La confesión imperfecta: disfuncionalidad de la
restricción a la confesión sincera en la flagrancia presunta
The imperfect confession: Dysfunctionality of the restriction on sincere
confession in alleged flagrante delicto
Recibido: 26/04/2026 - Aceptado: 19/07/2026
Sandra Paola Chávez-Cano
https://orcid.org/0009-0001-6241-3957
schavezc@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Hilter Suarez-Peña
https://orcid.org/0000-0003-1194-9409
SHSUAREZS@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Carolina Cajamarca-Cajamarca
https://orcid.org/0000-0001-9268-8583
CCAJAMARCA@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
José Joaquín Díaz-Pérez
https://orcid.org/0000-0003-1663-8626
Jdiazp@unfv.edu.pe
Universidad Federico Villareal. Lima, Perú
Juan Pablo Olano-Tantalean
https://orcid.org/0000-0003-0462-8439
polanota@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Henry Daniel Lazarte-Reátegui
https://orcid.org/0000-0002-9455-1094
hlazarte@ucv.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
Este estudio analiza, a través de un caso paradigmático, la figura de la confesión imperfecta que surge cuando un
imputado detenido en flagrancia presunta ofrece una declaración voluntaria y útil, pero el sistema le niega el
reconocimiento como confesión sincera debido a la restricción del artículo 161° del Código Procesal Penal
Peruano. Para tal fin, el estudio se abordó desde una perspectiva cualitativa con un diseño de estudio de caso
hermenéutico. Como resultados se evidencia que esta restricción, diseñada para la flagrancia contundente, resulta
contraproducente en la flagrancia presunta pues vulnera el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela
jurisdiccional efectiva del imputado; paralelamente, obstaculiza la búsqueda de la verdad y la eficiencia probatoria
al desechar una fuente clave de información. El estudio concluye que la naturaleza indiciaria y débil de la flagrancia
presunta requiere de la confesión como mecanismo para corroborar los hechos y acceder a la reducción de pena.
Por ello, se propone una reforma legal que excepcione este supuesto, estableciendo un régimen de control estricto
que permita valorar la confesión imperfecta como una verdadera confesión útil, equilibrando así la efectividad del
sistema penal con una protección garantista de los derechos fundamentales.
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Palabras clave: debido proceso, disfuncionalidad normativa, flagrancia presunta, confesión imperfecta, derecho
de defensa, eficiencia probatoria.
Abstract
This study analyzes, through a paradigmatic case, the concept of imperfect confession, which arises when a
defendant arrested in the act of committing a crime offers a voluntary and useful statement, but the system denies
it recognition as a sincere confession due to the restriction of Article 161 of the Peruvian Code of Criminal
Procedure. To this end, the study was approached from a qualitative perspective with a hermeneutic case study
design. The results show that this restriction, designed for cases of conclusive flagrancy, is counterproductive in
cases of alleged flagrancy, as it violates the defendant's right to defense, due process, and effective judicial
protection. Simultaneously, it hinders the search for truth and the efficiency of evidence by discarding a key source
of information. The study concludes that the circumstantial and weak nature of alleged flagrancy requires confession
as a mechanism to corroborate the facts and access a reduced sentence. Therefore, a legal reform is proposed to
create an exception to this provision, establishing a strict control regime that allows for the evaluation of an imperfect
confession as a genuinely useful confession, thus balancing the effectiveness of the criminal justice system with
the protection of fundamental rights.
Keywords: due process, regulatory dysfunction, presumed flagrancy, imperfect confession, right to defense,
evidentiary efficiency.
Introducción
La tensión entre la eficacia de la persecución penal y la garantía de los derechos fundamentales del
imputado sigue siendo uno de los problemas centrales del derecho procesal penal. En el contexto peruano, esta
tensión se expresa con especial intensidad en la intersección entre la flagrancia presunta, concebida como una
vía de celeridad investigativa (Arguello, 2024), y la confesión sincera, instrumento de cooperación y acceso a la
verdad. El problema surge porque el primer párrafo del artículo 161° del Código Procesal Penal (CPP) impide
acceder al beneficio premial de la confesión a toda persona detenida en flagrancia, sin distinguir sus modalidades.
La confesión sincera no equivale a una simple admisión de culpabilidad. Tiene valor probatorio porque
aporta un relato directo para reconstruir los hechos (Taruffo, 2015); valor procesal porque exterioriza una defensa
activa; y valor premial porque incentiva la cooperación, la economía y la celeridad del proceso (Vallejo &
Chiquimarca, 2025). La exclusión puede resultar comprensible cuando el hecho ha sido advertido de modo
inmediato y con prueba evidente, pues en tales circunstancias la declaración no añade información relevante
(Bello, 2022). Sin embargo, esa justificación no se traslada automáticamente a la flagrancia presunta.
La flagrancia presunta, regulada en el artículo 259.4° del CPP, habilita una detención posterior al hecho a
partir de indicios vinculantes, no de una percepción directa de su ejecución (Espinoza, 2023). A diferencia de la
flagrancia estricta o la cuasi-flagrancia, la cual carece de inmediatez personal y temporal (San Martín, 2015). Su
soporte probatorio puede ser insuficiente o dudoso (Vera, 2024; Bautista, 2024), de modo que la presunción de
inocencia conserva un campo decisivo de aplicación y exige inferencias rigurosas, no meras posibilidades (León,
2023).
La prohibición absoluta aplicada a esta modalidad produce una disfunción triple: descarta una posible
fuente de corroboración en casos inicialmente débiles, desincentiva la cooperación que podría esclarecer el hecho
y restringe el ejercicio de la defensa activa. Además, puede afectar el debido proceso, la tutela jurisdiccional
efectiva y la igualdad procesal al excluir del beneficio a quien coopera de forma útil solo por la modalidad de su
detención (Mío, 2025).
Para examinar esa brecha, la investigación adopta un estudio de caso (Stake, 2007) centrado en el proceso
por tentativa de homicidio seguido contra Alonso Gonzalo Valencia López en el Callao (Expediente N° 01013-2025-
1-0701-JR-PE-07). La detención se sustentó en indicios circunstanciales y, pese a la denegatoria formal de la
confesión, el imputado declaró, reconoció su participación, reveló el móvil e indicó el paradero del arma,
información luego corroborada. Este estudio conceptualiza ese aporte como "confesión imperfecta" y busca
determinar de qué manera la restricción del artículo 161° del CPP resulta disfuncional en la flagrancia presunta,
así como fundamentar una excepción legal sometida a controles reforzados de espontaneidad, legalidad, utilidad
y corroboración.
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Método
El presente estudio se inscribe en el paradigma de la investigación cualitativa, asumiendo un enfoque
jurídico-interpretativo y un alcance analítico-propositivo. La elección de este paradigma responde a la necesidad
de comprender en profundidad un fenómeno complejo, donde convergen normas, prácticas institucionales y
derechos fundamentales, priorizando la riqueza interpretativa sobre la medición estadística (Ballestín & Fàbregues,
2019; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Este diseño metodológico es congruente con el objetivo de explorar
la disfuncionalidad normativa de la prohibición de la confesión sincera en la flagrancia presunta y proponer una
alternativa fundamentada.
Asimismo, la investigación adopta el diseño de estudio de caso único de carácter instrumental y
hermenéutico (Stake, 2007; Yin, 2018). El caso seleccionado, correspondiente al Expediente N° 01013-2025-1-
0701-JR-PE-07 seguido contra Alonso Gonzalo Valencia López en el distrito judicial del Callao, no se analiza por
su interés intrínseco aislado, sino como un caso paradigmático que permite ilustrar, comprender y teorizar sobre
el problema general. En este sentido, la unidad de análisis está constituida por la intersección entre la situación
fáctica del caso (detención en flagrancia presunta con indicios débiles) y la aplicación restrictiva del artículo 161°
del Código Procesal Penal.
Para el desarrollo del estudio, se conformó un corpus documental integrado por tres tipos de fuentes. En
primer lugar, la fuente primaria empírica: las piezas procesales clave del expediente mencionado, específicamente
el acta de intervención policial, la declaración del imputado, las resoluciones fiscales de calificación y los elementos
de convicción corroborados. En segundo lugar, las fuentes normativas y jurisprudenciales: el Código Procesal
Penal peruano, Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema (como el N° 4-2016/CJ-116 y N° 5-2008/CJ-116),
casaciones relevantes (N° 1970-2019, N° 420-2019) y sentencias de tribunales internacionales (Corte
Interamericana de Derechos Humanos) que fijan estándares sobre flagrancia y debido proceso. En tercer lugar,
las fuentes doctrinales: literatura académica nacional y comparada sobre confesión sincera, flagrancia presunta,
derechos fundamentales y eficiencia procesal. La selección de este corpus obedeció a criterios de pertinencia
temática, autoridad jurídica y utilidad para contrastar las categorías de análisis.
Por su parte, el procedimiento analítico se estructuró en tres fases. La primera consistió en la
reconstrucción fáctica y jurídica del caso, identificando los momentos de la detención, la voluntad de confesar, la
denegatoria fiscal y la materialización de la "confesión imperfecta". La segunda fase implicó el análisis documental
y la codificación temática de las fuentes jurisprudenciales y doctrinales.
Para ello, se empleó el software Atlas.ti, lo que permitió organizar la información en torno a categorías
predefinidas y emergentes, tales como: configuración indiciaria, utilidad probatoria, vulneración del derecho de
defensa, afectación del debido proceso, asimetría procesal y propuestas de reforma. La tercera fase consistió en
la triangulación hermenéutica (Haro et al., 2024), donde los hallazgos del caso empírico se interpretaron a la luz
del marco normativo, los criterios jurisprudenciales y los debates doctrinales, permitiendo formular conclusiones y
propuestas con base en la convergencia de múltiples perspectivas.
El rigor metodológico de la investigación se sustentó en los criterios propios del enfoque cualitativo (Noreña
et al., 2012; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La credibilidad se aseguró mediante la triangulación de
fuentes y métodos, contrastando el análisis del expediente con la jurisprudencia y la doctrina. La dependencia se
fortaleció documentando de manera transparente el proceso de selección del caso, las categorías de análisis y el
uso de herramientas de codificación.
La confirmabilidad se buscó al presentar de forma explícita las evidencias que sustentan las
interpretaciones, reduciendo el sesgo del investigador. Finalmente, la transferibilidad no pretende, como ya se
mencionó, una generalización estadística, sino analítica; los hallazgos sobre la disfuncionalidad normativa, en este
caso específico, ofrecen un marco de comprensión aplicable a otros procesos penales con características
estructurales similares.
En cuanto a las consideraciones éticas, el análisis del expediente judicial se realizó respetando la
presunción de inocencia, utilizando la información contenida en las piezas procesales públicas con fines
estrictamente académicos y analíticos. No se emitieron juicios sobre la culpabilidad material del imputado, más
allá de lo relevante para el análisis de la institución procesal. Asimismo, la investigación reconoce sus propios
límites, al basarse en un estudio de caso único, sus resultados ilustran la profundidad del problema y fundamentan
la necesidad de reforma, pero no pretenden cuantificar la frecuencia estadística de esta disfunción en el sistema
de justicia penal peruano en su conjunto.
Resultados
El análisis del caso de Alonso Gonzalo Valencia López, en convergencia con la revisión de la literatura y
la jurisprudencia, revela una serie de hallazgos que evidencian la disfuncionalidad práctica de la restricción del
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artículo 161° del CPP en escenarios de flagrancia presunta. Los resultados se estructuran en torno a la
configuración probatoria del caso, el impacto en las garantías procesales y los efectos sobre la eficiencia del
sistema penal.
En primer lugar, el expediente demuestra que la flagrancia presunta, lejos de constituir un escenario de
certeza evidente, generó un contexto de notable incertidumbre probatoria inicial. La intervención policial no se
produjo en el momento de la ejecución del hecho delictivo, sino horas después, fundamentada en indicios
circunstanciales: la actitud sospechosa del intervenido, su presencia en una zona aledaña al lugar de los hechos
y la posesión de sustancias ilícitas que configuraban un delito conexo.
En este escenario, ausente de evidencia directa sobre la tentativa de homicidio, la vinculación del imputado
con el hecho principal era frágil y dependía de inferencias que, por sí solas, resultaban insuficientes para desvirtuar
sólidamente la presunción de inocencia. Esta configuración fáctica confirma la premisa doctrinal de que la
flagrancia presunta, al carecer de inmediatez personal y temporal, presenta frecuentemente un déficit probatorio
significativo.
Frente a esta debilidad investigativa, el imputado manifestó su voluntad de colaborar con la administración
de justicia mediante una declaración sincera. Sin embargo, la aplicación mecánica del primer párrafo del artículo
161° del CPP por parte del Ministerio Público bloqueó esta posibilidad, negándole el reconocimiento formal de su
acto como confesión sincera y, consecuentemente, el acceso al beneficio premial de reducción de pena.
A pesar de esta negativa formal, Valencia López rindió una declaración de descargos que, en términos
materiales, constituyó lo que este estudio denomina una "confesión imperfecta". En ella, no solo admitió su autoría
en los hechos investigados, sino que aportó información cualitativamente superior a los indicios policiales: detalló
el móvil del delito y, de manera determinante, indicó la ubicación exacta del arma empleada. Esta información fue
posteriormente corroborada por los actos de investigación fiscal, dotando al caso de la suficiencia probatoria de la
que inicialmente carecía.
El análisis hermenéutico de este escenario pone de manifiesto que la confesión en flagrancia presunta
aporta ventajas sustanciales que el sistema desecha al mantener la prohibición. La sistematización de estas
ventajas se representa en la Figura 1.
Figura 1
Presentación de las ventajas de confesar en flagrancia presunta
Fuente. Elaboración propia con Atlas.ti
5
Como ilustra la Figura 1, el reconocimiento de la confesión en estos casos suple la falta de prueba evidente,
evita dilaciones innecesarias derivadas de la búsqueda de indicios adicionales, acelera la resolución de la situación
jurídica del procesado y resulta de vital importancia para imputados de escasos recursos patrocinados por la
Defensa Pública, quienes requieren resoluciones prontas y proporcionales.
En segundo lugar, los resultados evidencian que la restricción normativa generó una vulneración
concatenada de los derechos fundamentales del imputado. Al rechazar la calificación de su declaración como
confesión sincera, se le impidió ejercer su derecho de defensa en su vertiente activa y colaborativa. El imputado
eligió una estrategia de defensa basada en el aporte de verdad material, pero el sistema le negó la validez procesal
de dicha estrategia, limitando arbitrariamente su derecho a probar y afectando el debido proceso.
Asimismo, se materializó una quiebra del principio de igualdad procesal, dado que Valencia López aportó
elementos de convicción de igual o mayor relevancia que aquellos proporcionados por imputados detenidos fuera
de flagrancia, pero fue excluido del beneficio premial exclusivamente por la clasificación temporal de su detención.
En tercer lugar, el caso revela un impacto negativo directo sobre la eficiencia probatoria y la celeridad
procesal. La prohibición desincentivó formalmente la cooperación del imputado, aunque en este caso particular él
decidiera declarar de todos modos. Desde una perspectiva sistémica, la norma envía un mensaje disuasorio:
colaborar en flagrancia presunta no reporta beneficios.
Esto obliga al Ministerio Público a invertir tiempo y recursos estatales en actos de investigación complejos
para construir un caso sólido a partir de indicios débiles, prolongando los plazos de la investigación preparatoria.
La Figura 2 sintetiza los beneficios que el sistema pierde al mantener esta restricción.
Figura 2
Beneficios de la confesión sincera en flagrancia presunta
Fuente. Elaboración propia con Atlas.ti
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La Figura 2 destaca que la admisión de la confesión sincera en flagrancia presunta dota de suficiencia
probatoria a la investigación fiscal, facilita la motivación adecuada de las sentencias judiciales al elevar el grado
de certeza, simplifica el proceso penal y representa un beneficio premial justo que incentiva al imputado a contribuir
al esclarecimiento de casos complejos, garantizando así una justicia más célere y materialmente fundamentada.
Discusión
Como se pudo evidenciar, los resultados obtenidos, a partir del caso Valencia López, confirman y dotan de
evidencia empírica a las críticas doctrinales sobre la disfuncionalidad del artículo 161° del CPP. La "confesión
imperfecta" opera como un lente de aumento que revela cómo una norma, diseñada bajo la presunción de que la
flagrancia implica evidencia incontrovertible, produce efectos contraproducentes cuando se aplica a la flagrancia
presunta, corroyendo los pilares de un proceso penal garantista y eficiente.
El primer punto de discusión radica en la naturaleza de la confesión sincera frente a la flagrancia presunta.
Históricamente, la confesión ha transitado desde su concepción como regina probationum hacia un instrumento
garantista de cooperación (Maier, 1996; Carbonel, 2011). El corpus doctrinal también recupera referencias
históricas sobre la evolución continental de la flagrancia (Castellanos, 2016; Garçon, 1912), conservadas por su
trazabilidad dentro de la versión original del estudio. Su valor es probatorio, procesal y premial (Taruffo, 2015;
Vallejo & Chuquimarca, 2025). El artículo 161° del CPP y el Recurso de Nulidad N.° 3599-2012 reconocen que,
una vez corroborada, la confesión puede operar como un incentivo procesal legítimo.
La jurisprudencia suprema peruana ha establecido que lo que se premia es la voluntad de colaboración
que facilita la averiguación de la verdad, no el mero reconocimiento de lo evidente (Acuerdo Plenario N.° 5-
2008/CJ-116, 2008; Casación N.° 1970-2019, 2022). Sin embargo, la restricción legal parte de la premisa de que
en flagrancia el delito es tan patente que la confesión carece de utilidad (Bello, 2022). El caso analizado desmonta
esta generalización.
Como sostienen Vera (2024) y Bautista (2024), la flagrancia presunta se caracteriza por la ausencia de
inmediatez y por basarse en indicios frecuentemente frágiles (San Martín, 2016; León, 2023). En este terreno de
incertidumbre, la confesión de Valencia López fue decisiva para transformar un caso débil en uno sólido, aportando
el móvil y el arma homicida. Esto valida la postura de autores como Bazalar (2017) y Huamán (2017), quienes
sostienen que en la flagrancia presunta la confesión es un mecanismo probatorio necesario y útil.
El segundo aspecto crítico es la vulneración de garantías fundamentales. La prohibición impide al imputado
ejercer su derecho de defensa en su modalidad activa de colaboración (Fairen, 1969; Montero, 1997), limitando
su derecho a probar y resintiendo el debido proceso (Agudelo, 2005). Además, obstaculiza la tutela jurisdiccional
efectiva al impedir una resolución rápida y sólidamente fundamentada (Priori, 2014; Marcheco, 2020). Más grave
aún es la afectación al principio de igualdad procesal (Santacruz, 2017; Ochoa-Risco et al., 2025). Se crea una
categoría de imputados de segunda clase que, a pesar de colaborar sustancialmente, son excluidos del beneficio
premial por el solo hecho de su modalidad de detención, contraviniendo las exigencias de un derecho penal
garantista (Ferrajoli, 2004).
En tercer lugar, la restricción resulta ineficiente. Al eliminar el incentivo premial, el sistema desmotiva la
cooperación temprana. Esto genera un doble perjuicio: el imputado enfrenta una pena mayor pese a su
contribución, y la administración de justicia desperdicia una oportunidad de economía procesal (Arguello, 2024;
Román, 1995). El Ministerio Público se ve forzado a realizar diligencias redundantes para probar lo que el imputado
estaba dispuesto a admitir y corroborar voluntariamente, saturando el sistema con investigaciones lentas y
aumentando el riesgo de impunidad por el desvanecimiento de indicios (Mayanga, 2018; Yamunaqué-Gonzáles &
Moreno-Aguilar, 2021).
Frente a este diagnóstico, la discusión converge en la necesidad de una reforma legal diferenciadora. La
jurisprudencia comparada, como los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015,
2020) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina (2009), enfatiza la exigencia de estándares
probatorios estrictos y el respeto al debido proceso en contextos de flagrancia. En línea con las propuestas de Mío
(2025) y Reyna Alfaro (2006), la solución no reside en eliminar el artículo 161° del CPP, sino en exceptuar
expresamente a la flagrancia presunta de la prohibición absoluta.
Esta excepción debe estar condicionada a un estricto control de legalidad y corroboración. El Ministerio
Público y el juez deben verificar que la confesión cumpla con los requisitos de espontaneidad, coherencia, utilidad
sustantiva para el esclarecimiento y corroboración periférica objetiva (Acuerdo Plenario N.° 4-2016/CIJ-116, 2017;
Casación N.° 420-2019, 2020). De este modo, se evitaría que el incentivo valide confesiones obtenidas bajo
presión, logrando un equilibrio entre la eficacia de la persecución penal y la protección de los derechos
fundamentales.
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Conclusiones
La confesión sincera constituye una herramienta procesal necesaria y estratégica en el contexto específico
de la flagrancia presunta. Dada la naturaleza indiciaria y la frecuente insuficiencia probatoria inicial de este
supuesto, caracterizado por la ausencia de inmediatez personal y temporal, la declaración voluntaria y colaborativa
del imputado se erige como un mecanismo idóneo para fortalecer la investigación. Su admisión, previa
corroboración, activa la actividad probatoria, agiliza la resolución del caso y permite alcanzar una solidez que la
flagrancia presunta, por sí sola, no garantiza.
La restricción absoluta establecida en el primer párrafo del artículo 161° del Código Procesal Penal vulnera
de manera concatenada y grave un conjunto de derechos fundamentales del imputado. Al impedir que una
declaración voluntaria y útil sea reconocida como confesión y acceda al beneficio premial, se viola el núcleo
esencial del derecho de defensa en su vertiente activa, se menoscaba el debido proceso, se obstaculiza la tutela
jurisdiccional efectiva y se quebranta el principio de igualdad procesal, creando una categoría discriminatoria y
asimétrica de imputados.
Esta prohibición normativa genera un doble perjuicio que afecta tanto al imputado como a la eficacia del
sistema de justicia. Para el procesado, elimina el incentivo premial clave que motiva la cooperación, enfrentándolo
a una pena potencialmente mayor pese a su contribución al esclarecimiento de los hechos. Para el sistema penal,
desaprovecha una vía de obtención de prueba directa y económica, prolonga innecesariamente las
investigaciones, aumenta los costos procesales y eleva el riesgo de impunidad por insuficiencia probatoria o
desvanecimiento de indicios.
En síntesis, el caso analizado constituye un paradigma empírico de la "confesión imperfecta" y evidencia
la urgencia de una reforma legal diferenciadora. Resulta indispensable modificar el artículo 161° del Código
Procesal Penal para exceptuar expresamente a la flagrancia presunta de la restricción general a la confesión
sincera. Esta reforma debe incorporar un estricto control de corroboración y legalidad a cargo del Ministerio Público
y del juez, verificando la espontaneidad, veracidad y utilidad de la declaración. Solo así se logrará equilibrar la
eficiencia procesal con la protección irrenunciable de los derechos fundamentales, promoviendo una justicia penal
más ágil y garantista.
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