La vacancia presidencial por incapacidad moral
permanente en el Perú: análisis constitucional y
estudio de caso sobre su uso político
Presidential vacancy due to permanent moral incapacity in Peru:
constitutional analysis and case study on its political use
Recibido: 17/10/2025 - Aceptado: 06/02/2026
Fiorela Marin Roque
https://orcid.org/0009-0002-1075-225X
fmarin@unsa.edu.pe
Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa, Perú
Resumen
La figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral constituye uno de los mecanismos más controvertidos
del constitucionalismo peruano. El objetivo de esta investigación es demostrar la desnaturalización de esta causal,
evidenciando su transformación desde un supuesto constitucional vinculado a la incapacidad mental del
presidente hacia un mecanismo de control político discrecional. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque
cualitativo y no experimental, basado en el método de estudio de caso. Se analiza el origen histórico-constitucional
de la causal, su naturaleza jurídica y su desarrollo doctrinario, así como su aplicación en cinco procesos
emblemáticos de vacancia presidencial, a partir del examen de normas constitucionales, jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, doctrina especializada y procedimientos parlamentarios. Los resultados evidencian que
la causal ha sido aplicada sin criterios objetivos ni estándares probatorios mínimos, utilizándose para evaluar
conductas políticas o imputaciones no judicializadas. Esta práctica ha generado vulneraciones al debido proceso,
ha alterado el equilibrio entre los poderes del Estado y ha desnaturalizado el modelo presidencial. Se concluye
que la aplicación de la vacancia por incapacidad moral resulta incompatible con el Estado constitucional de
derecho y constituye un factor de inestabilidad democrática, lo que hace necesaria una reforma constitucional o
legislativa que delimite objetivamente esta causal.
Palabras clave: presidencia, incapacidad, constitución.
Abstract
The concept of presidential vacancy due to moral incapacity is one of the most controversial mechanisms in
Peruvian constitutionalism. The objective of this research is to demonstrate the denaturalization of this cause,
highlighting its transformation from a constitutional assumption linked to the mental incapacity of the president to
a mechanism of discretionary political control. Methodologically, the study adopts a qualitative and non-
experimental approach, based on the case study method. It analyzes the historical and constitutional origins of
the grounds, their legal nature and doctrinal development, as well as their application in five emblematic
presidential vacancy proceedings, based on an examination of constitutional norms, Constitutional Court
jurisprudence, specialized doctrine, and parliamentary procedures. The results show that the grounds have been
applied without objective criteria or minimum evidentiary standards, being used to evaluate political conduct or
non-judicial allegations. This practice has led to violations of due process, altered the balance between the
branches of government, and distorted the presidential model. The conclusion is that the application of vacancy
due to moral incapacity is incompatible with the constitutional rule of law and constitutes a factor of democratic
instability, making constitutional or legislative reform necessary to objectively define this ground.
Keywords: presidency, incapacity, constitution.
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Introducción
La vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, prevista en el artículo 113 inciso 2 de la
Constitución Política del Perú (Constitución 1993), es quizá la cláusula más polémica del sistema político peruano
contemporáneo. Aunque se encuentra presente en los textos constitucionales desde el siglo XIX, esta causal ha
adquirido un nuevo protagonismo a partir de los procesos políticos iniciados contra varios presidentes en las
últimas décadas.
El carácter abierto del concepto “incapacidad moral”, calificado como un término no exacto y determinable
objetivamente, por la alta carga axiológica que podría representar, ha generado interpretaciones divergentes tanto
en la doctrina constitucional como en la práctica parlamentaria. Mientras algunos autores sostienen que la
incapacidad moral alude a la imposibilidad del gobernante de realizar juicios racionales vinculados a la psiquis,
otros la conciben como un mecanismo de control ético de la conducta presidencial. El objetivo de este artículo es
profundizar dicho debate desde un enfoque de estudio de caso, articulando el análisis doctrinario con el derecho
comparado, la jurisprudencia constitucional y el examen de los procedimientos parlamentarios recientes, teniendo
como objetivo general el analizar críticamente la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral
permanente en el ordenamiento constitucional peruano, con el fin de demostrar su desnaturalización histórica y
jurídica y evidenciar cómo su uso político ha afectado el equilibrio de poderes, el debido proceso y la estabilidad
democrática. Este objetivo general se cumplirá a través de los siguientes objetivos específicos: demostrar la
desnaturalización histórica y jurídica de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente; analizar la
aplicación práctica de la vacancia presidencial por incapacidad moral en casos emblemáticos recientes; y evaluar
las consecuencias constitucionales e institucionales del uso político de esta causal.
Metodología
Este artículo adopta la metodología no experimental de caso de estudio, adecuada para fenómenos
jurídicos y políticos complejos cuya comprensión exige analizar su evolución, contexto y aplicación práctica. Para
tal efecto se analizará la normativa vigente y la jurisprudencia pertinente, como las constituciones peruanas desde
1823, la legislación comparada, la doctrina constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y los cinco
casos de vacancia evaluados en el Congreso peruano. La investigación se sustentará en fichas documentales,
análisis de variables, cuadros comparativos y revisión exhaustiva de fuentes normativas y doctrinarias. Siguiendo
esa aproximación, este artículo reconstruye y expande la argumentación desde un enfoque académico.
Para entender el proceso de la vacancia presidencial por incapacidad moral, hay que remitirnos al modelo
presidencial peruano, caracterizado por la estabilidad del mandato durante cinco años por elección soberana,
garantizada mediante la prohibición de acusación presidencial salvo por los casos excepcionales enumerados en
el artículo 117 de la Constitución:
El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por
impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso,
salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o
funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral
(Constitución 1993).
La vacancia funciona, entonces, como un vacío forzado de poder, bajo determinadas circunstancias
fijadas constitucionalmente. El constitucionalista Enrique Bernales estima que “la vacancia es aquella situación
mediante la cual un empleo permanente o delegado carece de titular” (Bernales 2018: 570). La vacancia, por
tanto, opera como excepción extrema al principio de fijeza del cargo. Bajo esta excepción y en el marco del
principio de equilibrio entre los poderes del Estado, el Congreso de la República se encuentra constitucionalmente
facultado para declarar “la vacancia porque es una responsabilidad que le otorga la Constitución dentro de un
estricto criterio de equilibrio de poderes del Estado” (Bernales 2018: 571). Por su parte, el término “moral” se
considera como un aspecto de la conciencia referido a los procesos cognoscitivos y emocionales, que regula la
conducta individual en armonía con los valores aceptados por el grupo social al que pertenece el individuo
(Galimberti 2002: 455). En ese contexto, el término “moral”, entendido literalmente, remite a la “psiquis” o conjunto
de funciones mentales de una persona. Este elemento semántico fortalece la interpretación de la incapacidad
moral como una forma de incapacidad de carácter mental, lectura que, además, encuentra respaldo en el
desarrollo histórico del constitucionalismo. Por ende, la “incapacidad moral” del presidente de la República está
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referida a la incapacidad para conducirse según las reglas morales establecidas por la Constitución Política para
el cargo en mención.
Además de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política, debemos añadir que no es una
exclusividad de la investidura presidencial la conducta moral adecuada, sino también la del funcionario público
en general. El Código de Ética de la Función Pública (2002) exige un estándar elevado de corrección moral, lo
que algunos autores (Ledesma Narváez y Ramos Núñez en Expediente 2020) interpretan como parámetro para
evaluar su permanencia en el cargo. Como tal, la ética pública y la conducta cívica del presidente han sido
invocadas como justificación para la vacancia y, para tal efecto, en la misma Constitución Política han sido
establecidas las causales para la vacancia. El artículo 113 regula las causales de vacancia. Estas son:
“La Presidencia de la República vaca por […] 1. Muerte del presidente de la República, 2. Su permanente
incapacidad moral o física, declarada por el congreso, 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso, 4.
Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, 5. Destitución,
tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la
Constitución” (Constitución 1993).
El inciso 2 del mencionado artículo es el único que está referido a la incapacidad moral como motivo de
vacancia. Sin embargo, la ausencia de un adecuado desarrollo legislativo ha permitido interpretaciones dispares
y usos discrecionales. el procedimiento se rige por el Reglamento del Congreso, cuyos plazos breves y requisitos
mínimos configuran un mecanismo sumamente expedito para remover al presidente, lo que el Tribunal
Constitucional ha considerado riesgoso para la estabilidad democrática.
Desde su incorporación inicial en el ordenamiento constitucional peruano a través de la Constitución de
1839, la figura de la vacancia presidencial fue concebida bajo la premisa de que la permanente incapacidad moral
aludía a la imposibilidad del presidente de ejercer adecuadamente sus facultades de discernimiento moral, esto
es, de distinguir entre el bien y el mal conforme a un determinado marco de valores. En ese sentido, la causal fue
entendida originalmente como un supuesto de incapacidad de naturaleza mental que impedía el ejercicio regular
de la función presidencial. (Cairo 2017: 17).
El concepto de “incapacidad moral” se convirtió en un asunto recurrente para la elaboración de las
constituciones políticas peruanas desde este término se introdujo por primera vez en 1839. En la Tabla 1 se
establece la evolución constitucional del concepto desde 1839, donde aparece como “perpetua imposibilidad
física o moral”, hasta su versión actual en 1993.
Tabla 1
Constitución
Fórmula
Artículo
1839
“perpetua imposibilidad […] moral”
81
1856
“por incapacidad moral”
83
1860
“por perpetua incapacidad […] moral del presidente”
88
1867
“por incapacidad moral”
80
1920
“por permanente incapacidad […] moral del presidente
declarada por el Congreso”
115.1
1933
“por permanente incapacidad […] moral del presidente
declarada por el Congreso”
144.1
1979
“por incapacidad moral […] declarada por el Congreso”
206.1
1993
“por permanente incapacidad moral […] declarada por
el Congreso”
113.2
Fuente: elaboración propia
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Resultados y discusión
En esta parte se examinan los casos emblemáticos peruanos en los que, durante las dos últimas décadas,
se ha promovido o iniciado un proceso de vacancia presidencial bajo diversos argumentos, como alegaciones de
incapacidad para gobernar, acusaciones de corrupción o decisiones utilizadas como herramientas de control
político. En esta sección se analizan los casos emblemáticos peruanos en los que, durante las dos últimas
décadas, se promovieron procesos de vacancia presidencial invocando la causal de incapacidad moral
permanente. El examen de estos casos tiene como finalidad evidenciar la forma en que dicha causal ha sido
aplicada como un mecanismo de control político, desvinculado de su sentido histórico y jurídico original, y utilizado
para valorar conductas, imputaciones o controversias propias del debate político y no de una incapacidad mental
objetivamente verificable. Asimismo, se evalúa si los fundamentos empleados en cada procedimiento resultan
compatibles con la tesis sostenida en esta investigación y con los principios constitucionales que rigen el ejercicio
del poder, particularmente el debido proceso, el equilibrio entre poderes y la estabilidad del mandato presidencial,
a fin de determinar la coherencia de esta práctica con el marco de derechos fundamentales reconocido por la
Constitución Política.
Para ello, se presenta una descripción detallada de las mociones de vacancia por incapacidad moral
permanente formuladas en las últimas décadas. Estos procesos, surgidos en contextos de marcada inestabilidad
política y económica, evidencian una confrontación persistente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Cada uno
de los casos analizados ha contribuido al clima de crisis institucional, mostrando cómo la figura de la vacancia
presidencial, en la forma en que ha sido utilizada, ha contribuido de manera decisiva a la aparición de escenarios
recurrentes de conflictividad e inestabilidad política en el país.
Alberto Fujimori (2000)
La renuncia por fax del expresidente Alberto Fujimori, el 19 de noviembre de 2000, generó un profundo
rechazo en el Congreso, que consideró el acto indigno y agravado por el clima de inestabilidad política del
momento. Ello desencadenó un intenso debate parlamentario sobre la posibilidad de declararlo vacado por
incapacidad moral permanente. Los argumentos a favor incluyeron acusaciones de haber conducido al país a una
crisis económica, la comisión de actos ilegales e inconstitucionales y la pérdida de confianza por engañar al país,
traicionar a la población y malversar los ingresos provenientes de la privatización de empresas estatales. Para
algunos congresistas, estas acciones evidenciaban la falta de condiciones mínimas para gobernar.
En contraste, otros legisladores cuestionaron la legitimidad de la vacancia, señalando que la acusación de
incapacidad moral no había sido planteada durante las dos gestiones consecutivas de Fujimori y que no existían
pruebas nuevas que la justificaran. Argumentaron que la medida respondía más a una decisión política que a una
verdadera causal constitucional, calificando el proceso como una maniobra impulsada por intereses partidarios
que buscaban derribar al gobierno (García Chávarri 2013: 391).
Del análisis se desprende que la moción de incapacidad moral fue utilizada como un mecanismo para
evaluar la capacidad de gobierno de Alberto Fujimori, interpretando la “incapacidad moral permanente” no como
una limitación mental, lo cual sería jurídicamente contradictorio dado que ejerció la presidencia por años, sino
como una categoría amplia que abarcaba presuntos delitos, irregularidades o sospechas de corrupción. Incluso
se emplearon criterios de control político posterior para justificar la vacancia, así como cuestionamientos
subjetivos sobre sus cualidades para gobernar.
Sin embargo, este tipo de imputaciones, sostenidas desde una posición esencialmente política, resulta
incompatible con un Estado constitucional de derecho. Al permitir que el Congreso decida la continuidad del
presidente basándose en conceptos vagos y sin un estándar mínimo de prueba, la figura de la incapacidad moral
se convierte en un instrumento discrecional que puede vulnerar el principio democrático, al otorgar al Legislativo
la capacidad de anular la voluntad popular expresada en las urnas.
Pedro Pablo Kuczynski (2018)
El Congreso de la República promovió en dos oportunidades procedimientos de vacancia presidencial
contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por presunta incapacidad moral permanente, argumentando
su posible e incompatible vinculación comercial con las empresas Westfield Capital, First Capital y con el
empresario Gerardo Sepúlveda, y la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Durante el debate,
congresistas como Rosa Bartra y Daniel Salaverry sostuvieron que Kuczynski debía ser destituido por haber
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ocultado información sobre su relación con Westfield Capital, lo cual evidenciaba una conducta incompatible con
la función presidencial. Este cuestionamiento abrió el debate constitucional acerca de si una contradicción en las
declaraciones del presidente bastaría para considerarlo moralmente incapacitado. Según reportaron los medios
locales (Andina 2018), documentos de Odebrecht mostraron pagos a Westfield mientras Kuczynski era ministro
durante la gestión del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), lo que incrementó la presión política sobre él,
aunque él negó haber gestionado dichos contratos.
Una segunda moción (11 de enero de 2018) sostuvo que Kuczynski habría priorizado intereses personales
para permanecer en el poder, negociando políticamente el indulto a Alberto Fujimori y utilizando sus atribuciones
constitucionales de manera instrumentalizada (Convoca 2017). Como recogió BBC News Mundo, el indulto
generó fuertes cuestionamientos sobre su legitimidad y sobre la posible existencia de un acuerdo político para
evitar la primera vacancia (BBC 2017). Asimismo, investigaciones periodísticas sobre el caso Lava Jato han
demostrado que se trata de una presunta red criminal compleja, cuyas responsabilidades requieren procesos
probatorios extensos, elementos de cargo y descargo, y garantías de defensa que el procedimiento sumario de
vacancia no ofrece. En ese sentido, imputaciones de alta complejidad penal no deberían resolverse en un proceso
político de vacancia, pues el Congreso carece de la capacidad técnica y del estándar probatorio necesarios para
determinar culpabilidad en casos criminales de gran envergadura.
Martín Vizcarra (2020)
La moción de vacancia presentada el 10 de septiembre de 2020 buscaba declarar la incapacidad moral
permanente del presidente en funciones Martín Vizcarra motivada por el denominado “caso Richard Swing”, tras
la difusión de grabaciones de audio que mostraban al mandatario y a su personal en supuestas coordinaciones
de cómo responder ante investigaciones sobre contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura (Hidalgo
2020). En esas contrataciones, el músico Richard Cisneros (también conocido como Richard Swing) habría sido
contratado reiteradas veces para diversos servicios cuestionados, como conferencias motivacionales y selección
de piezas musicales, por montos exorbitantes y cuestionables, y sin experiencia previa registrada como proveedor
del Estado, lo que desató acusaciones de favoritismo y uso indebido de fondos estatales (La República 2020).
El documento de la moción también acusaba a Vizcarra de mentir en reiteradas ocasiones y obstruir las
investigaciones, incluyendo supuestas instrucciones a su personal para entorpecer el esclarecimiento del caso y
una falta de transparencia ante el Congreso. Este tipo de alegaciones intentaban presentar una conducta
presidencial reiterada que vulneraba la moral pública y justificaba la vacancia, aunque expertos y parte de la
opinión pública criticaron que una acusación de esta naturaleza, compleja y vinculada a posibles delitos
penalmente investigados, no debería resolverse mediante la causal de incapacidad moral, sino en procesos
judiciales con garantías probatorias más exhaustivas.
Pedro Castillo (2022)
Durante el mandato de Pedro Castillo (2021-2022), se multiplicaron las acusaciones de presuntos actos de
corrupción y faltas éticas que generaron inestabilidad política, a los que sumaron dos intentos de vacancia por
incapacidad moral permanente, presentados por el Congreso. Aunque uno de los procesos de vacancia no
prosperó por falta de votos, las investigaciones fiscales que le siguieron atribuyeron al presidente posibles
vínculos con delitos complejos como organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada,
especialmente en adjudicaciones de obras públicas como el caso Puente Tarata III y otras contrataciones
relacionadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía de la Nación amplió la investigación
preliminar contra Castillo en mayo de 2022 debido a “la seriedad y gravedad de las imputaciones”, garantizando
al mismo tiempo su derecho de defensa, lo cual indica que las acusaciones superaban un mero cuestionamiento
político y abordaban presuntos delitos complejos con implicaciones penales directas (Ministerio Público 2022).
Adicionalmente, la Fiscalía General presentó ante el Parlamento una denuncia constitucional contra Castillo
y otros altos funcionarios, señalando que el exmandatario habría liderado una presunta organización criminal
destinada a obtener beneficios ilícitos mediante contratos públicos y negociaciones políticas, lo que también
motivó investigaciones en la esfera penal (incluyendo tráfico de influencias y posibles colusiones). Aunque Castillo
fue finalmente destituido y luego enfrentó cargos por rebelión por intentar disolver el Congreso en diciembre de
2022, estas indagaciones fiscales subrayan que la crítica política hacia su Gobierno no solo se limitó a
discrepancias de gestión, sino a acusaciones integrales de corrupción estructural, que los procesos legislativos
de vacancia trataron de abordar con base en estos indicios (Reuters 2022).
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El análisis comparado de los casos de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente
examinados (Fujimori, Kuczynski, Vizcarra y Castillo) permite identificar patrones consistentes que confirman la
tesis central de la investigación: la causal ha sido progresivamente desnaturalizada y utilizada como un
instrumento de control político discrecional, ajeno a su sentido histórico-constitucional original.
En primer lugar, los casos evidencian que la incapacidad moral no fue aplicada como una condición objetiva
vinculada a una incapacidad mental permanente, sino como una categoría abierta para valorar conductas
políticas, presuntas infracciones éticas o sospechas de corrupción aún no judicializadas. En ninguno de los
procedimientos analizados se acreditó una imposibilidad cognitiva o psíquica del presidente para ejercer el cargo;
por el contrario, la causal fue invocada para evaluar su idoneidad política o su credibilidad pública, funciones que
exceden el marco constitucional de la vacancia.
En segundo término, se constata una reiterada vulneración de garantías propias del debido proceso. Los
procedimientos de vacancia se caracterizaron por plazos sumarios, ausencia de estándares probatorios claros y
falta de mecanismos efectivos de contradicción, lo que convirtió al Congreso en un órgano que simultáneamente
acusa, investiga y sanciona. Esta dinámica resulta particularmente problemática cuando las imputaciones
corresponden a delitos complejos que requieren investigación penal especializada y no una resolución política
inmediata.
Finalmente, el estudio de los casos demuestra que el uso recurrente de la vacancia por incapacidad moral
ha alterado el equilibrio entre poderes y erosionado la estabilidad democrática. Lejos de operar como una
excepción extrema, la vacancia se ha aproximado funcionalmente a una moción de censura presidencial,
incompatible con un régimen presidencialista. En conjunto, los resultados confirman que la aplicación
contemporánea de esta causal constituye un factor estructural de inestabilidad institucional y refuerza la urgencia
de una reforma que delimite su alcance o la sustituya por supuestos constitucionalmente objetivos y verificables.
Conclusiones
Del análisis de los casos examinados se desprende la existencia de problemas estructurales que revelan
las profundas distorsiones en la aplicación de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. En
primer lugar, la causal adolece de una marcada subjetividad, derivada de la ausencia de criterios objetivos y
parámetros normativos claros, lo que resulta incompatible con el principio de razonabilidad que debe regir el
ejercicio de las competencias constitucionales del Congreso. Esta indeterminación permite interpretaciones
amplias y discrecionales, alejadas de un estándar jurídico verificable.
Asimismo, los procedimientos de vacancia evidencian una afectación recurrente del debido proceso, en la
medida en que los plazos sumarios y la inexistencia de exigencias probatorias mínimas impiden una adecuada
defensa y un examen riguroso de los hechos imputados. Esta dinámica procesal debilita la protección de los
derechos fundamentales del presidente en funciones y refuerza el carácter eminentemente político de la decisión.
A ello se suma un desequilibrio significativo entre los poderes del Estado, pues la vacancia por incapacidad
moral ha sido utilizada como un mecanismo funcionalmente equivalente a una moción de censura presidencial,
figura ajena al modelo presidencial consagrado por la Constitución peruana. Esta práctica desnaturaliza la lógica
del sistema de gobierno y amplía indebidamente las potestades de control político del Congreso.
Finalmente, la reiteración de procesos de vacancia en las últimas dos décadas, que han alcanzado a casi
todos los presidentes de la República, pone de manifiesto un patrón de inestabilidad democrática persistente.
Lejos de operar como una medida excepcional, la vacancia se ha consolidado como una herramienta política
ordinaria, confirmando que su uso responde más a coyunturas de confrontación política que a una aplicación
estrictamente jurídica de la Constitución.
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