambian, y con ellas las dinámicas internas del hogar (Bayona
& Tijo, 2018). Desde el enfoque constitucional, Infante (2016) insiste en que la familia es una entidad que merece
protección sin importar su forma. Por eso, como dice Reynoso (2020), no tiene mucho sentido que el Estado siga
ignorando a las familias ensambladas.
El Principio del Interés Superior del Niño atraviesa toda esta discusión. González-Contró (2020) explica
que este principio debe orientar cualquier medida que afecte a menores. Y, en la práctica, ellos son quienes sufren
cuando no existen reglas claras en las familias ensambladas (García-Quispe, 2022). La Teoría del Vínculo
Socioafectivo también aporta: Papernow (2018) muestra que la convivencia y el cuidado generan lazos parentales
reales, incluso si no hay vínculo biológico. La ley, entonces, no puede ignorar esa evidencia.
Y nuevamente, el derecho comparado —sobre todo el caso argentino— ofrece un conjunto de
herramientas para pensar una regulación que responda a las necesidades de estas familias en el Perú (Uribe-
Arate & Bustamante-Medrano, 2019). No se trata de copiar, sino de aprender de experiencias que ya enfrentaron
problemas similares.
Metodología
El estudio se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo, con un diseño básico y descriptivo. La intención
no fue probar hipótesis cerradas, sino comprender cómo se vive —y cómo se regula o no se regula— la realidad
de las familias ensambladas en el Perú. Este tipo de enfoque permitió observar el fenómeno jurídico dentro de su
propio contexto, sin desarraigarlo de sus dinámicas sociales ni de la experiencia práctica de quienes conocen el
campo (Hernández-Sampieri & Mendoza-Torres, 2018).
Participantes y criterios de selección
Para esta investigación se seleccionó intencionalmente a cinco especialistas en Derecho Constitucional y
de Familia mediante muestreo no probabilístico, priorizando perfiles con trayectoria académica, publicaciones
relevantes y experiencia directa en las tensiones entre derecho y estructuras familiares. Los criterios de inclusión
resultaron estrictos: poseer grado de maestría o doctorado, demostrar experiencia profesional o docente en el
ámbito y haber participado en procesos judiciales o investigaciones relacionadas con la protección familiar.
Instrumento y validación
Se trabajó con una guía de entrevista semiestructurada. Antes de aplicarla, tres expertos en metodología
jurídica revisaron el instrumento bajo el estándar del juicio de expertos, evaluando pertinencia, coherencia y
claridad (Rojas-Crotte, 2011). Luego se realizó un pilotaje con dos entrevistas preliminares, lo que permitió ajustar
términos, eliminar tecnicismos innecesarios y reorganizar algunas preguntas.
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Proceso analítico y codificación
El análisis siguió la secuencia de la teoría fundamentada propuesta por Vivar et al. (2018). El procedimiento
avanzó en tres etapas que fueron afinándose progresivamente:
1. Codificación abierta, donde se detectaron ideas iniciales relacionadas con reconocimiento jurídico,
omisiones legislativas y protección del menor.
2. Codificación axial, que permitió vincular categorías como “familia ensamblada”, “derechos
reconocidos” y “deber de asistencia”.
3. Codificación selectiva, a partir de la cual los hallazgos se articularon en torno al principio del interés
superior del niño como núcleo de la reforma.
Para fortalecer la credibilidad del estudio se recurrió a una triangulación metodológica, Esto implicó:
Triangulación de fuentes, contrastando entrevistas, normativa comparada y doctrina especializada.
Triangulación teórica, al analizar los datos desde el pluralismo familiar y la teoría del vínculo
socioafectivo.
Triangulación de investigadores, mediante revisión cruzada entre tres codificadores
independientes.
Para los criterios de rigor cualitativo se abordaron: La credibilidad, se garantizó devolviendo los resultados
preliminares a los participantes; la transferibilidad, mediante una descripción detallada del contexto cultural y
jurídico; la dependencia, con un registro minucioso del proceso analítico; y la confirmabilidad, asegurando el
respaldo documental y la trazabilidad de cada decisión metodológica.
En conjunto, esta metodología permitió analizar, desde el derecho comparado y la evidencia cualitativa, la
urgente necesidad de un estatuto jurídico para las familias ensambladas en el Perú. La comparación entre la
situación peruana —caracterizada por la ausencia de regulación explícita (Reynoso, 2020; Torre, 2017; Infante,
2016)— y el modelo argentino, que reconoce tanto la obligación alimentaria subsidiaria como la protección fundada
en el vínculo socioafectivo, abre la puerta a identificar instituciones y principios que podrían orientar una futura
reforma normativa en el país.
Resultados
El análisis de las entrevistas realizadas a cinco especialistas en Derecho Constitucional y de Familia
permitió identificar coincidencias claras sobre la urgencia de reconocer y regular jurídicamente a las familias
ensambladas en el Perú. Para facilitar la comprensión, los hallazgos se presentan en función de los objetivos
planteados en la investigación.
Tabla 1
Síntesis de hallazgos cualitativos: necesidad de un estatuto jurídico para las familias ensambladas en el Perú
Categoría emergente
Unidades de significado
(hallazgos clave)
Fundamentación y citas de apoyo
Discriminación
Estructural
Creación de una distinción
injustificada frente a la familia
nuclear.
Negación de derechos concretos
(salud, herencia) a los hijastros.
"Existe una indebida distinción... que se acerca a la
discriminación" (Mgtr. Centurión). Concuerda con Arroyo-
Vargas (2020).
Inseguridad Jurídica
Omisión legislativa deliberada por
dogmas e intereses populistas.
Vulneración de derechos
alimentarios y asistenciales.
"La normativa peruana está actuando
inconstitucionalmente" (Dra. Hermoza). Reflejado en
Ganong et al. (2020).
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Interés Superior del
Niño
Desprotección económica e
identitaria del menor.
La red de protección se amplía con
el reconocimiento de obligaciones
del padre afín.
"Cuantas más personas tengan la obligación... mayores
serán las posibilidades de una vida digna" (Mgtr.
Centurión). Alineado con González-Contró (2020).
Vía de Solución
Normativa
Necesidad de una reforma legal al
Código Civil.
La jurisprudencia constitucional es
un insumo base, pero insuficiente.
"La solución de fondo reside en modificar el Código Civil
mediante un proyecto de ley" (Mgtr. Torres Cordero).
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de Urteaga (2021)
Resultados relativos al objetivo general: la necesidad del reconocimiento normativo
Los participantes coincidieron en que la falta de regulación constituye una forma de discriminación
estructural hacia las familias ensambladas. Para el Mgtr. Juan Carlos Centurión Portales, esta omisión tiene efectos
concretos, pues limita a los hijastros en derechos como la cobertura de salud o incluso el acceso a derechos
sucesorios, reproduciendo desigualdades que no se justifican en un Estado constitucional de derecho. Este
diagnóstico coincide con lo señalado por Arroyo-Vargas (2020), quien advierte que la ausencia de un marco legal
expone a cientos de familias a una incertidumbre futura respecto a la exigibilidad de derechos básicos.
La Dra. Jéssica del Pilar Hermoza Calero añadió que la normativa peruana incurre en una omisión
inconstitucional, pues desconoce que hijos biológicos y entenados deberían tener los mismos derechos en
igualdad de condiciones. Su apreciación es coherente con lo planteado por Martínez-Muñoz y Rodríguez-Yong
(2020), quienes explican que los cambios sociales suelen impulsar reestructuraciones jurídicas necesarias para
mantener la coherencia del sistema.
Sobre los obstáculos que impiden este reconocimiento, los especialistas señalaron factores socioculturales
de raíz conservadora. La Mgtr. Hilda Melo Yllantico mencionó que persisten ciertos dogmas —e incluso intereses
políticos— que retrasan el debate legislativo. Ganong et al. (2020) ya advertían algo similar: la ausencia de
regulación limita el acceso a derechos básicos y perpetúa la vulnerabilidad de estas familias.
Resultados relativos al objetivo específico 1: la regulación jurídica y el derecho de alimentos
Respecto a la viabilidad de promover una regulación integral, la mayoría de expertos coincidió en que la
vía más plausible es una reforma del Código Civil mediante un proyecto de ley que articule fundamentos
doctrinarios con jurisprudencia constitucional. El Mgtr. Luis Enrique Torres Cordero enfatizó la necesidad de
integrar a esta reforma los criterios del Tribunal Constitucional, lo cual se alinea con lo planteado por Cicerchia y
Palacio-Valencia (2018), quienes recuerdan que el Estado tiene un deber indeclinable de garantizar protección
efectiva a todas las configuraciones familiares.
Sobre el derecho de alimentos, el consenso fue aún más contundente. El Mgtr. Centurión explicó que, en
muchos casos, es el padre afín quien sostiene de hecho al menor, especialmente cuando el progenitor biológico
está ausente. La Dra. Hermoza complementó señalando que permitir que el padre putativo pueda asumir
formalmente esta responsabilidad refuerza la protección al menor y se alinea plenamente con el principio del
interés superior del niño. Coarite-Andrade (2020) coincide en que esta regulación es necesaria por su carácter
protector y garantista.
Para los especialistas, los criterios de viabilidad deberían apoyarse en la jurisprudencia constitucional —
entre ellos, la STC Exp. N.° 01204-2017-PA/TC— y en la formalización del vínculo (matrimonio o convivencia), lo
cual permitiría extender obligaciones alimentarias equivalentes a las derivadas de la patria potestad. Esta postura
guarda relación con lo expuesto por Ganong y Coleman (2020), quienes señalan que la necesidad de sentirse
protegidos no solo depende del rol afectivo del padre afín, sino también de las garantías sociales y jurídicas
disponibles.
Resultados relativos al objetivo específico 2: interés superior del menor y deber de asistencia
Los especialistas también coincidieron en que una regulación clara ampliaría la red de protección del
menor. El Mgtr. Centurión señaló que, mientras más personas estén obligadas a brindar sustento y cuidado,
mayores serán las condiciones para una vida digna. La Mgtr. Melo agregó que esta regulación evitaría que los
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menores queden desprotegidos o dependientes de procesos judiciales innecesarios para validar vínculos que ya
existen en la práctica.
En cuanto al vínculo entre el interés superior del niño y el deber de asistencia, la Mgtr. Luz Ada Tafur
Chávez recordó que este principio actúa como guía transversal para cualquier política familiar. Para el Mgtr. Torres
Cordero, su aplicación no debe depender del tipo de familia, sino de la necesidad concreta del menor, en
concordancia con lo señalado por Tirado-Pertuz (2020) sobre el rol del Estado en garantizar una crianza efectiva.
Finalmente, se identificó un tipo particular de daño que enfrentan los menores cuando no se reconocen las
obligaciones del padre afín: una doble desprotección, económica y socioafectiva. Como alertó la Mgtr. Melo, esta
situación afecta el desarrollo emocional e incluso la identidad dinámica del niño. González-Contró (2020) ya
advertía que el interés superior del menor responde a la lógica humana de proteger la continuidad de la especie
desde su etapa más vulnerable.
Comparación entre la legislación de Perú y Argentina
Los especialistas resaltaron que, mientras Argentina cuenta desde 2015 con un marco robusto que
reconoce el parentesco por afinidad y regula la figura del “padre afín” (Art. 672°), el Perú mantiene una normativa
fragmentaria que no menciona expresamente a las familias ensambladas. Del Valle Vargas (2022) explica que,
aunque el Tribunal Constitucional ha avanzado en reconocer ciertos derechos inter vivos, persisten vacíos en
materia sucesoria y patrimonial. Según el autor, el Perú necesita —como lo hizo Argentina— una reforma
constitucional y civil que reconozca el parentesco socioafectivo.
Coincidentemente, Rojas-Peralta et al. (2025) señalan que el ordenamiento peruano presenta vacíos
similares en temas como la tenencia de hecho y la protección de familias no tradicionales, lo que genera criterios
judiciales dispares y deja en vulnerabilidad a hijos afines y madres cuidadoras.
En línea con ello, Adrianzén-García (2019) subraya que extender el derecho alimentario a los hijos afines
es una necesidad imperiosa basada en el principio de realidad familiar, y Taquire (2020) advierte que la falta de
regulación afecta directamente el interés superior del niño.
Perspectiva internacional
Los hallazgos también se alinean con estándares internacionales. La Convención sobre los Derechos del
Niño (1989) —ratificada por el Perú— establece en sus artículos 3 y 8 la obligación del Estado de garantizar el
interés superior del niño y preservar su identidad familiar (UNICEF, 2020). Asimismo, la Corte Interamericana ha
ampliado la noción de familia protegida en casos como Atala Riffo vs. Chile (2012) y Fornerón e hija vs. Argentina
(2012), reconociendo el valor jurídico del vínculo socioafectivo.
Tabla 2
Comparación normativa entre el Perú y Argentina sobre familias ensambladas
Aspecto jurídico
Perú
Argentina
Parentesco por
afinidad
El artículo 237 del Código Civil peruano habla del
parentesco por afinidad.
Hay reconocimiento jurisdiccional (TC) de que
existe afinidad entre padres afines e hijastros,
aunque no hay regulación clara de derechos
parentales.
El Código Civil y Comercial argentino reconoce
el parentesco por afinidad en su Art. 536.
Define un vínculo legal entre el
cónyuge/conviviente y los parientes del otro.
Figura del
padre/madre afín
No regulado explícitamente en el Código Civil
peruano; los deberes y derechos dependen en
gran parte de decisiones jurisprudenciales y
doctrinales.
El Art. 672 define al “progenitor afín” como el
cónyuge o conviviente que vive con quien tiene
a su cargo al menor.
El Art. 673 establece los deberes de ese
progenitor afín (cooperar, tomar decisiones
urgentes, etc.).
El Art. 674 permite la delegación de
responsabilidad parental al progenitor afín con
homologación judicial.
El Art. 675 regula el ejercicio conjunto si un
progenitor muere o está ausente.
6
Obligación
alimentaria de
padres afines
Existe debate académico: algunas tesis sostienen
la obligación alimentaria subsidiaria del padre
afín para hijos afines, basándose en decisiones
del Tribunal Constitucional.
No hay norma civil clara que establezca cuotas
alimentarias para padres afines, por lo que la
situación es incierta.
El Art. 676 del Código argentino prevé que el
progenitor afín tiene obligación alimentaria
subsidiaria respecto de los hijos del otro,
mientras dure la convivencia; puede fijarse
cuota asistencial si hay daño por ruptura.
Representación y
cuidado legal
No hay una regulación explícita sobre
representación legal o patria potestad para los
padres afines en el Código Civil peruano. Esto
depende mucho de la interpretación judicial y de
casos concretos.
Los estudios académicos reclaman que se
reconozca formalmente el rol de los padres
afines.
El régimen legal argentino permite la delegación
formal de responsabilidad parental al progenitor
afín (Art. 674), lo que incluye decisiones
cotidianas de crianza con validación judicial.
Vacíos legales y
propuestas de
reforma
Existen múltiples trabajos académicos que
denuncian vacíos legales (derechos sucesorios,
alimentos, cuidado) para las familias
ensambladas en Perú.
Se propuso un anteproyecto de reforma al
Código Civil (Resolución Ministerial 46-2020-JUS)
para reconocer diversas formas de familia,
incluidas las ensambladas.
Argentina ya tiene un marco regulatorio claro
respecto a las familias ensambladas en su
CCCN, lo que proporciona seguridad jurídica
para los vínculos por afinidad y la
responsabilidad parental de los padres afines.
Fuente. Elaboración propia (2025), a partir del Código Civil peruano (1984)
y del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (2015)
En conjunto, los resultados muestran que el reconocimiento jurídico de las familias ensambladas responde
a una necesidad social, constitucional e internacional. El modelo conceptual-normativo propuesto —basado en el
vínculo socioafectivo, la igualdad sustantiva y el interés superior del niño— se alinea con las tendencias actuales
del Derecho Internacional de las Familias y sustenta la urgencia de que el legislador peruano adopte un marco
normativo integral y coherente.
Discusión general
Al revisar los resultados, se hace evidente que casi todos los especialistas apuntan hacia lo mismo: la
regulación de las familias ensambladas en el Perú ya no es solo un tema pendiente, sino una urgencia que se
arrastra desde hace años. Lo curioso es que, cuando uno compara esta situación con lo que ha ocurrido fuera del
país, se nota un desfase bastante claro. Mientras otros sistemas jurídicos han ido incorporando el vínculo
socioafectivo con cierta naturalidad, el Perú parece seguir dando vueltas sobre el mismo punto.
Cuando se vuelve la mirada al Perú, el vacío normativo es difícil de ignorar. Los especialistas entrevistados
fueron consistentes: sin una ley expresa, las familias ensambladas quedan en un terreno incierto. La Mgtr. Melo
Yllantico comenta que, además de los problemas para acceder a determinados derechos, existe un riesgo
permanente de que estos menores no puedan ejercerlos plenamente. El Mgtr. Portales Centurión advierte incluso
que esta falta de regulación crea una diferencia injustificada —y preocupante— entre la familia nuclear y la
ensamblada. Para el Mgtr. Torres Cordero, esta resistencia tiene más que ver con dogmas y discursos
conservadores que con un análisis jurídico serio. Lo cierto es que, frente a la claridad del modelo argentino, la
distancia se vuelve difícil de justificar.
Respecto al objetivo específico 1, la discusión sobre alimentos muestra un problema bastante directo:
como no existe una base legal clara, todo queda sujeto a interpretaciones y a procesos judiciales que terminan
desgastando a las familias. La Dra. Hermoza Calero recuerda que el Tribunal Constitucional ha intentado dar
respuestas —por ejemplo, en el Exp. N.º 01204-2017-PA/TC—, pero eso no reemplaza la necesidad de una ley.
Tanto el Mgtr. Torres Cordero como la Mgtr. Tafur Chávez coinciden en que la única solución real es la modificación
del Código Civil. Sin una obligación alimentaria bien definida —como sí ocurre en Argentina (Art. 672°)—, los
menores quedan expuestos.
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En cuanto al objetivo específico 2, que aborda el interés superior del niño, los testimonios recogidos
muestran una realidad que suele pasar desapercibida en el debate legislativo. El Mgtr. Centurión Portales señala
que, en muchas familias, el sustento diario proviene del padre putativo, no del biológico. Si el derecho ignora este
hecho, termina perjudicando a quien debería proteger: el menor. La Mgtr. Melo Yllantico agrega que la
desprotección no solo es económica, sino también identitaria. Y según la Mgtr. Tafur Chávez, una normativa clara
podría evitar muchos procesos judiciales que hoy se vuelven innecesarios. Argentina, nuevamente, ofrece un
ejemplo concreto con la posibilidad de delegar responsabilidad parental (Art. 674°), asegurando continuidad en la
crianza.
En conjunto, la discusión evidencia que el Perú se encuentra en un punto crítico: el conocimiento técnico
para regular existe, las referencias comparadas también, pero la ley no avanza. Esta falta de acción tiene
consecuencias reales para cientos de menores y para los adultos que cumplen funciones parentales sin
reconocimiento legal. La experiencia argentina demuestra que un estatuto integral no solo es posible, sino que
fortalece la protección de todos los miembros de la familia ensamblada.
Conclusiones
El análisis comparado entre Perú y Argentina permite concluir este estudio con reflexiones orientadoras
para el debate sobre las familias ensambladas en el país, más que con respuestas definitivas. Si bien la
investigación exploró múltiples enfoques, parte de una premisa ineludible: Perú carece aún de una regulación
adaptada a la realidad de estas familias, pese a su presencia cotidiana en la vida social. Esta omisión normativa
genera un panorama de incertidumbre que impacta especialmente a niños y adolescentes en dichos hogares.
En contraste, el sistema argentino ha avanzado con una regulación más integral, al incorporar
expresamente la figura del progenitor afín y los efectos del parentesco por afinidad. Este contraste no idealiza el
modelo argentino, pero evidencia la viabilidad de un marco normativo claro y ordenado. De dicha comparación se
desprende la urgencia de que Perú impulse una reforma integral, concebida no como parches legislativos, sino
como un cuerpo normativo coherente que responda a realidades resueltas hoy mediante criterios dispares o
exclusiva jurisprudencia.
Asimismo, este avance legislativo trasciende la mera oportunidad política para constituir un deber
constitucional y convencional, dado que los tratados internacionales y la Carta Magna exigen proteger todas las
formas familiares sin distinciones injustificadas. La omisión de regular obligaciones y derechos en familias
ensambladas perpetúa escenarios de desprotección evitables mediante una norma clara y explícita.
En síntesis, los hallazgos reafirman una conclusión sencilla pero crucial: las familias ensambladas existen,
cumplen funciones afectivas y de cuidado, y demandan un marco legal que reconozca esa realidad. Corresponde
al legislador asumir este desafío y cerrar un vacío normativo que, durante años, ha privado de respaldo jurídico a
miles de personas.
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