Incorporación de adolescentes al sistema penal
ordinario: crítica a la Ley Nº 32330
Incorporation of adolescents into the ordinary penal system:
Criticism of Law No. 32330
Recibido: 10/03/2026 - Aceptado: 06/06/2026
Ángel Ramiro Ruiz Sánchez
https://orcid.org/0009-0002-6044-6437
aruizsa75@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
El presente estudio realiza una evaluación crítica de la Ley N° 32330, norma que modificó el marco jurídico peruano
permitiendo que adolescentes de 16 y 17 años sean sometidos al sistema penal ordinario en casos de delitos
graves. A través de un enfoque metodológico mixto, se analizaron fundamentos normativos, doctrinarios y
opiniones de especialistas del sistema de justicia respecto a dicha reforma penal. Los resultados evidencian una
postura predominantemente crítica frente a la ley, debido a que gran parte de los especialistas considera que
vulnera principios fundamentales de la justicia penal juvenil, especialmente el interés superior del niño y el principio
de especialidad reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, se advirtió que la
incorporación de adolescentes al sistema penal adulto podría afectar negativamente los procesos de rehabilitación
y reinserción social de los menores infractores. En conclusión, el enfoque punitivo de la Ley N° 32330 representa
un retroceso en materia de protección de derechos humanos, situación que posteriormente fue recogida por el
Tribunal Constitucional al declarar inconstitucionales las disposiciones que permitían atribuir responsabilidad penal
ordinaria a adolescentes de 16 y 17 años.
Palabras clave: justicia penal juvenil, adolescentes infractores, interés superior del niño.
Abstract
This study critically evaluates Law No. 32330, which amended the Peruvian legal framework to allow 16- and 17-
year-olds to be subjected to the ordinary criminal justice system in cases of serious offenses. Using a mixed-
methods approach, the study analyzed normative and doctrinal foundations, as well as the opinions of justice
system specialists, regarding this penal reform. The results reveal a predominantly critical stance toward the law,
as many specialists believe it violates fundamental principles of juvenile criminal justice, particularly the best
interests of the child and the principle of specialty recognized in the Convention on the Rights of the Child.
Furthermore, it was noted that incorporating adolescents into the adult criminal justice system could negatively
impact the rehabilitation and social reintegration processes of young offenders. In conclusion, the punitive approach
of Law No. 32330 represents a setback in the protection of human rights, a situation subsequently acknowledged
by the Constitutional Court when it declared unconstitutional the provisions that allowed for attributing ordinary
criminal responsibility to 16- and 17-year-olds.
Keywords: juvenile criminal justice, juvenile offenders, best interests of the child.
Introducción
La delincuencia juvenil constituye una de las problemáticas sociales y jurídicas que mayor preocupación
ha generado en los últimos años dentro del contexto peruano. El incremento de hechos delictivos en los que
participan adolescentes ha originado un amplio debate respecto a la necesidad de implementar políticas criminales
más severas frente a determinadas conductas consideradas de alta peligrosidad. En este escenario, surgió la Ley
N° 32330, norma que modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes con la
finalidad de incorporar a adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario cuando incurran en
2
delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual, extorsión, trata de personas y otros delitos de similar
gravedad.
La promulgación de esta norma generó diversas posiciones dentro del ámbito jurídico, político y social. Por
un lado, sus promotores sostuvieron que la reforma respondía a la necesidad de enfrentar el incremento de la
criminalidad juvenil y fortalecer la seguridad ciudadana mediante mecanismos sancionadores más severos.
Asimismo, se argumentó que el endurecimiento de las medidas penales permitiría combatir la percepción de
impunidad existente frente a delitos cometidos por adolescentes, reforzando la capacidad del Estado para enfrentar
nuevas modalidades de criminalidad organizada (Orosco Aguilar & Pineda Cando, 2023).
Sin embargo, desde el plano doctrinario y de derechos humanos, diversos especialistas, organismos
internacionales e instituciones vinculadas al sistema de justicia cuestionaron severamente la compatibilidad de la
Ley N° 32330 con los principios que sustentan la justicia penal juvenil. Entre las principales críticas formuladas se
señaló que la norma vulneraba el principio del interés superior del niño reconocido en la Convención sobre los
Derechos del Niño, además de desconocer el enfoque resocializador y socioeducativo que debe orientar el
tratamiento jurídico de los adolescentes en conflicto con la ley penal. En relación con ello, Cillero Bruñol (2001)
sostiene que los sistemas de justicia juvenil deben priorizar mecanismos orientados a la rehabilitación y
reintegración social antes que respuestas exclusivamente represivas.
Además, diversos estudios desarrollados desde la neurociencia y la psicología evolutiva sostienen que el
cerebro adolescente aún se encuentra en proceso de maduración, especialmente en aspectos relacionados con
el control de impulsos, la toma de decisiones y el razonamiento crítico. Por ello, Scott y Steinberg (2008) afirman
que la aplicación de sanciones equivalentes a las previstas para personas adultas resulta incompatible con las
características propias del desarrollo adolescente y con los principios diferenciadores de la justicia penal juvenil.
Asimismo, organismos como UNICEF Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y especialistas en derecho penal juvenil advirtieron que la incorporación
de adolescentes al sistema penitenciario ordinario podría incrementar riesgos de violencia, estigmatización y
reincidencia delictiva, afectando negativamente sus posibilidades de reinserción social (UNICEF, 2006). Desde
esta perspectiva, se sostuvo que las políticas orientadas únicamente al endurecimiento de penas no constituyen
necesariamente soluciones efectivas frente a la delincuencia juvenil, especialmente cuando no se acompañan de
medidas preventivas, educativas y de inclusión social.
Las controversias generadas por la Ley N° 32330 trascendieron el ámbito doctrinario e institucional, dando
lugar a diversos cuestionamientos de carácter constitucional respecto de su compatibilidad con los derechos
fundamentales de los adolescentes y con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en
materia de protección de la niñez. Estos cuestionamientos motivaron el control constitucional de la norma por parte
del Tribunal Constitucional, órgano que posteriormente declaró inconstitucionales las disposiciones que permitían
atribuir responsabilidad penal ordinaria a adolescentes de 16 y 17 años, reafirmando la vigencia del sistema
especializado de justicia penal juvenil y la edad mínima de imputabilidad penal establecida en el ordenamiento
jurídico peruano.
En ese sentido, la presente investigación se justifica en la relevancia jurídica y social que tuvo el debate
generado a partir de la promulgación de la Ley N° 32330, así como en la necesidad de analizar críticamente sus
implicancias desde el enfoque constitucional, doctrinario y de derechos humanos. Aunque la norma fue
posteriormente declarada inconstitucional, el estudio resulta importante porque permite examinar las tensiones
existentes entre las políticas de endurecimiento penal y los estándares internacionales de protección aplicables a
adolescentes en conflicto con la ley penal.
En atención a ello, la presente investigación tiene como objetivo analizar las implicancias jurídicas,
constitucionales y sociales derivadas de la Ley N° 32330, así como evaluar su compatibilidad con los principios
que sustentan el sistema de justicia penal juvenil y los estándares internacionales de protección de derechos
humanos aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal. Del mismo modo, busca examinar los
fundamentos doctrinarios relacionados con la responsabilidad penal adolescente y la finalidad resocializadora de
la justicia juvenil, analizar las modificaciones introducidas por la referida norma al Código Penal y al Código de
Responsabilidad Penal de Adolescentes, identificar los principales cuestionamientos constitucionales e
institucionales formulados respecto a la incorporación de adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario,
y evaluar la percepción de especialistas del ámbito jurídico sobre las implicancias de dicha reforma legislativa.
3
Metodología
La investigación se desarrolló mediante un enfoque metodológico mixto, integrando técnicas cuantitativas
y cualitativas para analizar las implicancias jurídicas y sociales de la Ley N° 32330. De acuerdo con Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018), el enfoque mixto permite combinar procedimientos cuantitativos y cualitativos con la
finalidad de obtener una comprensión más amplia y profunda del fenómeno investigado.
Desde el enfoque cuantitativo, se utilizó un diseño no experimental, transversal y descriptivo. Según
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los estudios no experimentales observan los fenómenos tal como ocurren
en su contexto natural, sin manipulación de variables, mientras que los diseños transversales permiten recolectar
información en un único momento temporal. Para ello, se analizó información estadística proveniente de fuentes
oficiales como el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, UNICEF Perú y el Sistema
Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
Desde el enfoque cualitativo, se realizó un análisis documental, normativo y jurisprudencial de la legislación
nacional e internacional relacionada con la justicia penal juvenil, incluyendo la Convención sobre los Derechos del
Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de La Habana. Al respecto, Ñaupas et al. (2018) señalan que el análisis
documental constituye una técnica fundamental para el estudio e interpretación de fuentes jurídicas, doctrinarias y
normativas. Asimismo, se revisó doctrina especializada y estudios académicos vinculados con la responsabilidad
penal adolescente y la política criminal.
Complementariamente, se aplicó un cuestionario estructurado a jueces, fiscales y abogados
especializados en justicia juvenil, con la finalidad de conocer sus percepciones respecto a la incorporación de
adolescentes al sistema penal ordinario. Creswell y Creswell (2018) señalan que los cuestionarios constituyen
instrumentos útiles para recopilar información estandarizada sobre percepciones y opiniones de los participantes.
Finalmente, la investigación consideró principios como el interés superior del niño y el carácter
resocializador de la justicia juvenil, permitiendo evaluar la compatibilidad de la Ley N° 32330 con los estándares
nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.
Resultado y discusión
Los resultados obtenidos se presentan a partir del análisis doctrinario y normativo de la Ley N° 32330, así
como de la información recopilada mediante las entrevistas realizadas a especialistas del ámbito jurídico. Para una
mejor comprensión del fenómeno estudiado, se desarrollaron los principales fundamentos de la justicia penal
juvenil, las modificaciones introducidas por la norma, los cuestionamientos formulados desde la doctrina y los
estándares internacionales aplicables a la protección de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Justicia penal juvenil
La justicia penal juvenil constituye un sistema jurídico especializado destinado al tratamiento de
adolescentes en conflicto con la ley penal, cuya finalidad principal se encuentra orientada hacia la rehabilitación y
reinserción social antes que a la imposición de sanciones estrictamente represivas. A diferencia del sistema penal
aplicable a personas adultas, este modelo reconoce que los menores de edad se encuentran en una etapa de
desarrollo físico, psicológico y emocional que exige un tratamiento diferenciado y acorde con los estándares
internacionales de protección de derechos humanos. Cillero Bruñol (2001) sostiene que el sistema de justicia
juvenil debe sustentarse en principios garantistas que permitan equilibrar la responsabilidad del adolescente frente
a la conducta ilícita cometida con la obligación estatal de proteger su desarrollo integral. Bajo esta perspectiva, la
finalidad de las medidas aplicadas no debe limitarse al castigo, sino orientarse principalmente a la educación,
acompañamiento y reintegración progresiva del menor infractor a la sociedad.
Principio del interés superior del niño
El principio del interés superior del niño representa uno de los fundamentos esenciales del sistema
internacional de protección de derechos de niños y adolescentes. Según Garcés Peralta (2021), este principio
dispone que toda decisión adoptada por autoridades judiciales, administrativas o legislativas debe priorizar el
bienestar integral del menor de edad, garantizando la protección de sus derechos fundamentales y favoreciendo
su desarrollo pleno dentro de la sociedad.
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Responsabilidad penal adolescente
La responsabilidad penal adolescente constituye un régimen jurídico especial aplicable a personas
menores de dieciocho años que han cometido una infracción penal. Este sistema parte del reconocimiento de que
los adolescentes poseen un nivel distinto de madurez psicológica y emocional respecto de las personas adultas,
motivo por el cual requieren un tratamiento diferenciado dentro del sistema de justicia. Paucar Laurencio (2024)
señala que la finalidad de la responsabilidad penal juvenil consiste en lograr un equilibrio entre la necesidad de
responder frente a la conducta ilícita y la obligación de proteger el proceso de desarrollo integral del adolescente.
En consecuencia, las medidas aplicadas deben mantener un carácter predominantemente educativo y
resocializador, evitando respuestas desproporcionadas que puedan afectar la formación personal y social del
menor infractor.
Populismo punitivo
El populismo punitivo constituye una tendencia político-criminal caracterizada por el endurecimiento de
penas y la adopción de medidas represivas como respuesta inmediata frente a la percepción social de inseguridad
ciudadana. Este fenómeno suele manifestarse mediante reformas legislativas impulsadas por presión mediática o
demandas sociales vinculadas al incremento de la criminalidad, aun cuando dichas medidas no cuenten con
suficiente respaldo técnico o criminológico. Méndez (2007) sostiene que en América Latina muchas reformas
penales relacionadas con adolescentes responden a discursos de “mano dura” orientados a satisfacer exigencias
sociales inmediatas antes que a la construcción de políticas integrales de prevención del delito. Bajo esta lógica,
el incremento de sanciones aparece como una solución rápida frente a problemas estructurales de violencia y
criminalidad juvenil.
Desde el plano doctrinario, autores como Scott y Steinberg (2008) y Fergusson, Boden y Horwood (2013)
sostienen que las políticas criminales excesivamente represivas pueden generar consecuencias
contraproducentes, especialmente en adolescentes, debido a que incrementan procesos de exclusión social,
estigmatización y reincidencia delictiva.
Reinserción social del adolescente infractor
La reinserción social constituye uno de los principales objetivos de la justicia penal juvenil, orientada a la
rehabilitación del adolescente mediante programas educativos, psicológicos y de acompañamiento familiar y
comunitario. Según Paucar Laurencio (2024) este enfoque presenta mayores posibilidades de reducir la
reincidencia que las respuestas basadas exclusivamente en el castigo.
Promulgación y contenido normativo de la Ley N° 32330
La Ley N° 32330 constituye una de las reformas más controvertidas incorporadas recientemente al sistema
de justicia penal juvenil peruano, debido a que introduce modificaciones sustanciales tanto al Código Penal como
al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. A través de esta reforma se establece –como ya se
mencionó- que adolescentes entre 16 y 17 años puedan ser juzgados penalmente bajo parámetros similares a los
aplicados a personas adultas cuando incurran en delitos considerados graves. En consecuencia, los menores
comprendidos dentro de dichos supuestos ya no serían sometidos exclusivamente al sistema especializado de
rehabilitación juvenil, sino que podrían ser trasladados a establecimientos penitenciarios comunes en caso de ser
declarados responsables de delitos como homicidio, violación sexual, extorsión u otras conductas de especial
gravedad (Bazemore, Hudson & Schiff, 2013).
Asimismo, la Ley N° 32330 reformuló el artículo 20 del Código Penal, incorporando una excepción respecto
a la inimputabilidad relativa de los menores de edad. Desde el plano doctrinario, Muñoz y Villavicencio (2019)
sostienen que este tipo de modificaciones representa una transformación significativa dentro de la concepción
tradicional de la justicia penal juvenil, debido a que desplaza parcialmente el enfoque socioeducativo hacia
mecanismos de respuesta punitiva más severos.
Desde la posición de sus promotores, la ley respondió al incremento de la percepción de inseguridad
ciudadana y a la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
Bajo esta perspectiva, los defensores de la reforma sostienen que la Ley N° 32330 tendría un efecto
disuasorio frente a la reincidencia delictiva, transmitiendo además un mensaje de autoridad estatal y fortalecimiento
del orden público. Asimismo, afirman que la aplicación de sanciones más rigurosas no implicaría necesariamente
una vulneración de los principios fundamentales del Estado de derecho ni de los derechos reconocidos a los
5
adolescentes, sino una adecuación del sistema penal a las nuevas formas de criminalidad presentes en la realidad
nacional (Cipriani, 2020).
Sin perjuicio de ello, corresponde precisar que las modificaciones incorporadas por la Ley N° 32330 fueron
posteriormente objeto de control constitucional por parte del Tribunal Constitucional peruano. Mediante sentencia
emitida en los expedientes acumulados N° 00008-2025-PI/TC, 00012-2025-PI/TC, 00014-2025-PI/TC y 00023-
2025-PI/TC, el Colegiado declaró inconstitucionales las disposiciones que permitían atribuir responsabilidad penal
ordinaria a adolescentes de 16 y 17 años. Asimismo, se estableció que toda persona menor de 18 años debe
continuar siendo juzgada dentro del sistema penal juvenil especializado, conforme al Código de Responsabilidad
Penal de Adolescentes. De esta manera, la referida reforma dejó de producir efectos jurídicos respecto a la
incorporación de adolescentes al sistema penal adulto.
Finalidad resocializadora de la justicia penal juvenil y corpus iuris internacional
La finalidad resocializadora constituye uno de los pilares de la justicia penal juvenil. Conforme al corpus
iuris internacional integrado por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y demás instrumentos especializados, los adolescentes en conflicto con la ley penal deben
recibir un tratamiento diferenciado orientado a su rehabilitación, educación y reinserción social. En consecuencia,
toda reforma legislativa relacionada con responsabilidad penal adolescente debe respetar el principio del interés
superior del niño y los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Cuestionamientos constitucionales y doctrinarios de la Ley N° 32330
La Ley N° 32330 ha sido cuestionada por diversos sectores jurídicos e institucionales debido a su posible
incompatibilidad con los principios de la justicia penal juvenil y los estándares internacionales de protección de
derechos humanos. Uno de los principales cuestionamientos se encuentra relacionado con la vulneración del
principio del interés superior del niño. La norma deja de priorizar el bienestar integral de las personas menores de
dieciocho años, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, privilegiando una respuesta
punitiva frente a la delincuencia juvenil.
Asimismo, diversos especialistas sostienen que esta reforma desconoce los avances desarrollados desde
la neurociencia y la psicología evolutiva, disciplinas que han demostrado que el cerebro adolescente aún se
encuentra en proceso de maduración, especialmente en aspectos relacionados con el juicio crítico, el control de
impulsos y la toma de decisiones. En consecuencia, equiparar la responsabilidad penal de un adolescente a la de
una persona adulta resulta incompatible con las características propias de esta etapa del desarrollo humano
(Bigenwald & Chambon, 2019).
Otro cuestionamiento relevante radica en la posible incompatibilidad de la Ley N° 32330 con la Convención
sobre los Derechos del Niño y con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, debido a que ambos
instrumentos reconocen un sistema especializado basado en principios educativos, restaurativos y de reinserción
social (Méndez, 2007).
Finalmente, otro de los cuestionamientos formulados contra la Ley N° 32330 se relaciona con la falta de
sustento técnico y el amplio rechazo institucional generado tras su promulgación. Diversos organismos vinculados
al sistema de justicia, entre ellos el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, UNICEF Perú y el Colegio de Abogados de Lima, expresaron públicamente su
oposición a la norma. Estas instituciones señalaron que la reforma no fue respaldada por estudios técnicos,
criminológicos ni evidencia científica suficiente que acreditara su efectividad para reducir la delincuencia juvenil.
Del mismo modo, se sostuvo que la ley constituye una respuesta legislativa apresurada frente a una problemática
compleja que requiere medidas integrales de prevención, educación y reinserción social antes que mecanismos
estrictamente represivos (UNICEF, 2006; Bazemore, Hudson & Schiff, 2013).
Desde la posición de los especialistas encuestados
Con el propósito de conocer la percepción de especialistas del ámbito jurídico respecto a la Ley N° 32330,
se encuestó a jueces, fiscales y abogados vinculados al sistema de justicia penal. Los resultados evidencian una
postura predominantemente crítica respecto de la norma, especialmente en relación con la protección de derechos
fundamentales, la reinserción social y la capacidad del sistema penal ordinario para tratar adecuadamente a
adolescentes.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos:
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Tabla 1
Percepción de especialistas del ámbito jurídico respecto a la Ley N° 32330
Nº
PREGUNTAS
SÍ
NO
1
¿Está de acuerdo con la promulgación de la Ley 32330?
3
7
2
¿Considera que con la aplicación de la Ley 32330 habrá cambios favorables en los
adolescentes?
2
8
3
¿Considera que la Ley 32330 respeta los derechos fundamentales de los adolescentes?
1
9
4
¿Considera que esta Ley se ajusta al principio del interés superior del niño (CDN)?
0
10
5
¿Cree que el sistema penal adulto está preparado para tratar adecuadamente a
adolescentes?
2
8
6
¿Considera que esta norma vulnera principios del Código de Niños y Adolescentes?
9
1
7
¿Cree que la ley ayuda a mejorar la seguridad pública?
4
6
Fuente. Elaboración propia
Los resultados evidencian una posición crítica frente a la Ley N° 32330. La mayoría de los encuestados
considera que la norma no respeta los derechos fundamentales de los adolescentes ni el principio del interés
superior del niño. Asimismo, se advierte una coincidencia entre la percepción de los especialistas, la doctrina
especializada y los estándares internacionales de derechos humanos respecto a la necesidad de mantener un
sistema especializado de justicia penal juvenil orientado a la rehabilitación y reinserción social.
Del mismo modo, los hallazgos permiten advertir que la aprobación de la Ley N° 32330 se desarrolló en
un contexto marcado por preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y el endurecimiento de las
respuestas penales, situación que la doctrina identifica como una manifestación del populismo punitivo. En ese
sentido, la información obtenida evidencia la existencia de una tensión entre las demandas de seguridad pública y
los principios que sustentan la justicia penal juvenil.
Conclusiones
Los resultados obtenidos permiten sostener que la Ley N° 32330 vulneraba los principios fundamentales
de la justicia penal juvenil al incorporar a adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario,
priorizando un enfoque punitivo sobre la finalidad socioeducativa, rehabilitadora y resocializadora reconocida en
el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, se determinó que la mayoría de especialistas del ámbito jurídico considera que la Ley N° 32330 no
respetaba los derechos fundamentales de los adolescentes ni el principio del interés superior del niño reconocido
en la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a que equiparaba parcialmente la responsabilidad penal
adolescente con la responsabilidad penal adulta.
En ese sentido, los resultados también evidenciaron que el sistema penal ordinario no cuenta con
condiciones adecuadas para el tratamiento de adolescentes infractores, puesto que su incorporación a
establecimientos penitenciarios comunes incrementa riesgos de violencia, estigmatización, exclusión social y
reincidencia delictiva, afectando negativamente sus posibilidades de reinserción social.
Del mismo modo, la investigación permitió establecer que las políticas criminales basadas únicamente en
el endurecimiento de sanciones penales no constituyen mecanismos eficaces para enfrentar la delincuencia
juvenil, especialmente cuando no se acompañan de políticas integrales de prevención, acceso a educación,
fortalecimiento familiar, inclusión social y atención psicológica especializada.
De este modo, se concluye que los cuestionamientos doctrinarios y constitucionales formulados contra la
Ley N° 32330 guardan concordancia con los estándares internacionales de protección de derechos humanos
aplicables a menores de edad, situación que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Constitucional al declarar
7
inconstitucionales las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal ordinaria de adolescentes de 16 y
17 años.
Por ello, es fundamental que el tratamiento jurídico de adolescentes en conflicto con la ley penal se
mantenga dentro de un sistema especializado orientado a la protección integral, rehabilitación y reinserción social.
Por ende, resulta necesario fortalecer políticas públicas preventivas y mecanismos de justicia juvenil compatibles
con el principio del interés superior del niño y con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
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